Pedro Vaca, relator de la CIDH: “La democracia exige una conversación entre distintos que hoy no se está dando”

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene el mandato de vigilar, proteger y estimular el derecho a la libertad de expresión. El 27 y 28 de mayo, en la ciudad guatemalteca de Quetzaltenango, territorio fértil de radios comunitarias, la RELE convocó a referentes de medios digitales de comunicación de la región y organizaciones de la sociedad civil para presentarles y debatir su flamante Programa sobre libertad de expresión y lucha contra la discriminación. 

Pedro Vaca Villareal, el relator especial para la Libertad de Expresión, analiza con preocupación las formas que adopta la conversación pública donde gana “una lógica de enemigo a combatir y derrotar para siempre que puede ser muy complicada y generar entornos de violencia”. Para él “las voces del Estado no se pueden permitir ser el punto de inicio o generar un ambiente permisivo a las violencias”. “Hay un despliegue de monitoreo acentuado en el cual no estoy recibiendo buenas noticias”, alerta sobre Argentina en esta entrevista.

—En la presentación del Programa usted mencionó que observaba “el debate público deteriorado”. En tiempos de polarización, noticias falsas y desinformación, ¿qué rol están jugando los Estados, las vocerías oficiales en la conversación pública con tanto ruido? 

—Hay una serie de palabras que van acompañadas de democracia y de libertad de expresión que son virtuosas: deliberación, controversia, pluralismo, inclusión. De un tiempo para acá, creo que no hay una intención de los liderazgos públicos de contraponer miradas distintas y de ahí destilar algo común que represente a la diversidad de una sociedad. Pareciera que las conversaciones políticas se han vuelto muy binarias, muy identitarias, muy de la fe ciega y leal a una persona. Y eso hace que algunos ingredientes de la democracia, como el periodismo, pierdan espacio y reconocimiento público y social. Es perturbador ver el debate público deteriorado, que las voces en las que uno debiera reconocer tolerancia, convicción por los hechos verificados, apertura para escuchar los distintos posicionamientos de una sociedad haya planteamientos muy fuertes, acalorados, que se terminan replicando en otras fases de la vida pública. Y esto retrasa el espacio que se había ganado en materia de deliberación democrática. Acalora la conversación, inflama el sentir de lo público, genera una ansiedad donde se quieren soluciones ya a problemas que son de los otros. Hay una lógica de enemigo a combatir y derrotar para siempre que puede ser muy complicada y generar entornos de violencia.

—¿Esto lo observa en algunos grupos o sectores políticos en particular?

—No es algo que se atribuye a un color político en particular. Estamos ante una tendencia más a la imposición que se basa en acalorar la conversación social. Le llaman polarización o deterioro del debate público pero la democracia exige un poco más de conversación entre distintos y esa conversación entre distintos no se está dando. 

—Hay una buena noticia para el periodismo de la región que es que hubo menos periodistas asesinados y asesinadas en América Latina y el Caribe en 2023 pero a la vez, está creciendo la autocensura y otras formas de ataque que generan “zonas de silencio” o “desiertos informativos”. ¿Qué relación tiene esto con el deterioro del debate público?

—La censura es una golosina del poder. No conozco un poder que no se haya visto tentado a censurar. Siempre se va a preferir controlar lo que se dice que aceptar lo que se pueda decir. Pero precisamente el poder democrático es aquel que es tolerante a la crítica y que da amplios márgenes de ser escrutado. La censura es también un monstruo de varias facetas: la violencia letal es una, pero hay que reconocer que la censura en la región se ha sofisticado en sus formas. La censura tiene cara de violencia digital, de abuso de herramientas políticas para silenciar periodistas, cara de extorsión (“por decirme a mi esto pagaras con tu patrimonio, con el de tu familia, tu medio y te perseguiré hasta dejarte en la bancarrota”), propaganda oficial, discursos estigmatizantes desde el poder público, la censura tiene cara de cierre del espacio público, cancelación de personerías jurídicas de medios de comunicación, deportación de personas, retiros de nacionalidades, personas presas por ejercer la libertad de expresión. 

Pero la censura, también, solo es efectiva si simultáneamente confluye con una tolerancia oficial a la censura. Es decir, al Estado no le importa que censuren. Y una tolerancia social a la censura, es decir, a la sociedad no le importa que censuren. 

Creo que hay resistencias a la censura. Es una época para reconocer que hay resilencias y procesos de organización y documentación, de apoyo y aprendizajes cruzados que son tremendamente valiosos y le ponen la tarea un poco más difícil a quien pretende censurar. 

—En la presentación del programa usted habló de la responsabilidad de las voces oficiales por su capacidad de “modular percepciones ciudadanas”, ¿podría desarrollar cómo es esa responsabilidad?

—Si tenemos racismo en nuestras sociedades tenemos un problema que enfrentar, pero si tenemos liderazgos políticos o vocerías oficiales que promueven racismo tenemos un problema más acentuado que va a ser más difícil de enfrentar. Las voces oficiales pueden atrasar el camino para la igualdad. En una democracia, la voz oficial, la voz del Estado, de quienes representan el Estado son voces muy importantes. No solo tiene el derecho a expresarse sino que, en algunas oportunidades, tienen el deber: si hay un evento, una tormenta, una pandemia, la sociedad está expectante y el Estado tiene el deber de hablar. Es una vocería a la que el Sistema Interamericano le asigna unos deberes. Podría resumirlos en tres: quienes se expresan desde el Estado, dado el reconocimiento que tienen y su potencial para modular percepciones ciudadanas, deben comprobar razonablemente los hechos en los cuales fundan sus opiniones. Lo que quiere decir que si una persona tiene su opinión como gobernante, como líder de la oposición, por favor haga una validación de los hechos razonablemente porque ya la desinformación cuesta mucho como para que el Estado y sus vocerías no hagan un ejercicio de corroborar. El segundo deber es no desconocer derechos humanos porque las vocerías del Estado tienen un rol de garante. Entonces si hay una serie de derechos humanos reconocidos, vocerías que empiecen a negarlos o a mermar su alcance es algo que puede confundir a beneficiarios y titulares de derechos sobre cómo acceder a derechos que le han sido reconocido. Y el tercer deber, hay que profundizar la conversación a nivel doméstico, es que la vocería oficial debe tener mucha prudencia de no activar riesgos contra las personas gobernadas. Una cosa es tener una discrepancia o un desacuerdo y otra cosa es que la voz oficial sea la cuota inicial de una violencia o una agresión. Las voces del Estado no se pueden permitir ser el punto de inicio o generar un ambiente permisivo a las violencias. 

—En el caso de la Argentina hoy es el propio presidente quien emite discursos agresivos contra artistas, periodistas, los movimientos sociales y el movimiento feminista, entre otros actores a los que apunta. También hay silencio, negación y hasta burla de la agenda de la diversidad ¿Cómo está viendo lo que pasa en Argentina en términos de libertad de expresión? 

—Llevo tres años y medio como relator de Libertad de Expresión viendo los 35 Estados que monitorea la CIDH y no había recibido tantos reportes como desde diciembre del año pasado con respecto a Argentina. Esto hay que ponerlo en perspectiva: la sociedad argentina ha sufrido en el pasado, no tan lejano, la dureza de la represión y del silenciamiento. Si uno ve a la Argentina en perspectiva regional, históricamente muestra tener un debate público vigoroso y desinhibido. Es un lugar donde las personas hablan duro desde distintas orillas del acontecer. Ahora hay un sacudón de los cimientos que soportaban a ese debate público donde claramente la voz oficial está siendo vista y está teniendo efectos. Siempre es importante llamar la atención sobre el cumplimiento de los estándares del Sistema Interamericano. Es importante no desincentivar la crítica. Los Estados no solo deben ser receptivos a la crítica sino que también deben responder a ella y mejoran con ella. 

—Además de lo que pasa con las vocerías oficiales y la conversación a nivel social, los medios públicos en Argentina también están atravesando un vaciamiento, ¿tiene conocimiento de esta situación?

—Hemos recibido reportes por la parálisis de los medios y las agencias públicas. Recibo información sobre que está en suspenso y ese suspenso, según me reportan, está teniendo efectos y son efectos de la dimensión de que buena parte del cubrimiento periodístico dependía de esas agencias de noticias que facilitaban el acceso a información. Y eso ahora limita la capacidad de medios grandes y pequeños de acceder a fotografías y a eventos. Quitar fuentes de insumos, fuentes periodísticas, afecta la posibilidad de que muchos medios sigan existiendo o merma su capacidad de desplegarse o de brindar información y esto termina generando “desiertos mediáticos”. Las personas que interactuaban con esos contenidos tienen una visión más acotada de la realidad. Entonces creo que no estamos hablando de una era plausible, donde veamos a Argentina como modelo como cuando lo fue en algún momento con la protesta. Argentina pasó de tener estándares modelos de atención a la protesta a que estuviera bajo una muy intensa observación con mensajes del tipo: “si protestas va a haber consecuencias sobre algunos aspecto del Estado sobre tí”. Esto naturalmente entra bajo nuestra observación. 

—Desde la Relatoría, entonces, ¿están observando lo que está pasando en Argentina con especial atención?

—Definitivamente Argentina está bajo nuestra observación. Hay un despliegue de monitoreo acentuado en el cual no estoy recibiendo buenas noticias. Antes me decían “Argentina es modelo” y ahora todo lo contrario. Hay un margen de garantías que se tenía de las cuales hay muchos actores e incluso fuentes históricas de la Relatoría que empiezan a dudar de la vigencia de esas garantías. 

MFA/DTC