En una sentencia histórica, condenan a militares por violencia sexual durante el conflicto armado en Perú

Marilia y su sobrina estaban haciendo la tarea alumbradas por una vela cuando escucharon que la puerta de su rancho se abría de una patada. Eran militares del Ejército de Perú que las arrastraron a cada una a un cuarto. Gritaron, se resistieron, pero así y todo las violaron y las dejaron tiradas. Ellas escucharon que se habían ido pero no podían llorar, ni hablar. “Hasta mi lengua se había hecho como una bola”, recordaba Marilia. “Nunca, no sé… ¿el día que me muera me olvidaré de esto?”, se preguntaba. No fue la única vez que los militares la violaron en el pueblo Manta, en el departamento de Huancavelica. En abril de este año Marilia falleció. Quizás ya habrá podido olvidar lo que sufrió cuando tenía 14 años, pero hasta último momento buscó una respuesta judicial a lo que le había pasado a ella y a muchas otras adolescentes pobres quechuahablantes de su pueblo. 

Después de 40 años de estos crímenes de lesa humanidad, este miércoles la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada condenó a 10 de los 13 militares acusados por las violaciones que sufrió Marilia y otras 8 campesinas que tenían, por ese entonces, entre 13 y 18 años. “Es histórico: es la primera sentencia en América del Sur donde se juzgan violaciones sexuales masivas en una comunidad durante un conflicto armado. Solo existen en la región sentencias por casos individuales. Estamos de acuerdo con los fundamentos pero no con las penas ni la reparación civil. Vamos a apelar porque las penas que corresponden son altas para crímenes de lesa humanidad. Son delitos graves”, explicó la abogada Cynthia Silva, que es directora de DEMUS (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), organización feminista clave en este proceso. Están exigiendo que se dicten las órdenes de captura para que las penas se hagan efectivas.

“El testimonio de la víctima es trascendental”, leyó Marco Angulo Morales, director de debates del tribunal que completan los jueces René Martínez Castro (presidente) y Jhonny Hans Contreras Cuzcano. “Los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes, las personas afectadas por este tipo de crímenes tienen derecho siempre a la verdad y a que los crímenes sean sancionados”, dijeron los magistrados. 

Esta sentencia se da a conocer tras la primera aprobación en el Congreso peruano de un proyecto de ley que busca la prescripción de los crímenes de lesa humanidad previos a 2002. Si la iniciativa se aprueba militares, civiles, policías e incluso al expresidente Alberto Fujimori quedarían exentos de responsabilidad.

A pesar de que la audiencia era pública, el Poder Judicial no permitió el ingreso de familiares y las psicólogas de las sobrevivientes. La lectura duró casi dos horas y durante todo el tiempo se escuchó la manifestación que se estaba desarrollando en la calle. 

Todos fueron condenados por delitos contra la libertad y el “honor sexual” con distintas responsabilidades. Sabino Rodrigo Valentín Rutti recibió la condena máxima: 12 años de cárcel. Los 10 años de prisión fueron para la mayoría: Rufino Donato Rivera Quispe y Vicente Yance Collahuacho, Epifanio Delfín Quiñones Loyola, Amador Gutiérrez Lizarbe, Lorenzo Inga Romero, Raúl Ángel Pinto Ramos y Arturo Hernán Simarra García. Mientras que el castigo para Martín Sierra Gabriel fue de 8 años de encierro. En el caso de Pedro Pérez López los años tras las rejas serán 6. Además, cada uno de los condenados deberá pagar 100 mil soles a cada una de las víctimas. 

Los militares Julio Meza García, Gabriel Carrasco Vásquez y Diómedes Gutierrez Herrera evadieron la condena porque figuran como “reos contumaces” (no se han presentado ante la justicia).

“40 largos años de esta dura lucha. Al fin tenemos sentencia y podemos decirles a nuestros hijos y a nuestros nietos que esta es nuestra historia: que fuimos mantinas violentadas por militares”, dijo María, una de las nueve denunciantes, a elDiarioAR. Ella tenía 15 años cuando la violaron los militares: “Yo quería ser profesora, doctora o abogada pero trunqué mis metas por culpa de estos desgraciados. A las niñas de Manta nos han agarrado a la fuerza y no hemos sido nada por culpa de ellos”

La fiscalía había pedido 20 años de cárcel solo para uno de los acusados debido a que fue señalado por múltiples agresiones sexuales. Para el resto, el pedido de penas varía entre 6 y 8 años. La versión de ellos es que hubo consentimiento. Las secuelas psíquicas y físicas en las denunciantes junto con sus testimonios demostraron que no. Algunas hasta pensaron en suicidarse después de las agresiones.

Estas 9 historias son apenas una parte. Existen 4.866 casos de violación sexual reportados por el Registro Único de Víctimas del Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia entre 1980 y 2000. 

La historia de la ocupación de Manta

En agosto de 1982 se declaró el Estado de Emergencia en todo el Perú como consecuencia del conflicto armado interno. Dos años después, las Fuerzas Armadas arribaron a Manta –un pueblo de 2.500 habitantes sin agua, cloacas ni luz a 3.700 metros de altura– e instalaron una base militar. La ocupación y el control que tenían sobre la comunidad era total, de mucha violencia y persecución sobre cualquier persona que consideraban “terruco” o terrorista, parte de Sendero Luminoso. Mataron, mutilaron, rompieron, saquearon, torturaron, robaron, dañaron y violaron. Los militares estuvieron allí hasta 1995. “Todos los recuerdos de mi niñez han sido como macheteados”, contaba Marilia que hasta la llegada de los militares había tenido una infancia pobre pero tranquila y feliz entre pastizales verdes y vacas. 

Los cuerpos de las mujeres se convirtieron en botín de guerra y en una forma de mantener el control sobre las comunidades. “Después de violarnos puso música y nos hizo tomar. Nos quería hacer tomar bastante y como fui con una chompa (abrigo) grande todo lo vacié allí. Había sido las 4 de la tarde más o menos cuando llegamos a la base militar y a eso de las 8 de la noche el suboficial le encargó al soldado que nos deje ir, pero primero gritó: ¡Hagan su cola! A la mitad de la tropa la dividió diciendo para mi tía y a la otra para mí. Nos encerró en un cuartito. Cuando miré por la ventana había dos colas de 15 soldados cada una aproximadamente”, relató María. Su testimonio quedó registrado en un libro que publicó DEMUS que se llama “Testimonios de violencia sexual durante el conflicto armado interno en Manta”. 

Hijos e hijas de la violencia 

—¿Quién es el padre?

—Moroco

—¿Cómo moroco?

—Sé quién es, pero no el nombre. 

Es 1986 y un montón de mujeres se acercaron a la municipalidad de Manta para registrar a sus niños y niñas. No saben qué apellidos ponerles. Son hijos e hijas de militares que las han violado. Algunas sólo sabían los apodos de los padres, otras un apellido o el cargo que tenían en el Ejército. Ellos no usaban sus verdaderos nombres. Se llamaban entre sí: Duro, Papilón, Puma, Jaguar, Tigre, Puñal, Lanza, Piraña, Tiburón, Rutti, Pato, Gato, Chipi, Rocoto, Asustao, entre otros nombres falsos. 

El pueblo los llamaba “morocos”, un término relacionado al soldado de rango menor, aunque en estas circunstancias se extendió a cualquiera que llevara el uniforme verde militar. Ese día de 1986 el trabajador de la Municipalidad anotó a 32 niños y niñas.

En Perú, como resultado de las violaciones durante el conflicto armado, se registraron al menos 207 hijos e hijas. “Mami, ¿mi papá quién es?”, le preguntaba su hijo a Marilia cuando era chico. “A mí me pasaba como una cuchillada en el corazón. Era recordar la violación. No le iba a decir: ”Tú papá es un violador, me violó“. No sé, sería dañarle su vida. Trataba de olvidarlo, de dejar de pensar que eso había ocurrido”, contó. 

Una parte del pueblo responsabilizaba a las adolescentes por las violaciones que ellas mismas habían sufrido. Las llamaban “pellejo de militar”, “puta de soldado”. Así lo contó Marilia: “Tener ese hijo fue una tortura. Parecía que yo era la culpable. Me obligaban a trabajar: ya vaya a correr, vaya a llevar la oveja, trae la leña, corre para allá. Y en el pueblo también me insultaban: De moroco su mastajara (colchón de los militares)”.

La mayoría de las mujeres tuvieron problemas en la crianza de sus hijos y con sus parejas. Muchas se separaron de ellos por el rechazo que les generaban los hombres. Las pericias hablan de tristeza, ansiedad, sudoración y otras secuelas. Casi todas abandonaron Manta, su pueblo, por la marginación que sufrían y los recuerdos que les traía estar ahí. 

El largo camino de 20 años en la justicia

En 2003 el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) incluyó un capítulo sobre “Violencia Sexual en Huancavelica: Las Bases de Manta y Vilca (1984-1995)”, que abrió la posibilidad de juzgar estos delitos. 

Teresa fue la primera mujer que se acercó a DEMUS a contar su historia. Un equipo interdisciplinario de esta organización había dado una charla sobre el tema en Manta. Estaban buscando mujeres que se animaran a hablar para acompañarlas en el proceso. Una noche de 2006 llegó Teresa a su sede comunal. “Yo en ese tiempo sufría dolores de cabeza fuertes, parecía que me iba a desmayar. Poco a poco fui contando lo que me pasó, fui contando y me fue pasando ese dolor”, contó. Un año después presentó su testimonio en la Fiscalía de Huancavelica. 

En 2007 se formalizó la denuncia por las violaciones como tortura y crímenes de lesa humanidad. Un año después el fiscal Juan Borja presentó una denuncia penal contra 14 militares por el delito de violación sexual. En 2008 se abrió el proceso penal.

En 2016 empezó el primer juicio contra catorce militares. Después de una serie de irregularidades denunciadas por DEMUS, que acompaña a tres de las denunciantes, y el Instituto de Defensa Legal (IDL), que lleva seis casos, el proceso se anuló y se conformó un nuevo tribunal de la Sala Penal Nacional. 

“Un hombre no viola/Un Estado no viola” fue la frase que sostuvieron en acciones callejeras las organizaciones de derechos humanos y feministas en los años que duró el proceso. Empujaron una campaña que tuvo impacto regional y le dio visibilidad a la causa. 

Hace cinco años se inició el segundo juicio que terminó esta semana. El fallo se dio a conocer en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Es un mensaje que ratifica lo que decían las peruanas en los platones: “Un Estado no viola”. Ellas hablaron y decían la verdad. 

MFA/DTC