Durante el gobierno de Alberto Fernández aumentó la cantidad de argentinos que dejaron de tributar en el país

Desde principios de 2020 y hasta el primer semestre de este año, período que coincide con el inicio de la gestión de Alberto Fernández, 1.845 personas solicitaron la baja de impuestos por cambio de residencia fiscal, según los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).  En el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont admitieron que el año pasado se observó “un incremento” de estas gestiones, aunque no se trató de una “conducta generalizada”. “No fue un éxodo”, insistieron. 

En 2020 fueron 1.500 personas las personas que concretaron el trámite y en los primeros seis de 2021 se sumaron otras 345. Esto muestra que en el primer año de ejercicio del gobierno del Frente de Todos, en el que también se desató la pandemia de coronavirus y se impulsaron fuertes restricciones a la circulación para intentar contenerla, hubo un flujo más amplio de contribuyentes que decidieron cambiar su residencia en comparación con la primera mitad de 2021.  

Según datos de la AFIP, de todas las bajas fiscales por cambio de residencia hechas en 2021 el 33% (115 casos) fueron por mudanzas a Uruguay, un país que ofrece la posibilidad de mantenerse cerca de la Argentina en términos geográficos y culturales, además de  estímulos para los nuevos residentes. En septiembre de 2020, el congreso uruguayo aprobó un proyecto presentado por el presidente Luis Lacalle Pou para beneficiar con 10 años de “vacaciones fiscales”, sin tributar, a los nuevos residentes.

En muchos casos se trata de personas que entraron al blanqueo que impulsó Mauricio Macri en 2016, lo que significó una multiplicación de los bienes bajo el radar de la AFIP. Cuando cambió de mando el gobierno y se diluyó la promesa de Cambiemos de avanzar hacia un futuro con menos impuestos, decidieron emigrar.

Durante la gestión de Alberto Fernández se concretó un alza en las alícuotas de Bienes Personales y se impulsó la recaudación un “aporte solidario y extraordinario” para aquellos contribuyentes con patrimonios superiores a $200 millones, que fue avalado por el Congreso y recaudó más de $223.000 millones. La mayoría de estas “expatriaciones” se concretaron antes de que sea aprobado ese tributo, que se discutió varios meses antes de ser sancionado. 

Pese a ser presentado como una medida “por única vez” como herramienta para atender la crisis pandémica, contribuyentes y tributaristas nunca descontaron la posibilidad de que busque ser reeditado, como solicitaron algunas voces internas al Frente de Todos. Además, decenas de contribuyentes alcanzados iniciaron acciones legales para no pagarlo, bajo el argumento de la “confiscatoriedad” como principal misil legal. 

Si bien quienes emigraron al exterior y solicitaron su baja fiscal en la Argentina es un número acotado, se trata de contribuyentes de gran patrimonio y, en consecuencia, de peso en términos de recaudación. Tal como reveló una investigación de elDiarioAR, de las 40 familias más ricas de la Argentina que figuran en la lista elaborada por la revista Forbes, 18 tienen algún miembro con residencia fiscal en otro país. 

De acuerdo con esta investigación hecha por Alejandro Rebossio, entre quienes migraron a partir de 2020 aparecen Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre; Alejandro Roemmers, hijo del dueño de Laboratorios Roemmers; tres de los cuatro fundadores de Globant, Martín Migoya, Martín Umaran y Guibert Englebienne; el empresario sojero Gustavo Grobocopatel; la presentadora de televisión Susana Giménez y dos nietas de quien fue la dueña de la cementera Loma Negra, Amalia Lacroze de Fortabat: Bárbara Bengolea y Amalia Amoedo.

La ley de Impuesto a las Ganancias prevé que las personas humanas pierden la condición de residentes en Argentina cuando adquieren la condición de residentes permanentes en otro país. Para eso, los contribuyentes deben realizar una mudanza internacional (familia incluida) sin intenciones de regresar al país. Aún así, continúan tributando en Argentina por las ganancias y bienes que poseen en el país. “A través de distintas herramientas de fiscalización el organismo evalúa que quienes tramitaron el cambio de residencia cumplan con la normativa vigente”, expresaron en el entorno de Marcó del Pont.