A 20 años de la sanción de la ley que garantiza derechos sexuales

El acceso gratuito a métodos anticonceptivos, la línea telefónica que asesora sobre derechos sexuales y reproductivos, el trabajo en red de profesionales de la salud en las provincias y el monitoreo de la implementación de la ley de aborto legal son parte de los logros que definen los 20 años de la aplicación de la ley de Salud Sexual y Reproductiva (SSyR) en la Argentina.

La Ley 25.673, sancionada el 31 de octubre de 2002, reconoció la salud sexual y reproductiva como derecho de la población y convirtió en responsabilidad del Estado el desarrollo de políticas públicas para garantizarlo.

A modo de balance, se realiza en Buenos Aires hoy y mañana un encuentro federal, con participación de referentes de todo el país para analizar los avances y desafíos del acceso al derecho.

“Las conquistas en la salud sexual y reproductiva son el resultado de la incidencia de los feminismos y movimientos de mujeres de todo el país, los primeros programas y leyes sobre este derecho fueron provinciales”, dijo a Télam Valeria Isla, directora nacional de SSyR.

En la Argentina, la historia de las políticas públicas sobre este derecho se inicia con el retorno de la democracia en 1983.

En 1986 se crea el Programa de Procreación Responsable de la ciudad de Buenos Aires, en 1987 el de Río Negro, y entre 1991 y 2001, 14 provincias sancionan regulaciones propias.

Con la sanción de la ley nacional de SSyR, en 2002 se inicia un proceso donde se destacan -entre otros y en base a un informe oficial al que tuvo acceso Télam- hitos como la primera compra nacional de métodos anticonceptivos en 2002, la sanción de las leyes de Anticoncepción Quirúrgica y de Educación Sexual Integral en 2006, la creación del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia en 2007 y la sanción de la ley 25.485 que reconoce las violencias obstétrica, contra la libertad reproductiva e institucional, y el lanzamiento de la línea de Salud Sexual 0800 222 3444 en 2010.

Otros hitos son la incorporación del implante subdérmico y el SIU (sistema intrauterino) a la canasta de métodos anticonceptivos gratuitos en 2013, la creación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) en 2017, la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020 y la primera distribución en el sistema público de salud de tratamientos combinados para aborto con medicamentos en 2022.

Isla destacó como “un logro enorme” la primera compra y distribución de anticonceptivos en 2002, y en 2010 “llegar a 5.600 centros de salud con el botiquín de salud sexual” ya que “esto mejoró muchísimo la disponibilidad gratuita de los métodos anticonceptivos gratuitos, proceso que continúa y se optimiza hasta hoy”.

Según cifras oficiales, en 2021 se distribuyen botiquines en 5.769 efectores de salud en 39 depósitos jurisdiccionales.

Al mismo tiempo que se daban estas políticas públicas en salud, en estos 20 años en el país hubo construcciones desde la sociedad civil que acompañaron el proceso como la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y la primera línea que informó sobre aborto “Más información menos riegos” de la colectiva Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto.

También se creó la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas), las Socorristas en Red comenzaron el acompañamiento a personas que abortan, se produjo el movimiento Ni Una Menos y surgió la Red de Cátedras en Universidades Públicas nacionales sobre Educación Sexual Integral y Derecho al Aborto (RUDA).

Legislaciones sancionadas en estos años marcaron asimismo la adecuación de las políticas en SSyR, como la de identidad de género.

Fallos judiciales favorables que sentaron precedentes ante situaciones de jóvenes a las que se les negó el acceso al aborto a pesar de estar en condiciones de acceder al derecho, como LMR en provincia de Buenos Aires o el de FAL, incidieron también en la construcción de estrategias públicas en SSyR.

Además, cuando en 2015 se actualizó el Código Civil y Comercial de la Nación incorporando las reglas de capacidad y consentimiento para personas menores de edad y para personas con discapacidad, el programa de salud se adecuó a esta nueva norma.

Isla resaltó que la línea 0800 222 3444 “fue clave para el vínculo directo con la población para remover barreras de acceso y brindar información”.

Las estadísticas estatales indicaron que la línea recibió en el primer año de funcionamiento (2010) un total de 2.437 llamadas, y para 2021, fueron 30.041 consultas, el 93% relacionadas con acceso a interrupciones legales (ILE) y voluntarias (IVE) del embarazo.

Con la ley de ILE/IVE vigente, en 2021 se concretaron 73.487 intervenciones en el sistema público de salud, de acuerdo al informe oficial.

En cuando a los desafíos, la directora nacional de SSyR destacó “seguir mejorando el acceso gratuito a método anticonceptivos, fortaleciendo las decisiones autónomas de la población y poder realizar una encuesta nacional sobre salud sexual y reproductiva”.

Por Silvina Molina, agencia Télam.