Haití: quién manda en el país del magnicidio y los 26 asesinos colombianos por encargo

Haití está bajo ley marcial y estado de sitio declarados por un primer ministro al que un presidente asesinado le había nombrado reemplazante dos días antes de su muerte. La autoridad del premier en funciones Claude Joseph es desconocida por el ‘premier electo’ Ariel Henry, que había sido oficialmente declarado sucesor por el presidente asesinado Jovenel Moïse cuya legitimidad era recusada desde febrero por la oposición, que consideraba que su período presidencial estaba completo y debía entregar el poder y llamar de inmediato a elecciones. Reconocido referente de la militancia por los DDHH en Haití, el abogado Gédeon Jean calificó de “sospechoso” el apuro diligente de Joseph por declarar la ley marcial y cree “entrever una tentativa de golpe de Estado”. La primera cuestión que tenían que resolver los organismos internacionales (ONU) y regionales (OEA), y EEUU como potencia más involucrada en programas preexistentes de cooperación militar y humanitaria, es decidir a quién aceptan como interlocutor. Se inclinaron por Joseph, un político que debía dejar el cargo que ocupó menos de tres meses. Lo consideran jefe de gobierno haitiano, responsable de guiar al país hasta las elecciones. Pero también tendrá que hacer de Jefe de Estado, en un momento en que la coyuntura haitiana se internacionaliza doblemente al revelarse que 26 de los asesinos del presidente eran colombianos, 2 haitianos-norteamericanos, y 11 fueron arrestados en la embajada de Taiwán.

EEUU, el mejor amigo del statu quo

EEUU todavía no se pronunció sobre los dos haitianos-norteamericanos arrestados. Ya han sido identificados, y la embajada de Canadá reconoció que uno de ellos había trabajado brevemente como ‘seguridad privada’ para su sede diplomática. El presidente Joe Biden condenó el “ultrajante” crimen, la muerte de un mandatario al que su país sostenía como garante de una inestable estabilidad perpetuamente amenazada pero cuyo fin esperaba más adelante en el calendario y menos espectacular en su estallido. En el pensamiento de Biden, la solución de los problemas haitianos sólo tiene como recompensa para Washington la morigeración del flujo de esa fuente de perturbaciones, pero ninguna ganancia positiva. Así lo expresó en una entrevista de 1994 con la televisión pública (PBS): “Si, Dios no lo permita, Haití se hundiera para siempre, plácidamente, en el mar Caribe, eso afectaría muy poco a nuestros intereses”. En un año de tensiones raciales y en el día en que defendió encendidamente el retiro de las tropas de Afganistán, las palabras del católico presidente N° 46 de EEUU, entonces senador demócrata por Delaware, que las redes reenviaron decenas de miles de veces el jueves, sonaron racistas con la isla de ex esclavos africanos y despiadadas con las naciones pobres abandonadas a violencias mortales y conflictos armados intestinos en cuyo desencadenamiento y encarnizamiento la política exterior norteamericana desempeñó un papel positivo e incisivo. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Pselki, había hecho declaraciones el miércoles a CNN sobre el asesinato de Moïse para concluir el mensaje de que lo ocurrido en Haití constituye una “trágica tragedia”.     

Con Claude Joseph habló por teléfono el miércoles, después del magnicidio, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken. La representante especial para Haití de la Secretaría General de la ONU dijo a los medios el jueves que Joseph es el premier haitiano. Helen La Lime añadió que habrá elecciones generales en septiembre y balotaje de las presidenciales en noviembre, y felicitó a Joseph por mantener ese compromiso. En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA Bocchit Edmond, el embajador haitiano en Washington, sostuvo la legitimidad de Joseph para permanecer como jefe de Gobierno y prolongar ahora su titularidad, que parecía destinada a fenecer después de una duración efímera como la de sus cinco predecesores, debido circunstancias no elegidas por él. Nadie discutió esta posición en la organización americana, que resolvió impulsar una “rápida investigación internacional” del asesinato.

 

El rostro colombiano del magnicidio por encargo

El jueves, en conferencia de prensa, el jefe de la policía haitiana Léon Charles reconoció que faltaba conocer a los autores intelectuales del magnicidio. Pero anunció que ya se conocía a los autores materiales: “Arrestamos a 15 colombianos y a dos estadounidenses de origen haitiano. Tres colombianos murieron y otros ocho están sueltos”.

Diego Molano, ministro de Defensa del gobierno de Iván Duque, y de quien se dice que entiende a la represión de la protesta social en su país con lógica de guerra civil, admitió el jueves por la noche que presuntos mercenarios asesinos son ex integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia. Dos ex suboficiales y cuatro ex soldados, según identificó el jefe de la policía colombiana, general Jorge Vargas. Las redes sociales colombianas repitieron una y otra vez el comentario “el legado del uribismo, exportar paramilitares”; elDiarioAR.com señaló el miércoles el nexo conceptual entre la ‘seguridad democrática’ del ex presidente derechista Álvaro Uribe y el modus operandi del presidente asesinado en vida y de sus presuntos asesinos.

En un comunicado de prensa, la Embajada de Taiwán en Puerto Príncipe informó que 11 de los presuntos magnicidas habían sido capturados dentro del perímetro de su sede. La isla de Haití es uno de los 15 países que reconoce diplomáticamente a otra isla, Taiwán, como República China, en lugar de a la República Popular: otra herencia de la Guerra Fría y del alineamiento anticomunista de la dictadura Duvalier con Washington.

La escena del crimen está bajo investigación y está siendo estudiada por la Justicia. El juez Carl Henry Destin, según informó un diario de la capital Puerto Príncipe, recorrió la residencia presidencial en las afueras de la ciudad, y vio el cadáver de Moïse extendido en el piso: en su cuerpo se veía el impacto de al menos una decena de disparos de armas de fuego. Un video ya muestra la irrupción en la residencia presidencial. Algunos periodistas locales expresaron dudas, que sus públicos de radio o redes compartieron, sobre la verosimilitud del relato oficial, que revela la autoría material del crimen cometido por un comando súpersofisticado y pagado en dólares, que sin embargo no tenía estrategia de salida. Muchos fueron detectados por la población local, porque no habían planeado dónde ocultarse o hacia dónde huir. El periodismo también mencionó abusos contra la comunidad hispanohablante, acosada o violentada con la excusa de buscar magnicidas. 

 

Oligarquías, sospechosas de siempre

Sobre los autores intelectuales del crimen, sobre quienes contrataron la muerte del presidente, partidarios de Moïse sostienen que sus promesas e iniciativas últimas de investigar y gravar a la oligarquía enriquecida en contratos con el Estado que concedieron a empresas privadas la concesión de la electricidad y otros servicios públicos le crearon sus más poderosos enemigos. Estos oligarcas, con sus ejércitos privados, recursos en moneda fuerte, y contactos internacionales con otras ‘seguridades privadas’, desocupadas del Estado como las colombianas, fueron los enemigos más poderosos que enfrentó, y los que más tenían que perder. Por tanto, los que tenían móviles y oportunidades mayores y mejores para ‘tercerizar’ su muerte con extranjeros menos conocedores de quienes eran sus comanditarios últimos, e ignorantes de una escena local en la que habrían entrado tres meses atrás.

Moïse, empresario exitoso en la exportación de bananas antes de ser candidato, tercerizó su protección personal y el cumplimiento de la ley. Recurrió, oficial y oficiosamente, transparente o turbiamente, a una seguridad privada que en los hechos equivalía a valerse de pandillas como parapoliciales –con su guardia de tonton-macouts se había sustentado por el terror la larga dictadura anticomunista haitiana de los Duvalier, Papa y Baby Doc. Bandas armadas cuyo imperio es ley fuera de la capital y puerto, en territorios que se disputaban y disputan, y donde el secuestro de la población civil es una forma regular de financiación, en un país donde la diáspora haitiana en EEUU envía 3 mil millones de dólares en remesas a sus parientes en la isla. Esta ‘privatización’ de la seguridad del Ejecutivo acabó por terminar con la única institución, el único poder del Estado, capaz de dar órdenes que eran contestadas pero obedecidas.

La República Dominicana, país con el que Haití comparte la isla La Española, cerró su frontera. Es la voz más viva para pedir el monitoreo internacional permanente de la situación haitiana. Criticó que el jueves el Consejo de Seguridad se reuniera a puertas cerradas, y no invitara a Santo Domingo, el más cercano país extranjero afectado por cada conmoción en Haití.

Las buenas intenciones y el camino infernal a las elecciones generales

Con el apoyo exterior y con el de las bandas que le eran o adictas o venalmente interesadas en su continuidad, y con el apoyo social que retenía un político de derecha populista que en 2016 había ganado las elecciones en primera vuelta con el 54% de los votos, había conservado la titularidad del Ejecutivo, y el ejercicio de este Poder. El Legislativo no sesiona desde 2020. La impopularidad de Moïse crecía a medida que decrecía su moderación para legislar y gobernar por decreto, aun en materia excluida de las potestades del Ejecutivo. El supuesto de acefalía está previsto por la Constitución haitiana. Debería ocupar el cargo el presidente de la Corte Suprema. Pero este Juez supremo murió de Covid-19 tres semanas atrás.  

Aun en el caso que el oficialismo cuestionado resuelva la disputa que abrió en su interior el asesinato, y aun si llega a un acuerdo sostenible con la oposición política para formar un gobierno que guíe al país hasta la celebración de elecciones, ese interinato carece por completo de recursos para asegurar los requisitos más mínimos para la realización material de comicios nacionales. Los 13 mil millones de dólares de la cooperación internacional destinados a obras de reconstrucción después del terremoto de 2010 se agotaron y sólo aliviaron las penurias mayores de la destrucción de infraestructura no por completo reconstruida. Debe conformar un padrón del electorado, crear registros de candidaturas y partidos, fijar condiciones, armar una justicia electoral que evalúe las presentaciones, inscribir votantes que no estén listados, proveer de identificaciones nacionales al presunto electorado, recabar estos datos en todo el país. Y el desafío más imposible será el día de la elección, controlar que electorado vote, que el voto sea secreto, que a nadie se prive del derecho, que el recuento sea vigilado y transparente.

Desde las primeras elecciones libres en la democracia haitiana iniciada en 1986, uno de los más insuperables obstáculos para la gobernabilidad ha sido la desconfianza sorda o el abierto y militante desconocimiento, inmediato o diferido, de los resultados electorales por quienes consideraban que la voluntad popular había sido ignorada o manipulada o descuidada o fraudulentamente alterada. En las condiciones actuales, la exigencia es mayor que nunca, y las dificultades para garantirla son más desalentadoras. Este país de 11 millones de habitantes, aterrorizado por la violencia, es el más pobre de América, y el único del mundo en que no hay ni una sola persona vacunada en la pandemia de Covid-19: la bioseguridad se añade al catálogo de inseguridades, que aun en el caso de improbable paz social, representan erogaciones imposibles para un Estado insolvente. 

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