Pozo de Vargas: se realizó el último envío de restos óseos de la fosa en la que fueron identificados 116 desaparecidos de la dictadura

Imagine el lector o la lectora un antiguo pozo de agua de 40 metros de profundidad reutilizado a fosa para ocultar cuerpos de hombres y mujeres. Por las dudas estuvieran con vida, algunos cuerpos reciben disparos, son rematados desde arriba. Unos cuantos son arrojados de manera individual, con las manos atadas, pero a otros se los envuelve de a tres o cinco y se los enrolla en bolsas y se ciñen con alambre. Después de cada operativo se arrojan escombros sobre los restos pero como es insuficiente, se trae tierra y ripio de arroyos cercanos. Cuando no da para más, se destruye el brocal del pozo, que también se deposita adentro, y luego con una máquina se empareja el terreno para ocultar esa boca profunda al horror. Los cuerpos llegaban hasta el predio durante la noche en camiones militares, al mismo tiempo que se producía un apagón y las pocas casas cercanas se quedaban sin luz. Tuvieron que pasar muchos años para que algunos vecinos comenzaran a hablar. Esta escena que bien podría ser de la Alemania nazi, se repitió de manera sistemática durante dos años, al menos, en Tafí Viejo, Tucumán, y tiene un nombre: El Pozo de Vargas. Fue durante la última dictadura cívico militar que se inició el 24 de marzo de 1976. 

Se trata de la fosa más grande de Sudamérica, en donde se han identificado, hasta ahora, a 116 detenidos desaparecidos. Es tan espantoso lo que sucedió allí y son tantas las pruebas, que ni los más ultra defensores de las Juntas militares golpistas pudieron negar su existencia. Ni siquiera el ya fallecido Antonio Domingo Bussi, exdueño de la vida y de la muerte durante el Operativo Independencia y exgobernador tucumano, también condenado por crímenes de lesa humanidad en uno de los juicios. Su fallecimiento también le puso fin a un rosario de juicios en los que estaba comprometido y que le auguraban una similar resolución.

“A mi hermano Lucho lo asesinó Bussi de un tiro en la cabeza. Estaba arrodillado, con las manos atadas atrás y quisieron ocultar su cuerpo en El Pozo de Vargas”, contó a este cronista el reconocido músico tucumano Juan Falú en una entrevista en febrero de 2022. Bussi fue condenado en este juicio oral y público. Luego de permanecer en ese limbo lacerante que es la figura del desaparecido, a los Falú se les informó el 7 de junio de 2016 que los restos de Luis, empleado de Gas del Estado, estudiante universitario y secuestrado el 14 de septiembre de 1976, habían sido identificados en el Pozo. Tuvieron que pasar 40 años para que la familia supiera a donde poner una flor para recordarlo. No es el caso de muchos que aún claman por justicia. “Todavía esperamos que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino”, canta el poeta y músico argentino Víctor Heredia, que aún pide justicia por la desaparición de su hermana María Cristina y de su esposo, Claudio Grandi, cuando estaba embarazada. Su canto es todavía el de miles en Argentina.

Este 19 de septiembre quedó marcado en la memoria de quienes pudieron identificar a sus familiares en El Pozo de Vargas y de quienes aún esperan que en los cientos de restos de huesitos hallados allí podría estar el ADN que les devuelva la identidad. Ese día, el Juzgado Federal 2 de Tucumán, con colaboración de la Gendarmería, envió desde el predio al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuyos laboratorios se encuentran en la exESMA, en la Ciudad de Buenos Aires, los últimos fragmentos extraídos por los peritos del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT). Mucho antes, el 21 de marzo de este año, el juez federal Fernando Poviña declaró la Clausura de la Excavación Pozo de Vargas porque los peritos habían llegado al fondo, de donde se extrajo todo el material posible. Desde entonces trabajaron en tareas de zaranda para separar los huesos de la tierra y otros materiales, clasificar y conservar. Este fue el contenido del último envío. Una caja de cartón, embalada con cuidado, llevó en su interior alrededor de una veintena de pequeñas bolsas con huesitos y en una etiqueta, en cada una, en donde se consignaron datos importantes, como la profundidad del hallazgo y la cuadrícula en la que fueron encontrados. Las muestras serán cruzadas por los científicos del EAAF con un potente software de comparación masiva, con datos genéticos de los restos que les llegaron desde los lugares en donde se están realizando investigaciones. Habrá que esperar unos meses para conocer ese resultado.

Esa mañana fue soleada y con árboles en flor. Primaveral. Desde temprano esperaron el cumplimiento de la medida algunos parientes de identificados y otros que esperan que la ciencia haga posible el milagro de devolverle a sus seres queridos. Entre ellos estuvieron Josefina Molina, hija del vice gobernador tucumano Dardo Molina Chazarreta, y Teresa Arias, hija del ferroviario taficeño Segundo Bonifacio Arias. Ambos fueron secuestrados y sus restos identificados en el Pozo. A su lado estuvo Virginia Sosa, presidenta de la asociación Familiares de Desaparecidos de Tucumán (Fadetuc) que aún espera tener algún dato, una pista, siquiera, que pueda dar con los restos de su esposo José Zenón Ruiz, secuestrado durante el Operativo Independencia, el 28 de julio de 1975. “Este día es muy importante porque es el resultado de haber militado durante años, contra todo, para que se supiera que aquí había restos. Cuando comenzaron las excavaciones nos pasamos semanas acompañando a los peritos, con viento, frío y lluvia, para exigir que el Estado destine fondos para los trabajos. Los acompañamos siempre porque seguimos pidiendo justicia”, dice y su voz se quiebra.

Virginia estaba en su cuarto mes de embarazo cuando ese 28 de julio, de madrugada, aún de noche, un grupo de policías, con Roberto Heriberto “El Tuerto” Albornoz al frente, condenado y ya fallecido, entraron con violencia a su casa en el barrio San José y se llevaron a su esposo. Durante el operativo, Virginia y sus dos hijos pequeños fueron golpeados y obligados a meterse debajo de una mesa. Para entonces, ya tenía un hermano y una hermana desaparecidos, por lo que se hizo cargo de la crianza de sus sobrinos. Desde entonces, no se detuvo ni un día en buscar a su compañero y hermanos. Solo pudo rescatar a su hermana, que había sido llevada al penal de Concepción, en el sur tucumano, porque había sido “blanqueada”, es decir, estaba en los registros de detenciones. Su dolor se hizo público cuando declaró en la Megacausa Operativo Independencia. Aunque no lo confiesa de manera abierta, abriga una mínima esperanza de que en la caja de madera esté aunque sea un huesito de José.

Junto a ella estuvo Julia Castillo que, incansable, también busca a su hijo Hugo Pastor Juárez, quien fue secuestrado en diciembre de 1976. “Ojalá sus restos estuvieran aquí, quizás con los estudios que se hagan se pueda saber. Sino, seguiré buscándolo hasta mis últimos días”. Su hijo fue secuestrado el 11 de diciembre de 1976, en Taco Ralo. Desde hace 47 años lo busca, incansable. La familia vivía en Bella Vista cuando una patota militar entró a su casa. La golpearon hasta el hartazgo hasta que uno de sus hijos confesó en donde se encontraba Hugo. Sus pedidos para dar con su hijo no cesaron, aun en plena dictadura. Tres veces, al menos, fue víctima de ataques en Bella Vista por no hacer silencio. Temiendo por su vida, la familia se trasladó a Buenos Aires y durante años ocultó el domicilio real por temor a represalias. Hace unos días declaró en la Megacausa Jefatura III, en Tucumán, en la que se juzga la responsabilidad penal de 27 exmilitares y expolicías de la provincia, que están acusados por delitos cometidos en perjuicio de 237 víctimas, de las que 84 continúan desaparecidas. “He luchado, sigo luchando y seguiré luchando porque no voy a bajar los brazos. Que la justicia los condene y vean el dolor que yo pasé. Yo solo quiero saber de mi hijo, quiero saber dónde están sus restos”, sostuvo en la sala para cerrar su testimonio.

Pese a que se trató del último envío de restos de huesos desde El Pozo de Vargas al EAAF, todavía resta mucho por hacer, como clasificar otro tipos de materiales que se han encontrado y que podrían asociarse con algunas identificaciones, como marcos de anteojos, cadenas, crucifijos, medallas, restos de zapatillas, zapatos y medias, entre otros objetos personales. El lugar está señalizado como Sitio de la Memoria y hay varios proyectos para convertirlo en un museo que albergue todo el material que se extrajo y del que se desconoce su pertenencia. Además, también continuarán otras tareas en el predio porque se cree, por algunos indicios, que allí hubo construcciones que fueron destruidas y que podrían haber sido utilizadas como salas de detención y torturas. El lugar se mantiene por la colaboración del municipio de Tafí Viejo, cuyo intendente, el peronista Javier Noguera, señaló que “forma parte de nuestro compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia; el objetivo es que el predio se transforme en un museo para que las futuras generaciones conozcan los horrores que se cometieron durante la última dictadura cívico militar”.  

En la actualidad, en el lugar desarrollan las tareas de investigación los integrantes CAMIT, desde hace más de una década, que son los peritos Ruy Diego Zurita, Alejandro Leiva, Luciano Molina y Fabio Srur, quienes trabajaron en el interior del pozo. Las tareas complementarias en el exterior, como trabajar en la zaranda, estuvieron a cargo de los peritos Aldo Gerónimo, Víctor Ataliva, Sergio Cano, Julia Lund y Gema Gutiérrez Gueta Gollena. Todas las acciones fueron y son coordinadas y supervisadas por el perito geólogo Juan Carlos Valoy.

La primera identificación de restos en El Pozo de Vargas fue el 11 de diciembre de 2011. Ese día, el EAAF comunicó que allí había sido arrojado el ex senador provincial peronista Guillermo “Chonga” Vargas Aignasse, desaparecido el 5 de abril de 1976, a los 35 años de edad, padre del actual legislador provincial electo Gerónimo Vargas Aignasse. Desde entonces se han sucedido las identificaciones hasta llegar a la cifra de 116 y se sabe que, al menos, a 31 restos faltan darle sus nombres y apellidos, el camino a sus historias.

DC/MG