Santiago Caputo pasa la gorra entre empresarios, pero a los industriales no los seduce

Uno, dos, tres, cuatro empresarios confirman lo que anticipó Carlos Pagni el pasado lunes en LN+: el asesor presidencial Santiago Caputo les pidió aportes en blanco a una fundación. Dos de ellos cuentan que el todopoderoso consultor –que pasó de monotributista a autónomo desde que fue nombrado en enero pasado– les explicó que la idea es armar una fundación que eduque a los argentinos sobre la libertad de los mercados. Otro entendió que es para transparentar fondos para la próxima campaña electoral de 2025 del nuevo partido nacional La Libertad Avanza, que lanzó el sábado pasado la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Aunque la ley prohíbe que las fundaciones financien actos proselitistas, el expresidente Mauricio Macri ha utilizado la Pensar como barco insignia, su exministro de Transporte Guillermo Dietrich tuvo la suya –la Formar–, su exvicepresidenta Gabriela Michetti contaba con Suma y el libertario recuperado Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, disponía de una llamada Dar.

Un cuarto empresario cuenta que prefiere mantenerse alejado de la nueva fundación porque allí anidan los amigos de la infancia del country de Caputo, Martindale, los hermanos Neuss, Germán, Patricio y Juan, con negocios energéticos, inmobiliarios y agropecuarios, exaportantes de la campaña presidencial de la ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y devenidos defensores a ultranza de Javier Milei.

Uno de los Neuss fue quien le sugirió a Caputo que nombrara en abril pasado como subsecretario de Puertos y Vías Navegables a su amigo Iñaki Arreseygor, abogado que trabajó en contrataciones del gobierno porteño de Macri y del bonaerense de María Eugenia Vidal y fue después director de Mirgor, la empresa de electrónica del tío del asesor, Nicolás Caputo. Otro tío, Luis Caputo, el ministro de Economía, fue quien formalmente designó a Arreseygor. En sus manos quedó la que se suponía iba a ser la primera concesión de Milei al sector privado, la de la Hidrovía del río Paraná Paraguay, por la que navegan miles de millones de dólares de exportaciones e importaciones y se cobran peajes por cientos de millones para dragarlo y balizarlo. En 2021 venció la concesión que en 1994 había entregado el gobierno de Carlos Menem al consorcio de la belga Jan de Nul y la local Emepa, de Gabriel Romero, uno de los que confesó en la causa cuadernos supuestas coimas a la administración de Cristina Fernández de Kirchner por una renovación contractual. El gobierno de Alberto Fernández optó por quedarse con la Hidrovía, pero contrató a Jan de Nul para dragar y a Emepa para balizar.

En julio pasado, Arreseygor propuso aumentarle a la compañía belga un 62% el cobro en dólares por tonelada de registro (es decir, esté cargado o no el barco, que lleva y trae mercadería, pero no siempre a tope), de US$3,06 a 4,98, para saldar una deuda de US$83 millones que había dejado el gobierno anterior. Y eso que al mismo tiempo el subsecretario recibió una propuesta de otra belga, DEME, para reducir en 30% el costo de US$3,06 a 2,14. Llovieron las cartas de quejas de las cámaras de la Industria Aceitera (Ciara), de Exportadores (CERA), del Acero y de Puertos Privados, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Bolsa de Comercio de Rosario contra un incremento que consideraban injustificado y lesivo para la productividad y la competitividad de la producción argentina.

Había quienes se preguntaban por qué Luis Caputo no saldó el pasivo con un bono, como el que le entregó a las eléctricas, en lugar de endilgarles el costo a las firmas usuarias de la Hidrovía. También cundió el temor empresario de que Jan de Nul se eternizara en el servicio y se relegara la licitación del canal. Uno de los principales actores del negocio portuario, Roberto Murchison, encabezó un grupo de colegas para convencer al propio Milei de que avance con una nueva concesión. Macri también lo presionó por este tema, uno por los que mantiene su tensión con Santiago Caputo. Se supone que a fin de año deberán estar listos los pliegos de la subasta. Mientras tanto, a fines de septiembre, Arreseygor terminó resolviendo la suba del peaje para Jan de Nul a US$4,30, un 40%. Si finalmente triunfan las fuerzas del mercado y se llega a licitar el servicio, la empresa belga quizá compita con DEME, las neerlandesas Boskalis y Van Oord y la estatal china CCCC-CHEC-CDC, las cinco firmas que dominan el negocio en el mundo.

La cuchara en Aerolíneas

Santiago Caputo también mete cuchara en la intención de privatizar Aerolíneas Argentinas. Aunque tampoco está claro el futuro de la compañía. El autor del proyecto de ley privatizador, Hernán Lombardi, diputado del PRO, sostiene la postura de Macri y Dietrich de que la empresa es tan poco atractiva, con bajos activos, muchos pasivos y fuertes tensiones sindicales, que es difícil venderla y que lo mejor sería ofrecer una participación minoritaria a alguien que la administre y sanee, como intentó sin éxito American Airlines a fines de los 90.

Para ello, los candidatos más firmes que quedarían son la colombiana Avianca o la brasileña Gol, ambas del mismo grupo, Abra.

Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ensaya una conciliación con los gremios: el pasado lunes, con la cúpula de la CGT hablaron de armar una mesa de diálogo con los más díscolos, es decir, los tripulantes de Juan Pablo Brey, que se muestra más proclive a la mediación de la central sindical; el personal de tierra de Edgardo Llano, bajo presión de las bases necesitadas de cualquier aumento salarial, y los pilotos de Pablo Biró, que anunció quites de colaboración para la semana próxima pero no más paros.

El “mausoleo de la industria”

Más que por la Hidrovía, el malestar de la UIA reside en que la receta contra la inflación incluye tres ingredientes que ponen en juego la continuidad de industrias. No por nada uno de los empresarios fabriles más poderosos bromeaba con que Santiago Caputo les pide dinero para una fundación que construirá el “mausoleo de la industria”. Los tres condimentos para bajar los precios son recesión, apreciación cambiaria (es decir, abaratamiento del dólar y de lo importado, como se ve en el cuadro adjunto del tipo de cambio real multilateral, que ajusta el peso por inflación y lo compara con las monedas de EE UU, China, la zona euro y Brasil) y apertura importadora, que esta semana se plasmó en la rebaja de aranceles a 89 productos e insumos.

Los hombres de negocios argentinos están acostumbrados a ganar plata remarcando y ampliando márgenes con la inflación. Les cuesta ajustarse. Tampoco es fácil si los costos como el dólar, los impuestos, las tarifas o la logística, incluida la Hidrovía, se mantienen firmes. Incluso el salario privado formal ya se recuperó de la devaluación inicial de Milei, aunque su poder de compra quedó en el peor nivel de los últimos 15 años en el que lo dejó el gobierno de los Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa. Eso sí, en dólares subió tanto este año que también afecta la competitividad.

En los supermercados, en cambio, esa recuperación salarial no se nota porque los empleados formales privados son minoría, entre autonómonos, monotributistas, estatales e informales, y ante la necesidad de destinar más plata a tarifas y menos a la canasta básica. Por algo se agolpan a diario usuarios a reclamar en las oficinas comerciales de las distribuidoras de gas y luz.

En la UIA hasta al dueño del grupo Techint, Paolo Rocca, le preocupa que en un contexto de menores ventas internas y encarecimiento de la producción argentina medida en divisas se agregue la competencia extranjera. A Rocca ya no le alcanza con que dos exejecutivos de su conglomerado ocupen puestos claves en el Gobierno: Horacio Marín, que preside YPF y busca reemplazante para la malaya Petronas en el proyecto estrella del Gobierno, una megaplanta de gas natural licuado (GNL); y Julio Cordero, el secretario de Trabajo que motorizó la reforma laboral.

En dos semanas tronará el clamor en la reunión de junta directiva de la UIA. Hay quienes ya se indignan de ver latas de tomates chilenos y champignones franceses en los supermercados. Otros porque las fábricas de neumáticos (Bridgestone Firestone, Fate y Pirelli) redujeron un cuarto su personal en el año y ahora se enfrentan a la rebaja de aranceles a la importación. Poderosos empresarios admiten que no saben para dónde va Milei, más allá de su firme vocación por la motosierra fiscal, esa que se debe hundir más y más en la medida en que la crisis deteriora la recaudación tributaria. Admiten que de nada sirve contratar a Move Group, la consultora de Santiago Caputo, porque quienes llegan a hablar con él o con su tío ministro se encuentran con que tienen claro que comparten el dogma liberalizador del jefe de Estado.

Hasta los hombres de negocios más entusiastas con el Presidente reconocen que, aunque está funcionando el plan para bajar la inflación y algunos bancos prevén que caerá del 4,2% de agosto al 3,3% en septiembre y al 3% en octubre, implicará dos años más de baja actividad. Incluso señalan que el plan original de Luis Caputo para conseguir préstamos resultó al revés de lo pensado: antes descartaba que el mercado fuera a financiarlo, apostaba al Fondo Monetario Internacional (FMI) y menospreciaba la opción de recurrir al mundo árabe y a China. Ahora negocia con bancos de inversión un Repo (préstamo de corto plazo a cambio de una fuerte garantía), viene planeando un viaje a Arabia Saudita, el FMI no parece dispuesto a darle demasiado y menos con el atraso cambiario actual, mientras que Milei se desdijo de sus diatribas anticomunistas contra el gigante asiático y volará a visitarlo en enero próximo.

Fuentes bancarias comentan que el Repo iba a garantizarse con los lingotes de oro que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, mandó a certificar a Londres, pero después las autoridades se arrepintieron porque si el crédito se usa efectivamente, el metal dejaría de computar en las alicaídas reservas y por eso ahora se habla de empeñar bonos Bopreal, atractivos en el mercado. La polémica radica en la tasa de interés de la que hablan en los círculos financieros: del 14%, difícil de defender ante la ciudadanía, similar a la del megacanje de deuda de 2001, por el que Federico Sturzenegger, entonces viceministro de Economía y actual ministro de Desregulación, debió dar explicaciones en la Justicia hasta 2016, cuando fue sobreseído.

En enero próximo hay que pagar a los tenedores de bonos US$1.500 millones en intereses. Ya fueron comprados por el Tesoro, pero no fueron girados aún al Bank of New York (Bony), como Luis Caputo había prometido, porque después se dio cuenta de que si quedaban en el Central podían seguir computando como reservas. Este cambio, sumado al ajuste fiscal reforzado con vetos a jubilados y universidades y el exitoso blanqueo de capitales terminaron bajando el riesgo país de 1.625 puntos en agosto a 1.265 en la actualidad. Aún debe bajarse más para poder refinanciar deuda en el mercado.

En uno de los principales bancos privados nacionales analizan que incluso sin el Repo la Argentina podría afrontar el vencimiento de capital de US$2.900 millones con bonistas también en enero. Calculan que para ello se podrían usar una línea ya disponible del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pedir otra a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y acumular para entonces reservas en el Central, entre la cosecha de trigo –por más que venga afectada por otra sequía–, la recesión que deprime la importación y el blanqueo que llenó las bóvedas de los bancos con dólares en efectivo. Cuando las entidades busquen descomprimirlas y encajen esas divisas en el Central, este podrá usarlas para lo que necesite.

Eso sí, en un banco del top ten admiten que de los dólares blanqueados en los primeros dos días de octubre los ahorristas ya retiraron un 2%, número que consideraron “significativo” para tan poco tiempo. En otra entidad, en cambio, señalan que la salida de depósitos regularizados fue marginal. Hay quienes los sacan para hacer un rulo: dárselos a otros conocidos que planean evadir a futuro y que ahora pueden blanquearlos en la prórroga de la amnistía fiscal hasta el 31 de octubre. Delicias argentinas: los evasores no tributan nada y los que cumplen con sus obligaciones deben abonar con multas e intereses si se atrasaron con algún gravamen.

AR/MG