Cuáles son las empresas mineras que ya pagaban menos impuestos antes del RIGI

Faltan pocos días para que el Gobierno reglamente el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) para impulsar siete sectores: minería, hidrocarburos, tecnología, siderurgia, turismo, infraestructura y actividad forestal. Pagarán menos impuestos, no tendrán que traer las divisas de sus exportaciones y recibirán beneficios para importar por 30 años. Habrá que ver si la reglamentación permite que la industria local provea a estos sectores o el porcentaje de proveedores nacionales quede limitado a la construcción. Pero mientras se desvela el misterio bien vale conocer quiénes han sido los beneficiarios del antecedente del RIGI, la ley de inversiones mineras, que desde 1993 otorga estabilidad tributaria por 30 años a aquellos que exploten los minerales argentinos.

En 2023, el Estado dejó de percibir $28.900 millones en beneficios otorgados a empresas mineras por esa norma votada en el gobierno de Carlos Menem y nunca modificada, según un pedido de acceso a la información que elevó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Las ventajas impositivas incluyen deducción de Ganancias, devolución del IVA y amortización acelerada, entre otros. “El Estado desconoce cuánto dejará de percibir el fisco por beneficios otorgados a la actividad minera en 2024”, advierte la FARN, que dirige Andrés Nápoli y que tiene a Ariel Slipak como coordinador de investigación.

“Los beneficios de la Ley de Inversiones Mineras alcanzan a 829 empresas mineras y otras 94 de servicios. Entre ellas, empresas petroleras se expanden y comienzan a hacer minería de litio. Obtienen beneficios fiscales por ambas actividades”, resalta FARN entre sus principales conclusiones. Pero si bien cientos de empresas tienen iniciados los trámites, son 42 las que efectivamente gozan de la estabilidad fiscal porque están en explotación del recurso natural. Las otras son proyectos que van de la exploración del subsuelo hasta la construcción de la futura mina.

Entre esas 42 del listado oficial al que tuvo acceso la fundación aparecen las dos empresas que llevan más tiempo sacando litio en la Argentina, Minera del Altiplano, en Catamarca, y Sales de Jujuy, que pertenecen a la nueva empresa fusionada Arcadium Lithium, con casa matriz en Irlanda. FARN señala que Arcadium podrá adherir al RIGI en sus proyectos de ampliación de los yacimientos, con lo cual sumaría beneficios cambiarios y aduaneros a los impositivos de la ley minera.

En la lista también está Cerro Vanguardia, de la sudafricana AngloGold, que extrae oro en Santa Cruz; y la suiza Glencore, dueña de las minera Alumbrera y Agua Rica, que entre ambas constituyen el proyecto Mara. Otras firmas que gozan de estabilidad fiscal son Minera Aguilar, de José Luis Manzano, que saca plomo, plata y zinc en Jujuy; la calera y cementera Loma Negra, de Olavarría, propiedad de la brasileña Camargo Corrêa; Minera Andina del Sol, que obtiene oro en San Juan y es propiedad de la canadiense Barrick Gold —con otras iniciativas a futuro— y la china Shandong Gold; y las litieras Exar, en Jujuy, de la canadiense Lithium Americas y la china Ganfeng Lithium; y Eramine, en Salta, de la francesa Eramet y la china Tsingshan. En este link, el listado completo.

“El recientemente aprobado RIGI marca una continuidad en una premisa que sostienen los gobiernos argentinos independientemente de su color político: es necesario otorgar beneficios tributarios, cambiarios y aduaneros a grandes empresas de actividades extractivas, bajo la promesa de crear empleos y desarrollo económico”, concluye FARN. “Este régimen de incentivos, que rige para sectores como la minería, viene a sumarse a una serie de beneficios existentes como los que ofrece la ley 24.196 de inversiones mineras, que se ha traducido en grandes pérdidas para el fisco. Mientras, la creación de empleo y el desarrollo económico no terminan de llegar”, advierte la fundación, que integra redes como Climate Action Network y que es presidida por Daniel Ryan.

En Argentina, la minería cuenta con 100 mil puestos de trabajo directos e indirectos pero no se puede decir que las provincias que la acogieron son desarrolladas.

“El RIGI aparece nuevamente bajo la narrativa de 'promesa de desarrollo', sin embargo, en los hechos, la Minera del Altiplano ha generado un daño ecosistémico secando la vega del río Trapiche, y ahora solicita más volúmenes de agua de la vega Los Patos”, ejemplifica FARN. En su momento, elDiarioAR dio cuenta de este conflicto a partir de la voz de los pobladores y de la propia empresa, que hasta el año pasado era de la norteamericana Livent y que ahora se fusionó en Arcadium con la australiana Allkem. Distinto fue el desempeño de la ex Allkem en Jujuy.

FARN recuerda que los $28.900 millones de beneficios a las mineras en 2023 equivalen al 0,2% del PBI argentino, y lo compara con varios presupuestos: es “más del doble de lo destinado a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). En el proyecto de presupuesto 2024, que elaboró el anterior gobierno y utilizó el de Javier Milei, se subestiman las ventajas tributarias a las mineras al calcularse en $55.00 millones, según la fundación, pero aun así equivalen al 96% del presupuesto de la Subsecretaría de Ambiente y al 79% de la Administración de Parques Nacionales. Además suponen más de 4,5 veces el presupuesto que asigna el Tesoro al Servicio Nacional del Manejo del Fuego, más de 7 veces el destinado a energías renovables y más de 11 veces el del Instituto Nacional del Cáncer.

“Lo novedoso en el listado de beneficiarios es la aparición de nuevas empresas vinculadas a proyectos de minería de litio, que son subsidiarias de grandes actores del sector petrolero”, señala FARN. Como aún no comenzaron la explotación en sí, todavía no cuentan con la estabilidad fiscal. “Así, se puede ver como por ejemplo, Pluspetrol, Pan American Energy y Tecpetrol (del Grupo Techint) se lanzan a la carrera de explotación de litio, a través de empresas subsidiarias”, se refiere a las petroleras de las familias Rey Poli; PAE, de la británica BP, la china CNOOC y los Bulgheroni; y la firma del conglomerado de Paolo Rocca.

“En este sentido aparece Alpha Lithium Argentina SA, perteneciente a Techenergy Lithium, la cual es subsidiaria de Tecpetrol. Se encuentra Lithium Corporation, de Pluspetrol; y también Lithos Minerales del Norte, ambas pertenecientes a PAE”, la dueña de Axion. “Estas son empresas que ya reciben una serie de beneficios por su actividad en el sector hidrocarburífero como los subsidios a la oferta de fósiles vinculados al Plan Gas. Durante 2023 el monto correspondiente a subsidios a la oferta de hidrocarburos resultó en más de $140.000 millones, tres veces más de lo que recibió el ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La inmersión de estos nuevos actores en la minería de litio les permite, a su vez, hacer uso de una narrativa vinculada a la transición energética, pretendiendo mostrarse como promotores de la transición”. 

“La otra premisa que sostienen de manera ininterrumpida las diferentes gestiones es que para que haya desarrollo económico las normas ambientales deben ser flexibilizadas. En el caso del RIGI un ejemplo claro es que el régimen obliga a gobiernos subnacionales a garantizar la provisión de insumos a las empresas beneficiarias como pueden ser el agua y la energía. Así, prioriza a las empresas en el acceso por sobre la población”, advierte FARN.

“Esto es especialmente importante si consideramos que el RIGI pretende promover entre otras, la minería a gran escala, la cual consume grandes cantidades de agua y energía en áreas donde escasean, a la vez que es una actividad con grandes impactos ambientales y sociales. Los ejemplos en este sentido abundan. El 13 de septiembre de 2015 Barrick Gold derramó en su mina Veladero, en la provincia de San Juan, más de 1 millón de litros de agua cianurada”.

“En este escenario, las empresas deberían redoblar sus esfuerzos para exigir el cumplimiento de la normativa internacional (con jerarquía superior al Código de Minería y los decretos procedimentales que regulan los procesos de evaluación de impacto ambiental a nivel provincial), y la normativa nacional de aplicación en materia ambiental y de derechos humanos, así como aplicar los Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, máxime si reciben incentivos económicos para el desarrollo de su actividad extractiva”, aconseja la fundación. “Sin embargo, lejos de cumplir con tales mandatos, despliegan sus intereses rompiendo acuerdos comunitarios de consulta colectiva y ofreciendo beneficios a cambio de su aprobación, en completa violación de las normas existentes y de los acuerdos comunitarios.”

AR/JJD