Las prepagas aumentarán pese a que se elimina la intermediación de las obras sociales

El presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Salud, Mario Russo, publicaron este miércoles el decreto que define cómo se desregula la cobertura de salud, después de que en diciembre el decreto de necesidad y urgencia (DNU) permitiera que las prepagas actuaran como obras sociales. Hasta ahora, el trabajador formal y su empleador debían derivar aportes a una obra social, en general sindical, y a su vez esta podía acordar que la prestación fuera dada por una empresa de medicina privada. Ahora ya no será necesaria esa intermediación: el empleado, el autónomo o el monotributista, según el caso, podrá optar por una obra social o una prepaga. También se permite que sigan en vigencia los convenios entre unas y otras.

Pero en las prepagas advierten que es falso que el aporte directo a ellas vaya a reducir el valor de la cuota por la desintermediación, tal como pregonan los libertarios. El asunto es así. El trabajador debe derivar el 9% de su salario bruto a la obra social, que ahora puede reemplazarse por una firma privada. A su vez, el empleador aporta otro 6%. De ese 15%, las obras sociales que tienen acuerdos con prepagas hasta ahora les transferían 12% o 13%. Se quedaban con un peaje del 2% o 3%. Supuestamente, eso es lo que ahora podría abaratarse la prepaga. ¿Cómo? El aporte obligatorio seguiría siendo el mismo, pero sucede que no alcanza para cubrir la cuota de la compañía privada, que por eso suele exigir un pago aparte de bolsillo. Este extra suele ser de un monto equivalente al 15% de contribución total empleado y patrón, aunque depende de la cobertura. O sea que en teoría este 15% de cuota podría reducirse a 12% o 13% si se elimina el peaje de la obra social. “Falso”, insisten en la Unión Argentina de la Salud (UAS).

¿Por qué? Porque la retención de la obra social es utilizado para coberturas que no dan las prepagas. Veamos. Hasta ahora, las obras sociales sindicales aportaban un 15% del aporte del 15% del trabajador a un llamado Fondo Solidario de Redistribución, que asiste tratamientos crónicos o prolongados, incluidos los de drogadicción, alcoholismo y discapacidad. Con la nueva reglamentación, las prepagas deberán enviar un 20% del aporte a ese fondo. Como era un gasto que no estaba en su presupuesto hasta ahora, deberán elevar la cuota, según reconocen. “La desregulación de la salud aparece como una medida contra los gremios, pero es un reclamo histórico de ellos que se eliminen los sellos de goma y que las prepagas pongan ese 20% porque las grandes obras sociales sindicales son las principales usuarios del Fondo de Redistribución”, explican en el sector privado.

En el mundo privado reconocen que algunas de las obras sociales con las que mantienen convenios son sólo “sellos de goma”, pero otras más serias se quedan con 8% o 10% del aporte a cambio de ofrecer ciertos servicios como asumir parte o todo el riesgo de ciertos tratamientos muy caros, que incluyen remedios moleculares nuevos como los que se usan para las afecciones de la espina dorsal, por ejemplo. Si ahora el trabajador aporta directamente a la prepaga, esta deberá hacerse cargo de esos medicamentos costosos y demás, con lo que no necesariamente podrá ofrecer una rebaja en la cuota, según admiten en la UAS.

En las prepagas admiten que no competirán contras las grandes obras sociales sindicales, como las de docentes, peones rurales, obreros de la construcción, empleados estatales, camioneros o petroleros. ¿Por qué? Porque ellas cuentan con redes de salud que trabajan a costos muy bajos, instaladas en lugares del país donde otros no llegan, porque hay clínicas privadas que les cobran más a las prepagas que a las obras sociales y porque los sindicatos ofrecen a sus afiliados servicios que OSDE, Swiss Medical, Medifé, Galeno, Sancor Salud, Medicus o los hospitales Italiano, Alemán o Británico no prestan, desde turismo y recreación hasta útiles escolares.

El Gobierno afirma que la reglamentación de la desregulación de la salud apunta a “darle libertad de elección a los beneficiarios e impulsar la libre competencia entre obras sociales y empresas de medicina prepaga”. “Esta medida incluye un universo de 14 millones de trabajadores en relación de dependencia tanto del sector público como privado, los monotributistas, las empleadas domésticas y los jubilados y pensionados nacionales”, explica un resumen del Ministerio de Salud.

“Los beneficiarios ya no deberán permanecer obligatoriamente un año en la obra social de su actividad al ingresar a un nuevo empleo”, destacan en el Ejecutivo. “Podrán ejercer el derecho de libre elección una vez al año, en cualquier momento desde el inicio de la relación laboral”, añaden.

“Aquellos beneficiarios que cuentan con cobertura de salud a través de una obra social con convenio a una prepaga podrán continuar con esta modalidad de prestaciones de salud”, aclaran en el Gobierno. También ratifican la liberalización de precios que estableció el DNU y que provocó fuertes saltos en las cuotas y la reacción de afiliados rebajándose de plan, recurriendo a la Justicia o renunciando a la prepaga para ir al hospital público: “El Gobierno no regulará los precios de las cuotas ni intervendrá en los modelos de contratos entre las prepagas y los prestadores. Tampoco se fijarán aranceles mínimos obligatorios a los prestadores públicos y privados”. Dos millones de personas son afiliadas directas de la medicina privada y otras 4 millones hasta ahora tenían esta cobertura pero con la intermediación de obras sociales. “En caso de quiebra, cierre o cesación de actividades de una empresa de medicina prepaga, la Superintendencia de Servicios de Salud no transferirá la cobertura de salud de sus afiliados a otros prestadores”, aclaran en el Ejecutivo.

AR/MG