El sudor y la ensalada

Un arado de la década de 1930 surca el campo el suelo de la quinta que Yona alquila a veinte minutos del centro de La Feliz. Aquí, en el centro, en las playas, cientos y cientos de miles de personas veranean. Un poco más allá, en Chapadmalal, miles de familias humildes ven por primera vez el mar y se alojan en los hoteles sociales recuperados del abandono. Ahí nomás está el presidente con su familia y la cúpula del poder político. A pocos kilómetros, en Los Acantilados, estamos los sectores medios, un poco más lejos en Rucahue o los Troncos está la clase alta. Pero este mediodía, todos, pobres, ricos, clase media, comemos la lechuga que produce Yona y su familia. Yona y su familia, los sin techo; Yona y su familia, los sin derechos.  

Yona vive hace diez años en esa quinta que hoy recorro junto a un grupo de productores del cinturón frutihortícola de General Pueyrredón antes de una masiva asamblea en Laguna de los Padres. Ella vive con su familia en un rancho precario y espera que las jaulas de verdura que vende a culata de camión alcancen para pagar el alquiler y la vida, tal vez para ahorrar un poco, tal vez para comprar una chata, tal vez para algún día salir del arriendo… pero en pocos meses vendrá el Dueño a negociar otra renovación anual, sin respetar el plazo mínimo de tres años que establece la ley de arrendamientos rurales ni ninguna otra de sus cláusulas que protegen al productor. A este lado de La Feliz no llegan ningún inspector y cuando llega es para joder al productor.

Cuando esté en el campo, el Dueño va a orejear bien la producción y a la productora para ajustar el canon locativo y obtener la máxima renta posible. Si ve que le está yendo mejor, le aplica un aumento que la sumerge de nuevo en la asfixiante pobreza. No todos los Dueños son sanguijuelas, dice Yona, pero muchos simplemente creen que la ley no está hecha para ellos y no tienen piedad. Aceptas sus reglas o de patitas a la calle. Que triste que a estos Dueños tantas veces los llamen “productores” en los debates sobre conflictos de la ruralidad. 

Yona trabaja de sol a sol, pero para algunos entraría en la categoría de choriplanera porque cobra un “plan social”. Los charlista que repiten el slogan de “la cultura del trabajo” no tienen intención de entender que lo que cobra Yona es un complemento de ingresos porque, como el 90% de los trabajadores informales, la que hace laburando no alcanza. Entre la que se lleva el Dueño, la que se lleva el intermediario, la que se lleva el semillero: de 1.000 pesos que vos pagas, a ella lo quedan 50. Es el eslabón más débil de una larga cadena de valor que va desde su quinta a tu mesa. Sin el Salario Social Complementario y sin la organización popular posiblemente ella y muchas otras familias quinteras tendría que salir del campo y mudarte a una villa.

Las huellas del planero

Con todo, aunque cueste creerlo, dentro del mundo quintero, Yona es una privilegiada. Logró alquilar. Si las cosas le salen bien, capás que hace una diferencia. El que está realmente jodido es el porcentajero (aparecero). Es un mecanismo de doble subordinación. El Dueño alquila el campo al Patrón; el Patrón encarga la producción al Porcentajero. En general, el acuerdo es 70% para el patrón y 30% para el productor. Al igual que Johana, David trabaja todo el día, con un arado viejo, produciendo lo que vos y yo comemos … pero de ahorrar ni hablar; apenas para comer. Será por eso que cobra también un Salario Social Complementario.

Nuestra lechuga tiene las huellas del planero y el sudor del explotado que claman al cielo por un pedazo de tierra propia. Eso que nosotros llamamos reforma agraria, eso que tanto espanta a muchos que no tienen más tierra que la de tu maceta, es simplemente que la tierra sea para quien la trabaja. No se trata de sacarle a nadie su propiedad privada, se trata de que la propiedad privada esté al alcance de todos. La reforma agraria tiene más de american dream que de marxismo leninismo. Pero las zonceras serán siempre zonceras. 

Yona y David son más de cien mil quinteros frutihortícolas en todo el país, concentrados fundamentalmente en lo que nosotros llamamos Zonas Estratégicas de Producción de Alimentos. Viven en un estado de absoluta indefensión y subordinación a propietarios que no respetan siquiera la magra legislación vigente. Muchos cobran el Salario Social Complementario como producto de la lucha de las organizaciones populares, muchos otros no, pero el que se atreva a decir que no son trabajadores simplemente tiene que mirar la rodaja de tomate de su pizza y preguntarse de dónde viene. 

Hubo días más felices para los arrendatarios antes de que la oligarquía bombardeara la Plaza de Mayo y luego derrocó al General Perón en 1955. Antes de las dictaduras oligárquicas regía plenamente la Ley 13.246, sancionada en 1948 durante el gobierno del General Perón. Es una ley que está a la altura de las normas actuales que rigen en Francia o Alemania sobre arrendamiento rural, una ley que permitía mantener poblado el campo y sostener la producción de alimentos ¿Qué establecía? En su artículo cuarto, un plazo de arrendamiento mínimo de cinco años con tres años de prórroga a pedido del arrendatario. Esto permitía planificar la producción y dar estabilidad a la familia rural. Además, establecía una igualdad ante los riesgos propios del contrato indicando que “el arrendatario tendrá derecho a la remisión proporcional del precio del arrendamiento, por pérdida total o parcial de cosechas, en el porcentaje y condiciones que establezca la reglamentación, debida a caso fortuito o fuerza mayor…”. Otra de las cláusulas más importantes se establecía en el Artículo 11 mediante el cual se definía el derecho del arrendatario a construir una vivienda, aguadas, galpones, es decir, mejoras en el predio que el Dueño luego debería abonar o descontar del canon locativo. Esto permitía que la gente viva dignamente, en una casa de material, como corresponde a un país decente, que ahorre para comprar su propia quinta, que no requiera un subsidio, que nadie se aproveche de su vulnerabilidad.

La llamada Revolución Libertadora, entre otras fechorías, recortó derechos a los arrendatarios con el “Decreto-Ley” 6430/58 firmado por Aramburo y Rojas; después pasó 1976, otro golpe, el genocidio y su consecuencia: volvieron a recortar derechos con una “ley” que Videla y Martinez de Hoz firmaron “en uso del artículo 5° del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional” bajo el número 22.298. La explotación de la ruralidad pobre está teñida con la sangre de los fusilados y los desaparecidos…. Y aún así, los Dueños y los Patrones no respetan las garantías mínimas que estas normas ilegítimas establecen.

Tierra, techo y trabajo

Como hombres y mujeres de bien, consumidores de frutas y verduras, deberíamos preguntarnos si es justo que quienes nos alimentan tengan que sufrir este tipo de precariedad e inestabilidad viviendo en ranchos sin los más elementales estándares de calidad. Deberíamos preguntarnos si garantizarle una quinta propia a cada familia productora no sería al mismo tiempo garantizar nuestro acceso a la comida y soberanía alimentaria. Deberíamos preguntarnos si no sería justo que al menos se cumplan las “leyes” de la dictadura que establecen un mínimo de tres años por contrato y algunas otras garantías básicas. Deberíamos preguntarnos si en este caso, como en tantos otros, no deberíamos anular las “leyes” sancionadas autocráticamente por los tiranos de turno y restablecer las leyes justas sancionadas constitucionalmente. Que gran deuda de los gobiernos peronistas: restablecer los derechos conculcados hace más de setenta años y que aún hoy necesitamos recuperar.

Sólo si logramos superar estos problemas de la matriz productiva y los derechos elementales de los hombres y mujeres que se inventaron su propio trabajo, vamos a poder reducir los llamados “planes”. Mientras tanto, millones de trabajadores informales, de las ciudades, los periurbanos y el campo, van a tener que seguir luchando por un ingreso complementario. La economía popular, como cualquier otro sector económico dentro del capitalismo, no puede desarrollarse sin medios de producción adecuados: tierra, maquinaria, acceso al mercado, reglas de juego claro y sobre todo derecho al trabajo y a ejercer toda industria lícita como dice nuestra constitución que, dicho sea de paso, también es producto de la Revolución Fusiladora primero y del pacto neoliberal entre la UCR y el PJ que conocemos como “Pacto de Olivos”.

En un país con 93% de su población urbana, gloria y honor para los que viven y trabajan el campo: chacareros, quinteros, campesinos, crianceros, originarios, gauchos, peones, contratistas. No para los “dueños” parásitos estilo Etchevere que tienen las manitos más suaves que Blancanieves y lo único que producen son facturas truchas para evadir impuestos y contratos nulos para explotar productores. A estos verdaderos productores, tierra apta y suficiente, seguridad jurídica, reducción de impuestos, fomento a las economías regionales. A los ruralistas blancanevinos, los súbditos de Lewislandia, los fumigadores de pueblos, las multinacionales exportadoras de productos primarios sin valor agregado… ajustarles un poco las clavijas que ya robaron bastante.

Si como Pueblo hiciéramos el esfuerzo de romper los prejuicios que nos inducen, aprender sobre los temas fundamentales que hacen al futuro del país, comprender de dónde salen los alimentos que consumimos, exigirle a la dirigencia política claridad sobre las medidas que tomarán para garantizar la mesa de los argentinos, estoy seguro que nos iría un poco mejor. Los verdaderos productores obtendrían la dignidad que merecen, los consumidores pagaríamos el precio que corresponde y el territorio nacional se desarrollaría evitando la extranjerización, armonizando el campo y la ciudad, y logrando que tierra, techo y trabajo sean una realidad efectiva para todos. 

JG