Fernández redacta el tono de la capitulación

Como responsable de la criatura que ella creó, la vicepresidenta Cristina Kirchner advirtió ayer que se atribuye el derecho de destruirla. Vale tanto para el Frente de Todos como para Alberto Fernández. El Presidente parece haber tomado nota de la amenaza y actúa en estas horas con premura para salvar su gobierno. Las condiciones del trato las fijó ayer la doctora Kirchner. 

La expresidenta se pronunció por primera vez sobre la derrota electoral del peronismo, “sin precedentes”, como reconoció, e identificó al Presidente y su política de ajuste como los responsables de esa catástrofe. Es la razón profunda de la crisis institucional que se abrió en la Argentina. La demora en encontrar un desenlace amenaza ahora con poner en riesgo la gobernabilidad. De allí la urgencia. Es el principal activo que se adjudica históricamente el peronismo. 

Cristina Kirchner volvió a exigir a Fernández, ahora de manera pública, un cambio de rumbo y le reclamó además que “honre” los compromisos que asumió con ella misma cuando le ofreció la candidatura presidencial, en mayo de 2019. Ignoramos cuáles son los alcances de esos compromisos, que han quedado deliberadamente ocultos en el momento fundacional del Frente de Todos. Resulta significativo que la expresidenta no hubiera empleado en ninguno de los pasajes de su larga carta el término “unidad”. “Hay pactos que no conocemos, compromisos o juramentos que podríamos suponer, y el miedo a ser desleal, está ahí”, dice un ministro de los que no presentaron renuncia. “Muchos opinan pero ninguno llega demasiado a la cabeza del presidente”, agrega. 

Desde el comienzo se presume que una de las obligaciones de Fernández pasa por despejar el frente judicial de la expresidenta. Sabemos que ese compromiso, de haber existido, no fue honrado. Independientemente de la voluntad de Fernández, despejar los obstáculos que encontró en Diputados la iniciativa de vicepresidenta para reformar el Ministerio Público fiscal está fuera del alcance del Presidente. Por otra parte, la influencia  que podría tener Fernández en los tribunales de Comodoro Py ha sido relativizada por su propio proyecto de reforma de la justicia federal, igual de empantanada.

La vicepresidenta ha confirmado que entre los compromisos con el Presidente hay que contar el manejo consensuado de la política económica. Lejos de la idea original de que el área era propiedad de Fernández, Cristina Kirchner y su brazo de La Cámpora han venido cuestionando en efecto los esfuerzos fiscalistas de Martín Guzmán -es incuestionable en el caso de las tarifas - y condicionado las negociaciones para un acuerdo con el Fondo Monetario. La impugnación ayer al área económica fue frontal, e incluyó el proyecto de Presupuesto 2022 que acaba de redactar el ministro y que anuncia un mayor control en las cuentas fiscales.

La postura de la vicepresidenta es confusa en relación a Guzmán. Si el ajuste económico, como ella postula, es la razón de la derrota, ¿por qué la expresidenta llamó al ministro de Economía para transmitirle su apoyo? ¿Cambiar la política pero no el ministro? ¿El apuntado no es Guzmán sino Matías Kulfas?

En algunos días la Argentina deberá pagar un vencimiento de más de US$ 1.800 millones de dólares al Fondo Monetario. La expresidenta autorizó que el pago se efectúe con los derechos especiales de giro que cursó el FMI. En diciembre hay un nuevo compromiso, por una suma similar. ¿Hay cambios en ese sentido? “En septiembre se paga”, dicen en estas horas en Economía. Nadie sabe con certeza qué pasará después de las elecciones de noviembre.

Ha quedado al desnudo que la pulseada en el máximo nivel del poder es desigual. Aunque pareció tentarse con un giro en medio del fragor, el presidente Fernández negocia un “gabinete de equilibro”, así dicen, que exprese una vez más a todos los sectores del Frente. Una salida urgente para un gobierno que no tiene ningún destino sin el acompañamiento de su jefa y mentora. Si de verdad hubo lucha, Fernández redacta apenas el tono de la capitulación.

WC