Oficializan el pliego de Lijo para la Corte Suprema y el Gobierno lo quiere apurar la semana próxima

El Senado oficializó el pliego del juez Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno quiere apurarlo para su votación la semana próxima. El movimiento oficial dejó en evidencia los problemas de Javier Milei para su otro candidato: el catedrático Manuel García-Mansilla, cuyo pliego sigue ausente en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta. Tal como anticipó elDiarioAR este martes, la alternativa que ensaya la Casa Rosada es que ingese al máximo tribunal a través de un decreto firmado por el Presidente.

El juez Lijo tuvo el apoyo de LLA, la UCR y hasta el peronismo en las nueve firmas de mayoría en la comisión. Quienes dieron su visto bueno al magistrado federal fueron los jefes del bloque libertario, Ezequiel Atauche (Jujuy), su par de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), y del interbloque Las Provincias Unidas, Carlos Espíonla (Corrientes). También de la tucumana Beatriz Avila (Pro), el misionero Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia) y el salteño Juan Carlos Romero.

Pero sobre todo se destacan las rúbricas de tres senadores de Unión por la Patria: la santiagueña Claudia Ledesma, esposa del gobernador Gerardo Zamora, el sanjuanino Sergio Uñac y la catamarqueña Lucia Corpacci. La exgobernadora de Catamarca fue la última en firmar a fines del año pasado, cuando ya se sabía que el pliego estaba listo para presentarse. Evidentemente el oficialismo jugó al tiempismo hasta ahora, ya con las sesiones extraordinarias en curso, y a la espera de un acuerdo final con el PJ de Cristina Kirchner.

Es que sin el apoyo del peronismo, el pliego de Lijo no podrá avanzar en el recinto. La exmandataria tiene la llave para darle al oficialismo los dos tercios que necesita para el nombramiento definitivo del juez como supremo de la Corte.

Como ya anticipó este medio, desde la Casa Rosada aseguran que Lijo cuenta con el respaldo suficiente para ser aprobado en el Senado. Las reuniones entre operadores del oficialismo y sectores del peronismo fueron clave para garantizar las firmas necesarias en la comisión de Acuerdos, instancia previa para habilitar el debate en el recinto. 

Para que el pliego del controvertido juez de Comodoro Py sea aprobado en el recinto, Milei necesitará asegurar 48 votos en caso de que todos los senadores estén presentes. Actualmente, Unión por la Patria cuenta con 34 bancas propias, lo que obliga al oficialismo a buscar el respaldo de al menos 14 senadores de la oposición o de bancadas provinciales. Este “poroteo” llevó a una intensa ronda de negociaciones en busca de voluntades clave. Desde La Libertad Avanza confían en que algunos sectores dialoguistas, particularmente del peronismo no alineado con el kirchnerismo, podrían terminar de inclinar la balanza a favor de Lijo, aunque reconocen que la tarea no está exenta de dificultades.

La estrategia de Milei incluye un cuidadoso cálculo político. En los últimos meses, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, asumió el rol de operador clave, manteniendo contactos con referentes opositores y peronistas para garantizar que el pliego de Lijo sea tratado sin contratiempos. La mesa chica del Gobierno, encabezada por Santiago Caputo, confía en que su aprobación será vista como un triunfo que compense las resistencias generadas por el eventual decreto de García-Mansilla.

Detrás de esa iniciativa está la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal, fundamental a la hora de revisar y elaborar de los argumentos jurídicos que respaldan la decisión oficial. Su misión, discreta pero crucial, es la de asegurar que el proceso cuente con una base legal sólida para resistir eventuales impugnaciones y así blindar una medida que está destinada a levantar polvareda.

Es que el panorama para García-Mansilla es diferente al de Lijo. El catedrático, conocido por su perfil conservador y sus posturas antiaborto, no logró reunir el consenso necesario en la Cámara alta, lo que llevó al oficialismo a contemplar su designación por una vía alternativa. Desde el entorno presidencial aseguran que el decreto saldrá antes del 1° de marzo, día en que se inician las sesiones ordinarias. “Vamos a avanzar de cualquier forma”, se le escuchó decir a un alto funcionario, dejando en claro que la prioridad del Gobierno es consolidar su influencia en el máximo tribunal.

MC