Reyes en el desierto: sueldos judiciales en un país en crisis
Siempre, en la clase de apertura del curso que dicto en la Facultad de Derecho de la UBA, empiezo por preguntarle a mis alumnos por qué estudiaron abogacía. Y nunca falta el “porque mi papá tiene un amigo en la justicia y me dijo que si estudiaba derecho me conseguía un trabajo”. El escaso romanticismo de este plan de vida refleja dos cosas: por un lado, la verdad del “serás lo que debas ser o serás abogado”; por otro lado, la convicción generalizada de que en el Poder Judicial se gana mucho (a la que suele acompañar la presunción, usualmente cierta, de que se trabaja poco), por lo que el que entra se salva.
Mi intuición es que mucha gente tiene la noción de que, efectivamente, la justicia es un lugar privilegiado para trabajar, pero que poca sabe hasta qué punto. Por eso, uno de mis sueños recurrentes es que, un día, un presidente haga una cadena nacional, muestre una pantalla y explique detalladamente cuáles son los sueldos y beneficios judiciales. Como pasan los años y mi esperanza no salió del mundo onírico, en esta nota voy a reflejar estos datos y compararlos con los propios de la situación de otros empleados estatales.
De acuerdo con los datos públicos disponibles, un juez de la Corte Suprema tiene un sueldo básico de $692.476, un juez de Cámara de Casación de $569.249 y un juez de primera instancia de $427.963. En cuanto al resto de los funcionarios, un secretario de cámara tiene un básico de $347.527, un secretario de juzgado de $325.084 y un prosecretario administrativo (cargo que no requiere título de abogado, y que muchas veces está ocupado por personas con profesiones muy distintas al derecho, como profesores de educación física) de $253.296. En cuanto a los empleados, el cargo más bajo tiene un sueldo básico de $113.728. A este básico hay que sumarle adicionales por antigüedad, permanencia en el cargo o título, entre otros ítems, que llevan a que los sueldos lleguen a ser, en algunos casos, del doble. Además, solo quienes ingresaron al Poder Judicial luego del 2017 pagan ganancias, y todos tienen una jubilación de privilegio (esta situación ha llevado a que secretarios judiciales con cargos anteriores a 2017 renuncien a concursos para ser jueces para no tener que pagar ganancias). Sus vacaciones son las más largas en el Estado (45 días) y la jornada laboral formal es de seis horas.
Una vez que alguien asume un cargo, la remoción es prácticamente imposible y muy inusual. Esto lleva a que el Poder Judicial tienda a crecer en cantidad de trabajadores. Para dar algunos ejemplos, el juzgado de Comodoro Py más chico tiene 42 personas y el más grande, 55; la Cámara Federal de Casación está compuesta de 457 personas y solo en la Cámara Federal de Apelaciones hay casi 50 secretarios (que, como vimos, cobran cerca de medio millón de pesos). En la práctica, cada vez que un juzgado tiene un caso “grande” le pide contratos a la Corte, y mucha de esa gente suele permanecer en la órbita judicial aun pasada la vorágine laboral.
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Hilemos un poco más fino. En cuanto a los miembros de los otros poderes, el presidente y la vicepresidente tienen un básico de $494.000, los que, con el descuento de ganancias, terminan cerca de los $350.000 netos. Esto lleva no sólo a que un juez de la Corte pueda cobrar casi cuatro veces más que el presidente, sino a que hasta un secretario de juzgado (de los que hay, literalmente, miles) también lo supere salarialmente. Por su parte, los ministros cobran alrededor de $315.000 netos, por lo que un prosecretario administrativo con antigüedad, aun sin título, casi con seguridad ganará más que ellos. Un Diputado Nacional cobra $159.151 en mano. En consecuencia, quien ocupa el cargo más bajo en el Poder Judicial puede superarlo salarialmente con facilidad. Un prosecretario de veinte años también cobraría más dinero que un legislador nacional.
¿Y si salimos de la clase política? El sueldo básico más la jerarquización de un Investigador Superior del CONICET, puesto reservado para los científicos más destacados del país, y con alta reputación nacional y mundial, es$ 151.000 que, con adicionales, puede estar cerca de los $250.000. Otra vez, todos los funcionarios del Poder Judicial tienen un salario mayor que nuestros investigadores más destacados, y varios empleados, especialmente si tienen mucha antigüedad, también (y esto, cuando solo hay 215 investigadores superiores en todo el país, mientras que hay decenas de miles de empleados y funcionarios judiciales). Dejo a criterio del lector la viabilidad de vivir en un país en que alguien que pone un sello en una mesa de entradas cobra más que alguien que puede ser candidato a un premio Nobel o colaborar a industrializar el país. Algo similar sucede con los cargos docentes. Un profesor titular de la UBA con dedicación exclusiva (cargo también prestigioso y muy difícil de alcanzar, bastante más que el de juez) cobra $156.000. No es sorprendente, entonces, que en la Facultad de Derecho de la UBA no haya casi ningún titular con dedicación exclusiva. En cuanto al docencia escolar, en diciembre el sueldo mínimo alcanzará los $40.000: es decir, un tercio del menor cargo judicial y cuarenta veces menos que un juez de Corte o de Cámara con antigüedad.
A esta altura, estimo que surgirán, al menos, dos preguntas. La primera, si esta inversión sirve para algo. La respuesta tiene dos letras: no. Hoy, el Poder Judicial es el órgano estatal con menor imagen positiva. Solo dos de cada diez personas confían en la justicia y solo tres de diez confían en su independencia. Además, entre otros males, la hipertrofia salarial lleva a que los trabajadores judiciales se aferren a sus puestos y, así, cierren la puerta a personas con motivación genuina en construir una justicia mejor. Paralelamente, gente ya inmersa en su estructura y que podría colaborar desde otro lado rechaza cualquier otro puesto con tal de mantener sus privilegios (las renuncias muy excepcionales). La segunda pregunta es si hay una forma de cambiar esto. No y sí. Legalmente, es difícil. El aumento salarial de los judiciales lo dispone la Corte Suprema, y es también la Corte la que tiene la última palabra sobre cualquier ley, por lo que cambiar esto desde otros poderes es difícil. Materialmente, no es imposible. Si hay una concientización de la desmesura de los salarios judiciales con respecto a la realidad de nuestro país, y le exigimos a los jueces que rindan cuentas, que expliquen por qué tanto para ellos y por qué tan poco para los demás, probablemente el camino actual pueda desandarse.
Discutir esta situación y pedir explicaciones es imperante para pensar el país que queremos tener y entender por qué tenemos el que tenemos. Este año, en medio de una crisis sanitaria y económica, los judiciales fueron prácticamente los únicos trabajadores que tuvieron un aumento salarial por encima de la inflación (55,8% de aumento, 40% de inflación acumulada). Como decía el Conde de Gloucester en una famosa obra de Shakespeare, “vivimos en el tiempo de la plaga, en el que los locos lideran a los ciegos”. Es hora de empezar a ver.
MA
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