El Brasil de Bolsonaro: el Senado investiga la gestión de la pandemia mientras el Gobierno deja de controlar la deforestación amazónica

En una misma semana, dos nuevos focos empezaron a arder en la línea de fuego del Ejecutivo brasileño. Aunque inconexos entre sí, sólo apagará o aplacará la voracidad de uno y otro incendio una intervención acertada y personal de Jair Bolsonaro.  

El martes empezó a sesionar en Brasilia una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) puesta en funciones por el Senado, que escrutará y auditará qué fracasó en la gestión de la pandemia por el Gobierno. El jueves votan los once senadores que la integran (once varones blancos) una hoja de ruta. El lunes habían votado como relator a su par Renan Calheiros. Este experimentado senador, que representa al estado de Alagoas, anticipó el camino que tomarán en la CPI: marcharán, orientados por el humo maloliente que pareciera emanar de derroches y desvíos, hasta establecer en qué destino y por qué vías terminó el dinero girado a gobernadores y alcaldes como auxilio ante la federal la emergencia sanitaria. También fue por dinero que se encendió el segundo fuego que desde esta semana carcome en otro flanco el poder del Ejecutivo: el Ministerio de Medio ambiente se quedó sin fondos para fiscalizar la deforestación del Amazonas. El presidente brasileño incumplirá la promesa solemne que apenas dos semanas atrás había hecho por escrito a su colega norteamericano que lideraba en Washington la Cumbre de Líderes por el Clima, concurrida -a distancia- por otros tantos líderes de un total de cuarenta países.

Cada estado y municipio podía elegir qué medidas adoptar y de qué recursos dotarse para combatir y prevenir el Covid-19. Libremente, con la independencia de criterio que la Constitución de un Estado Federal les garantiza y por la que no deben rendir cuentas. Las normativas ordenadas y las compras encargadas difirieron de región a región, aunque una común ineficacia final las aúna en una costosa irrelevancia, incluso si políticas y políticos resultaron indemnes a la malversación, el despilfarro o la corrupción. Según expresó el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en su primer acto público, ya anunciada en un principio su inocencia plena por el relator del Supremo Tribunal Federal (STF), el todo es más que la suma de las partes: la ausencia de una coordinación única y jerárquica, de un gabinete central para la guerra a la pandemia, que trazara los lineamientos de un plan profiláctico y un programa de adquisición de vacunas y vacunación para todo Brasil, contribuyó a completar la mutilación de iniciativas estaduales y municipales. Políticas que habían nacido ya mutiladas, porque las decisiones imperativas que las expresaban se cortaban fatalmente tanto del optimismo sádico anti-cuarentena de Brasilia como del desconcierto de alarma o inmovilismo que signaban, a cada una por su lado, a gobernaciones y autoridades locales incluso en una misma región. El martes, el Consejo Nacional de Ministros Estaduales de Salud (CONASS), consignaba a las seis de la tarde 79.726 contagios y 3163 muertes en las últimas 24 horas.

Once hombres en pugna buscan remedio y auxilio antes que verdad y castigo

Expresamente, la CPI declara que no evaluará el acierto o el yerro de las sucesivas respuestas preferidas, sino que se concentrará en auditar el flujo de los fondos federales. En todo caso, podrá analizar comparativamente conductas y resultados, y formular propuestas de diseño novedoso y federal de políticas sanitarias y políticas económicas que sean a la vez saludables y ante represivas.

El lunes, la CPI eligió a su presidente. Es el senador Omar Aziz, que desde 2015 representa en la Cámara alta al estado de Amazonas, del que antes fue gobernador, el más castigado por el desborde del sistema hospitalario, la falta de camas y de tubos de oxígeno. Su partido es el Social Democrático (PSD), fundado en 2011, que ideológicamente no guarda nexo conceptual ninguno con la socialdemocracia. Es uno de los partidos pega-tudo, todo-vale, que conforman el Centrão, mayoritario en el Congreso. El término ‘Centrón’ denomina a ese núcleo aglutina a las formaciones partidarias mayoritarias de cada cámara del Congreso, y que es tan amplio, tan holgadamente numeroso, siempre está ahí ‘en el medio’. El término ‘centro’ no retiene aquí vínculo nocional ninguno con el ‘centrismo’ como posición política de exhibida equidistancia de derechas e izquierdas.

Los partidos del Centrón son liberales en temas económicos y conservadores en temas sociales. Son los mediadores, a los que el éxito casi nunca desahucia en sus negociaciones, entre las demandas cortoplacistas de sus electorados y los recursos escasos o avaros del Tesoro Nacional. No parece entender de un modo tan desemejante la oportunidad que el protagonismo como presidente de la CPI le brinda. Destacó el carácter propositivo que, a su manera de ver, tendrá esta CPI. “Será diferente de todas las CPI que vieron, ya verán”, dijo. Va a responder a las necesidades de la sociedad, es decir, del electorado, y aun de su electorado, porque en el primer boceto sobre la actuación de esta CPI ya quedó establecido que Amazonia debe recibir trato y atención prioritarias: “la sociedad -continúa- espera soluciones prácticas para la vacunación, falta de oxígeno, de kits hospitalarios, de medicamentos, de unidades de terapia intensiva, de insumos de bioseguridad para todos los trabajadores de la salud.”

Aziz sugirió que en la investigación senatorial que él preside “no buscan grandes culpables”. Porque no es eso lo que le importa a la sociedad. El partido de Aziz apoyó a Bolsonaro desde su candidatura presidencial (estos partidos pega-tudo como el PSD nunca presentan candidatos propios a la presidencia). Ganadas las elecciones de 2018, fue aliado automático del nuevo presidente en el Congreso.  En el último semestre, nadie dudará de que las mayorías legislativas enfriaron su entusiasmo por haber encontrado en el ex capitán del Ejército a un caudillo del orden contra la anarquía, tomaron distancia del Ejecutivo. Con prescindencia de las circunstanciadas causas y ocasiones, la calibrada lejanía conduce a la expectativa de que aumente la rentabilidad de cada demanda singular a Bolsonaro, al supeditar el prestarle el apoyo legislativo de los partidos ‘centrales’ a condiciones y contraprestaciones que han de pactarse vez a vez. Un apoyo que, a ningún actor o espectador político se le escapa ni lo olvida, nunca fue en la vida histórica de estas formaciones ni incondicional ni fanático del juego limpio.

El control de la deforestación murió en Brasilia y los árboles mueren de pie en Amazonia

El cercenamiento del presupuesto en el rubro de presencia estatal y registro y control de la deforestación amazónica resulta particularmente idóneo para el desprestigio de Bolsonaro, o la ratificación de su caricatura. Cuando le comunicaba a Joe Biden en carta abierta su conversión verde, ya sabía el súbito epistológrafo que la Ley de Presupuesto 2021, con la sanción tardía más sus propios vetos añadidos, iba a impedirle ni una sola acción que tornara su repentina profesión de fe ecológica menos inconvincente de lo que sonaba a priori. Ya al momento de documentar su compromiso, sabía que faltaría a él.

La CPI Pandemia investigará el dinero federal que se transfirió a estados y municipalidades que lo gastaron, y el Ministerio del Medio Ambiente reclama el dinero federal que no puede gastar porque no se lo transfirieron. Si no le llegará el importe del rubro de la fiscalización de la deforestación amazónica, se debe a que en su austeridad, el Presupuesto nacional de este año no contempla la asignación de ese recurso.

El abogado paulista Ricardo Salles es el ministro de Medio Ambiente. Su designación fue anunciada por Bolsonaro en 2018, cuando recién era presidente electo; es por ello uno de los funcionarios más antiguos de la administración, y su cartera en el Gabinete no cambió nunca de titular. Políticamente, Salles está a la derecha de Bolsonaro. En 2006 fundó el movimiento Endereita Brasil (MEB), cuyo nombre es un juego de palabras con ‘Enderezar a Brasil’ y ‘Hay que hacer que Brasil sea (todavía más) de derecha’. Fue varias veces candidato legislativo, por partidos nuevos y minoritarios,  todos liberales y libertarios; nunca triunfó. Su mayor antecedente de gestión fue con el gobernador paulistano Geraldo Alckmin, de quien fue secretario privado y después secretario de Medio Ambiente. Cuando empezó a trabajar con este político del PSDB (Partido de la Socialdemocracia Brasileña), los medios calificaron a Salles como un defensor de la dictadura militar.

Aunque fue favorable a la concesión de licencias ambientales automáticas para el agronegocio, sin embargo disintió con Bolsonaro al estar en contra de que Brasil se retirara del Acuerdo de París sobre el cambio climático. En lo que coincidió con el presidente fue en comunicarse por carta, y dirigió una al Ministerio de Economía reclamando, o añorando, aquellos fondos de los que su fue privado. Su par Paulo Guedes le respondió que el dinero no estaba en Economía, y que para presentar un reclamo fundado, antes habría que modificar la Ley de presupuesto, que tanto tiempo llevó tramitar y sancionar (fue un récord de atraso en la historia brasileña). Parece poco probable que Salles inicie un reclamo alegando los derechos imprescriptibles del pulmón planetario o denunciando el ecocidio a que esta pérdida conduce. Es posible, en cambio, que busque financiación exterior, internacional, nacional o privada. Es posible que esta vez, Bolsonaro no se oponga, como se opuso desde siempre, recibir donaciones para pagar equipos y salarios de la fiscalización. En esto coincide con el pueblo de Brasil, que sospecha como colonialista e imperialista en la Amazonia de toda presencia institucional o empresaria extranjera, especialmente si es europea o norteamericana. Es posible que finalmente el fondo de 20 mil millones de dólares que Biden había erigido para dirigir al Amazonas, llegue a destino, con silencio pero no rechazo estatal.

Al gobierno brasileño, la Amazonia no lo desvela. Tampoco parece interesarle mayoritariamente ‘a la sociedad’, según la considera Aziz,  el presidente de la CPI Pandemia. La cual, si pudiera, estaría de acuerdo en más hondos recortes a los presupuestos ministeriales, y recibir nuevos ingresos familiares de emergencia. O vacunas, en un momento en que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) desaprobó a la rusa Sputnik-V por considerar deficiente la información que sobre ella se cuenta.

La derecha conservadora del Congreso ganó poder y está fijando la agenda política de Brasil

Al pueblo tampoco le importa nada un impeachment contra Bolsonaro, y antes bien, lo apoyaría al presidente si buscaran voltearlo en el Congreso, opina contundente Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados, representante de Alagoas por el Progresismo (PP). Este es otro de esos partidos-valija oportunistas cuyos nombres no reflejan su doctrina. El PP no es progresista (es liberal en temas económicos, y nacionalista en área social), está alineado con ese ‘Centro’ del Congreso que tampoco es centrista. Si Lula tuviera la mala idea (que, evidentemente, no ha tenido) de convocar al Partido de los Trabajadores (PT) a una manifestación pro-impeachment, los actos pro-Bolsonaro serían más concurridos, razona. De los más de 120 pedidos de impeachment contra el presidente brasileño, que al presidente de Diputados toca examinar en primer lugar, Lira declaró que el 95% carece de cualquier sustento de hecho o derecho y no debería haber sido presentado jamás. El resto de las denuncias narran y argumentan con mayor solvencia, y contienen elementos de mucho valor, sin llegar a cimentar y conectar indicios lo suficientemente graves y consistentes como para iniciar un proceso.

Más lejos que el diputado Lira fue el senador Calheiros, elegido por sus pares relator de la CPI Pandemia. A sus 65 años, hoy es el líder de la mayoría en la Cámara alta y en 2016 era el presidente del Senado que sentenció a Dilma Rousseff en el proceso de impeachment armado para destituir a la ex presidenta petista, entonces en ejercicio del cargo. Como también hizo el senador Aziz, hoy presidente de esta CPI Pandemia, Calheiros votó a favor de la destitución. Su partido es el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), aquel que con más fichas de afiliaciones cuenta en el país, y aquel cuyas plataformas y manifiestos electorales más se abstienen de cualquier precisión que conduzca a opciones o alternativas irreconciliables. Esta prudencia lo ha favorecido al partido para ofrecerse como colaborador incontrastable a cada oficialismo.

Del MDB era Michel Temer, el vice de Dilma, que la sucedió en la presidencia después de que ella fuera destituida. El Partido se alineó con Bolsonaro. Ahora se ha acercado nuevamente al PT, al que acompañó durante dos mandatos de Lula y uno y medio de Dilma. Se aproximó, personalmente, a Lula. Y a uno con el otro los dejó cerca la decisión final del Supremo Tribunal Federal (STF) que confirmó la parcialidad del ex juez federal Sérgio Moro en los procesos que llevó adelante contra Lula en el marco del operativo anticorrupción Lava Jato. Calheiros sigue siendo investigado en el STF por corrupción y cohecho pasivo, en especial en el caso de coimas pagadas por la empresa contratista del Estado. Al mismo STF acudieron los senadores Eduardo Girão (Podemos),  Jorginho Mello (Partido Liberal, PL) y Marcos Rogério (Demócratas, DEM) para reclamar la exclusión de  Calheiros de la CPI. Esta Comisión dio a conocer su misión de investigar qué hechos de corrupción o desvíos de fondos ocurrieron entre el Estado Federal y los 26 estados y 5570 municipios. Renan Filho, hijo del senador Calheiros, es el actual gobernador de Alagoas. Quienes piden la exclusión de la CPI, alegan el conflicto de intereses que lo atraparía  al senador apenas se conjeturara la comisión de  alguno de estos fraudes en aquel pequeño estado nordestino, podría surgir un conflicto de intereses para el padre que priorizaría proteger a su hijo. Al relator correspondió fijar el proyecto de hoja de ruta.

Al hablar el martes en la primera conferencia de prensa colectiva de la CPI, el relator Calheiros envió un mensaje apenas encubierto a Lula y a la ciudadanía. Dijo que la CPI no hará lawfare. Que su acción avanzará sólo sobre “pruebas efectivas”. Que no procesará por “convencimiento íntimo” (como hizo Sérgio Moro, el ex juez federal de Curitiba) y que no “considerará que un powerpoint que yo me inventé sea la prueba de la culpabilidad de nadie” (como había hecho Deltan Dallagnol, el fiscal de Lava Jato en Curitiba, que en un alegato había dado por demostrada la protagónica culpabilidad del ex presidente petista con un esquemático diagrama de power point en el que todas las flechas apuntaban a Lula, porque ¿por dónde pasarían si no?).

Esta camaradería cómplice viene de boca del hombre que cinco años atrás no vaciló en guiar la sentencia condenatoria en un juicio de destitución contra Dilma en el cual el único crimen del que la presidenta estaba acusada eran desprolijidades groseras en los libros contables del balance anual del Estado. Este es un hombre del que se dice que su prontuario “es la envidia (del cartel narco) Primer Comando Capital”. Es uno de los políticos más hábiles de Brasil. Su partido, el MDB, es el que más afiliados tiene, el que más intendentes y concejales tiene, el que tiene mayor representación en el Senado federal, el que más coimas habría recibido de Odebrecht. Está pensando en revertir alianzas. Pocos miradores con mejor perspectiva que la CPI para tomar esa decisión.