Recuperar el salario para lograr el equilibrio fiscal

La economía crece y se crea trabajo, pero no alcanza. Desde comienzos del año pasado el salario promedio del empleo registrado, comúnmente llamado “en blanco”, apenas logra compensar al aumento de los precios. Al mismo tiempo, los trabajadores no registrados siguen perdiendo en la carrera contra la inflación. Hoy un trabajador puede ser pobre. Si esa situación no se revierte, el gasto social continuará creciendo.

La madre de todas las batallas es bajar la inflación y aumentar la productividad para garantizar una recuperación considerable y sostenible en los ingresos de los trabajadores. En el mientras tanto, muchas veces eterno en la Argentina, el desafío es satisfacer las demandas sociales sin generar soluciones que sean, literalmente, pan para hoy y hambre para mañana. Uno de los riesgos es provocar un salto discreto en la inflación con un mayor nivel de inercia, acortando por ejemplo los plazos en las revisiones de paritarias. ¿Cómo evitarlo? 

Veamos. Para empezar, nuestra estructura productiva es muy heterogénea y se refleja, entre otras cosas, en el salario promedio de cada uno de los sectores. Como ejemplo, un trabajador registrado de comercio cobró el año pasado 40% más respecto a si se hubiese desempeñado en el sector de la enseñanza pero 32% menos que de haberlo hecho en la industria manufacturera. Pero la principal heterogeneidad laboral se manifiesta dentro de cada sector entre los trabajadores más protegidos, principalmente aquellos amparados por los acuerdos colectivos de trabajo, y los que no.

Sobre la división registrados-no registrados versa la mayor diferencia a la hora de pensar cómo recomponer el poder de compra. En el primer caso, las paritarias son la principal herramienta. Este año cerraron en promedio en torno al 60% para el periodo 2022/2023, con revisiones antes de diciembre que seguramente garanticen que los salarios reales -descontada la inflación- se mantendrán constantes. El problema es que no logran volver a los valores del 2017, la diferencia hoy es del 15%. Una opción es incorporar a los aumentos atados a la inflación remuneraciones de suma fija basadas en métricas de crecimiento y productividad según rama de actividad. Y así distribuir los frutos del crecimiento de la economía de manera sostenible. Es evidente que es necesario adaptar las instituciones laborales a una economía que cuando termine el actual mandato de Alberto Fernández llevará una década con una inflación promedio anual del 40%. El año pasado la actividad creció 10,3% sin embargo la participación de los trabajadores en el producto cayó del 38% al 34%.

La mayor dificultad está en recuperar el poder adquisitivo de quienes trabajan por fuera de los convenios colectivos de trabajo, principalmente trabajadores sin registrar y cuentapropistas no profesionales. Un universo que abarca a 8,1 millones de personas, 4,1 y 4 millones respectivamente. La falta de instancias institucionales dificulta que el crecimiento económico redunde en mejores condiciones laborales. Allí no hay mecanismos institucionales de negociación. Su predominancia en actividades de baja productividad actúa en igual sentido. 

Como indican diferentes estudios, el salario mínimo impacta en la remuneración de los trabajadores no registrados. Desde el mes pasado está en $38.940, mientras una familia tipo (dos adultos y dos menores) necesitó en marzo ingresos mensuales por $89.690 para no caer en la pobreza. Si ambos adultos trabajan la brecha con sus ingresos laborales es del 20%.

¿Cómo se sostiene un sistema donde desde junio del 2018 el salario podría no garantizar la mera subsistencia de una familia? Hasta ahora con transferencias desde el Estado. Por caso, en los últimos años el gasto en programas sociales, incluyendo la AUH, fue aumentando en términos del PIB. Mientras en 2016 era del 2,7% el año pasado alcanzó 3,7%. En consecuencia, vemos que en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares en 2021 la distancia de los ingresos totales del hogar respecto a la línea de pobreza se mantuvo en valores del segundo semestre del 2016 (37%), gracias a una mayor participación de los ingresos no laborales. Es evidente la labor del gasto público como amortiguador de la caída de los ingresos laborales reales.

En el corto plazo, y considerando la aceleración de la inflación, esa tendencia no se va a revertir. Pero es evidente que en términos sociales y económicos no es sostenible en el tiempo. La estrategia de compensar la falta de creación de empleo de calidad en el sector privado con empleo público y planes sociales encontró límites claros en las cuentas públicas pero principalmente en las demandas sociales. Sobre esto último se enmarca el planteo de parte del oficialismo en el Congreso, incluyendo a las organizaciones sociales, de un crear un salario básico universal.

El nivel de informalidad laboral, una estructura tributaria regresiva, el tamaño del mercado de capitales, las instituciones del mercado del trabajo, etc. dificultan compatibilizar la capacidad de financiamiento del gasto público con las demandas laborales. Algo va a tener que cambiar para que el deterioro socioeconómico no se profundice y evitemos caer en soluciones que a la larga sólo agravarán aún más los problemas.

CC