La política migratoria mexicana en tiempos de AMLO - Análisis

México: los 40 migrantes muertos por el fuego en un centro de detención en Ciudad Juárez

El 28 de marzo a causa de un incendio en la estación del Instituto Nacional de Inmigración (INM) ubicado bajo en puente fronterizo de Stanton-Lerdo en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua en la frontera entre México y EEUU, murieron 40 detenidos, 27 sufrieron heridas, algunos en grave estado sin que los guardianes atendieran sus desesperados pedidos de ayuda.  

Los fallecidos eran migrantes, 18 provenientes de Guatemala, seis de Honduras, siete de El Salvador, siete de Venezuela y uno de Colombia, quienes habían llegado a Ciudad Juárez huyendo de la pobreza, de la violencia de las pandillas o gobiernos antidemocráticos, con la esperanza de poder cruzar a EEUU e iniciar una nueva vida. Sus ilusiones quedaron frustradas en esa estación migratoria del INM a cargo de la Secretaría de Gobernación del Gobierno (SEGOB) del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El Instituto Nacional de Inmigración de los Estados Unidos Mexicanos

EL INM, entidad desconcentrado de la administración pública federal que depende de la SEGOB,  fue creado por el Poder Ejecutivo como órgano técnico en 1993 para encargarse de la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios en el país. Se encuentra presidido por el comisionado Francisco Garduño, bajo la dirección de un consejo directivo y un consejo técnico. Al INM le corresponde instrumentar la política migratoria bajo los principios de respeto y seguridad de las personas migrantes. Sin embargo, en sus tres décadas ha enfrentado polémicas. Una de ellas fue cuando Garduño aseguró que habría deportaciones, aunque los migrantes fueran “de Marte”, por la suspensión para que activistas y miembros de organizaciones civiles entraran a estaciones migratorias por “redadas contra migrantes”, y el último, el incendio del 28 de marzo y su letal resultado que constata un impactante video grabado en el interior del lugar y difundido por el periodista mexicano Joaquín Doria en su cuenta de twitter. 

Un oficialismo expectante  

Pocas horas después de la difusión de los hechos por los medios de comunicación, la respuesta oficial fue de que se trató de “un incendio provocado por un motín”. El comunicado del INM, de la SEGOB, aseguró que la conflagración ocurrió en lo que llamaron “área de alojamiento de la Estancia Provisional de Ciudad Juárez” un curioso eufemismo para nombrar a un centro de detención, una cárcel con barrotes donde se encontraban encerrados los migrantes estaban como criminales.

Al día siguiente, el presidente AMLO  culpabilizó a los propios migrantes: “Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron, a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados y, como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego”. Si presuntamente los migrantes prendieron fuego a una colchoneta en protesta por la detención indebida, no hubo mención del dolo criminal de los funcionarios que provocó su muerte al dejarlos encerrados. 

¿Quién es el responsable del homicidio? 

Relacionado con el “Plan de Migración y Desarrollo En la Frontera Norte y Sur” implementado por el Gobierno de AMLO  en 2019, existe un organigrama de responsabilidades que se encuentra en un documento interno de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que responsabiliza al menos cinco miembros del gabinete de AMLO involucrados directamente en las circunstancias que hicieron que los migrantes indocumentados estuvieran encerrados en una celda, pese a que entrar a México sin documentos está despenalizado desde 2008.

Existe un organigrama de mandos y responsabilidades para la aplicación del “Plan de Migración y Desarrollo” bajo una coordinación general a cargo de Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores y una Coordinación Administrativa, Thalía Lagunas Vázquez. De la Guardia Nacional, el responsable es el General de Brigada Vicente Antonio Hernández Sánchez, cuyo mando superior es el titular de la SEDENA, Luis Cresencio Sandoval, aliado de AMLO. Y una red que involucra a altos funcionarios de la Secretaría Desarrollo y Bienestar, la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Energía y hasta el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). Y en un tercer nivel, gobiernos estatales y municipales. Por encima de los secretarios de Estado, el presidente AMLO responsable de la implementación del plan de migración. 

Documento revelador

El documento de la SEDENA del 29 de abril de 2022, revela las claves de cómo México se volvió paredón y después de contención masiva de migrantes para no ‘molestar a EEUU como así también las causas por las que las víctimas del incendio en la estación del INM en Ciudad Juárez estaban detenidas como criminales. Según este documento en mayo de 2019, “el presidente de los EEUU externó un conjunto de medidas relacionadas con los migrantes ilegales que ingresan a ese país, estableciendo que, a partir del 10 junio de 2019, impondría un arancel del 5 por ciento a los bienes importados de México, con aumentos graduales al 10 por ciento para el 1 julio, 15 por ciento para el 1 agosto, 20 por ciento para el 1 septiembre y 25 por ciento para el 1 octubre 2019, si no se tomaban medidas para reducir la migración ilegal”. Con este acuerdo, la política migratoria del gobierno de AMLO dio un giro radical que la ha regresado a los peores momentos de gobiernos anteriores. 

AMLO envió a el canciller Ebrard a Washington D.C. “con el fin de llegar a un acuerdo entre ambas naciones, motivando en nuestro país la implementación del Plan de Migración y Desarrollo para evitar la confrontación con Estados Unidos”, detalla el documento donde se precisa 5 tareas básicas: “operación de las coordinaciones de la Guardia Nacional (frontera sur hasta el Istmo de Tehuantepec), definir las sedes de las coordinaciones y despliegue de efectivos necesarios, apoyo de las fuerzas armadas y coordinación con el INM, y aplicar un plan de inteligencia para detener a traficantes de personas y delincuentes”. También se acordó “contar con la infraestructura para el registro, otorgamiento de visas, empleo en México o repatriación. Instalación de albergues y custodia de migrantes en centros de detención. Vinculación permanente con la Guardia Nacional y responsables de la política de desarrollo y bienestar”.

La organización líder WOLA, cuya base se encuentra en Washington y promueve la vigilancia y protección de los DDHH en América Latina, apenas en diciembre pasado hizo un informe sobre la situación de migrantes en el cruce fronterizo de Ciudad Juárez. Recabaron testimonios de que policía municipal, funcionarios del INM y Guardia Nacional tienen como patrón de conducta extorsionar a los migrantes para evitar ser detenidos. 

Según el mismo documento de SEDENA, el 29 de abril de 2022, de los 14 mil 345 migrantes detectados por las autoridades, al menos 2,449 se encontraban detenidos en una estación migratoria del INM. Un poco más del 17 por ciento. Las mayores concentraciones de detenidos se encontraban en la Estación Migratoria del Piedras Negras, Coahuila con 589 migrantes; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con 338 migrantes; y Estación Migratoria de Mazatlán, Sinaloa, con 302; y en la Estación Migratoria “Villahermosa”, Tabasco, 263. 

Giro regresivo hacia una política migratoria restrictiva 

El presidente AMLO, quien al inicio de su mandato ofreció “abrazos y no balazos” contribuyendo a su fortalecimiento no solo en México, sino en Centro y Sudamérica, enunció un programa -luego fatalmente ilusorio- que comprendía, “Plan de desarrollo para ofrecer empleos y bienestar a migrantes en el sureste de México”, y así evitar su movimiento hacia el norte del país, a los confines entre México y EEUU. También se iba aplicar el programa “Sembrando Vida” en la frontera con Guatemala, que consiste en otorgar ingreso a habitantes de zonas rurales a cambio de sembrar y cuidar árboles en sus parcelas y otros incentivos que cubrían becas de estudio. 

El plan para frenar la migración contemplaba la coordinación con los representantes de los gobiernos de Centroamérica y otros países, la embajada de México en Washington, la Guardia Nacional e Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, en 2020, con el pretexto del Covid 19, el entonces presidente Donald Trump  dispuso la directiva conocida como “Título 42”, que ordenaba la expulsión inmediata a México y Canadá de los migrantes que solicitaran asilo en la frontera. En 2022, el presidente Joe Biden pidió una ampliación de la directiva que sigue vigente pero que está previsto que será abolida el 11 de mayo próximo. 

La muerte de los migrantes a manos de funcionarios del INM es una prueba flagrante del fracaso. La Viceministra de El Salvador Cindy Mariella acusó que el homicidio de sus connacionales en las instalaciones del INM es “un crimen de Estado”. Las autoridades salvadoreñas se enteraron de la masacre por las redes sociales y, apenas a las horas de la tarde de ocurrido el homicidio por comunicación oficial.

Como respuesta inmediata, la Fiscalía General de la República de México (FGR) resultado de la investigación, ha detenido a cinco de los presuntos involucrados en el incendio que causó la muerte de los migrantes y ordenó el arresto de un sexto presunto implicado. Sin embargo, además de la necesaria investigación sobre el incendio, estas muertes de migrantes exigen que los funcionarios gubernamentales de ambos lados de la frontera reexaminen las políticas restrictivas de inmigración cuya brutal incidencia explica la tragedia del centro de detenidos en Ciudad Juárez.

AGB