La ley ómnibus de Milei incluirá un régimen de inversiones, pero no el plan de Dromi
Javier Milei prepara una ley ómnibus para emprender sus reformas. Prevé achicar el Estado, incluidas las empresas públicas, a las que intentará privatizar tarde o temprano, según el caso, pero primero buscará ponerlas en valor, podando déficit. Todo este proceso puede que incluya despidos, como en los 90. El paquete se prevé que incluya una reforma laboral: Milei ya habló de que los patrones puedan echar personal sin pagarle indemnización. Otro capítulo es la derogación de cientas de leyes que fue revisando Federico Sturzenegger, aquel que fue viceministro de Economía en la crisis de 2001 y presidente del Banco Central del gobierno de Mauricio Macri hasta que le explotó la devaluación de 2018. Veremos si abarca la ley de alquileres y los deja librados a la libre y desigual negociación de propietario e inquilino.
Pero el ómnibus también contempla la promoción de inversiones con ventajas especiales. En eso está el abogado especializado en minería Sergio Arbeleche, que incluso suena para la secretaría del área. Arbeleche, del estudio Bruchou Funes de Rioja, busca trasladar parte del régimen de inversiones mineras, que se creó en los 90 y siempre se respetó, al resto de la economía.
El incentivo sería para inversiones grandes, las que superen los US$500 millones, aunque también hubo quienes querían bajar esa barrera a los 200 millones y otros que preferían subirla a 1.000 millones. El plan consiste en que las que sean mayores al nivel por definir tenga libre acceso a las divisas, no paguen retenciones a la exportación, se les devuelva en forma anticipada el IVA durante la construcción de sus instalaciones -en la actualidad, este impuesto se reintegra al año y medio, licuación por inflación mediante- y se les asegure la intangibilidad de las condiciones iniciales del proyecto. Esto se parece a la estabilidad fiscal de las que gozan las iniciativas mineras por 30 años. Se trata de un régimen similar al que la actual secretaria de Energía, Flavia Royón, quería otorgarle al gas natural licuado (GNL), el que se exportaría en barco a Europa o donde sea.
A diferencia de la reforma del Estado de 1989, en el inicio del gobierno de Carlos Menem, esta vez no participará el experimentado abogado que diseñó aquello, Roberto Dromi. El ex ministro de Obras Públicas había preparado su proyecto a lo largo de medio año de 1989 y después contó con el apoyo del PJ que dominaba el Congreso y hasta de la UCR, que había pasado a la oposición.
Dromi fue sondeado hace unos meses por dos economistas a los que consultó Milei y después desechó, el ex ministro de Economía menemista Roque Fernández y su ex viceministro Carlos Rodríguez. También fue visitado por la vicepresidenta electa Victoria Villarruel y su asesor Guillermo Montenegro, futuro diputado. Pero ni Villarruel controlará el Ministerio de Seguridad, como había prometido Milei en campaña, ni Dromi se sumó al gobierno libertario.
El ex ministro de Obras Públicas de Menem sí le entregó a Villarruel una lista de “diez prioridades administrativas para la estabilidad monetaria, el equilibrio fiscal y el desarrollo económicos”, a saber:
- “Estabilizar la moneda bajando el gasto público, reduciendo el costo de gestión burocrática y la presión fiscal.
- Reconvertir empresas industriales deficitarias del Estado en empresas mixtas con participación de Nación, provincias, trabajadores e inversores, para lograr una rehabilitación de una economía rentable“. Esto incluye Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, de modo de usar su central eléctrica con el gas de la cuenca fueguina de la petrolera francesa Total y ya no con carbón, o Astilleros Río Santiago, en los que están interesados inversores españoles.
- “Racionalizar el tamaño burocrático e institucional del Estado, a medida de las necesidades públicas esenciales. Relocalizar empleados, con capacitación técnica a cargo del Estado para otros cometidos prioritarios y esenciales de la sociedad (salud, ambiente, seguridad, educación, parques nacionales, patrimonio histórico, entre otros). Fusión de empresas y organismos de cometidos análogos.
- Capitalizar el patrimonio de las empresas estatales o con participación estatal, con la incorporación a su activo del valor de los recursos naturales de su pertenencia, habilitando nuevas emisiones de acciones de propiedad pública para garantizar otros proyectos de inversión y desarrollo“. Es decir, no privatizar al 100%.
- “Formalizar un pacto federativo entre Nación y provincias de habilitación de la explotación minera, con la condición de la preservación ambiental”. O sea, derogar la prohibición de esta actividad en las provincias que la resisten, como Chubut o Mendoza.
- “Promover las economias regionales impulsando la creación de regiones entre provincias, que potencien los beneficios de la economía de escala.
- Ordenar los municipios por partidos o departamentos, asegurando su autonomía, reduciendo su número y aumentando la cantidad de villas y ciudades situadas en un mismo espacio territorial“. Esta medida apunta a provincias como Córdoba, donde se multiplicaron las divisiones, pero no a otras como Mendoza o Buenos Aires.
- “Educar para el trabajo, la producción, el comercio y el consumo, proveyendo enseñanzas científicas, técnicas y del arte, y preservando la incumbencia de las universidades estatales e institutos tecnológicos”. A diferencia de Milei, valor la educación superior pública.
- “Integrar empresas mixtas internacionales con países limítrofes o no para la producción e industrialización de recursos naturales, compartiendo aportes entre los Estados e inversores privados, por ejemplo, empresas de energía renovable o de litio para la producción de baterías”. Estos planteos también están lejos de la visión del presidente electo, renuente a la intervención estatal.
- “Democratizar las organizaciones sociales como instituciones de administración pública no estatal, como clubes, sindicatos, cooperativas, asociaciones civiles y afines, garantizando la periodicidad de los mandatos, la reducción en la duración de los cargos y admitiendo la reelección por una vez. Deberán complicar su objetivo de deber público de salud, educación, ambiente, cultura, deporte, producción científica, tecnológica y artística bajo la supervisión y control estatal”. Es decir, no plantea su eliminación, más allá de que Milei habla de desintermediar la ayuda social.
Pero las ideas de Dromi no son las del presidente electo. Habrá que ver cómo le va Milei con su improvisado equipo de gobierno y sus planes de última hora. Si fallan en medio de la crisis actual, pronto tendrá que buscar otros funcionarios y otros programas.
AR
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