Tras los pasos de un pecarí autóctono en riesgo por el avance de los desmontes y los efectos del cambio climático

Al quimilero, el más grande de las tres especies de pecaríes que viven en la región del Gran Chaco Sudamericano, se lo dio por extinto durante varias décadas del siglo XX. Recién en los años 70 el zoólogo estadounidense Ralph Wetze volvió a encontrarlo en los montes del sudoeste paraguayo. 

El pecarí quimilero tiene una longitud de un metro, pelo de cerdas de color marrón o gris y una gran capacidad de tolerar la falta de agua durante largos períodos. Se lo llama así porque se alimenta del quimil, un cactus típico de la zona. Ante el riesgo latente de extinción, la Cámara de Diputados chaqueña sancionó en 1996 la ley 4306 que, con el objetivo de brindarle protección, lo declaró “Monumento Natural Provincial” junto a otras especies como el yaguareté, el oso hormiguero, el tatú carreta, el ciervo de los pantanos y el aguará guazú. 

El quimilero sólo habita en el Gran Chaco Sudamericano, la ecorregión más grande del continente después de Amazonia: tiene una superficie superior al millón de kilómetros cuadrados, comprende áreas del noroeste de Argentina (62% del total), oeste de Paraguay (22%) y sudeste de Bolivia, y se divide en las subregiones del Chaco Húmedo y el Chaco Seco. En las áreas boscosas de esta última se localiza el pecarí y hasta allí llegó, en 2010, Micaela Camino, investigadora del Conicet, doctora en Ciencias Biológicas y especialista en Biología de la Conservación. 

“Empecé trabajando en la región del Chaco Seco argentino hace más de diez años. Junto a las comunidades locales llevamos a cabo, entre 2011 y 2017, un monitoreo participativo de fauna silvestre. Así pudimos ver qué especies estaban presentes en el territorio y cuáles eran importantes para las poblaciones. Entre los resultados que obtuvimos, encontramos que allí estaba el pecarí quimilero, un chancho grande que solo habita en esta parte del mundo”, contó Camino a elDiarioAR.

Acaso como le ocurrió a Ralph Wetze en la década del 70, Camino llegó a la zona con la información de que esta especie de pecarí estaba extinta fuera de las áreas protegidas de Chaco. Sin embargo, comprobó que el quimilero está en riesgo de desaparición por el avance del desmonte para la producción industrial de soja, sorgo y pasturas para el ganado. “Esta es una especie que necesita los bosques para sobrevivir y reproducirse. Entonces, decidimos poner más atención a lo que le estaba pasando”. Así nació “Proyecto Quimilero”, que procura la conservación a largo plazo de la biodiversidad chaqueña pero enfocándose en este mamífero y sus hábitats mediante trabajos de investigación, monitoreos de fauna y el intercambio de conocimientos entre el saber científico y las poblaciones locales: comunidades indígenas y familias criollas campesinas.

Por este trabajo Camino fue distinguida en Londres con el premio Premio Whitley, el llamado “Oscar verde”, que cada año reconoce la tarea de conservacionistas de la vida silvestre que se desempeñan en países ricos en biodiversidad. El Whitley incluye la entrega de fondos financieros para ejecutar proyectos científicos que trabajan en conjunto con las comunidades locales en busca de beneficios duraderos.

-¿Qué significa para su carrera científica haber recibido el Premio Whitley y cómo puede marcar su trayectoria profesional a futuro?

-Es un reconocimiento hermoso, pero lo más importante es que nos permite seguir adelante y utilizarlo como una herramienta para visibilizar las maravillas y los problemas que tiene el Chaco. A partir del Whitley, podemos desarrollar investigaciones sobre la conservación del quimilero frente al avance de la deforestación que, a la velocidad que se lleva a cabo, en menos de 30 años causará su extinción como especie.

Pero el avance de las topadoras, dijo la bióloga, no sólo expulsa a este pecarí de su hábitat: otras especies silvestres y a las propias comunidades rurales son desplazadas de sus hogares por empresas y grupos privados que arrasan el bosque para sembrar, especialmente, soja y otros cultivos. 

Según Greenpeace, el avance del desmonte en la región del Gran Chaco provocó la pérdida de más de 14 millones de hectáreas en casi cuatro décadas. Además, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a la Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015, lapso en el que se deforestaron 7,6 millones de hectáreas, unas 300.000 al año.

Esta situación continúa dándose, inclusive, pese a la vigencia de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como la Ley de Bosques, aprobada en 2007 por el Congreso pero reglamentada en 2009. La norma establece que las provincias deben realizar un ordenamiento territorial de sus bosques nativos por medio de un proceso participativo, que categorice los usos posibles para las tierras boscosas desde la conservación hasta la posibilidad de adecuarlas para el desarrollo agrícola.

Junto al desalojo de las comunidades originarias en los territorios y la pérdida de biodiversidad, los desmontes provocan la disminución de los servicios ecosistémicos que proveen los bosques, entre ellos la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y la fijación de gases de efecto invernadero. Al respecto, los sectores de la agricultura, la ganadería y la silvicultura, junto a otros usos del suelo, representan el 39% de las emisiones de estos gases 

En noviembre pasado el gobierno argentino firmó un compromiso global para frenar y revertir la deforestación para 2030. Más de 100 países, que representan el 85% de los bosques del planeta, acordaron hacerlo con motivo de la Cumbre de Líderes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se desarrolló en Glasgow, Escocia. En ese ámbito el país anunció la decisión de aumentar 27,7% los compromisos de limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y de alcanzar la neutralidad de carbono a 2050. 

Al abrir el período 140° de sesiones ordinarias del Congreso nacional ante una Asamblea Legislativa, el 1 de marzo último, el presidente, Alberto Fernández, anunció, entre otras medidas de corte ambiental, el envío de un proyecto de modificación de la Ley de Bosques Nativos y la decisión de avanzar en un Plan Nacional de Forestación para la plantación y el cuidado de 100 millones de árboles nuevos hasta fin de 2023. “Los eventos climáticos que estamos atravesando y sus catastróficas consecuencias a nivel humano, natural y productivo, muestran la necesidad de asumir compromisos en materia ambiental”, reconoció Fernández. En 2014 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) había advertido que la Argentina causaba el 4,3% de la deforestación global y que la principal fuente de emisiones de carbono se encontraba en el norte del país. En la misma línea, un informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible destacó que el 87% de los desmontes llevados a cabo entre 1998 y 2018 se localizó en la región chaqueña, allí donde trabajan Micaela Camino y sus colegas.

“Abordar este tipo de problemáticas es complicado porque muchas veces la gente no sabe las leyes ni qué pueden hacer o no en los bosques. Buscamos, entonces, compartir la información y escuchar lo que tienen para decir. Así, construimos redes entre los habitantes del monte y personas de otros ámbitos, ya sean científicos, políticos, ONGs y activistas, para que puedan visibilizar sus problemas, contactar a otros actores cuando surge un conflicto o visibilizar sus saberes, que son muchísimos y venimos discriminando desde hace siglos”, detalló Camino.

La investigadora resaltó que son muchos los científicos que consideran que “para salir de la crisis climática y ambiental en la que se encuentra el mundo se necesitan abordar las soluciones desde lo local” para luego llevarlas a una escala más global. 

“A partir del Proyecto Quimilero, dialogamos con las comunidades que están sufriendo muchísimo por los desmontes. Se están destruyendo territorios que muchas veces tienen usos medicinales, se utilizan para la producción agrícola y ganadera. Es muy doloroso. Quienes viven en las ciudades -comparó Camino- pueden imaginarse que salen a la calle y hay una topadora destruyendo la farmacia, el supermercado, el cementerio, la iglesia...”.

La científica advirtió que la pérdida de los ecosistemas naturales por los desmontes se da a una velocidad “muy acelerada”, afectando a especies silvestres y ocasionando la degradación y desertificación del suelo. “Las napas subterráneas de agua quedan más cerca de la superficie y tienen más posibilidades de salinizarse. El Gran Chaco Sudamericano es una región que tiene muchísima diversidad y especies endémicas que, como el quimilero, sólo existen allí. Perder esta ecorregión -aseguró Camino- es una amenaza muy grande para nosotros, que estamos más cerca, y para la humanidad”.

GT