ABUSOS EN LA IGLESIA

— Investigación especial

El traslado como encubrimiento: el 30% de los denunciados por abuso dentro de la Iglesia fue cambiado de destino

Fue una noche de 1999 en un campamento de los que organizaba la diócesis de Scranton, en Pensilvania. El joven, para quien hasta ese momento el sacerdote Carlos Urrutigoity era “perfecto, según lo que años después declaró en la justicia, se despertó con la mano del cura argentino sobre sus genitales.

“Le tenía una gran confianza y respeto, pensaba que era un sacerdote perfecto”, fueron sus palabras en la declaración que brindó en 2003. La causa no avanzó. Para la justicia de los Estados Unidos el delito estaba prescripto. Sin embargo, el adolescente sí logró que la diócesis firmara un acuerdo extrajudicial por el que recibió 380 mil dólares. Pero para cuando esto ocurrió Urrutigoity ya estaba lejos. Su nuevo destino era Paraguay.

El 14 de agosto de 2018,  la Corte Suprema de Pensilvania difundió un informe con el nombre de más de 300 sacerdotes de la diócesis de ese estado acusados de haber abusado de más de mil niños a lo largo de 70 años. Para los investigadores se trató también de un “plan sistemático” de encubrimiento por parte de la Iglesia Católica. El nombre del cura mendocina aparecía en la página 880.

Los traslados de sacerdotes denunciados por abuso de un país a otro o incluso dentro de una misma diócesis es una de las políticas más habituales para encubrir a los agresores.

Urrutigoity, que pertenece a la orden utlraconservadora de San Pio X, los lefebvristas, había tenido su primera denuncia cuando estaba en el seminario en La Reja, en el partido de Moreno. De ahí fue transferido a Estados Unidos en 1991. Tras la denuncia volvió a ser trasladado a Paraguay, a la Ciudad del Este, donde fue nombrado vicario de la juventud y número dos dentro de la diócesis.

Un enviado del Papa viajó en 2014 a investigar a Urrutigoity y a su superior, el obispo Rogelio Livieres Plano, pero no por las denuncias de abuso sino por el manejo poco claro de los fondos de la Iglesia.

Dos años más tarde, en 2016, Urrutigoity volvió a estar en el centro de la polémica. Un informe del diario La Nación de Paraguay daba cuenta de que al menos cinco sacerdotes argentinos habían elegido ese país para esconderse de la justicia. Además del mendocino, aparecían  Carlos Ibáñez, Raúl del Castillo y Luis Eduardo Sierra. Todos denunciados por abuso sexual de menores.

El informe agregaba un quinto integrante, Aldo Vara imputado por crímenes de lesa humanidad y prófugo hasta que fue detenido en Ciudad del Este, donde murió en junio del 2014.

Tras el escándalo, Urrutigoity volvió a su Mendoza natal donde nunca fue investigado.

Los traslados se aplican en el 30% de las denuncias

De los 128 sacerdotes, monjas y religiosos relevados por elDiarioAR en la investigación especial sobre abusos en la Iglesia católica de Argentina, 40 de ellos fueron trasladados. Es decir que en el 30 por ciento de los casos el cambio de destino funcionó como una manera de encubrir a los denunciados.

Italia, desde donde llegaron los cinco curas involucrados en los abusos en las sedes de Mendoza y La Plata del Instituto Próvolo, es el país que más intercambio de sacerdotes denunciados tuvo con Argentina. La siguen Estados Unidos y Paraguay.

El caso de Nicola Corradi, condenado a 42 años en el caso Próvolo, es quizás uno de los que mejor representa esta política de encubrimiento. Está acusado de haber cometido abusos en los tres destinos por donde pasó: Verona, La Plata y Mendoza. La primera denuncia pública se conoció en 2006 pero la investigación judicial comenzó diez años más tarde. La justicia mendocina dio por probado que los abusos habían comenzado al menos en 2005.

Carlos Miguel Buela es el fundador del Instituto del Verbo Encarnado, una congregación ultraconservadora con sedes en 45 países. En diciembre de 2016 el Obispado de San Rafael -donde residía el sacerdote- emitió un comunicado en el que admitía “la veracidad de las denuncias y la imputabilidad al padre Buela de comportamientos impropios con mayores de edad”. Aunque rechazabn las acusaciones de abusos a menores sí admitía las de los adultos. Por orden del Papa Francisco, Buela fue recluido en un monasterio de España y el IVE sigue funcionando.

En otros casos, los traslados fueron de apenas unas cuadras. En 2004, el sacerdote Cristian Gramlich fue denunciado ante el obispado de San Isidro por abusos cometidos en 1998 contra alumnos del colegio Marin, uno de los más tradicionales de la zona norte. Ante las acusaciones, el obispo Jorge Casaretto decidió darle un nuevo destino: párroco de la Iglesia de Santa Rita, en Boulogne, de la cual depende otro colegio, el Juan XXIII.

Lo mismo ocurrió con César Fretes. En 2003, un grupo de padres del colegio ​​jesuita del Salvador, en la Ciudad de Buenos Aires, acusó al sacerdote de haber abusado de sus hijos que cursaban el sexto de la primaria. La respuesta fue trasladarlo a Mendoza donde falleció en 2015 sin condena.

MG