Controversias superficiales y hondas sobre el falso dilema del crecimiento y la distribución

Alberto Fernández abrirá mañana su segundo periodo de sesiones ordinarias, con un discurso en el que hablará de crecimiento y distribución, la fórmula mágica que -en Latinoamérica- sólo se combinó en la primera década de los 2000, cuando el boom de los precios de las materias primas y gobiernos más progresistas lo permitieron. Se espera que anuncie proyectos de leyes que apuntalen la recuperación de la economía y del empleo, después de tres años de derrape. El Gobierno viene hablando con la Unión Industrial Argentina (UIA), el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y los sectores de hidrocarburos y minería para rebajar impuestos a aquellas empresas que inviertan, no a cualquiera -como había planteado el consenso fiscal de Mauricio Macri en 2017, con el consecuente daño a los ingresos públicos sin conseguir una mejoría de la actividad privada-.

En el establishment, incluso en aquel que más se beneficia de un modelo más proteccionista como el que plantea Fernández, acusan al oficialismo de centrarse en la distribución y en la recaudación de impuestos. Ponen como ejemplo el consenso fiscal que el Senado sancionó este miércoles, por el que las provincias podrán aumentar Ingresos Brutos. En 2017, el gobierno de Macri había impulsado una baja de ese tributo provincial y lo hizo con el voto de parte del peronismo. Ahora, Fernández frenó ese descuento y posibilitó su reversión con el apoyo de senadores de las tres provincias que gobierna Juntos por el Cambio (Mendoza, Jujuy y Corrientes). La necesidad volvió a tener cara de hereje. Mientras tanto, millonarios dueños de grandes empresas y pymes siguen protestando por el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Les queda un mes para pagarlo. Algunos les plantearon a la jefa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, la propuesta de abonarlo en cuotas, con el argumento de que si no les habilita esa opción deberán tomar un crédito para pagar porque, según su alegato, esos activos no son líquidos sino que provienen de la propiedad de sus compañías. Marcó del Pont rechazó el planteo. 

Crecimiento con distribución

En el equipo del ministro de Economía, Martín Guzmán, recuerdan que el anterior gobierno dio prioridad al crecimiento, y no a la distribución, pero la economía cayó tres de los cuatro años que duró. Un desafío de la actual administración radica en convencer al empresariado de que es posible combinar ambos objetivos, tan díscolos en la historia latinoamericana. A fuerza de domar los dólares paralelos y reforzar las reservas del Banco Central en los últimos meses, incluso antes de que lleguen el mes entrante las divisas de la cosecha gruesa, Guzmán se ha ganado el aprecio del poder empresario. Quizás, también, porque no los culpa de la inflación sino que la define como un problema macroeconómico y ha recuperado en enero el superávit fiscal primario (antes del pago de deuda) después de 15 meses de rojo, con la consiguiente reducción de la emisión monetaria. Pero con el ministro no les basta, y desconfían de un Fernández que cambia de discurso según el interlocutor o de una vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner obsesionada por las tarifas y los precios de los alimentos, influyendo o presionando, según el caso, de manera directa o a través de sus militantes a los funcionarios de esas áreas.

El mayor reto consistirá en hacerle creer a la población en general que crecimiento y distribución son factibles en un país donde, desde la Nación y algunas provincias y municipios, oficialistas y opositores, se han repartido vacunas pagadas por todos a algunos privilegiados que se adelantaron en la fila al personal de salud y a los ancianos. Difícilmente pueda haber un peor atentando a la igualdad que esa injusta inoculación durante esta pandemia histórica. El escándalo, que estalló el mismo día en que arrancó el Consejo Económico y Social que lidera Gustavo Beliz, no sólo ensombreció esa iniciativa para la búsqueda de consensos a mediano y largo plazo -así lo repiten empresarios convocados o espectadores- sino que también dañó como nunca la imagen de un gobierno que aspira a vencer este año en las elecciones legislativas y dio pasto para las fieras ultraliberales de moda, que se quejan de todo impuesto como si en los países desarrollados no se abonaran. Lo insostenible no son los gravámenes sino que unos paguen muchos para cubrir el bache de otros, que evaden en cantidad y que después se los malgaste. En la UIA hay quienes están pidiendo en voz baja a funcionarios que las empresas puedan importar vacunas por su cuenta y así vacunar a su personal, sobre todo a los mayores de 60 años y a los empleados de riesgo que están de licencia desde hace casi un año. Saben que la propuesta puede caer mal en un gobierno que ha centralizado la compra de las dosis, como casi todos los países del mundo. Pero México y Brasil han autorizado al sector privado a adquirirlas.

Precios y salarios

El Ejecutivo también tiene pedidos para los empresarios y se los hizo saber en el encuentro del gabinete económico de este jueves con la industria alimentaria. Por un lado, pretende que aumenten los salarios más que el índice de precios al consumidor (IPC) y, por otro, que readecuen sus presupuestos en torno de la meta oficial de inflación del 29%, más o menos 4 puntos porcentuales, es decir, hasta 33%. Las consultoras y bancos locales e internacionales, consultados por la firma FocusEconomics, vienen bajando su predicción del 50% al 47%. Ya descartaron una devaluación brusca del peso y una hiperinflación, aunque también un ajuste de tarifas a la par del IPC, como anunciaba Guzmán cuando, en septiembre pasado, presentó el presupuesto. De los consultados, sólo Fitch Solutions se acerca al objetivo gubernamental: pronostica un 36%. Entre los empresarios, unos reconocen que puede llegar a ser 40%, pero otros se atienen a un 45%. También están los que evitan cálculos anuales y elaboran presupuestos trimestrales, viven el día a día. 

A la reunión de los alimentos más de una gran empresa llegó con el resquemor de la imputación por desabastecimiento que les había aplicado una semana antes la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. La ven bajo presión del cristinismo. Pero, en el Gobierno, la defienden: sostienen que, lejos de aplicar el “método Guillermo Moreno”, ella aplica “el Paula Español”, el de la sonrisa y la aplicación de la normativa. La funcionaria pretende que no sólo en las cadenas de la soja, el girasol, el maíz y el trigo se disocien los precios internacionales en ascenso de los locales sino, también, en las materias primas industriales, como el cemento, el hierro, el acero y el aluminio. Por eso, la semana próxima el Gabinete económico se sentará con los sectores de la construcción y los electrodomésticos. Después llegará el turno del textil. Son tres rubros en los que los empresarios se niegan a aceptar precios máximos como los que debieron aplicar los de una industria tan esencial como la de alimentos. Pero están en la mira en la medida en que se reactivan y para impedir que “todo el esfuerzo de las empresas y los trabajadores se vaya por la canaleta de la inflación”, como advirtió el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, hace unas semanas, en la primera cita general sobre precios y salarios. 

En la reunión de los alimentos volvieron a faltar grandes dueños de empresas, como viene ocurriendo en otros encuentros del Gobierno y los hombres de negocios, signo de la desconfianza que mantienen estos últimos y de que prefieren contactos menos multitudinarios y más exclusivos. A más de uno les molesta sentarse en el Consejo Económico y Social con sindicalistas y líderes de movimientos sociales, pero irán a las mesas técnicas que comenzarán a funcionar el jueves próximo para pensar el mediano y largo plazo. Indignados por el último bloqueo de Hugo Moyano a un parque industrial, están preocupados porque la condena a Lázaro Báez refuerce la figura del arrepentido y reactive la causa de los cuadernos.

En la agenda del corto plazo de la cita de alimentos, volvieron a escucharse los reclamos de compañías que sostienen que pudieron remarcar menos de un tercio del IPC en 2020 por los Precios Máximos, que deben renovarse a fin de marzo. El Gobierno admite la caída de márgenes y promete apuntar los costos de los insumos, aunque autorizó esta semana el primer aumento de la electricidad, del 50%, para grandes usuarios. De todos modos, los empresarios del sector prevén que en un 2021 electoral tampoco podrán aumentar sus precios acompañando el nivel de la inflación. 

En el rubro del aceite de soja y girasol está terminándose de diseñar el complejo mecanismo de un fideicomiso por el que se abastecerá al mercado interno a precios menores que los internacionales. Se venderán aquí 27 millones de litros de marcas líderes, lo que representa el 75% de la plaza doméstica, con subsidios intraindustriales. A cambio, el Gobierno se compromete a no elevar las retenciones de las oleaginosas y sus derivados hasta 2022. Una victoria del CAA que la Mesa de Enlace no festeja. En la agroindustria acusan a los ruralistas de sólo posar para las fotos con un objetivo político. Los más duros de la Mesa de Enlace critican que el fideicomiso sirva para subvencionar todo el mercado interno -y no concentrarse en los consumidores más pobres- y que esté financiándose en las últimas semanas con una baja de precios de lo que la industria le paga a los productores, a contramano de la tendencia internacional. Hablan de cartelización de las aceiteras, pero tampoco las denuncian en el Tribunal de Defensa de la Competencia, ahora en debate por un proyecto de ley en el Congreso.

Exportaciones y elecciones

A fines de marzo también vencerá el acuerdo de precios de la carne vacuna. Español ya le planteó a los frigoríficos que eleven la oferta de 5.500 toneladas mensuales a 14.500. La industria respondió que puede llegar a 9.000. Alegan dificultades porque están cayendo las exportaciones a China, que está imponiendo barreras a la importación como forma de fomentar la recuperación de la producción porcina tras la peste sufrida en 2019. Al menos Fernández consiguió esta semana abrir el mercado mexicano. Más difícil aún está el acuerdo por el trigo. Sucede que es un sector muy fragmentado entre 120 molinos harineros y una extrema atomización entre panificadores y panaderías. El mercado negro de la harina crece ante los Precios Máximos. Al igual que con las frutas y verduras, son mercados poco concentrados donde igual hay inflación, lo que abona las creencias del Gabinete económico, desde el ministro de Economía hasta la secretaria de Comercio Interior, de que se trata de un problema macro y no de formadores de precios, como sostienen algunos cristinistas, por más que en el Gobierno reconocen que en determinados mercados algunos grandes jugadores aprovechen su posición para adelantarse en la remarcación.

Funcionarios y empresarios admiten que el buen diálogo podrá mantenerse unos meses, pero se endurecerá en la medida en que se acerquen las elecciones. Los hombres de negocios temen que después de los comicios salte la olla a presión de los precios. Guzmán, en cambio, sigue con su prédica de tranquilizar la economía y de persuadir de que, al igual que en 2020, las consultoras y los bancos se equivocarán en sus predicciones. Lo ayuda la nueva bonanza de los precios de las commodities. ¿Permitirá crecer con reparto, como hace más de 10 años? Ya en enero último las ventas minoristas lograron su primer suba interanual desde agosto de 2018, un 1,9%, según las estadísticas de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). El ministro tiene por delante la negociación con el FMI. Vacunado, está tramitando el restringido ingreso a Estados Unidos para mediados del mes entrante. Confía en que, tras la experiencia del programa económico acordado con Macri, los técnicos del Fondo comprendan que ni los controles de cambio ni la emisión monetaria son malas palabrsa y que eviten reclamar reformas estructurales (laborales, jubilatorias, privatizaciones), como las que exigieron a Ecuador, Jordania o Pakistán en recientes acuerdos similares. El fracaso del programa firmado por el gobierno anterior les juega a favor. Pero, después del visto bueno del staff, habrá que lograr el apoyo de los países que dominan el FMI y aún está poco clara la posición del gobierno de Joe Biden hacia la Argentina.

AR