Cristina, esa mujer

La mujer -“esa mujer”- ve con claridad el destino que están escribiendo los poderes permanentes para el país y para todos sus habitantes, ella incluida.

Hablo de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta argentina y hablo de un tema del que pocos hablan. Hablo del Poder Judicial argentino y de cómo su deplorable funcionamiento afecta la vida de los argentinos. Y hablo ni más ni menos que de los integrantes del órgano que, entre otras cosas, ejerce la Superintendencia del Poder Judicial, al menos de sus empleados, tal como se ha cansado de señalar la propia Corte Suprema.

La verdad es que poco se habla de los miembros del Poder Judicial y menos aún se publica. Pero eso no es casual, es parte de la estrategia de invisibilización de algunos problemas  y, sobre todo, de algunos de sus responsables. 

Hablando en términos institucionales, los argentinos y argentinas contamos con un pésimo Poder Judicial, en consecuencia un pésimo servicio de administración de Justicia. Basta recorrer cualquier mesa de entradas de cualquier tribunal y conversar dos minutos con quienes requieren de protección judicial para constatar en primera persona el nivel de intensa insatisfacción y descreimiento que el Poder Judicial genera entre sus usuarios. Si salimos de esa mesa de entradas cualquiera, observaremos que los comunes trasunten que cruzan por la vereda no le otorgan un crédito mayor a ese deplorable Poder Judicial. De hecho, y para ser exactos, casi no lo otorgan crédito. No le creen. Es uno de los sujetos con menos índice de credibilidad para la población. Y motivos sobran.

Pienso en lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner sobre los cuatro miembros actuales de la Corte Suprema. La Corte de los Cuatro, la denominó. De esos cuatro miembros, dos de ellos aceptaron integrar la Corte en modo contrario a los que ordena la Constitución Nacional. Incluso uno de ellos, Horacio Rosatti había sido terminante respecto al modo de designación que termino aceptando. Específicamente había señalado que la designación en comisión de los jueces traía complicaciones en virtud de que se genera una situación de provisoriedad,  que no se compatibiliza con la seguridad jurídica.

Al respecto, recuerdo lo que dijo el CELS en la impugnación a la designación de ambos jueces, donde refirió que: “El nombramiento en comisión de jueces de la Corte Suprema por decreto contraría los principios establecidos por la propia Corte Suprema en fallos recientes sobre la garantía de estabilidad de los jueces para asegurar su independencia e imparcialidad. En este marco, el trámite excepcional elegido por el Poder Ejecutivo resulta un avance indebido de sus facultades por sobre las del Senado. Al mismo tiempo, la decisión de mantener la vigencia del decreto 83/15 y de abrir el trámite normal de selección de jueces de Corte, convierte en una mera formalidad el procedimiento de consulta y participación previsto en el decreto 222/03 aun si se enviaran los pliegos al Senado.”

Quienes pretender defender la designación de estos jueces por el modo elegido por Mauricio Macri -e ideado por el hoy prófugo Pepín Rodríguez Simón-, recuerdan que luego sus pliegos recibieron la correspondiente aprobación por parte de la Cámara Alta. Considero que es una endeble defensa toda vez que el problema está vinculado al animus o la voluntad de los jueces, dispuestos a vulnerar la letra constitucional a los fines de sentarse en esos sillones. Y ese animus, claramente enunciado tanto por Rosatti como por Carlos Rosenkrantz no se subsana con la aprobación por parte del Senado y nos permite afirmar que tenemos a dos jueces de la Corte dispuestos a violar la Constitución para asumir su rol. A buenas primeras, un pésimo punto de inicio.

Si el pez por la boca muere...

Cualquiera podría decir que estoy escribiendo poesía, pero ante ese argumento yo le respondería con que claramente esa condición constituye una inhabilidad moral y un mal desempeño de sus funciones.

Y más allá del modo en que llegaron a ser miembros de la Corte Suprema, basta ver el video que hizo publico la vicepresidenta para comprobar que además los miembros de la Corte están surcados por denuncias sobre hechos que podrían ser calificadas tanto como comisión de delitos en el ejercicio de las funciones y crímenes comunes. Desde la denuncia que pesa sobre Juan Carlos Maqueda por su eventual responsabilidad en lo referido a la administración de la Obra Social del Poder Judicial, las denuncias por los hechos cometidos por Rosatti como ex intendente de Santa Fe y la pertinaz negativa de Rosenkrantz a cumplir la normativa respecto la excusación de los jueces en aquellos casos en los que intervienen clientes del juez antes que fuese juez. Ni que hablar de la enorme cantidad de prejuzgamientos en los que incurre Ricardo Lorenzetti respecto a temas en los que deberá intervenir. Recuerdo con claridad el acto de inicio del año judicial, en el cual consignó al fiscal Alberto Nisman como una víctima… cuando a la fecha de esa poco feliz declaración el poder judicial aún tenía “suicidio” como hipótesis.

Digámoslo si el pez por boca muere, el juez por la boca da motivos para descreer de este Poder Judicial. De Rosenkrantz y su reinterpretación sobre la frase que refiere a que de toda necesidad nace un derecho a la curiosísima tesis de Lorenzetti respecto a haber resuelto el atentado a la Embajada de Israel.

También está la ausencia de mínimos controles sobre los procesos que llegan a conocimiento de la Corte. Hablan y hablan sobre lo que sucedió en Comodoro Py durante el gobierno de Macri, pero sentencias… ninguna. Puro jarabe de pico para presentar ante una sociedad que no les cree nada, una cara infinitamente más razonable que la que en verdad poseen.

Tiene razón la vicepresidenta cuando dice que es la propia debilidad estructural de los miembros de la Corte lo que los hace tan presionables. Y tanto lo son que los abogados solemos reírnos para no llorar o putear más. Que ciertos medios de comunicación son mas eficientes como bandeja de notificaciones que el desastroso sistema LEX, que cada dos por tres se cae. Intercambio de favores, los miembros del Supremo Tribunal le dan primicias a los medios y los medios les devuelven la cortesía no publicando nada de cuanto sucede.

Porque digámoslo con toda claridad, a los jueces de la Corte argentina lo único que les preocupa es que sus cosas se sepan, o se hagan públicas. Y señalo que en este país es virtualmente imposible que la Corte Suprema conteste un pedido de acceso a la información pública. Porque el secreto -menos para las portadas- la opacidad y la falta de transparencia es un denominador reiterado en los hechos de los supremos.

Me encantaría poder decir que al menos los supremos respetan la Constitución y las leyes, pero no sería el caso. Más bien se les burlan un poco. Como bien recuerda Cristina Fernández de Kirchner, hace unos meses dictaron un fallo escandaloso sobre el Consejo de la Magistratura, en el cual se consideraron a si mismos legisladores y revivieron una ley expresamente derogada por el Congreso.

Cuando conocí por primera vez el edificio de la Corte Suprema estaba vallada por completo a raíz de la crisis del 2001 y las incesantes protestas que se producían ente ella. Luego vino la Corte ejemplar de la que habla Cristina y las cosas parecieron calmarse un poco, al menos puertas afuera de las vallas.

Están volviendo las viejas practicas, como la auto votación de autoridades -nostalgias de Nazarenos- y lentamente están volviendo las vallas también. Por una sencilla razón, cuando la sociedad no tiene árbitros confiables que solucionen sus conflictos, se suele fastidiar. Hasta ahora la estrategia de esta Corte Suprema ha sido intentar que no los vean, para no ser destinatarios del fastidio popular. Y solapadamente jugar a política.

Recuerdo con meridiana claridad aquello que Gabriela Michetti le relatara a Vilma Socorro Martínez, embajadora de Estados Unidos en la Argentina y que fungió como un confesionario de almas sensibles. Lo que Michetti relató eran las reuniones que tenían ella misma, Alfonso Prat Gay, Juan Manuel Urtubey, Ernesto Sanz, Ricardo Lorenzetti y empresarios y ejecutivos de bancos a los que no identificó. Verán que desde hace más de una década la presunta independencia del Poder Judicial respecto a la política no es más que una ficción para almas de cristal.

Porque hoy el Poder Judicial actúa como un partido político y departe amablemente con otros partidos políticos y con el poder económico. Lo hacía en el 2010 y no me cabe duda que continúa en estos días. Supongo que lo hará con mayor prolijidad que la con que lo hace buena parte del fuero penal, que va a comer asaditos en la terraza del Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

Quienes cuestionan a la vicepresidenta por hacer público este estado de situación se callan en lo importante. Para esos cuestionadores no es grave que lo que cuenta Cristina sea cierto, que lo es sin lugar a dudas. Lo grave, lo realmente grave, es que Cristina lo cuente. Que se haga público. Que ustedes y yo nos podamos enterar. 

GP