Las fuerzas federales llegan a Rosario, una ciudad que sigue paralizada por la violencia

El calor y la humedad agobian, pero el clima en Rosario tiene otros factores. El refuerzo de 450 efectivos para las fuerzas federales anunciado el lunes por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich comenzó a concretarse esta mañana en una ciudad que está muy lejos de recuperar la actividad normal. La suspensión de actividades programadas para el fin de semana, el cierre de estaciones de servicio entre las 22 y las 6 y los intentos de extorsión de oportunistas que buscan aprovechar la situación dan cuenta de que el miedo persiste y se extiende incluso a otros puntos de Santa Fe.

Con el refuerzo Rosario cuenta con dos mil efectivos federales. Los gendarmes ya estaban en funciones en los barrios Ludueña y Empalme Graneros, en el noroeste, y en Tablada, Las Heras, Barrio Municipal y Villa Manuelita, en el sur, donde se registran el mayor número de homicidios, y ahora realizan también patrullajes y controles en los barrios Triángulo, Moderno, Vía Honda y Banana.

El subsecretario de Intervención Federal de la Nación, Federico Angelini, confirmó además que se utilizarán vehículos y helicópteros provistos por la Fuerza Aérea y el Ejército. Tanto el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, como el intendente de Rosario, Pablo Javkin, reclaman a viva voz que el Ejército aporte también personal y hasta demandan la intervención de “fuerzas tácticas de otros gobiernos provinciales”. Un pedido de auxilio con todas las letras.

El Plan Bandera, anunciado para terminar con la narcocriminalidad, parece sepultado por la crisis y la policía provincial queda relegada en el terreno y comprometida una vez más con la criminalidad. Los asesinatos de los taxistas Héctor Figueroa y Sergio Celentano y un tiroteo contra la comisaría 15 se cometieron con balas policiales, un aspecto soslayado en el debate político.

El refuerzo de las fuerzas federales no tranquiliza a la población. El miedo se expande a través de amenazas, denuncias sobre colocación de explosivos y extorsiones anónimas, y diversos sectores de la economía local, como los empresarios gastronómicos, supermercadistas y de estaciones de servicio, piden mayor vigilancia para normalizar las actividades. El fenómeno se extendió ayer a las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, donde estaciones de servicio y comercios recibieron llamados telefónicos en los que distintas personas exigían dinero en nombre de Los Monos, la banda identificada con la violencia narcocriminal.

Organismos y centros de investigación académicos cuestionan la definición de “narcoterrorismo” que impulsan el Gobierno nacional y el provincial. “Se pretende que la realidad va a cambiar porque a los narcotraficantes les digamos terroristas. Todas sandeces mayúsculas que ocultan una triste y peligrosa realidad”, afirmó el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed). El programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral alertó “contra la deriva militarizada y punitivista” y exhortó a construir “los consensos sociales y políticos para evitarlo”. Nueve equipos de investigación de la Universidad Nacional de Rosario firmaron a su vez una declaración donde advierten que “en la última década se duplicó la cantidad de personas presas en cárceles y comisarías, con penas cada vez más duras y regímenes de privación de libertad cada más restrictivos que no resolvieron el problema de la violencia en la ciudad sino que al contrario lo agravaron”.

“Ahora se comete el mayor error de todos, aquel que otros países han pagado y siguen pagando caro. Se pretende militarizar y declarar la guerra al narcotráfico, olvidando que ese es el escenario donde las organizaciones criminales y sus sicarios sin límites se sienten más cómodos”, puntualizó el Ilsed en un comunicado firmado por su director, Alberto Binder.

Con la categoría de narcoterrorismo, Bullrich extendió las sospechas desde los presos de alto perfil hacia sus familiares e incluso a sus abogados. La ministra se refirió a la presentación de recursos de hábeas corpus y denuncias de apremios ilegales como parte de intentos de desestabilización. La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario repudió esas declaraciones.

El gobierno nacional y el provincial sostienen que las bandas habrían concertado una tregua entre sí para enfrentar la persecución. Un respaldo de la teoría es el manuscrito redactado con letra de colegial que apareció en la escena del crimen del playero Bruno Bussanich, en el que se advierte sobre la posibilidad de otras muertes de inocentes y sobre la unión de distintas zonas de la ciudad “contra Pullaro”. Otro argumento es la disminución de homicidios dolosos en los dos primeros meses del año, presunto mérito del ahora desdibujado Plan Bandera.

Sin embargo, los enfrentamientos entre bandas se registraron hasta poco antes de la crisis. Leonel Tripi, referente del narcomenudeo en la zona oeste de la ciudad, fue baleado el 27 de febrero y murió al día siguiente. Se trata del líder de una banda al que trataba de desplazar otro identificado como Mauricio Ayala, quien se encuentra prófugo y contó con la colaboración de tres policías del Comando Radioeléctrico de Rosario que fueron detenidos. El 13 de febrero Carlos Uriel Acosta fue asesinado en el barrio Tablada junto con el taxista José Luis Assale que lo llevó a ese punto desde la ciudad de San Lorenzo, para aprovisionarse de droga.

Los presos en cuestión

Según la posición del gobierno provincial, los crímenes son una reacción a las medidas adoptadas con los llamados presos de alto perfil en la Unidad Penitenciaria número 11 de Piñero y en definitiva confirman la corrección de su política. El ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni dice y repite que hasta diciembre pasado los reclusos gozaron de amplios beneficios en las visitas y que los guardias eran apercibidos si los molestaban, un diagnóstico que parece exagerado.

“Los presos de alto perfil tenían visitas como cualquier otro interno. En comparación, ahora se encuentran con muchas restricciones. Pero eso no quiere decir que antes gozaran de beneficios, solo hacían uso del derecho a recibir visitas como en cualquier cárcel. No puede verse como beneficio el contacto familiar”, señala Santiago Bereciartua, abogado y docente de Criminología y Control Social en la Facultad de Derecho de Rosario.

El Servicio Penitenciario de la provincia y los funcionarios del Ministerio de Seguridad distinguen tres niveles en la categoría de alto perfil. Los presos del nivel 1 reciben visitas de familiares sin contacto físico, a través de un blíndex, media hora por semana. “Es posible detectar el ingreso de celulares a la cárcel haciendo pasar a los visitantes a través de los escáneres corporales que funcionan en Piñero. No es necesario que el preso vea a sus hijos o a su pareja a través de un blíndex”, agrega Bereciartua.

En la cárcel de Piñero hay 39 presos considerados de alto perfil nivel 1, otros 159 de nivel 2 y 129 de nivel 3. Los principales jefes e integrantes mediatizados de las bandas, como Ariel “Guille” Cantero, Julio Rodríguez Granthon, Esteban Alvarado, Damián Escobar, Pablo Nicolás Camino, Leandro Vinardi, Leandro Vilches y Francisco Riquelme se encuentran sin embargo en las cárceles federales de Ezeiza, Marcos Paz y Rawson. En total hay 513 presos de alto perfil en las cárceles santafesinas, 54 de nivel I, 226 de nivel II y 233 de nivel III.

El gobierno de Pullaro denunció que al inicio de su gestión presos de alto perfil se encontraban en pabellones comunes, una situación que posibilitaba el uso de la cárcel como “home office”. En total se trataba de doce internos, que fueron reubicados. Por otra parte “cuesta muchísimo creer que, como dice el gobierno, algunos guardias hayan sido apercibidos por molestar a los presos”, según un ex funcionario que trabajó en Piñero.

La onda expansiva del miedo es un fenómeno tan recurrente en Rosario como las crisis de inseguridad. En mayo del año pasado se registró una explosión de mensajes de WhatsApp que anunciaban una venganza narco por la pérdida de un cargamento de cocaína y se difundieron falsas imágenes de tiroteos y caos urbano en las redes sociales. El periodismo porteño que arribó esta semana a la ciudad contribuyó a la difusión del pánico con amenazas recibidas en vivo y en directo durante sus transmisiones.

El gobernador Pullaro basó su campaña electoral en los temas de seguridad. Su discurso consistió en reivindicar la gestión previa como ministro de Seguridad del gobernador Miguel Lifschitz y en afirmar que contaba con los equipos y con los diagnósticos necesarios para resolver el problema de la violencia. La crisis actual afecta en consecuencia su principal promesa de gestión y erosiona de un soplo el apoyo que intentó construir a través de la difusión de fotos de presos al estilo Bukele.

OA/MG