Un proyecto de ley contra la “impunidad” de la Bonaerense da esperanza a familiares de víctimas de gatillo fácil y ahorcamientos

Eduardo Castellanos sobrevivió al secuestro y detención ilegal de la Policía Bonaerense en enero de 1976. Soportó torturas y vejámenes en diferentes campos de concentración de la provincia de Buenos Aires. Compartió cautiverio con militantes como Jorge Julio López y Nilda Eloy. En 2006, miró a los ojos al que fue el exjefe de la Bonaerense Miguel Echecolataz y declaró en su contra en el juicio que lo condenó a prisión perpetua. Ese año, volvió a sufrir la desaparición de su amigo, Jorge Julio López. 

Eduardo tuvo miedo, desesperanza. Sin embargo, continuó exponiendo su testimonio en varios juicios contra delitos de lesa humanidad de la última dictadura. Pero hoy, un martes de fines de agosto en el anexo 1 de la Legislatura bonaerense, en medio de la presentación de un proyecto de ley para que el Ministerio de Seguridad bonaerense deje de financiar la defensa legal de los policías acusados por delitos de violencia institucional, Eduardo luce derrotado. Trajo una bandera que no encuentra cómo colgar en la sala. “Ayudame, Miriam”, le dice a la señora que lo acompaña. La bandera, finalmente, se despliega. Tiene una foto y un nombre: “Andrés Núñez, primer desaparecido en democracia”. Núñez fue secuestrado y torturado por cuatro policías bonaerenses el 27 de septiembre de 1990. Miriam era la esposa de Andrés en ese momento. “Hace 32 años que pedimos justicia”, le dice a elDiarioAR.

A un costado, Mabel Valdez, hermana de Sofía Fernández, una mujer trans de 39 años que apareció muerta el 11 de abril de 2023 en la celda de la comisaría 5° de Derqui, también intenta colgar una bandera. Es larga y blanca. En el centro, se lee: “Justicia por Sofía Fernández. Fue transfemicidio”. 

Hay 16 policías bonaerenses implicados en la muerte de Sofía. Luego de que la Dirección de Asesoría Letrada del ministerio de Seguridad de la provincia pusiera abogados y peritos, el número se redujo a nueve. Quedaron detenidos. En junio, sin embargo, los efectivos fueron liberados y ya se encuentran prestando servicio. 

La versión policial dice que Sofía se quitó la vida en la celda. La Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR demostró que uno de los peritos que defendió la hipótesis del suicidio participó en otros tres casos de muertes por ahorcamiento en destacamentos bonaerenses. Los abogados de las víctimas, incluido el de Sofía, sostienen que hay pruebas concluyentes que demuestran que fue un homicidio. “A Sofi la torturaron hasta matarla”, le dijo Mabel a elDiarioAR. “A los policías le pusieron peritos y abogados desde un principio. A nosotros, el Estado nos olvida”, afirmó Mabel. Al caso de Sofía podrían sumarse los de Daiana Abregú (2022), Mauricio Castillo (2023) y Marcos Portela (2024), investigados por la Unidad de Investigación (UDI).

Los familiares de Néstor Costilla, presuntamente asesinado por tres oficiales durante una irregular detención el 7 de octubre de 2020, mientras Costilla circulaba con su moto por la ciudad de La Plata, acaban de entrar a la sala. Daiana, hermana de Néstor, no conoce a Mabel. Pero pronto se fundirán las dos en un abrazo. “Los abogados de los policías que mataron a mi hermano nos bastardearon desde un primer momento”, dijo Daiana. Se sientan en la primera fila y llevan remeras con la cara de Néstor. 

El proyecto de ley busca derogar la financiación de los abogados y peritos de los policías involucrados en diferentes delitos a través de la Dirección de la Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad. Fue redactado e impulsado por el legislador provincial Guillermo Kane. “No queremos reformar a la policía provincial, sino que se acote la desigualdad entre víctimas y victimarios”, aseguró Kane. “Hay informes como el que hicieron en elDiarioAR en base a la Comisión Provincial por la Memoria que demostraron un aumento letal en las muertes dentro de las comisarías bonaerenses”, expuso el legislador del Partido Obrero. 

“El Estado provincial acompaña y financia muchas veces a policías acusados por delitos contra derechos humanos básicos”, advirtió Kane. Respecto al acompañamiento del proyecto por parte de otros sectores políticos, el diputado señaló que se han invitado a otras fuerzas a formar parte del mismo, pero que no han mostrado un interés genuino. “El oficialismo en la provincia se presenta como un partido muy progresista, pero sostuvo a Sergio Berni y su doctrina represiva. Hoy lo continúa a través del ministro, Javier Alonso”, señaló el legislador, quien citó a Alonso a dar explicaciones al Congreso provincial ante una investigación de elDiarioAR que demostró las irregularidades en torno a los supuestos suicidios en las dependencias policiales. 

La diputada nacional Vanina Biasi también formó parte de la presentación. “La desigualdad en relación con la defensa que obtienen aquellos que cometen delitos desde el aparato del Estado es muy grande”, destacó Biasi, quien acompañó a Mabel y su lucha por la búsqueda de justicia en el transfemicidio de su hermana desde un primer momento. “Mabel no recibió ninguna asistencia por parte del Estado, mientras que los nueve policiales involucrados en el asesinato de Sofía en la comisaría de Derqui contaban con asistencia legal y técnica”, denunció la diputada. Y agregó: “El gatillo fácil forma parte estructural de la policía bonaerense. En la vida cotidiana, este proyecto acota esa preeminencia que hoy tienen las fuerzas policiales”, remarcó Biasi.

Rodrigo Pomares, director del Programa de monitoreo territorial de la violencia policial de la Comisión por la Memoria (CPM), quien formó parte de la presentación del proyecto, explicó que el Estado “no construye información respecto a las muertes en comisarías”. “El hermetismo en cuanto a las cifras de letalidad policial atenta contra la democracia. Y no es por una cuestión de falta de eficiencia que no las dice, sino por decisión”, señaló Pomares. 

Desde el 2012, la CPM registró una muerte por ahorcamiento por mes, entre otras causas de fallecimiento, dentro de las estaciones policiales. Respecto a la defensa de los oficiales con recursos provinciales, el integrante de la CPM recordó que no siempre fue así. “En la modificación del estatuto policial de 2008, que impulsó en su momento el gobernador Daniel Scioli, se estableció este privilegio. Con lo cual, se podría eliminar algo que finalmente fue un derecho regresivo”, detalló Pomares.

 

FLD/ED/JJD