Las bajas del Potenciar Trabajo son un abuso de autoridad
Clama al cielo el salario que se ha retenido a los que trabajaron
Santiago 5. 4
En una reciente nota en el diario Perfil, el economista británico Guy Standing, investigador especializado en la economía laboral y la seguridad social, explicó cómo funciona la trampa de la pobreza: “es esto que dice que solo te vamos a dar si demuestras que eres pobre. Y por lo tanto, si haces un esfuerzo por dejar de ser pobre, pierdes ese subsidio. En otras palabras, te enfrentas a una situación potencial lejos de la que quieres estar, para obtener un beneficio debes estar en la pobreza. Subes un poco la escala y pierdes más de lo que ganas. Eso se llama la trampa de la pobreza. Es ridículo, pero eso es lo que tenemos”
Se trata precisamente del mecanismo al que empuja la ministra de Desarrollo Social a los trabajadores y trabajadoras adheridos al Programa Potenciar Trabajo cuando pretende eliminar el cobro del Salario Social Complementario a quienes tengan ingresos o gastos superiores 110.000 pesos. En un país dónde la línea de pobreza para una familia tipo es de 140 mil, el éxito de un programa de fortalecimiento a la economía popular como éste radica precisamente en lograr que sus adherentes tengan mejores ingresos registrados no que sigan siendo trabajadores pobres e informalizados. De prosperar esa definición estúpida y cruel el cepo de la trampa terminaría de ajustar los tobillos de casi un millón y medio de personas que van a enfrentarse a la triste opción de permanecer en la informalidad para mantener cierta estabilidad en sus ingresos o resignar su único ingreso fijo. La decisión es obvia, la trampa evidente. Los incentivos están al revés. Lo entiende cualquiera que no esté tan forrado en plata que ni se le pasa por la cabeza la angustia que siente alguien que sufre inseguridad económica.
Del mismo modo, cualquiera que no veranea en un palacete de country entiende que retener el pago del Salario Social Complementario a cientos de personas que trabajaron todo el mes de noviembre sin preaviso, apelando a causales que no existen en la normativa y sin mecanismos de apelación es un crimen que clama al cielo. La ministra tomó esta decisión a partir de la imputación que le hiciera el fiscal Marijuan en el marco de un brutal proceso de judicialización de la política. Era evidente que no existía ningún abuso de autoridad en la liquidación del programa que existe desde mucho antes que ella asuma, pero en vez de combatir el lawfare, la ministra claudicó. Paradójicamente, reteniendo el salario de quienes trabajaron todo el mes, está incurriendo precisamente en el delito que se le imputaba: abuso de autoridad.
Como expliqué en otras instancias, la gran mayoría de estas personas agredidas por la decisión de la ministra fue despojada de su salario social por tener pequeños consumos por internet en aplicaciones de entretenimientos o adquirir dólar ahorro con fines absolutamente comprensibles. En ninguno de los casos violaron la normativa del programa. El problema es que en un país dónde los políticos miran el subsidio en el ojo ajeno, pero no el sueldazo en el bolsillo propio, los trabajadores de programas sociolaborales son los sospechosos de siempre, la parte más delgada por la que cortar.
Conozco a algunos de los trabajadores que no cobraron y puedo asegurarles que todos se ganaron su sueldo trabajando, que cumplen todos los requisitos del programa y realizan adecuadamente su contraprestación laboral. Hubiera sido mínimamente humano pagar y después auditar. Eso es lo que autorizó el juez Ariel Lijo a pedido de la ministra cuando autorizó el pago a todo el padrón del Potenciar Trabajo. Válgame acá una digresión: ¿Cómo es esto que el mismo día que la vicepresidenta denunciaba el Estado Paralelo una ministra del Estado Oficial pide autorización a Comodoro Py para definir una política social?
Con ese acto de subordinación, la ministra somete voluntariamente decisiones políticas no justiciables a Comodoro Py legalizando el poder oculto que denuncia la vicepresidenta. En la misma tónica, cuando la ministra el solicitó al notorio tertuliano del Lago Escondido Julián Ercolini el levantamiento masivo del secreto fiscal de 250 mil ciudadanos argentinos, petición concedida gustosamente por su señoría, dejo asentado el doble estándar en términos de derecho a la privacidad. ¿Acaso se abrió el secreto fiscal de los que se fugaron los dólares del préstamo del Fondo Monetario Internacional, de aquellos que obtuvieron rentas extraordinarias por la guerra, de los que compraron los dólares baratos del festival de importaciones? A diferencia de los amigos del oficialismo y la oposición aterrados por resguardar su secreto fiscal, el de los Nadie se puede divulgar impunemente. A efectos prácticos, no tiene gran relevancia porque básicamente ninguno tiene nada… pero desde una perspectiva de derechos civiles, lo que se hizo es una aberración político-jurídica.
Lo paradójico del caso es que después de someter indignamente a Comodoro Py una definición institucional propia del Ministerio de Desarrollo Social, la incumple reteniendo arbitrariamente el Salario Social Complementario de cientos de personas para sacrificarlos en las hogueras de la Inquisición Antiplanera. Es llamativo que pagar salarios a pobres no tan pobres sea un presunto abuso, pero retener indebidamente salarios sea una prerrogativa.
Pero Juan…. Son poquitos. Son el 0,01%.... ¡Ni uno! ¡Ninguno trabajador sin su salario! Son familias, rostros, historias. Mis hermanos, mis hermanas. Es por ellos, es contra el modelo mental de la burocracia política, el modelo mental mezquino, clasista que atenta contra la movilidad social ascendente y corroe todo esfuerzo por un desarrollo humano integral.
El modelo mental al que me refiero tiene tres puntos fundamentales que configuran un imaginario de la pobreza donde junto a los pobres buenos autosuficientes y los delincuentes irrecuperables existe una franja intermedia de pobres-asistidos que (a) no son no verdaderos trabajadores (b) tienen ciudadanía modigerada (c) habitan en celdas de Excel. Estos tienen menos derechos que los verdaderos trabajadores, que los verdaderos ciudadanos, que los verdaderos seres humanos. Los vendieron a cambio del plan. Este modelo mental es una de las causas por las que - junto con el modelo económico neo-bananero, los parásitos intermediarios del extractivismo, el sistema jurídico mafioso y el neo-menemiso pesificado– se nos esté muriendo la patria.
En relación al primer punto, parece que nadie se ha preocupado en leer la normativa que crea el programa Potenciar Trabajo más que para encontrar el hueco por dónde ajustar. Como dijimos, el éxito del Potenciar estriba en el progreso económico y la estabilidad laboral de quienes los desarrollan. Sus integrantes son trabajadores y trabajadoras con una actividad productiva o sociocomunitaria. Su remuneración es salario no subsidio. Esta formulación tan sencilla no les entra en esas cabezas tan bien peinadas. Abonan el milenario relato gorila de que los trabajadoras y trabajadores sin patrón son vagos, avivados, planeros o necesitados de su filantropía. No entienden que las cooperativas, grupos de trabajo, proyectos productivos en diversas ramas de actividad como el reciclado, la agricultura familiar, la construcción, la infraestructura urbana, el mejoramiento habitacional, los servicios ambientales, la producción autogestiva, la producción de indumentaria y los servicios sociocomunitarios de cuidado en sus diversas tareas como alimentación, educación y salud comunitaria son espacios de realización personal, colectiva y comunitaria, no aguantaderos de pobreza.
No me cansaré de insistir en que las transferencias del estado en concepto de Salario Social Complementario, equipamiento o herramientas no son un subsidio a la pobreza sino una retribución al trabajo socialmente útil y una inversión productiva tendiente al progreso individual y colectivo. Es un derecho, no un regalo… y como todo derecho, no se ganó mendigando, se ganó luchando y luchando va a ser defendido.
El programa Potenciar Trabajo es continuador de programas previos que fueron una superación a los planes asistenciales de los noventa y principios de siglo. El primero que recuerdo es el Programa de Ingreso Social con Trabajo (PRIST) del gobierno Néstor Kirchner, luego los programas Argentina Trabajo y Ellas Hacen del gobierno de Cristina Kirchner, tras la sanción de la ley de “Emergencia Social” el programa de Proyectos Productivos Comunitarios del gobierno de Mauricio Macri.
Todos estos programas tuvieron el mismo espíritu: mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la economía popular a partir de su organización comunitaria en proyectos laborales. Este espíritu de este proceso quedó plasmado en la Ley 27345 cuyo objeto es promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular, en todo el territorio nacional, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional, con fundamento en las garantías otorgadas al “trabajo en sus diversas formas” por el artículo 14 bis y al mandato de procurar “el progreso económico con justicia social” establecido en el artículo 75, inciso 19, ambos de la Constitución Nacional.
Esa ley, que es ley, fue votada por unanimidad. El Estado Argentino reconoce la economía popular, sus trabajadores y sus derechos. No lo inventé yo, lo votaron todos ustedes señores diputados y senadores. Los programas de fortalecimiento de la economía popular están bien orientados, pero en gran medida se implementan tergiversando su espíritu original y se utilizan como meras transferencias de ingresos. Hay que revisar escrupulosamente esta mala aplicación, pero sin revictimizar a las víctimas de mala praxis estatal, sin reproducir la lógica del descarte.
Es fundamental que resaltemos que el objeto principal del Potenciar Trabajo es crear o fortalecer procesos laborales y que sus trabajadores accedan a un mejor nivel de vida a través del desarrollo de cooperativas, grupos de trabajo, proyectos productivos. No puede ser un pecado que los trabajadores logren ingresos registrados superiores a la línea de pobreza; muy por lo contrario, es un síntoma del éxito del programa como política pública y el esfuerzo del grupo como unidad ejecutora. Demuestra que se puede, que hay en el horizonte un sistema mixto donde cabemos todos.
Una verdadera auditoría debería determinar porqué ciertos procesos colectivos permiten trabajo estable e ingresos razonables para miles de personas y otros mantienen a la gente en situaciones lindantes a la indigencia o sometidas a diversas formas de clientelismo. Lo que debería investigar es qué unidades de gestión, qué organizaciones comunitarias, que municipios lograr organizar más y mejor trabajo, ampliar los derechos de la gente, combatir los abusos de poder, darle mejores condiciones de libertad y horizontes de felicidad. Pero vivimos en el mundo del revés. Se castiga el trabajo bien hecho. Se premia el trabajo mal hecho. La crítica a la meritocracia como ideología no puede degradar en la desvalorización del mérito como expresión del esfuerzo individual y colectivo.
El segundo aspecto del modelo mental de cierta burocracia política es que los pobres-asistidos son ciudadanos de segunda clase. Recibir una pequeña transferencia del estado que no representa ni un quinto de la canasta alimentaria los pone en situación de pecado social; entonces, deben purgar sus culpas demostrando constantemente que carecen de ingresos y patrimonio registrado, que tienen consumos paupérrimos, que se privan de los esparcimientos que merece cualquier ser humano… no se les ocurre salir de vacaciones y menos clavar un previaje. Si el tomógrafo de la pobreza detecta un miligramo más de ingresos, gastos o patrimonio del buen pobre, la burocracia de altos salarios, altos gastos y altos patrimonios aplica el bisturí y los pone de nuevo en su lugar. En el presente caso, se aplicó un castigo económico a ciudadanos argentinos que no cometieron ningún delito ni tuvieron derecho a defensa. Se trata de una violación flagrante de principios fundantes de la democracia: “lo que no está prohibido, está permitido”, “nadie puede ser castigado sin un debido proceso”, “tenes derecho a un abogado”. Le pido a mis colegas abogados y académicos que estudien el caso conmigo. Es un verdadero leading case de inconstitucionalidad contra los pobres.
La tercera característica de este modelo mental es la excelcracia y el porcentajismo. Se habla de números sin nombres, de abstracciones encerradas en celdas digitales. Si ponemos el filtro a recortamos 54 mil, si ponemos el b 1800, si ponemos el c 342 mil. La realidad es que ahí hay personas. La realidad es que fueron seres humanos de carne y hueso los que no cobraron el mes trabajado. Seres humanos sometidos a la humillación de exponerlos en sus consumos u operaciones bancarias que no estaba vedada por norma alguna…. Y ¿saben que? Lo único que quedó demostrado es la enorme vulnerabilidad social, económica y emocional de estos “desfraudadores”. Un costurero que compró unos dólares para enviarle a su abuela enferma, un cartonero que solventa un tratamiento crónico de su mujer y debe comprar medicamentos, etc.
Quiero dar un ejemplo: una madre joven que vino a tribunales de Comodoro Py a realizar la presentación para recuperar su Salario Social Complementario nos contó que sus consumos en dólares eran por ver una aplicación de animé. Ella trabaja todos los días estacionando coches y descargando bultos en un mercado de La Matanza. Ganará cincuenta mil pesos mensuales que más el salario social suman unos ochenta. Obviamente hay meses mejores y meses peores. Esta trabajadora me contaba con vergüenza que le gustaba el animé, que gastó 12,80 en una aplicación para ver animé. Estaba tan arrepentida de haberlo hecho que se te saltaban las lágrimas por la injusticia… ¿Por qué tiene ella que explicar en que gasta la que se ganó laburando? ¿Quién puede ser tan inhumano como para negarle a ella el derecho a mirar todos los animé que quiera con su sueldo? Por su derecho a trabajar, a ser feliz y a ver animé vamos a pelear….y vamos a ganar esta batalla que parece pequeña pero no lo es.
El estado de indefensión que tan bien describió Cristina Fernández de Kirchner se aplica cotidianamente a los más excluidos. Ella sufrió la indefensión física cuando pusieron un arma en su cabeza, indefensión jurídica infinitas indagatorias de Bonadío y durante la sentencia cantada del Fuero Federal de Liverpool, indefensión política cuando quienes debían defenderla la traicionaron. Los que con ella se solidarizan, por convicción o conveniencia, deberían sentir la misma empatía el estado de indefensión sufren los de abajo cada día: en su cuerpo y en sus derechos. Son víctimas de las mismas traiciones de un estado que violando las normas más altas de la Constitución que les demuestra cada día que son material de descarte: a veces con el sonido de las balas del gatillo fácil, a veces con las zonas liberadas para la narcoestructura, y a veces con el perfume francés de los funcionarios que con absoluta frivolidad juegan con el pan de los humildes.
Toda forma de indefensión debe sublevarnos el alma, porque detrás de ella hay un poder opresor y un sujeto oprimido. Toda forma de indefensión clama al cielo.
No tengo nada personal con Victoria Tolosa Paz. Tengo todo contra cualquier funcionario público que sienta más miedo a una tapa en los medios o un fallo judicial que a trastocar la vida de miles de familias trabajadoras con malas decisiones. No tendremos una verdadera democracia hasta que sea el pueblo y no los medios la pesadilla de los que ejercen el poder, hasta que sea el pueblo y no los jueces prevaricadores la pesadilla de quienes puedan arrebatarnos el sueño lúcido de la justicia social.
Espero que la ministra se dé un baño de verdadera humildad y reflexione antes de tocar desde las oficinas del poder o los sofás de la riqueza ese botón maldito de empobrecer gente. Que se tome unos segundos para respirar hondo, asumir su error y sentir la dimensión trascendente de su misión institucional en la vida de tanta tanta gente. Que sienta la satisfacción de hacer el bien y evitar el mal. Es mi más sincero deseo.
La Argentina necesita un consenso sobre como abordar las nuevas realidades, entre ellas, las del mundo del trabajo en un país que no solamente es bi-monetario sino bi-social y bi-laboral. El debate firme y honesto es necesario. La agria discusión inevitable. El estudio escrupuloso indispensable. Los datos duros fundamentales…. Pero nada va a lograrse sin “bajar” al pueblo llano, ver, sentir y escuchar sus historias, tocar la realidad con las manos, sentir horror por agrandar sus sufrimientos, sentir ardor la patria empobrecida que nos pide que la carguemos sobre los hombros y le devolvamos su merecido esplendor.
JG
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