El Gobierno reactiva el 10% de las obras en villas, casi la mitad de ellas en manos de cooperativas

Pese a que Javier Milei reniega de la obra pública –la paralizó con la excusa de que ampara corrupción–, le ha admitido al subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, que los proyectos de urbanización de villas, asentamientos y otros barrios populares no los va a ejecutar el sector privado, por lo que le dio su apoyo político para reactivar algunas iniciativas puntuales.

Al comienzo del gobierno libertario se paralizaron todas las obras e incluso el discurso oficialista demonizó las del Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana (FISU), que en el gobierno anterior gestionaba la antecesora de Pareja entre 2019 y 2023, Fernanda Miño, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el de Juan Grabois. Pero Pareja, de estrecha relación con el expresidente Carlos Menem, defendió al FISU, desechó acusaciones contra Miño y en los últimos dos meses, y sobre en todo en las últimas dos semanas, puso en marcha unas 70 obras por $6.000 millones.

Tampoco es mucho. El gobierno anterior había iniciado 1.200 obras, de las cuales terminó 500 y finalizó dejando 700 en plena ejecución. De esas 700, el 10% se reactivó. Pareja eligió algunas de las que estaban más avanzadas para que se acaben, pero no sólo las que se habían hecho en un 80%, como es el criterio que se acordó en el Senado con las provincias para reanudar, sino también otras al 60%. Incluso algunas que estaban al 10%, apenas empezadas, pero que con poco dinero podían terminarse. Las obras del FISU incluyen desde cuestiones complejas como instalación de cloacas hasta otras más sencillas como el plan Mi Pieza, que consiste en mejorar casas, por ejemplo, haciéndoles el baño y la cocina.

Por ley, el FISU debe ejecutar el 25% de sus obras a través de cooperativas de trabajadores de los mismos barrios. En este caso, el 38% de los proyectos recomenzados está en manos de ellas, a pesar del discurso oficialista en contra de estas agrupaciones sociales. El 62% fue a los municipios. De hecho, el Ministerio de Capital Humano hizo bandera de la cuestión con reproches a los “intermediarios” o “gestores de la pobreza”, que controlaban la asistencia en las cooperativas del desaparecido programa Potenciar Trabajo y que recibían alimentos en los comedores populares. En la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), que depende del Ministerio de Economía, argumentan que la cartera de Sandra Pettovello les cortó los fondos a los movimientos sociales después de hallar presuntos delitos, desde extorsión a beneficiarios hasta apropiación de dinero y comida, pero aclaran que en las obras de urbanización de villas no encontraron cuestiones judicializables, sólo supuesta “discrecionalidad” en el direccionamiento de proyectos a ciertas cooperativas o municipios y presunta “falta de controles”.

Cooperativas de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), donde se nuclea en el MTE de Grabois, recibieron fondos con este gobierno. Incluso en los despachos mencionan como beneficiada la cooperativa Diego Armando Maradona, del MTE, que fue acusada falsamente de haber dejado tareas incompletas. En el MTE niega cualquier reactivación. Sobre el exprecandidato presidencial pesa la ira de Pettovello y del ministro de Economía, Luis Caputo. En el Gobierno lo ven como figura opositora en ascenso. La ministra lo detesta después de que él la denunciara por guardar comida sin repartir.

Caputo y su secretario legal, José García Hamilton, están abocados a deshacer fondos fiduciarios con ánimo de reducir el gasto público y redestinar los ingresos que los financian. Es parte de la motosierra amparada en el supuesto hallazgo de irregularidades. Pero aunque Pareja está bajo la órbita del ministro, el subsecretario sigue adelante. ¿Quién lo ampara?

Pareja, exasesor de Carlos Menem, mantiene una estrecha relación con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que le encargó el armado bonaerense del nuevo partido La Libertad Avanza, y con el asesor de “El Jefe” –como la llama su hermano–, Eduardo “Lule” Menem. Por eso integra la mesa política del Gobierno junto a Karina Milei, Lule Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el secretario de Interior, Luis Catalán, y el asesor de imagen presidencial Santiago Caputo. Esa mesa al principio se reunía cada 15 días, pero ahora puede juntarse cada varios meses o tres vces por semana. En ese ámbito se adoptó la decisión política de reactivar las obras en barrios populares. Dinero tiene porque el FISU recibe directo parte de la recaudación del impuesto PAÍS. Mientras este tributo siga, el fondo tendrá algo de plata. Y eso que Luis Caputo ya le recortó buena parte de lo que percibía.

Las iniciativas reactivadas incluyen municipios de diversos colores políticos, incluidos los peronistas. Por ejemplo, los bonaerenses de San Vicente, Almirante Brown y Merlo, justicialistas, o Tres de Febrero, que gobierna Diego Valenzuela, estrecho aliado PRO de Milei. Algunas obras fueron a parar a cooperativas de Caritas y de los curas villeros, más allá de la tensión de la Iglesia con el presidente por la falta de asistencia a comedores y el desprecio por el concepto de justicia social.

AR/MG