El Poder Judicial debería ser el gobierno de la ley y la igualdad, pero aún hoy es el imperio del privilegio y la discriminación

Durante una semana buena parte del periodismo argentino se mantuvo en un inexplicable estado de emoción violenta. “No tenemos ministro de Justicia”, clamaban opositores y oficialistas en un frenesí monocorde. Cada uno de ellos explicaban las consecuencias del apocalipsis que estaba sucediendo. Estoy siendo generosa en decir que explicaban, porque a decir verdad no explicaban nada.

Los periodistas enrolados con algunos sectores políticos señalaban que, cada minuto que pasaba el país sin ministro de Justicia, se diluía el poder del presidente. Los más cercanos al Gobierno se entretenían con la danza de candidatos y algunos sumaban candidatos caprichosamente… en el mejor de los casos. También circulaban las operaciones de quienes se auto-promovían. Y los jueces y fiscales -algunos, muchos- anunciaban el fin de república sin saber quién era el candidato ni cuáles serían las políticas que impulsaría. Todo era un bla bla bla que aturdía.

A decir verdad, mientras vociferaban, la renuncia de la ministra estaba presentada, pero el presidente no la había aceptado. Es decir que firma del ministro teníamos. Incluso, en caso de que se la aceptara, los organigramas prevén quiénes firman por el ministro, si este no puede -por cualquier causa- hacerlo. Y sobre las políticas que impulsaría el Poder Ejecutivo en materia de Poder Judicial, todos parecían olvidarse de que los ministros pueden aconsejar, asesorar y proponer medidas, incluso darle su impronta en los modos de empujar ciertas políticas, pero los ministros no definen las políticas… las políticas las definen el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y, en esos días, el presidente de la Nación ya había contado cuáles eran sus proyectos y prioridades en materia de Justicia.

De uno u otro lado, a decir verdad, lo que los periodistas buscaban ansiosos era conocer la identidad del futuro ministro de Justicia. Ya fuese para marcarle la agenda, especular, conseguir una entrevista o hacerle una operación (fue abominable la operación que hizo el diario Clarín con la mamá de Martín Soria, quien se encuentra internada en una institución psiquiátrica).

Idas y venidas del periodismo con angustias que solo eran de ellos y preguntas en algún microclima de abogados y jueces. Verán ustedes que ya sabemos quién va a ser el ministro de Justicia. Aun cuando no ha podido asumir porque recién hoy sábado 27 de marzo se le aceptó su renuncia al cargo de diputado nacional. Y verán que el mundo no se cayó a pedacitos ni estallo una bomba nuclear. Lo que pasó es que la angustia de los periodistas se calmó.

Los que trabajan y los que boconean

Cuando escribía esta nota, hace unos días, estaba viendo una entrevista en C5N a Aníbal Fernández, amigo personal y, además, una de las personas más inteligentes que conozco. Con la mejor intención, la periodista que lo entrevistaba le preguntó: “¿Cuál cree usted que debe ser la primera medida que debe tomar el nuevo ministro?”. Aníbal, que sabe de política como pocos, no tardó ni un segundo en contestar riéndose… “Eso no corresponde, esa pregunta no corresponde que la conteste yo. Eso no se hace”.

Lo que estaba diciendo es que no corresponde condicionar con opiniones a un ministro que a ese día aún no había podido siquiera asumir. No pude más que darle la razón en mi fuero interno y eso me llevo a releer lo que tenía escrito sobre los desafíos que afrontará el nuevo ministro de Justicia. Decidí reformularlo en buena parte, por una sencilla razón: Yo no quiero condicionar al futuro ministro. Quiero que le vaya bien, porque si le va bien en su gestión, nos va a ir bien a todos. Yo apoyo a este gobierno y quiero que su gestión sea exitosa.

Además, a título personal, le tengo a Martín Soria una enorme estima que nació de verlo trabajar con seriedad y compromiso. Verán, a lo largo de los años uno descubre que hay legisladores que trabajan y otros que solo boconean. Los primeros conocen los temas que tratan, se meten en profundidad en cada uno de esos asuntos y hacen lo que no todos hacen: empujan el lápiz, esto es escriben y estudian. Cuando hablan, saben de qué están hablando. Los que boconean, por el contrario, solo tienen una mirada superficial de los temas, repiten slogans y se atragantan de lugares comunes. Son los que vemos leyendo sus discursos y que, sin esos soportes que les escribió algún asesor, no podrían sino tropezar con su falta de recursos intelectuales y de formación.

A Martín Soria lo he visto trabajar, estudiar e investigar a conciencia los temas. Puedo decir que sabe de lo que habla y que no necesita discursos escritos por un tercero para dar su opinión. A ese tipo de personas es inevitable respetarlas.

Por eso mismo creo que no es mi tarea decirle nada a alguien formado y que sabe que es lo que tiene que hacer. Lo sabe perfectamente.

Sí quiero dar mi posición personal sobre algunos temas que sé que están en su agenda, porque están en la agenda del presidente de la Nación, porque él lo hizo saber en su discurso de 1° de marzo de este año.

Real igual de oportunidades

Una primera salvedad antes de dar mi opinión es que nada tengo que explicarle yo al nuevo ministro sobre el lawfare. De su mano han salidos algunas de las denuncias mejor fundadas contra las prácticas de manipulación judicial que conocimos como lawfare. Desde la denuncia por la existencia de la mesa judicial que arbitraba los destinos de las causas judiciales, y que integraban desde el expresidente Mauricio Macri, su ministro de Justicia, su jefe de los servicios de inteligencia, su jefe de asesores, diputados y operadores judiciales -incluyendo el presidente de un club de futbol-, hasta la denuncia sobre las visitas a la Casa Rosada, de fiscales, y de jueces.

No es que el lawfare no sea un tema importante, lo es sin duda desde mi perspectiva. Lo es en términos de erradicar para siempre esas prácticas de manipulación judicial. Pero asumo que nada tengo que explicarle yo al nuevo ministro sobre cómo funcionó y funciona todavía hoy el lawfare. Lo conoce perfectamente.

Pero sí tengo algunos temas que me preocupan como abogada que soy. Uno de esos temas es como podemos trabajar para dotar al Poder Judicial de una perspectiva de género sólida y auténtica. Porque, déjenme decirles, en el Poder Judicial hay algunos pozos de machismo que, aun en el 2021, sorprenden y espantan por partes iguales. No se trata de dar discursos el 8 de marzo, Dia Internacional de la Mujer Trabajadora (aunque algunos ni de eso son capaces, obturados por su odio y su machismo irredento). Se trata de dar a las mujeres que trabajan en el Poder Judicial real igualdad de oportunidades. Y no que el techo de cristal no esté siempre ahí, tan visible que parece institucionalizado. El diagnostico lo tenemos todos, lo que hace falta es buscar, promover e instaurar medidas activas que establezcan la igualdad entre hombres y mujeres.

No solo se trata de la posibilidad de las mujeres a acceder a los mismos cargos, se trata de cosas tan simples como que, en el edificio de la Corte Suprema -donde además funcionan varios tribunales, juzgados y cámaras- solo hay dos baños para mujeres. En esas condiciones nos vemos obligadas a trabajar las abogadas mujeres que concurrimos cotidianamente a ese edificio. Para decirlo con toda crudeza, imagínense cosas tan simples como tener una audiencia en ese edificio un día del periodo menstrual de flujo abundante. He pedido alguna vez que me pasen a otro día la audiencia, solo para evitar esa hipótesis. Claro que sería mucho más fácil explicarle esto a juezas mujeres, pero tampoco abundan. Eso es parte del problema también. Como no hay muchas mujeres en lugares con poder real nadie prioriza las necesidades de las mujeres.

La falta de perspectiva de género no solo se nota en los criterios de toma de decisiones o los criterios de cobertura de los cargos jerárquicos. Se nota, y de modo terrible, en la aplicación de criterios para juzgar ciertos casos. Los casos de violaciones excusadas, la negligencia en dar respuesta a los temas de violencia de género y la criminalización doble de sectores vulnerables, estigmatizados por pobres y también por su condición de mujeres, travestis, homosexuales o trans, entre otros. Esa es la moneda corriente en los tribunales argentinos.

De ese tema hay que ocuparse, de verdad. Ya de discursos hemos tenido todes suficientes. Me permito hacer mías las palabras de otra persona que estuvo en la lista de posibles candidatas a ocupar el ministerio de Justicia, (y que para mí era un gran nombre también) que es Marisa Herrera, que hace poco señaló que una reforma judicial feminista “es una semilla que hemos logrado sembrar y que marca el avance del movimiento de mujeres. Estamos tan empoderadas que nos animamos a ir contra quienes tenemos que ir, sabiendo el costo que tiene. Hablar de una reforma judicial feminista es ir al hueso de cómo está construido ese sistema de privilegio que es el Poder Judicial”. Tiene razón.

El Poder Judicial se ha constituido en una suerte de nobleza burguesa y acomodaticia, donde los privilegios y las sutiles -y no tan sutiles- discriminaciones se admiten sin discutir. Debería el Poder Judicial ser el gobierno de la ley y la igualdad, pero es aún hoy el imperio de los privilegios.

Los tiempos y las conveniencias políticas

Me preocupa mucho qué va a pasar con el Código Procesal Penal Federal, que establece un sistema acusatorio de tipo adversarial y garantiza la igualdad de armas entre acusadores y defensores. Fue sancionado en 2014 y permanece suspendido en su mayor parte desde entonces. Quien escribe no es una fanática del sistema adversarial, tal y como está planteado, debo ser honesta en ello. Pero aun así reconozco que, en términos de derechos y garantías, el nuevo Código es infinitamente mejor que el que tenemos vigente. Y hay que implementarlo. Por una simple razón, no es válido ni justificable que estén consagrados derechos y garantías y, al mismo tiempo, estén suspendidos sine die.

Además, me preocupa el quién deberá implementar dicha legislación, porque muchas de sus normas requieren medidas del Ministerio Publico Fiscal. El cargo está ocupado interinamente en el interinato más largo de la historia argentina. La designación de un nuevo procurador es a mi criterio algo imprescindible. Imprescindible.

No voy a hacer hincapié en las casi insuperables diferencias conceptuales que tengo con el hoy procurador interino. Sí voy a señalar que no existe ninguna posibilidad de que alguien que ocupa un cargo interinamente pueda llevar adelante semejante reforma. Y por eso es necesario designar un nuevo Procurador General que, investido de legitimidad y legalidad desde el momento de su designación, pueda implementar la nueva legislación.

Dentro de mis cuitas de abogada, está el hecho de que aún está en gateras la reforma del trámite del recurso extraordinario. Porque su dilatado y arbitrario trámite actual es un infierno para las partes, que ven diluirse en el tiempo la posibilidad de justicia. Nada reglamenta los tiempos y, en la Corte Suprema, se toman todo el que quieren, según la conveniencia política.

Al respecto, cabe señalar que los recursos extraordinarios no tratan de pruebas que deban producirse por parte del Corte Suprema. Son recursos de puro derecho y deberían ser resueltos en plazo prudencial. Y si la Corte Suprema decide que necesita más tiempo para resolver alguno en particular, entonces debería firmar dicha prórroga y hacerse responsable de los plazos que prorrogó. Pienso en casos que llevan más de 10 años esperando su resolución. Casos como los de la deuda millonaria de los diarios La Nación y Clarín, que están siendo analizados desde 2003 sin que al 27 de marzo de 2021 exista aún sentencia firme.

También voy a señalar algo que, sin duda, es un problema mayúsculo. Los recursos extraordinarios tienen un límite absurdo de extensión física. Son 40 páginas, con 26 renglones por página, a espacio y medio y tamaño de letra no menor a 12. Mas allá de que me divierte un poco que la Corte tenga personas ocupadas en contar los renglones de cada recurso que se presente, no les quiero contar la odisea que pasé hace unos meses cuando debí recurrir una sentencia de más de 750 páginas en 40 páginas y con enunciación de los antecedentes incluidos. Llegué a llorar de impotencia sobre este mismo teclado.

De la mano de los recursos ante la Corte, me preocupa que vamos a hacer con la existencia del Art. 280 del Código Procesan Civil y Comercial. Ese artículo autoriza que la Corte rechace un recurso sin explicar por qué lo rechaza. Algo que, permítanme señalar, es por completo contrario a la exigencia constitucional de raíz republicana, respecto a que los actos de gobierno deben ser necesariamente públicos y fundados. Se ve que la Corte Suprema considera que las exigencias constitucionales no le son aplicables. Como ya les dije, el Poder Judicial es un lugar de privilegios y muchos de sus actos parecen decir a los gritos “que a la Constitución la cumplan los giles”.

Con toda honestidad, cuando en octubre de 2014 se promulgó el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, leí el artículo 3° del nuevo Código que establece “El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada.” Y, como ley posterior deroga ley anterior, pensé en un exceso de optimismo que había sido derogado ese absurdo constitucional que es hoy el artículo 280 (porque su texto data de 1981). Como dije, fue un exceso de optimismo, que ni siquiera uno de los propios autores del Código Civil y Comercial supo honrar, pese a ser entonces el presidente del Corte Suprema. Ese es la base de mi problema con Ricardo Lorenzetti. Yo creo siempre que es mejor de lo que resulta ser en los hechos. Supongo que, a porrazos, también se aprende.

Mirada de abogada

Otra cuestión que me preocupa mucho es qué vamos a hacer con la arbitrariedad, que es cuando una decisión judicial no resulta ajustada a la ley aplicable o cuando desconoce las constancias que están en el expediente o cuando no está fundada o es contradictoria o está fundada de modo dogmático y solo aparente. La vaguedad de la definición es un arma mortal que usa a su antojo el Poder Judicial. Mi amigo Gustavo Arballo, uno de los trabajadores del Poder Judicial que más respeto en el mundo, suele citar a propósito de la arbitrariedad una frase de Carlos Fayt, diciendo que eso ha permitido convertir a la Corte Suprema en un almacén de ramos generales. Porque originariamente la competencia de la Corte Suprema era ser el intérprete final de la Constitución.

Pero, a partir de antecedentes de principio de 1900, la Corte Suprema empezó a revisar “no sólo los temas de constitucionalidad, sino también de los que -sin plantear ninguna invalidez de normas- se centraran en discutir la sentencia que les fue adversa.” Yo creo que, en efecto, debe haber una instancia que revise este tipo de decisiones porque, en definitiva, una sentencia arbitraria siempre vulnera la Constitución. Hasta ahí todos estamos bastante de acuerdo.

El problema es qué casos son arbitrarios, porque -a decir verdad- hoy es arbitrario lo que a la Corte Suprema se le canta que sea arbitrario. Incluyendo que el mismo tema puede ser, a criterio de la Corte arbitrario y derivar en una revisión de la sentencia y otro caso idéntico puede ser desechado por la misma Corte, y sin explicar por qué, aplicando el benemérito art. 280. Una sistematización que enuncie los requisitos para que algo se arbitrario o no lo sea, es algo que a mi criterio resulta indispensable. Está claro que no podrá ser taxativa. Porque no pueden preverse todas las situaciones, pero si es posible fijar pautas objetivas para definir una sentencia arbitraria.

Hay quienes sostiene que se debe crear un Tribunal de Garantías que controle las sentencias arbitrarias. Otros creen que lo debería hacer una sala de la propia Corte Suprema. No me da igual la respuesta a ese dilema, pero creo que sistematizar las arbitrariedades puede hacerse sin discutir qué tribunal deberá evaluar y aplicar esos parámetros.

No son los únicos temas, pero esta nota debe tener una extensión compatible con la vida de quienes la lean. Prioricé los que me parecen más significativos. Asumo que algunos de estos temas tal vez parezcan pequeños para quienes no ejercen la abogacía, pero, créanme, no son temas menores. Tal vez algunos no tengan mucho glamour ni despierten airados debates televisivos, pero estoy convencida que atenderlos dará por resultado un mejor funcionamiento del Poder Judicial. Solo quería aportar la mirada de una abogada que ama y sufre su profesión y que camina desde hace muchos años esos pasillos oscuros, rezando para que más temprano que tarde finalmente entre en ellos la luz y se respeten la Constitución y las leyes.