Comodoro Py

— Opinión

El edificio por la ventana: más allá del fútbol de Luciani

Son casi las diez de la noche del domingo del primer fin de semana tranquilo en meses, que parecen décadas, cuando empieza a circular un twit de Cristina Fernández de Kirchner: “he instruido a mi abogado para que recuse a los jugadores de fútbol”. Los jugadores de fútbol son Diego Luciani y Rodrigo Giménez Uriburu, el fiscal y uno de los tres jueces que intervienen en la causa en la que la vicepresidenta está más cerca de una condena que, dijo, ya está escrita. De acuerdo con información que se conoció el fin de semana, ambos jugarían en un mismo equipo de fútbol, junto con otros judiciales y personajes de la política.

El daño de esta foto es difícil de calcular. La legitimidad del Poder Judicial, que ya repta en el fondo de las encuestas de opinión pública, sufre un nuevo golpe. Si la vicepresidenta fuera condenada, ya no importarán las pruebas ni las leyes: para una buena parte de la población, habrá sido condenada por dos amigotes que se pusieron de acuerdo en un entretiempo. Y todo esto pasa independientemente de quién tiene razón.

Los políticos de todos los partidos saben que esta situación es insostenible. Y a grandes problemas, grandes soluciones. Se barajan  reformas faraónicas: cambiar el sistema procesal, fusionar fueros y crear más juzgados, cambiar los mecanismos de selección y remoción de jueces y fiscales, ¡ampliar la Corte Suprema a veinticinco miembros! Algunas de estas ideas tienen más sentido que otras, pero todas comparten destino. Una tras otra, naufragan por falta de los consensos políticos necesarios para los grandes cambios.

Quizás, la llave esté en cambiar de enfoque y en reparar en que con poco se puede hacer mucho, en que ciertas cosas aparentemente menores pueden tener efectos muy profundos. Y ya que hablamos de llaves, hablemos de edificios. Porque una explicación muy plausible de por qué se tejen vínculos entre los diferentes actores de los procesos judiciales es, simplemente, porque pasan casi todos los días de su vida en el mismo lugar. El edificio de la avenida Comodoro Py 2002 concentra a todos los juzgados y todas las fiscalías federales de la Ciudad de Buenos Aires, de todas las instancias. La fraternidad deportiva de Luciani y Giménez Uriburu no debería sorprender: fiscales, jueces, defensores oficiales y abogados particulares recorren los mismos pasillos día tras día, pasan por el mismo y único café del edificio, compran en el mismo quiosco. 

Podemos enojarnos con Luciani y Giménez Uriburu, recusarlos si es que se prueba que eran amigos, destituirlos si es que se prueba que cometieron un delito, pero en este contexto lo raro no sería que sean amigos, sino que no lo fueran. Muchos de los jueces y fiscales federales hicieron toda su carrera en ese edificio: desde que entraron como administrativos hasta llegar a ser funcionarios. Son décadas de cruzarse, compartir comidas, gente en común, celebraciones de fin de año. La mayoría de nuestros amigos son las personas que nos cruzamos en los ámbitos que habituamos: compañeros de trabajo, de facultad, de colegio. De hecho, hasta la aparición de las apps de citas, los lugares de trabajo eran el principal lugar en el que se formaban parejas (y tampoco es infrecuente que los que trajinan Py se casen entre ellos).

Cuando haya bajado la espuma de este caso (sin dudas importantísimo) tendremos que pensar qué vamos a hacer para separar, en los hechos, a los jueces de los fiscales. El profesor Martín Böhmer insiste hace años, con razón, en que un buen comienzo sería regular su participación en actividades académicas (prohibiéndoles dar clases, o, si esto es demasiado, al menos impidiendo, por ejemplo, que un fiscal sea titular de cátedra de un adjunto que es juez y ante el que en algún momento tendrá que alegar). 

Aquí proponemos, para arrancar, algo más simple: ¿y si nos deshacemos de Comodoro Py? No el concepto “Comodoro Py”, no la famosa corporación judicial: el edificio. Usémoslo para otra cosa (digamos, el hospital de niños que se iba a hacer en el Sheraton que está a unas cuadras). Y que los jueces vayan a su edificio, los camaristas a otro, los fiscales a otro, los defensores a otro. Que tengan culturas de oficina diferentes, chusmeen sobre cosas distintas, no se lleven un tupper para almorzar juntos. 

Hace algunos años, la concentración de la justicia federal en Comodoro Py podía llegar a justificarse en facilitar que los abogados particulares puedan ir a ver todos sus casos en un solo viaje y en agilizar la interacción formal entre las distintas partes e instancias de un proceso. Hoy el expediente es electrónico; la enorme mayoría de las presentaciones se puede realizar desde una computadora con internet. Si abogados que cobran cientos de dólares la hora siguen yendo a Comodoro Py no es para llevar un escrito, sino para cruzarse con jueces y fiscales con los que hacer buenas migas que luego serán su principal activo.

Esta propuesta ni siquiera implicaría un gran costo: la cantidad de recursos podría no variar, sino simplemente habría que reubicar a los funcionarios en los distintos edificios que ya existen. Una incomodidad tal vez, y tal vez una que importune temporariamente a quienes ya han construido su vida alrededor del mítico edificio. Pero en el largo plazo nos beneficia a todos. A nosotros, porque tendremos una Justicia así sea un poquito más imparcial. Y a jueces y fiscales porque les permitirá ir a jugar al fútbol tranquilos con sus compañeros de trabajo.

MA/SG