Con el apoyo de La Cámpora, Massa insiste con su plan antiinflación de congelamiento sin saltos del dólar

Si un plan de estabilización contra la inflación implica, según la literatura económica, primero devaluar y después congelar dólar, precios, tarifas y salarios, en el de Sergio Massa sólo se incluye el freezer por cuatro meses de 1.500 alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Hay ministros y secretarios de su equipo económico que le vienen pidiendo un programa más parecido al Plan Austral de la Argentina 1985, incluso ya se lo reclamaban a Martín Guzmán, pero ni uno ni otro jefe del Palacio de Hacienda aceptan arrancar corrigiendo un tipo de cambio real multilateral (ajustado por inflación y en relación al dólar, el euro, el yuan y el real) que se encuentra en el segundo nivel más bajo desde que arrancó el gobierno de Alberto Fernández.

El peso oficial solo estuvo más apreciado el mes pasado, pero el Banco Central aceleró la suba del dólar a un 6% para no seguir empeorando la perspectiva de los exportadores, los generadores más auténticos de divisas. Pero Cristina Fernández de Kirchner y sus asesores económicos, desde Axel Kicillof hasta Hernán Letcher, consideran que una devaluación empobrecería a más argentinos (ya pasa penuria el 37%) y entonces hay que enfocarse en las empresas que ganan con la suba de precios. Por eso, la vicepresidenta le permite a Massa que ajuste el gasto, incluidos los subsidios energéticos, con su impacto consiguiente en las tarifas, frene la emisión monetaria y suba la tasa de interés, pero que no salte bruscamente el dólar oficial.

Por eso, este martes el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, instruyó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que preside Rodrigo Luchinsky con las vocalías de Pablo Lepere, Guillermo Pérez Vacchini y Balbina Griffa, para que abra una investigación sobre 15 compañías que podrían abusar de su posición dominante para remarcar rápido sus precios. La comisión tiene 30 días para responder. Es decir, contestará el 1° de diciembre, cuando el país esté enfrascado en el Mundial, salvo que el 30 de noviembre ocurra la sorpresa de que la selección se quede afuera en primera vuelta, como en 2002.

Por lo pronto, en las grandes empresas de todos los rubros aseguran que seguirán trabajando, pero todo lo que son eventos de fin de año se han adelantado a estas semanas previas al 20 de noviembre, cuando empiece a rodar la pelota en Qatar. Varios empresarios viajan para allá. A lo largo de este mes las compañías de consumo masivo irán acercando a Tombolini su listado de productos para congelar, pero reclaman que sus costos tampoco se muevan por cuatro meses. Algunas apuntan contra proveedores como la fabricante de aluminio Aluar, la de plástico Dow, las azucareras (Los Balcanes, Ledesma, Luque, Tabacal, Azucerara Argentina, del Sur, Budeguer y Arcor son las principales productoras), pero también contra las petroleras como YPF, que acaba de remarcar otro 6%.

La presión de Tombolini ocurre en simultáneo a sus negociaciones con las firmas de consumo masivo para que congelen 1.500 productos y para que el resto de su oferta no supera el 4% de alza mensual. Pero hay empresas que mandaron a los supermercados aumentos de hasta el 8%. Corren el riesgo de que el Gobierno les trabe importaciones. Un economista cristinista se agarra la cabeza de cómo pueden anunciar un congelamiento un mes y medio antes de que ocurra, a riesgo de que las compañías remarquen antes para cubrirse después de diciembre a marzo incluido. Es el mismo experto que opina que, aunque la inflación al 100% es “incómoda”, las paritarias reacomodan el sueldo cada tres meses, el mundo desarrollado también sufre subas récord en décadas y al menos la Argentina crece por ahora al 6,4% anual. Ilusionado con que la vicepresidenta vuelva al poder en 2023, apuesta a que el peronismo le explique a la sociedad los beneficios del crecimiento de la economía y del empleo y contextualice el problema de la inflación dentro del escenario global. Nada de devaluaciones en su receta, por más que alerta que el mercado financiero está apostando a eso en febrero próximo, según infiere de la exigua colocación reciente de letras del Tesoro y la necesidad del Banco Central de comprar esa deuda en las últimas semanas. La desconfianza en la deuda en pesos, que estalló en junio en la era Guzmán, ha regresado, por más que el equipo de Massa se esfuerza en destacar que en sus tres meses de gestión se apreciaron las acciones y los bonos en dólares, con la consiguiente caída del riesgo país, al tiempo que se calmaron los dólares paralelos. Habrá que ver qué sucede con el canje de deuda de corto plazo de la semana próxima, si la demanda de blue resucita ahora que ya no habrá turistas extranjeros recurriendo a ese mercado (preferirán usar la tarjeta, como en sus países, en lugar de llenarse de efectivo, ahora que les aseguran el tipo de cambio del dólar bolsa) y ahora que comienzan a volar argentinos rumbo a la Copa del Mundo (la divisa ilegal les cuesta $ 291, frente al dólar Qatar a $ 328).

En La Cámpora comparten sólo parte del análisis del economista K citado. En la agrupación que conduce Máximo Kirchner, pero en la que tercian también Eduardo “Wado” de Pedro y Andrés “El Cuervo” Larroque, están más que preocupados por la inflación. “Era hora de que hagan algo”, comenta un funcionario camporista tras el inicio de la investigación contra las empresas remarcadoras. “Además se necesita que llegue una súbita reactivación de la capacidad de compra de los salarios”, reclama. Tampoco acepta la devaluación inicial que implicaría la receta tipo Plan Austral: “No veo margen”. Incluso otro de sus colegas desprecia ese programa alfonsinista de junio de 1985 que sirvió para ganar las elecciones legislativas cuatro meses después porque redujo la inflación pero que empezó a fallar a los dos años: “El Plan Austral es algo que recuerdan personas mayores de 50 años, de nivel universitario, informadas por medios tradicionales”. De todos modos, aclara: “Todo lo que sea necesario para estabilizar los niveles de inflación es correcto”.

Sin margen político para subir el dólar ni, por tanto, para un plan de estabilización, en el equipo de Massa apuestan al congelamiento de precios, con aumento de tarifas y salarios, y a la baja gradual del déficit que había pactado Guzmán con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pero apostando más al recorte de gastos que al crecimiento económico que genere más ingresos fiscales. Reconocen que llegarán con lo justo, raspando la olla, a cumplir la meta de déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) del 2,5% del PBI. Sucede que el ex ministro se había desviado de la meta en el segundo trimestre por efecto de la guerra, que encareció energía y alimentos, y en este segundo semestre deben aplicar un recorte en muchas partidas, pero no en todas porque jubilaciones, pensiones y asignaciones suben de forma automática por la fórmula de indexación establecida por ley y a su vez el alza de la inflación impone la necesidad de reparto de bonos compensatorios para evitar estallidos sociales. Pero en el resto de los gastos se aplicará un achique de alrededor del 20% ajustado por inflación respecto de 2021.

El efecto se siente en la obra pública, salvo en el gasoducto Néstor Kirchner, y en las boletas de luz y gas que comienzan a llegar en noviembre. Es notable la subejecución del gasto de diversos ministerios respecto del presupuesto por decreto de 2022, pese a que este preveía de por sí egresos actualizados por una inflación de solo 62%, mucho menor al 100% previsto por el mercado. Son los casos de la Jefatura de Gabinete de Juan Manzur (45,6% del gasto anual erogado hasta agosto, frente a un ritmo que debería llegar al 64% para entonces, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto, ASAP), el Ministerio del Interior de De Pedro (58,2%), la Cancillería de Santiago Cafiero (59,6%), Economía (57%), la Secretaría de Desarrollo Productivo de José Ignacio de Mendiguren (34,6%), la de Agricultura de Juan José Bahillo (43,7%), el Ministerio de Turismo de Matías Lammens (49,2%), el de Transporte de Alexis Guerrera (57,4%), el de Obras Públicas de Gabriel Katopodis (57,5%), el de Educación de Jaime Perczyk (56,9%), el de Ciencia de Daniel Filmus (54%), el de Cultura de Tristán Bauer (51,4%), el de Salud de Carla Vizzotti (56,5%), el de Ambiente de Juan Cabandié (50,6%) y las obligaciones a cargo del Tesoro, que incluyen giros a provincias y empresas públicas (46,6%). Todos los ministros le piden más plata a Massa, pero él cuenta con más capital político que Guzmán para resistir presiones.

A la vez está pendiente la firma del congelamiento de precios de toda la ropa por un mes. El Gobierno lo viene negociando con la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) y es más amplio que el acordado en septiembre sólo con las empresas de ropa, y no con sus proveedores. Se da la paradoja de que es uno de los sectores que más remarca los precios, pero que también está invirtiendo. Este jueves, en la jornada anual de la Fundación Pro Tejer,. Tomás Karagozian, jefe operativo de TN&Platex y presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Joven, comentará la inauguración de una planta en Monte Caseros, Corrientes, donde contratará a 500 personas para exportar el 30% de la producción de hilados. Pero también está el caso del presidente de Pro Tejer, Luciano Galfione, que invirtió en 2021 para ampliar 30% su producción y expandió su personal de 90 a 190 personas, pero ahora solo trabaja a media máquina por falta de insumos importados, irremplazables en el mercado local, y por eso ha adelantado las vacaciones de sus empleados. De poco servirá a esta y otras industrias que les permitan usar los pocos dólares ahorrados para comprar sus importaciones periódicas. Igual en otros sectores la escasez de piezas es menos dramática. Hubo parates de un día en Fiat, Renault, Nissan o Iveco hace una semana, pero se solucionaron. En las electrónicas de Tierra del Fuego producen a menor ritmo que el habitual, pero cumplirán su meta de producción anual. A lo que le temen es al incipiente estancamiento de las ventas por la inflación ascendente.

Por lo pronto, las encuestas muestran que los precios son la principal preocupación de los argentinos. Por lo menos, para el 46% de ellos, según una encuesta reciente del Grupo de Opinión Pública (GOP) y TresPuntoZero. Detrás figuran la corrupción (26,6%) y la pobreza (14,9%). En sus vidas personales también es la mayor inquietud (59,6%), seguida por pobreza (10,6%) e inseguridad (7,1%). En la medida en que pasan los meses de 2022, crece el agobio por la inflación y cae la popularidad del Gobierno. A ver si el peronismo en todas sus vertientes lo entiende.

AR