Bolivia: tiene fecha la elección popular de las autoridades del Poder Judicial

La joven Constitución Política del Estado (CPE) vigente en Bolivia establece en su articulado que las autoridades titulares del Poder Judicial deben ser elegidas por voto popular al igual que las de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. La CPE fue diseñada en el espíritu del entonces hegemónico partido de gobierno Movimiento al Socialismo (MAS) durante el último año de la primera presidencia de su líder Evo Morales Ayma. El nuevo texto constitucional fue debatido apasionada pero razonadamente por la Asamblea constituyente reunida en la capital boliviana de Sucre. Al ser aprobado en 2009, Bolivia, República americana independiente del Imperio hispánico desde 1825, se convirtió en el primer Estado Plurinacional del continente. Desde la reglamentación de las normas contenidas en la Ley Fundamental se han celebrado elecciones judiciales en 2011 y en 2017. Según el calendario electoral prefijado, una tercera debió llevarse a cabo en 2023. Pero para su convocatoria era necesaria una ley de la Asamblea Plurinacional (el Poder Legislativo boliviano), que normara plazos y modos precisos para el examen y calificación de las candidaturas inscritas. Con un año de retraso se logró su aprobación.  

El Poder Judicial espera que lo voten cuando el Ejecutivo cuenta votos en el Legislativo  

El gobierno de Luis Arce Catacora, ex ministro de Finanzas de Morales que en octubre de 2020 ganó en primera vuelta las elecciones presidenciales como candidato del MAS, no tiene mayoría calificada en ninguna de las dos Cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin reunir los votos suficientes entre las 120 bancas de Diputados y las 30 de Senadores, desde 2023 vio frustradas el Presidente sus iniciativas para hacer aprobar las leyes de convocatoria a elecciones judiciales, de modo tal que después pudiera realizarse en los términos que hubiera preferido el proceso de selección de postulantes.

Para que la convocatoria a elecciones se consumara, Arce ha debido hacer concesiones a las fuerzas opositoras en el Legislativo. Concediendo, ha llegado a acuerdos en las pautas de selección de postulantes. Pero estos acuerdos, a su vez, le han costado al Ejecutivo retrasar sustantivamente el proceso electoral del Judicial.

En las elecciones judiciales de 2011, un 60% del electorado boliviano o no fue a votar o votó nulo. En 2017, cuando Bolivia celebró sus segundas y últimas elecciones populares de la Justicia, los números de participación fueron a peor. La tercera convocatoria desde la nueva Constitución de 2009 ha sido fijada para el domingo 1° de diciembre de 2024.

Detrás de todas las negociaciones se encuentra el interés de las distintas fuerzas de perfilar como postulantes a juristas con quienes tengan afinidad y a candidaturas con chances electorales beneficiosas. En legislaturas anteriores, el gobernante MAS contaba con mayorías legislativas, no sufría divisiones interiores, y pudo sortear el procedimiento con éxito y cumplir el competido de puntualidad con los tiempos del calendario electoral. 

Un Tribunal “auto prorrogado” en el ejercicio de sus funciones 

Según la CPE, el período en ejercicio de las más altas autoridades judiciales es de seis años. Las autoridades que hasta el día de hoy ejercen funciones debieron concluir su mandato el 2 de enero de 2024. Al no estar elegidos los sucesores, las autoridades salientes prolongaron su mandato.

La decisión de tales Jueces supremos sobre sí mismos suscitó un conflicto de interpretaciones jurídicas que esconden, sin mayor fortuna, un conflicto de intenciones políticas. Desde el Poder Judicial se emitió una sentencia constitucional que considera que uno de los poderes del Estado no puede quedar acéfalo y por eso permite a los magistrados permanecer en funciones hasta que se elijan a sus sucesores.

Las fuerzas políticas de todo el espectro de la oposición rechazaron esa prórroga. Insisten en que la CPE es explícita en señalar un periodo de mandato de seis años, y una caducidad de ese mandato al cumplirse los seis años. En cuanto acabó el sexenio, alegan, los magistrados de los distintos tribunales debieron irse a su casa.

Más aún porque la sentencia constitucional que dio su prórroga al Tribunal Constitucional fue dictada por el mismo Tribunal Constitucional. Al ser jueces y parte en la materia, sus dictámenes resultarían nulos de pleno derecho, sostienen quienes se oponen a esa sentencia.

Elecciones que conmueven al Estado pero no emocionan al electorado 

El 1° de diciembre es la fecha en que Bolivia elegirá 26 cargos judiciales de máxima autoridad. La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó una lista de 139 candidaturas que fue remitida al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para la preparación del proceso de las elecciones judiciales 2024.    

En 2011, bolivianos y bolivianas asistieron menguadamente para votar y decidir con su voto la integración del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura. En Bolivia no se permite el uso de financiación ni pública ni privada en las elecciones judiciales. El efecto de esa medida fue que la ciudadanía asistió a votar por candidaturas que habían sido preseleccionadas y validadas en la Asamblea Legislativa pero que eran personas completamente desconocidas para cada votante particular.  

Un 60% del electorado en 2011 o no fue a votar o votó nulo. En 2017 los números de participación fueron a peor.  

En Bolivia la adopción y puesta en marcha del principio de elección popular de las autoridades judiciales no ha mejorado la calidad de la administración de Justicia. Al menos, esta es la percepción que tiene la población sobre el mundo de los estrados: que la Justicia, incluso, ha empeorado en años recientes.  

AGB