Mentiras y realidades sobre la emergencia alimentaria

Como expliqué anteriormente, en virtud de la indignante insensibilidad frente al hambre que padece una enorme cantidad de compatriotas sin políticas alimentarias compensatorias, hasta tanto se resuelva esta injusticia aberrante me toca dejar algunas de mis tareas como presidente del Partido Patria Grande y dedicarme principalmente como abogado a dos causas judiciales. En primer lugar, la querella contra Sandra Pettovello y sus funcionarios; en segundo lugar, el amparo colectivo por la restitución de los alimentos a los comedores comunitarios.

Es facultad del Poder Ejecutivo diseñar métodos adecuados, transparentes y eficaces para garantizar la efectiva entrega de los alimentos, pero es obligación del Poder Ejecutivo realizarlo en tiempo y forma. Ninguna de las dos cosas está sucediendo. Con argumentos contradictorios para justificar la suspensión de las políticas alimentarias, que oscilan entre falsas generalizaciones a partir de casos particulares de denuncias por irregularidades y las falsas aseveraciones que afirman que las miles de toneladas de alimentos acopiadas están destinadas a “catástrofes”, el Ministerio de Capital Humano está violando garantías constitucionales básicas y sus funcionarios incurriendo en delitos graves. 

Quisiera en este texto detallar las mentiras, engaños y realidades en torno a esta cuestión; para la elaboración del presente artículo, utilizaré documentación oficial del Estado Argentino y el reciente fallo judicial del juez federal Sebastián Casanello. 

Contexto general

Como explica el juez Casanello en su fallo, “los hechos de la causa deben ser enmarcados en los datos del presente. Una referencia de esta realidad se encuentra en los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) que señalan que el 57,4% de la población argentina se encuentra en situación de pobreza, dentro del cual se encuentra más del 60% de los niños, niñas y adolescentes, cuyo 32% padece inseguridad alimentaria –el 14% de forma severa”. 

Estos datos nos habla de 27 millones de argentinos, niños, ancianos, hombres y mujeres, que sufren pobreza; nos habla de al menos 8,5 millones de niños y niñas con inseguridad alimentaria. Son personas, seres humanos, con nombres y rostros, podrían ser tus hijos, hermanos, padres que no comen. 

La situación no es nueva. Nosotros junto a Jorge Bergoglio hablábamos del escándalo de la pobreza cuando según la misma fuente –ODESA/UCA– rondaba el 25%. Un sólo pobre en la Argentina es un escándalo. Lo que es nuevo es el aumento vertiginoso de la inseguridad alimentaria sin políticas compensatorias adecuadas. 

En los porcentajes de pobreza, indigencia e inseguridad alimentaria están contempladas las magras políticas alimentarias que el Gobierno mantuvo, por lo que cualquier argumento en virtud del cual el aumento –prácticamente consumido por la inflación– en la AUH/TC no modifica el cuadro ni en un punto ni en una coma. 

Mentiras

Entre los argumento que dan para justificar esta violación flagrante a los derechos humanos y sociales receptados en nuestra Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos incorporados a la mísma, encontramos las siguientes mentiras:

1.- “El 50% de los comedores son fantasmas”

1.a. Metodología engañosa

El relevamiento está realizado sobre una base de datos desactualizada que constituye un mero registro elaborado en base a formularios auto-completados por cualquier persona con una computadora e internet. Usted puede ingresar aquí y poner la dirección del country de Luis Caputo y figurará en el Registro Nacional de Comedores (RENACOM). Pruebelo usted mismo: https://rncm.mds.gob.ar/registro

La inscripción en el Registro Nacional de Comedores (RENACOM) no implica de ninguna manera la recepción de alimentos ni dinero por parte del estado. Hay comedores inscriptos que no recibieron nunca alimentos y otros que sí recibieron alimentos y no están inscriptos. 

Los comedores que recibían alimentos estaban consignados en los distintos convenios que el Ministerio de Desarrollo Social o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaban con organizaciones de la sociedad civil. 

Éste último programa fue el principal canal de acceso a los alimentos –secos o frescos– que abastecen los comedores. En los convenios figuraban los comedores que efectivamente los recibían. El relevamiento debió hacerse sobre la base de estos comedores. El PNUD tenía su propio esquema de auditoría con rendiciones contables e inspecciones. 

El Ministerio de Capital Humano no presentó esta información en los pedidos de informe de manera deliberada para sostener con información falaz su acusación lo que podría implicar delitos de falsedad ideológica y falso testimonio. 

2.b. Presentación falaz de resultados

Aún teniendo en cuenta el error metodológico de utilizar una base de datos que (a) está desactualizada y (b) no refleja los comedores que reciben asistencia del estado, el gobierno miente al decir que el 50% no está validado. 

Entre los comedores “no validados” por el Ministerio de Capital Humano que coordina la Federación de Cartoneros, los siguientes siete siguen funcionando y pueden visitarse cuando el lector quiera:

El Centro Verde Barracas, ubicado en Herrera 2124, en CABA, se suspendió por un incendio.

El Centro Sonrisas, en Centenario 4117 de La Matanza, fue visitado en un lugar distinto al consignado en el RENACOM (error de relevadores). Ese número de RNCM corresponde al Comedor 22 de junio, B° Indenpendencia, Gral San Martin.

El Socio Comunitario Urioste, de Rio Desaguadero 501, en Marcos Paz, fue reinscripto mudanza en 3 de febrero 620.

Los siguientes diez fueron dados de baja por la entidad mediante un email correctamente enviado al Ministerio de Desarrollo Social

Asimismo, ocho de estos 20 comedores nunca tuvieron convenio de recepción de alimentos por parte del Estado Nacional. 

En conclusión, el 0% de los comedores de la Federación de Cartoneros presentados como fantasmas son fantasmas y muchos funcionan sin asistencia estatal sino con donaciones. 

Estamos en proceso de re-verificación de los comedores de otras entidades, pero por lo pronto vemos que en los datos consignados por los relevadores figuran como “no validados” una enorme cantidad de comedores que indican que no están funcionando porque desde diciembre no reciben alimentos. 

En conclusión, 

2.- “La comida que está en los galpones está destinada a catástrofes y no corre riesgo de vencimiento”

El destino de los alimentos que adquiere el Estado Nacional figura taxativamente en los contratos de compra o los convenios con organizaciones de cooperación como PNUD y OEI que realizan las compras. Cómo muestra la documentación, allí figura con claridad que el destino de los mismos son comedores y merenderos y acciones de abordaje comunitario para personas en situación de vulnerabilidad. En ningún lugar figura que son para catástrofes (ver documentos originales abajo). 

Para los casos de catástrofes existe otro programa, denominado precisamente “PROGRAMA DE ASISTENCIA POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS CLIMÁTICAS Y CATÁSTROFES NATURALES O ACCIDENTALES”, reglado por la Resolución MDS 485/2016. 

Es dable destacar, asimismo, que la leche en polvo, el puré de tomate y otros productos tienen fechas de vencimiento que desconocemos porque el Ministerio de Capital Humano se ha negado a presentar al Juzgado Federal hasta la fecha por lo que se les intimó a hacerlo en las próximas 72hs.

3. Mientras la indigencia se duplica, la ejecución presupuestaria para comedores se redujo un 40% y las políticas de seguridad social un 30% (Pension Universal para el Adulto Mayor 55%; Acciones de Nutricion – Programa 1.000 Dias, 50%; Atencion Pensiones Ex-Combatientes 36%; Pensiones No Contributivas 42%, entre otras).

Finalmente, cabe aclarar que quien suscribe no ha sido denunciado por ninguna autoridad del Ministerio de Capital Humano u otro funcionario del Gobierno, cuyas “denuncias” en mi contra son meramente televisivas, twitteras, etc. En relación a las denuncias “genéricas” del Ministerio, cito las palabras de la fiscal Paloma Ochoa “ “Vale subrayar aquí, con relación a las aseveraciones reseñadas por el Ministerio volcadas en el acápite I.7, que describen las múltiples irregularidades que habrían sido advertidas en el proceso de distribución de alimentos hasta el 10 de diciembre de 2023, que más allá de las afirmaciones realizadas, no fueron acompañadas evidencias documentales, testimoniales, o analíticas, que las sustenten”.  

Ni un millón de calumnias pueden tapar sus crímenes. El hambre es un crimen. El Gobierno es responsable.

JG/MG