Inventamos o erramos: los desafíos del desarrollo argentino

Con el gobierno de La Libertad Avanza el capitalismo monopólico reinante en Argentina se transformó en un capitalismo monopólico de Estado. Un proceso por el cual los monopolios, que ya dominaban la economía privada, acapararon al Estado para legitimar socialmente sus intereses. Así pasamos de la retórica política de: “el Estado te cuida y los monopolios son los culpables de los problemas económicos: inflación, restricción externa, fuga de capitales”, a la resumida por Milei en su discurso en Conferencia Política de Acción Conservadora, en Estados Unidos: “el Estado es una asociación ilícita y los monopolios son benefactores sociales porque traen bienestar y disminuyen la pobreza”.

¿Cómo llegamos a este cambio copernicano respecto a la percepción de la sociedad sobre el Estado y los monopolios? ¿Cómo viramos de resolver la crisis fiscal generada en la convertibilidad pasando la motosierra por el 75% de la deuda pública, en 2005, al intento actual de resolverla pasando motosierra a las jubilaciones, obra pública, empleo público, planes sociales, gastos en salud y educación? Un análisis de los últimos 30 años de historia argentina puede traernos algunas respuestas sobre este cambio. 

En la teoría del desarrollo económico se entiende al mismo como un proceso de absorción, por parte del sector privado, de la fuerza de trabajo que se ocupa en la economía informal. Como bien resume Celso Furtado: el desarrollo es un proceso de absorción del subdesarrollo. Si analizamos con este criterio la experiencia argentina los datos son contundentes. Argentina debió crecer un 7,5% promedio anual durante los últimos 30 años para garantizar el pleno empleo asalariado privado formal. Sin embargo, lo hizo al 2,8% promedio en tres etapas claramente diferenciadas. 

La primera, de “neoliberalismo y convertibilidad (1991-2001)”, en que la economía creció 3,4% y el sector privado incorporó sólo el 10% del crecimiento promedio anual de la Población Económicamente Activa (PEA). Una etapa de crecimiento sin desarrollo con un final precipitado por la gran crisis económica y social de 2001. La segunda, de “productivismo industrial (2002-2012)”, donde la economía creció un 4,2% anual promedio e incorporó al 94% del crecimiento promedio anual de la PEA al sector privado formal, pero se agotó en 2012 producto de la restricción externa. Una etapa que podríamos denominar de desarrollo trunco. Y la tercera de “estancamiento con estatismo social (2013-2023)”, en la cual predominó el estancamiento económico de largo plazo y el Estado como empleador de última instancia (absorbiendo el 28% del crecimiento promedio anual de la PEA), junto a la asistencia social, en un marco de fuerte volatilidad política y económica de corto plazo. 

De aquí podemos extraer al menos dos reflexiones. Por un lado, que ni el neoliberalismo ni el estatismo social pueden dar soluciones reales al problema del trabajo en los sectores populares y, por otro, que el productivismo industrial, siendo la opción que mostró los mejores resultados, encontró sus límites internos y externos, lo cual deja a la sociedad en un camino de desarrollo trunco. 

Este diagnóstico nos marca, en principio, que volver al neoliberalismo perdido en 2001, apostando a la economía monopólica para salir de la estanflación, anticipa un camino de frustración social que ya transitamos a fines del Siglo XX. Pero también nos abre las puertas a explorar alternativas para mejorar los ingresos laborales de trabajadores excluidos del empleo formal privado y/o público. 

Hoy más que nunca la historia nos conduce al viejo dilema de Simón Rodriguez “o inventamos o erramos”. Errar implicaría repetir las recetas del pasado, como perro que se muerde la cola, y anticipa, más temprano que tarde, una crisis monetaria, fiscal y/o social, debido a que hoy el equilibrio macroeconómico es incompatible con el equilibrio social. Inventar implicaría animarnos a explorar un sendero heterodoxo de desarrollo que combine, junto al productivismo industrial, un impulso al sector de la economía popular. 

En la actualidad, la EP se expande informalmente en los sectores populares de Argentina a través de ramas comunitaria (vinculadas a tareas del cuidado de personas y a la atención de comedores y espacios comunitarios) y productiva, con la elaboración y venta de bienes y servicios producidos a baja escala (en forma artesanal) en mercados poco estructurados y de alcance local (servicios personales y de oficios, comercio popular; elaboración de alimentos, producción textil; reciclado y recuperación de basura, construcción a pequeña escala, agricultura familiar y servicio de transporte urbano). 

Esto consolida una clase social emergente en la Argentina del siglo XXI, con 3,7 millones de trabajadores y trabajadoras inscriptos al Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep) –aunque se estima que la cifra alcanza a los 8,3 millones de trabajadores/as si sumamos lo no registrado–. Como clase, su lucha política pasa por ampliar el concepto de trabajo, más allá del empleo asalariado tradicional y transformar la sociedad para dejar de lado el imaginario de desarrollo del Siglo XX, que los vincula a la informalidad y la contención social. 

Ampliar las fronteras de posibilidades de producción de nuestro país a la economía popular, más allá del productivismo industrial y de la extracción de recursos naturales, descomprimiría el conflicto social y permitiría llegar a un equilibrio macroeconómico sustentable socialmente, en el marco de un proyecto de desarrollo nacional de largo plazo. Sin embargo, esta alternativa requiere discutir, desde el campo nacional y popular, una reforma laboral y regulatoria de la actividad económica, que permita la formalización laboral de la economía popular y habilite nuevos canales de producción-comercialización, hasta una reforma monetaria-financiera que permita el acceso al crédito productivo. Caso contrario, la supuesta sala de espera en la que los sectores populares están condenados a “esperar sin esperanza” a ser absorbidos por el libre mercado solo incrementará las tensiones y el malestar social. 

PC/MT