Los planes sociales en la era Milei: amenaza política sin cambios estructurales

Sandra Pettovello hizo su debut mediático con un brevísimo video grabado en la Casa Rosada porque el súper-ministerio de Capital Humano no tiene sede propia. Desde ese no-lugar de su cartera, que abarca toda la política social del gobierno de Javier Milei, hizo tres anuncios principales: que aquellas personas que marchen este miércoles a Plaza de Mayo perderán el “plan” –el estigma que carga el salario social complementario del Potenciar Trabajo–, que se eliminarán las certificaciones de asistencia del programa, y que se hará una auditoría –otra más– sobre las organizaciones. Fueron tres anuncios que generan polémica porque cuando se escarba en ellos se encuentra que tienen más que ver con lo discursivo que con lo fáctico. 

Nada dijo Pettovello sobre el futuro concreto del Potenciar, que el ministro de Economía, Luis Caputo, ya adelantó que no se va a actualizar pese al salto inflacionario de su devaluación: hoy el programa paga unos $78.000 a 1,2 millones de beneficiarios a cambio de cuatro horas de contraprestación diaria, que van desde trabajo en cooperativas –puede ser un comedor o una panadería barrial, por ejemplo– o estudiar y capacitarse. 

El dedo del Gobierno carga contra “los piqueteros” pero del total de beneficiarios unos 700 mil pertenecen a las llamadas “unidades de gestión” (UG) que dependen de las organizaciones sociales –de todos los colores políticos, kirchneristas como de izquierda (los famosos piqueteros)– pero también de la Iglesia, federaciones de clubes y ONG. El resto, unas 500 mil personas, dependen de las provincias, los municipios y hasta del propio Estado nacional a través de un sinfín de dependencias o entidades, como pueden ser secretarías u organismos descentralizados.

Anoche mismo los beneficiarios del plan podían ver en sus cuentas en Mi Argentina la amenaza latente del Gobierno: “El que corta, no cobra”, reza un mensaje al abrir la app. Y cierra muy sugerentemente: “Queremos darte la tranquilidad de que si cumplís con la ley, vamos a cuidarte: Si sos beneficario/a de un plan social, que nadie te obligue a cortar vías de circulación bajo amenaza de que vas a perderlo. Podés denunciar anónimamente al 134. Que tengas una Navidad y un fin de año en paz”.

¿Cómo identificarán a los manifestantes?

El anuncio de Pettovello se da en el marco de cierta criminalización de la protesta social que activó el Gobierno desde que el jueves pasado se anunció un “protocolo antipiquete” a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ayer la titular de Capital Humano insistió con el latiguillo libertario: “El que corta no cobra”. ¿Pero cómo haría efectiva esa amenaza?

elDiarioAR consultó en Capital Humano esa operatividad para identificar a los supuestos beneficiarios que vayan a la movilización y la respuesta lanzó la pelota afuera: “Eso preguntárselo a Seguridad”. Para hoy está agendada una reunión clave entre la cartera de Bullrich y su par porteño, Waldo Wolff, con el objetivo de terminar de delinear el operativo antipiquete. Como ya contó este medio el domingo, la idea es que las fuerzas federales se ocupen de intentar evitar que los manifestantes crucen desde el conurbano a la Capital Federal por los distintos accesos, como el puente Pueyrredón o las líneas de trenes. También habría apoyo logístico en las calles de la ciudad, que estarán fuertemente custodiadas por la policía local. 

“¿Cómo identificás a la gente que se movilice? ¿Con identificación biométrica?”, se preguntó ante elDiarioAR un exfuncionario del ministerio de Desarrollo Social que acaba de renunciar a su cargo. “Es una barbaridad, totalmente inconstitucional. Porque si vos te movilizas y te sacan el programa, lo judicializás”, completó la fuente. 

Hay un antecedente: en el ahora exministerio hubo un fuerte revuelo interno cuando se identificó que parte del reducido grupo de manifestantes que había agredido el año pasado los ventanales del despacho en el Senado de Cristina Fernández de Kirchner cobraban el Potenciar. Otro punto de conflicto es que el sistema del Potenciar no permite la “baja directa”, sino que penaliza al beneficiario recién cuando incumple su contraprestación tres meses consecutivos.

“Son amenazas para que la gente se quede en la casa”, denunció a elDiarioAR Eduardo “Chiquito” Belliboni, referente del Polo Obrero y cabecilla de la movilización de mañana. Ratificó la marcha y la estimó, como mínimo, en 25 mil personas. Ante la advertencia de que perdería todo diálogo con el ministerio, planteó: “Veremos. Lo mismo dijo Macri en su momento”. 

Hasta ahora las organizaciones venían teniendo conversaciones con funcionarios del equipo del flamante secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, compuesto por bullrichistas y larretistas: Héctor Calvente, exsecretario general de San Miguel; Rodrigo Aybar, exconcejal de Tres de Febrero; Guillermo Viñuales, que fue candidato en Lomas de Zamora por JxC, y Facundo Durán, exsubsecretario de Mantenimiento del Espacio Público también en Tres de Febrero. 

Eliminación o descontrol de la certificación de asistencia

Con la intención de quitar la “intermediación de los piqueteros”, la eliminación de la certificación de asistencia al Potenciar fue quizás la única medida concreta que anunció la ministra Pettovello. Pero su aplicación también es brumosa. Es que el plan social lo cobra el beneficiario directamente desde el Estado, luego de que en su UG certifican su contraprestación de 4 horas diarias. 

Esa función se realiza mensualmente a través de un sistema interno del ministerio que le asigna a cada UG un código único, supo elDiarioAR. Por ejemplo, si el beneficiario trabaja en un comedor perteneciente a una organización social, su responsable debe tomarle “asistencia” diaria para, luego, una vez al mes, “marcarlo” en el sistema digital. Si el beneficiario no contrapresta, automáticamente al mes siguiente cobra la mitad del programa. También puede pasar que el beneficiario tenga un problema con su referente, por lo que el sistema contempla una vía de reclamos –presencial o incluso digital, a través de Mi Argentina– con el que podrían derivarlo a otra UG.

Lo que anunció Pettovello ahora quita todo control al programa o, viéndolo de otra manera, se lo da al Estado, cuando es un mantra libertario que el Estado deje de intervenir en la vida cotidiana. “Ahora se puede especular en que si no me van a pasar el presentismo, no voy a ir. Fomenta que no haya prestación porque ya no hay nadie controlando. El Estado no tiene capacidad para hacer esa tarea sobre 1,2 millones de personas”, denunció un dirigente territorial de experiencia en la administración del programa. “Genera descontrol y confusión. Ese poder que ahora se arroja el Estado hace que haya mucha más discreción y arbitrariedad”, comentó otro referente de una agrupación kirchnerista. “Es algo que reclama el ministerio; si no lo reclaman más, no lo presentamos más”, dijeron en el PO. 

La ministra se limitó a argumentar su medida políticamente: “Sepan que nadie puede obligarlos a ir a una marcha bajo amenaza de quitarles el plan”, señaló. El exfuncionario lo entendió así: “El planteo es cínico: te dice que no te pueden obligar a marchar pero ella está obligando a no marchar. Hay miedo de la gente a que la caguen a palos en la marcha o que le saquen la única manera que les queda para sobrevivir. Es una pulseada que está abierta”. 

“Hay un desconocimiento importante sobre la organización popular en el territorio, que va mucho más allá del salario complementario. En las organizaciones hay un sentido de pertenencia, muchísimos momentos de asambleas. No es que un dirigente toma una decisión y la gente sale corriendo”, señaló Alejandro “Peluca” Gramajo, dirigente del Movimiento Evita de Emilio Pérsico –exsecretario de Economía Social– y secretario general de la UTEP.

También Pettovelo dijo que “quienes sufran la extorsión de participar en las marchas, podrán denunciarlo a través de la línea 134”. Es una línea que depende en realidad del Ministerio de Seguridad para denunciar hechos o alguna situación sospechosa “de violencia institucional”. Y, como se dijo, ya hay una vía de reclamos a través de Mi Argentina.

La auditoría que ya fue

Tampoco hay mucha información sobre la auditoría que anunció Pettovello. En su momento Victoria Tolosa Paz realizó una de manera digital. Su gestión redujo cien mil planes, luego de la polémica por irregularidades que detectó la AFIP en más de 250.000 beneficiarios. Ese informe de la oficina recaudadora siempre se sospechó que tuvo que ver con la guerra interna entre el cristinismo y el albertismo.

“Comenzaremos a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales”, dijo Pettovello al realizar ese anuncio. El yerro parece voluntario: los planes los entrega el ministerio, no las organizaciones o, siendo más preciso, las UG. Además, supo este medio, ya hay auditorías permanentes porque el Estado hace controles desde el momento en que financia, por ejemplo, proyectos productivos como una panadería, cuyos empleados cobraría el Potenciar. 

Más allá del anuncio grabado de Pettovello, el Potenciar seguirá existiendo, al menos hasta que se pulverice su poder de compra por la inflación creciente. No se anunció un cambio sustancial en el tema central del manejo de los planes sociales, que es la discrecionalidad para su otorgamiento, mientras no sea una política universal como la AUH o la Tarjeta Alimentar. “Si hay unas 7 millones de personas que tienen los requisitos para acceder, porque son trabajadores informales, pero hay 1,2 millón de planes, ¿quién decide quién ingresa y quién no?”, se preguntó el exfuncionario. 

Algo que no dijo Pettovello ayer es que una idea es traspasar todo el Potenciar a las provincias y los municipios. Esa sí sería una medida política que podría generar una “guerra” con los movimientos sociales. Por ahora, según la ministra, su deseo es que “todos los argentinos tengan una Navidad y un fin de año en paz”, como cerró el video grabado ayer. Fue una frase que roza la ingenuidad en medio de semejante ajuste de Milei, similar a la que soltó la semana pasada cuando en una reunión con curas villeros recibió la pregunta de cómo pensaba pasar la Navidad, en alusión a cuáles serían las medidas sociales del Gobierno, y la ministra respondió: “Con mi mamá”.

MC/JJD