La paradoja ambiental del litio: más explotación minera y conflicto en nombre de la sustentabilidad

“Lo que sucede con el litio en términos ambientales implica una paradoja: es un mineral crítico para la transición energética y la electromovilidad, pero se enmarca en una actividad que es altamente resistida en términos sociales”, dice Victoria Arias Mahiques, investigadora del área de Recursos Naturales de Fundar. Para obtener este insumo clave para construir baterías que almacenen la energía generada por fuentes limpias, es necesario explotar más recursos naturales, hacer más minería intensiva. 

Como elemento adicional, los recursos se encuentran concentrados en una región particularmente conflictiva. Según un informe elaborado por Arias Mahiques, Malena Galuccio y Carlos Freytes sobre “Gobernanza socioambiental de la minería de litio”, América Latina y el Caribe tiene la tasa más elevada de conflictos en el mundo vinculados a la minería. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) identifica 264 conflictos a lo largo de la región, con más de 300 proyectos involucrados.

Argentina es el cuarto país con mayor número de conflictos socioambientales mineros, solo por detrás de México, Chile y Perú. Son conflictos con consecuencias productivas directas. En total, más de un 50% de los proyectos mineros resultan cancelados o temporalmente suspendidos a causa de resistencias sociales. Un caso paradigmático fue el de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc en Jujuy, en 2010, en el que las 33 comunidades que habitan el territorio se opusieron al ingreso de la empresa minera South American Salars y Bolera Minera SA, paralizando la actividad minera en la zona hasta hoy.

Por otra parte, en la Argentina hay actualmente seis provincias que prohíben la actividad minera metalífera por distintos motivos (Chubut, La Pampa, Mendoza, Córdoba, San Luis y Tucumán). 

Los cuestionamientos, sin embargo, tienen argumentos razonables detrás. La extracción de los depósitos de litio se realiza actualmente a partir del bombeo de la salmuera, donde se concentra por evaporación en estanques solares. “Este método implica una enorme pérdida de agua y produce una salinización del agua dulce y se constituye como una amenaza para los humedales altoandinos”, detalló Arias Mahiques en una conferencia de prensa en la que fue presentado el informe. 

La explotación representa un riesgo para ecosistemas que ya son de por sí frágiles y muy áridos. Según detalla el informe, los sistemas hídricos de los salares están conectados con áreas de pastoreo y riego así como con humedales protegidos y su explotación tiene efectos secundarios en la dinámica natural de las cuencas hidrogeológicas. Por ejemplo, la modificación del flujo natural superficial del agua, la alteración del ciclo de precipitación de sales y la alteración del balance hídrico. 

“Acá entendemos por qué la cuestión del litio se metió también en la ley de humedales”, apuntó la investigadora. En efecto, los gobernadores de las provincias del Norte Grande –que integran Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones– intervinieron directamente para frenar el avance del proyecto en Diputados, porque entienden que podría condicionarlos en la explotación de los salares. 

Sin embargo, el rechazo de las comunidades a la minería suele provenir no solo de las preocupaciones por los impactos socioambientales, sino también de la percepción de modelos económicos en pugna o de débiles vínculos institucionales que generan desconfianza en la calidad y capacidad de garantizar la sostenibilidad y responsabilidad socioambiental.

En la revisión del marco regulatorio en las tres provincias con reservas de litio (Jujuy, Salta y Catamarca), la investigación dejó de manifiesto, en primer lugar, que la licencia ambiental de los proyectos mineros es otorgada por la cartera productiva, lo que genera desconfianza en el cumplimiento del control ambiental. 

Respecto a la información en materia ambiental, se identifica una falta de disponibilidad de información actualizada en los portales estatales. Por otra parte, la falta de reglamentación de las instancias de participación pública impacta en la credibilidad de la autoridad competente, al otorgar un amplio margen de discrecionalidad con respecto a los actores convocados, los tiempos y los resultados.

En un contexto de demanda creciente de litio, y con la previsión de que en los próximos años Argentina pase del cuarto al tercer lugar en el ranking de producción mundial —podría escalar de una producción para 2024 estimada en 100.000 toneladas a 115.000 toneladas en 2026—, “poner el foco en cuáles son y de qué forma las autoridades otorgan la licencia ambiental a estos proyectos es atender un tema que coincide en urgencia e importancia”, señala el documento. 

Como ocurrió en el caso de Chubut un año atrás, en el que la manifestación popular revirtió una norma emitida por la Legislatura provincial para habilitar la minería en la meseta, se suele hablar de que la actividad carece de “licencia social” un concepto que hace alusión no a un requerimiento jurídico, sino a la aprobación inicial y a la aceptación continua de la actividad extractiva por parte de las comunidades locales y los actores clave afectados por esas actividades. Para los investigadores de Fundar, atender a la construcción de esa licencia y disponer las herramientas necesarias para consolidarla es un desafío urgente si se quiere aprovechar el recurso demandado hoy por el mundo, que podría ser reemplazado por otro en el futuro. 

DT