Proceso de Paz en Colombia - Análisis

Los narcos quieren sentarse a negociar con el presidente Petro

Las letras AGC, acrónimo Autodefensas Gaitanistas de Colombia, la más poderosa organización de narcotraficantes, lucen en su bandera verde y blanca y suelen verse pintadas con aerosol en edificios y calles en gran parte del país y en las rutas más importantes para transportar cocaína hacia EEUU. Por primera vez, hablaron con el periodismo, y lo hicieron con el Washington Post. En una investigación exclusiva publicada en la capital norteamericana el primer lunes de abril, con testimonios de la alta jerarquía de la organización  que muy pocas veces han accedido a hablar con periodistas.

Con una autodenominada misión de ser “un ejército que lucha por la reivindicación social y la dignidad de nuestro pueblo”, la organización fue fundada en el 2007 por Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, líder paramilitar quien a diferencia de otros compañeros  desestimó el proceso  de desmovilización abierto por la Ley de Paz y Justicia del  primer gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010)  a cambio de reducción de condenas-  y asumió el control de las rutas de la droga. La organización tomó su nombre de Jorge Eliécer Gaitán, el líder carismático del Partido Liberal cuyo magnicidio en 1948 desencadenó una serie de disturbios conocida como el Bogotazo, que causó la muerte de 2585 personas.

 A pesar de la persecución a los grupos ilegales por parte del gobierno colombiano a fines de la década del 2000, que tuvo como saldo la muerte, la cárcel o la extradición a EEUU, las AGC reforzaron su poder, expandiéndose a la mayoría de las regiones del país y llegando a contar con 9,000 miembros. En mayo de 2022, el grupo convocó a un paro armado de cuatro días en represalia de que su exlíder fuera extraditado a EEUU por cargos de narcotráfico. El ex presidente Duque, en ejercicio de su segundo mandato (2018-2022)  había descripto a Dario Antonio Úsuga, mejor conocido por su alias “Otoniel”, como el “narcotraficante más temido del mundo, asesino de policías, de soldados, de líderes sociales y reclutador de niños”. En una demostración de fuerza, sus camaradas bloquearon carreteras, quemaron autos, paralizaron negocios y prohibieron a los residentes salir de sus casas.

Las ACG en lugar de apoyar al Gobierno a contener a las guerrillas, como los paramilitares, lo confrontó con un deliberado propósito: de convertirse algún día en un partido político nacional. “¿Por qué no?” se pregunta  Jerónimo, líder político de la organización con quien sostuvo la entrevista el Washington Post . Las conversaciones con el Gobierno podrían traer “el reconocimiento, a nivel internacional, de quiénes somos como organización”, agregó. “Nos han hecho ver como unos criminales, personas non gratas para la sociedad”.

Desde el oficialismo, Danilo Rueda, el Alto Comisionado por la Paz declaró  que Colombia no considera que las AGC sean “políticas”, porque su objetivo es “subvertir el orden constitucional”. Describió la influencia del grupo como una especie de “gobernanza” criminal para el control social y la “protección y generación de riqueza”. Una  gobernabilidad que no lo clasifica como una entidad política.

Modus operandi: gobiernan donde el Estado no llega

La presencia de las AGC no siempre a primera vista es evidente. En el norte rural de Colombia, un mosaico de fincas ganaderas y plantaciones de banano, no hay puntos militarizados ni  hombres armados en las carreteras. Sin embargo, los habitantes reconocen siempre la presencia de los integrantes de esta organización, llamada por el gobierno  Club del Golfo que además de su bandera tiene su escudo y estatutos y que muy usualmente en las comunidades rurales desempeña el papel de la Policía y los jueces, resolviendo disputas entre los lugareños.

En un pueblo del norte de Antioquia, una pancarta de las AGC cuelga sobre un camino pavimentado, considerado un lujo raro en esta parte del país que fue pagado en parte por el grupo, junto con las luces de la cancha de fútbol, ​​las camisetas del equipo local y un nuevo embalse que la comunidad espera reforzará su suministro de agua. Las AGC patrocinan fiestas comunitarias para el Día de la Madre, eventos familiares en la escuela y traen juguetes para todos los niños en Navidad. Llegan donde el Estado no ha llegado.

Según las autoridades colombianas y los defensores de DDHH las AGC han ejercido su control a través del desplazamiento forzado, la extorsión, el asesinato de policías y el reclutamiento de menores. Se benefician de la minería ilegal y dominan las redes de distribución de drogas del país mediante el suministro de cocaína a los cárteles mexicanos. El grupo sostiene que solo gana dinero cobrando impuestos a los cárteles que operan en su territorio.

Las  relaciones peligrosas entre AGC y el Gobierno

El abogado Ricardo Giraldo, contratado por la AGC para reunirse con el Alto Comisionado  Rueda, fue cancelado por el presidente Petro cuando acusó al grupo de fomentar la violencia en la huelga minera en el Bajo Cauca antioqueño. Las AGC negaron su participación y publicaron una declaración en video, de menos de dos minutos y con fecha del 26 de marzo donde responsabilizaron al gobierno de la “problemática que pueda causar dicha decisión apresurada” de reanudar los ataques militares.  Con el argumento que deben ser considerados un grupo armado político como cualquier otro en Colombia, los miembros del Clan sostienen que se mantendrán en la búsqueda de paz: “Seguiremos creyendo en la promesa de paz que prometió el entonces candidato Gustavo Petro a todos los colombianos y lo condujo a ser el Presidente de la República, quien hoy nos cierra las puertas de tener la oportunidad de vivir en paz con nuestras familias y con nuestro pueblo”, declara el comandante “Javier”, quien aparece proyectado en el video.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que el Gobierno ha sugerido que los miembros de las AGC se entreguen voluntariamente al sistema judicial a través de un proyecto de ley que les haría una “oferta atractiva”, incluyendo sentencias más leves. Sin embargo, el riesgo de prisión y extradición, así como otros elementos, hace que la oferta del gobierno no sea viable para los líderes de las AGC, quienes están exigiendo un sistema de justicia transicional que les permita decir la verdad a las autoridades a cambio de “garantías”.  En contra réplica,  “Si esa verdad no se blinda en un sistema de justicia que te dé garantías, se abrirá la puerta a otro conflicto” sostiene el entrevistado líder gaitanista Jerónimo.

“No habrá  ‘Paz Total’ nunca”  declaró  el jurista Giraldo,  “si es por vía del sometimiento: eso está claro y lo que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) quieren es negociación y diálogo, pero no se van a jugar a esa ley de sujeción, que entre otras, va a ser un gran fracaso”.

La paz es una construcción, no un destino

El episodio pone en cuestión si la Paz Total propuesta por el presidente Petro retrocede o se ha detenido con el riego de postergarse estáticamente; a la vez que evidencia que no es posible obtener resultados rápidos.  En cuestión de días, el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) acordaran una agenda base para retomar el diálogo y, luego, el mismo gobierno levantó el cese al fuego que había instaurado para abrir conversaciones con el Clan del Golfo.  

La decisión del presidente  Petro llega cuando está en discusión en el Congreso su proyecto de ley de sometimiento, que busca que grupos sin reconocimiento político como el Clan del Golfo dejen las armas a cambio de penas bajas en la cárcel y de que sus capos se queden con el seis por ciento de sus fortunas, con un tope de 10 mil salarios mínimos, algo más de 11 mil millones de pesos. Sin embargo, abogados de personas vinculadas al grupo no lo consideran un incentivo suficiente si no se garantiza la no extradición.

Sin embargo, más allá de toda declaración de intenciones, la gran pregunta que se abre es cómo seguirá este proceso. El principal riesgo que puede correr es no contar con la participación de la sociedad civil o que esta sea arrastrada por temas más controversiales como la dejación de armas, el sometimiento a la justicia o la participación en política de los excombatientes. Las lecciones del pasado, en especial las de 2016 cuando el ex presidente Juan Manuel Santos convocó a la ciudadanía para aprobar o rechazar el Acuerdo de Paz que fue negociado entre el gobierno de Colombia y el grupo guerrillero más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entre el 2012 y el 2016, con el objetivo de finalizar el conflicto interno armado que duró más de 50 años, sin que su pedagogía fuera suficiente y sin que la apropiación de su contenido por parte de la ciudadanía  pudiera desmarcarse de la idea de que, esencialmente, se trató de un pacto entre ejércitos.  Como resultado del plebiscito donde votaron 12.783.898 personas  el “no” ganó por un estrecho margen del 0,42% por encima del “sí”. El mayor porcentaje correspondió a la abstención, que fue del 62,57 por ciento.

Los cambios en las realidades desde el momento de ese Referéndum a los días actuales no parece que han llegaron con igual prontitud y en algunas regiones simplemente no han comenzado a llegar, entre ellas el conflicto entre el gobierno del presidente Petro y las AGC. A seis meses de mandato, Petro mantiene una imagen positiva en desmedro de una oposición que se ha disgregado y el apoyo ciudadano de Pacto de cese al fuego es de 62,0 por ciento.  En este marco, la cancelación oficial a la tregua respecto al Clan del Golfo ratifica la complejidad de la medida entre compromisos precisos y exigibles de los grupos armados, pero también pone a prueba la capacidad de que los funcionarios del Estado para tener iniciativas para  interpretaciones creativas y audaces ante los requerimientos de parte de esos mismos grupos.

AGB