Volver a homogeneizar la sociedad para fortalecer la gobernabilidad democrática

En una Argentina de profundas grietas políticas, económicas y sociales, el intento de magnicidio a la vicepresidenta abrió un debate sobre los discursos de odio hacia el Estado y la “clase política” desde un sector de la sociedad. ¿Qué relación existe entre las subjetividades políticas, las condiciones de vida de la población y la gobernabilidad? El materialismo histórico propone un orden para este tridente en el cual las condiciones materiales de existencia condicionan las relaciones sociales y las subjetividades políticas. Para ser más precisos, Carlos Marx escribió en 1858 que el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual de las personas. Por lo tanto, “no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia”.  

En base a este pensamiento clásico podemos afirmar que 9,5 millones de trabajadores y trabajadoras de la Argentina -que equivalen al 45% de la Población Económicamente Activa (PEA)- forman su conciencia social en base a condiciones de existencia que se estructuran en un empleo en relación de dependencia con derechos laborales “universales” que provienen de las luchas obreras de comienzos de la segunda posguerra. Dicha conquista significó el último registro histórico de ampliación masiva de las fronteras de formalización y homogeneización social a través de los derechos laborales universales en la Argentina. Un sello de la sociedad salarial incorporada por el peronismo hasta mediados de la década del setenta. Sin embargo, en la actualidad existe otro 55% de la población laboral (PEA) que vive una realidad existencial heterogénea que condiciona en forma diferente su conciencia. Este componente etéreo se reparte entre trabajadores independientes autónomos (400.000), monotributistas (1, 8 millones), trabajadores/as de la Economía Popular (7,5 millones), trabajadores en relación de dependencia no registrados, economía ilegal y desocupación abierta.

¿Es factible, de cara al futuro, homogeneizar nuevamente la sociedad argentina en el estereotipo del empleo asalariado? 

Los datos en este sentido no son auspiciosos. Desde el último cuarto del siglo XX se observa una insuficiencia de la economía tradicional para incorporar a toda la mano de obra disponible en la relación salarial formal. En la Argentina, por ejemplo, en los últimos 51 años (1970-2021), los puestos de trabajo registrados en relación de dependencia en la industria manufacturera crecieron sólo 17%, pasando de 1,01 millones en 1970 (según el Censo de 1970) a 1,18 (según datos del Ministerio de Trabajo de 2021); mientras que la población económicamente activa aumentó en ese mismo período 138% (pasando de 9 millones a 21,5 millones de personas).

Esta deficiencia en la generación de empleo con derechos plenos durante estas cinco décadas se observa también en su contracara, el crecimiento del trabajo por cuenta propia (352%) y del empleo no registrado (229%). Ambos indicadores crecieron muy por encima del incremento de la PEA (138%). Mientras que los puestos de trabajo asalariados registrados en el sector privado sólo crecieron 49%, según las fuentes señaladas.

Si nos enfocamos en el siglo XXI, (poscrisis de 2001-2002), los números tampoco son muy alentadores. El crecimiento promedio anual de la economía argentina entre 2004 y 2021 fue 3% y generó, en promedio, de 137.000 nuevos empleos registrados en el sector privado por año (según datos de Cuentas Nacionales del Ministerio de Economía de la Nación), cuando el crecimiento de la PEA se estima en 300.000 personas por año que ingresan al mundo del trabajo. Dichos números de generación de empleo empeoran si tomamos los últimos 10 años de la Argentina (2011-2021). Durante el mismo la producción punta a punta estuvo estancada (con un crecimiento del 0,4 % anual promedio) y se crearon sólo 25.000 empleos registrados en promedio anual en el sector privado.

En resumen, ni la economía privada ni la pública muestran una foto, o una película, que proyecte una solución laboral estructural para la Argentina a través de la expansión del empleo en relación de dependencia registrado. Por lo tanto, el desafío político de homogeneizar a la mayoría de la población en un proyecto de nación impulsado desde un Estado democrático debe pensarse desde otras perspectivas e instrumentos. 

¿Cómo homogeneizar sociedades en las que crecen formas laborales y productivas heterogéneas?

El Estado Nación es esencialmente el guardián de la homogeneidad que la política requiere para aspirar a gobernar el todo. Sin embargo, las sociedades heterogéneas se caracterizan por dejar fuera de los criterios de homogenización/formalización a una parte importante de la sociedad. Esto hace que la gobernabilidad sea débil y la política no tenga fuerza articuladora que necesita sobre el todo para impulsar un proyecto de Nación. En consecuencia, el mismo Estado es puesto en conflicto.

Si partimos de que gobernar es aspirar a ordenar la sociedad creando homogeneidades sociales desde las condiciones laborales y productivas –o, como decía Péron, “gobernar es crear trabajo digno”-  entonces en sociedades como la Argentina, donde el único instrumento de homogenización es rígido y está basado en un orden laboral que sólo incorpora al 45% de la población a través de derechos “universales”, cabe esperar gobernabilidades débiles y conflictos crecientes. Por otra parte, y de cara al futuro, ya vimos que el intento de volver a articular el todo social, restaurando la vieja “sociedad del pleno empleo”, tiene dificultades estructurales para materializarse. 

Es imperioso, entonces, flexibilizar los criterios de homogenización social para que evolucionen y reconozcan nuevos modos de trabajo y producción. Como dijimos, el componente heterogéneo de la sociedad argentina trabaja en condiciones materiales precarias e informales donde se observan subjetividades etéreas, que van desde la reivindicación de valores comunitarios, sociales y solidarios, expresados en las prácticas de la economía popular, pasando por sectores donde los valores capitalistas de la competencia, individualismo y meritocracia son dominantes en una economía informal que reniega del proyecto reflejado en el Estado; hasta subjetividades con reivindicaciones neo-fascistas que reivindican prácticas violentas y autoritarias. 

Alejar el fantasma del odio y el autoritarismo requiere volver a homogeneizar lo social, con derechos universales basados en la dignidad del trabajo, la reciprocidad y la responsabilidad hacia la comunidad. Para esto es necesario extender los criterios de formalización y reconocer un modo de producción y trabajo masivo en los sectores populares que es la Economía Popular. Esto requiere de políticas de Estado que apunten a dotar de derechos laborales a sus trabajadores y trabajadoras, diseñar instituciones que financien sus emprendimientos productivos, reconocer jurídica y fiscalmente sus unidades productivas y fortalecer sus canales de comercialización para que sean sostenibles. Ampliar las fronteras de homogenización social permite reconstruir la idea de Nación, como un proyecto colectivo, y de un Estado soberanos cuya finalidad es el desarrollo nacional.