AMIA: a pesar de un “compromiso absoluto”, el Gobierno no avanza con la desclasificación de los archivos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió semanas atrás al Gobierno argentino la apertura de todos los archivos secretos relativos al caso AMIA. Sin embargo, con una posible reforma de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) la desclasificación se hace más improbable aún. La Ley de Juicio en Ausencia fue presentada como una herramienta para enjuiciar a los “iraníes que volaron la AMIA”; sin embargo, diversos actores  relacionados con el tema aseguran que esto es complicado dado el principio de irretroactividad de la ley penal. 

En abril del 2024, la Cámara Federal de Casación Penal señaló, en la causa por el encubrimiento del atentado, a Irán y a Hezbollah como responsables del atentado a la AMIA, ocurrido ya 30 años atrás. Esta decisión judicial no estaba fuera de contexto político: ya antes de asumir la presidencia en diciembre de 2023, Javier Milei se había reunido con el canciller israelí y le había prometido declarar a Hamas como grupo terrorista; meses después, ya como presidente, le prometía a dirigentes y empresarios judios no solo poner en la “lista negra” a Hamas, sino también avanzar con el esclarecimiento de los dos principales atentados de la historia argentina: el de la mutual israelita y el de la Embajada de Israel. 

El miércoles 10 de julio, tan solo una semana y un día antes del aniversario número treinta del ataque terrorista, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, junto a otros miembros del Poder Ejecutivo, envió la “Ley de Juicio en Ausencia” al Congreso de la Nación. En caso de aprobarse, la normativa habilita a la Justicia argentina a juzgar sin la presencia del acusado y en el caso de la mutual israelita, “con todas las pruebas mandar una orden de captura internacional” a los “iraníes que volaron la AMIA”, como mismo anunció el ministro de Justicia al enviar la Ley al Poder Legislativo. 

Contra reloj, el viernes por la noche, el Gobierno anunció la decisión de incluir a Hamas en el listado de organizaciones terroristas. El grupo islámico fue incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), creado en 2019 y que depende del Ministerio de Justicia.

A pesar de estos movimientos a favor del avance de la causa, en junio del 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por haber privado de verdad histórica y de justicia a las víctimas y a toda la sociedad. “Esta decisión significa reconocer que gran parte de las denuncias y de los planteos de grupos de familiares de victimas, acerca de las acciones de obstaculización y desvio de la investigación, tenían sustento”, sostiene, en diálogo con elDiarioAR Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes representan a los familiares ante la Corte IDH. 

Amos Linetzky, presidente de la AMIA, sostiene que es “positivo” el envío del proyecto de “Ley de Juicio en Ausencia”, pero que la pregunta fundamental es “cómo va a jugar en el caso del juicio por el atentado a la AMIA”. “Entran en juego argumentos jurídicos como la retroactividad de la ley”, sostiene Linetzky. Un abogado penalista relacionado con la causa sostiene que le cuesta pensar cómo la van a aplicar de forma retroactiva: y que, aunque sea una ley procesal penal (y no solo penal), se debería aplicar el mismo argumento de la no retroactividad. 

Litvacky sostiene que “no está claro el compromiso” que tendría el Gobierno hacia la causa. Sobre la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, la directora del CELS sostiene que esta “no le da envergadura y gravedad al hecho de que jueces, fiscales y jefes de inteligencia nacional investigaron mal el atentado, desviando su curso”. “La envergadura que le da al hecho Casación y la que le da la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es compatible”, agrega Litvachky. 

La directora del CELS explica que la CIDH considera que Argentina tiene que mejorar su regulación respecto al secreto; en particular, que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE) tiene la obligación de abrir y desclasificar archivos y documentación secreta relativa al caso AMIA. 

“El Estado tiene que cubrir muchas falencias que no ha cubierto: el fallo de la CIDH pone al descubierto estas falencias, desde los sistemas de inteligencia y legislación hasta en el acceso a la información”, coincide el presidente de la AMIA. 

“Sin embargo, todas las señales que el Poder Ejecutivo está mandando en términos de como funciona hoy la AFI y el sistema de seguridad en general es favorable a un funcionamiento bajo el más amplio secreto. Esto es contradictorio con lo que se pide desde los organismos internacionales y desde el poder judicial, a manos del Juez Lijo y del fiscal Basso de la UCI-AMIA: que se abran los archivos”, sostiene la directora del CELS. 

La apertura de archivos depende de Presidencia. Sin embargo, apesar de la adscripción hacia una lucha “contra el terrorismo” y de la promesa de avanzar en la causa AMIA, el único archivo que se desclasificó hasta ahora es el que se conoce como “Informe Toma”, en el cual se prueba la conexión de la cupula iraní con el atentado. Solamente se desclasificó lo que se conoce como el “nodo o síntesis central”. Las otras diversas carpetas de este informe permanecen clasificadas. 

Litvachky sostiene que de hecho, la posible reforma de la AFI, de la cual se habla en los rincones del Gobierno pero sobre la cual todavía no hay ninguna oficialización, empeoraría la situación. “Se planea hacer esta reforma por decreto. Sin embargo, se tiene que discutir cuánto secreto y transparencia tiene que tener nuestra agencia de inteligencia. Gran parte de las razones de por qué no se esclarece el atentado tienen que ver con el secreto con el que ha funcionado la SIDE en su momento”, sostiene. 

AS/MG