El revés guatemalteco de la cruzada anticorrupción en Centroamérica
Desde marzo, el fiscal anticorrupción guatemalteco Juan Francisco Sandoval insistía en que su país estaba en riesgo de una “dictadura” por el irrespeto a las resoluciones judiciales. Hoy es ex fiscal, y dice lo mismo, pero ya desde fuera de Guatemala. Abandonó su patria después de su destitución del cargo en la Fiscalía Especial que dirigía, y lo hizo, declaró, por temores a su integridad física. En las calles, el lunes un paro nacional -iniciativa de protesta social no sin analogías con el relanzado en Colombia-, se manifestó en la capital y en los bloqueos de carreteras reclamando la renuncia del presidente derechista Alejandro Giammattei . Las comunidades indígenas exigieron la restitución de Sandoval a su cargo.
La figura caída del fiscal se vuelve heroica ahora gracias a la espectacularidad de su derrumbe y sacrificio. Aunque ya antes Sandoval fuera Héroe Oficial por la vía de los honores: había sido premiado en Washington con el galardón “Héroes anticorrupción” de la diplomacia estadounidense. El Fiscal Especial es la última víctima política, y la de mayor relieve institucional, entre las de quienes buscaron investigar, procesar, juzgar y condenar judicialmente a la corrupción de funcionarios estatales y a quienes trataron con el Estado para hacer negocios. Puerta de entrada obligada de las caravanas de migrantes que ingresan a México para golpear o sortear el muro de la Frontera Sur de EEUU, Guatemala es el país más poblado de Centroamérica, con más de 16 millones de habitantes. Su capital Guatemala es también el área metropolitana centroamericana mayor, con más de 5 millones de habitantes. Demografía y urbanismo firmes, en vez de debilidad y ruralidad, habían contribuido a que organismos regionales, internacionales, y EEUU vieran al país como una cabecera de puente para una reconstrucción institucional de los gobiernos en el Triángulo Norte que forma Guatemala con Honduras y El Salvador, origen de un flujo migratorio sin pausa, y contención virtuosa para las derivas, toleradas pero indeseadas por quienes contribuían con programas y dinero a la cruzada anticorrupción, de Nicaragua y aun Belice, y por fuera Venezuela y Cuba.
El Fiscal, de 38 años, intervino como pieza clave para la lucha anticorrupción en Guatemala. Entre 2014 y 2019 junto con Thelma Aldana, en ese momento jefa del Ministerio Público (MP), y el director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el abogado colombiano Iván Velásquez, destaparon docenas de casos de corrupción estatal, imputando a más de 200 personas entre ministros, funcionarios, empresarios, e incluso también a los expresidentes Otto Pérez Molina (2012-2015) y Álvaro Colom Caballeros (2008-2012). La CICIG, a medida que avanzaron sus investigaciones y se confirmaron vínculos de estas estructuras ilegales con “núcleos de poder político, económico y social del país”, estos optaron por “pactar con cualquier actor que les garantizara impunidad, incluyendo grupos criminales”. A raíz de estos hallazgos comenzó una intensa acción en su contra “financiada por grupos de poder” para sabotear y detener sus investigaciones. Jimmy Morales elegido en 2015 tras una campaña electoral anticorrupción, fue investigado y en consecuencia, en 2018 decidió no extender el mandato de la CICIG. Aun a principios de 2021, el fiscal Sandoval, ya sin Aldana y Velásquez, podía decir que no estaba solo contra la impunidad en Guatemala porque cuenta con el apoyo de “la sociedad y la comunidad internacional”.
Sandoval fue destituido en Guatemala por Consuelo Porras, la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP). La Fiscal aseguró en un comunicado de prensa que la decisión se basó en supuestos “constantes abusos y frecuentes atropellos” a la institucionalidad del MP, además de “el irrespeto que como mujer, funcionaria y profesional” ha sido víctima ella misma.
Sandoval ocupaba el cargo principal en la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La FECI tuvo por anterior acrónimo UEFAC. Porque la Unidad Especial de Fiscalía adscrita a la CICIG fue establecida en el marco del acuerdo de creación de la propia CICIG suscrito por el Secretario General de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala el 12 de diciembre 2006 en la ciudad de Nueva York, ratificado por el Convenio de Cooperación Bilateral suscrito entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala el 27 de febrero de 2008.
La FECI investiga e investigó más de 119 casos. Entre los de más alto perfil se cuentan el caso Granja Modelo de Rehabilitación Penal Pavón, el caso del alcalde de Antigua Guatemala, los casos Migración y Maskana, el caso Militares cuyo proceso comenzó en junio. Estas y otras investigaciones que concluyeron en elevaciones a juicios han sido catalogados como 'de alto impacto' para la sociedad guatemalteca. La Fiscalía embestía contra de organizaciones y clientelismos, algunos de larga data, otros más recientes, todos poderosos, con capacidad de generar impunidad y desestabilizar con sus acciones el régimen político legal vigente. El propósito de CICIG era apoyar al Ministerio Público en la desarticulación de esas estructuras criminales, y, desde luego, el propósito del MP debía ser el de desarticularlas antes que, como la sociedad civil denuncia hoy, el de protegerlas o aliviarlas de los embates de los héroes anti-corrupción.
En reemplazo de Sandoval fue nombrada Clara Isidra Valenzuela. La diputada de oposición Andrea Villagrán criticó en redes sociales la decisión de Porras, al igual que otros congresistas. Samuel Pérez, del partido Semilla, también manifestó su voz en contra de la destitución del fiscal, al calificar a Porras como “complaciente”. “Llego la hora de que todos se vayan. Es momento de cambiarlo todo”, añadió.
La destitución de Sandoval ha provocado las críticas de la comunidad internacional que había promovido las labores anti-corrupción de su Fiscalía pero también manifestaciones en las calles contra el presidente. “Giammattei es la muestra de todos los del cuellito blanco que nos han hecho pedazos”, gritaba una de las manifestantes que participó en la concentración que tuvo lugar el sábado en el centro de la capital del país. El secretario de Estado norteamericano condenó debidamente la destitución del fiscal anticorrupción, aparentemente por orden del presidente guatemalteco que en junio había sido el anfitrión elegido en el país elegido como 'santuario seguro' por Kamala Harris en su gira centroamericana. Era el primer viaje al exterior, en misión encomendada por el propio presidente Joe Biden, de la ex senadora demócrata por California, hoy vicepresidenta. La destitución de Sandoval, fue deplorada por Blinken como una medida que, a su juicio, fortalece la “impunidad” en el país centroamericano.
Según una investigación del diario vespertino La Hora, la decisión de remover a Sandoval fue un pedido del presidente guatemalteco, a la Fiscal general, por posibles investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en contra de él. Alejandro Giammattei, fundador del partido Vamos, gobierna desde enero de 2020. Conservador de derecha, el presidente ha sido consistente con su plataforma social de campaña y con mantener una posición contraria al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, en favor de la pena de muerte y el uso de la fuerza militar (las tropas del Ejército) en la seguridad ciudadana. Según El periódico, el detonante de la destitución habrían sido las declaraciones del abogado Marco Aurelio Alveño Hernández, vertidas en una testimonial del 13 de julio ante la FECI, donde había sido citado, y filtrada al Ejecutivo. De los ilícitos presuntos sobre los que el letrado responde, o de sus respuestas, surgen datos, pistas, posibles pruebas, y líneas de investigación que llevan a reconstruir 'el mecanismo' según el cual el propio MP recibía favores y pagos regulares, del Gobierno o de terceros. En otras palabras, se cerraba un círculo, donde la lucha contra la corrupción vivía de la corrupción que investigaba, y de recursos tanto más necesarios cuanto que faltan al Estado en los renglones mayores de una cuenta corriente sin remedios económicos para la recesión, la pandemia, la crisis migratoria y las catástrofes climáticas.
AGB
0