Muchos de los países cuyos capitales el gobierno de Argentina pretende atraer con su recientemente aprobado Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) impulsan políticas nacionales para promover la igualdad de género porque creen que todavía hay mucho por hacer para que el desarrollo económico sea inclusivo y que contribuya a superar las desigualdades que afectan principalmente a las mujeres.
Países como Alemania, Bélgica, Canadá, Francia, Suecia, el Reino de los Países Bajos, entre varios otros, promueven esos mismos valores en su política exterior. Son países que comprenden que garantizar los derechos humanos y la representación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, económica y política así como su acceso equitativo a los recursos, permite que todas nuestras sociedades sean más justas, inclusivas y prósperas. Al mismo tiempo, esto contribuye a la construcción y el mantenimiento de la paz. Los países que son parte de la comunidad internacional y que han asumido compromisos a través de la firma de tratados y convenciones de Derechos Humanos, colaboran con el sistema regional e internacional de protección (la OEA y las Naciones Unidas) de buena fe, impulsando esfuerzos colectivos hacia el cumplimiento de los compromisos que han asumido.
Argentina fue, hasta ahora, parte de ese grupo de países.
En estos cuarenta años de democracia Argentina se destacó no solo por asumir compromisos firmando tratados internacionales de derechos humanos (que incluso sumamos a la Constitución Nacional luego de la reforma de 1994) sino también por procurar tomar medidas para avanzar en su cumplimiento. Sabemos muy bien que la tarea no está cumplida: si no fuera así, no tendríamos los índices de pobreza, desigualdad y vulneraciones de derechos que registra nuestro país. Pero los espacios de encuentro regionales e internacionales han sido hasta ahora ámbitos para exigir rendición de cuentas, establecer compromisos y aceptar las observaciones que desde distintos organismos de vigilancia de estos tratados, se hicieron al país.
Hace pocas semanas se celebró en Santiago de Chile la IX Conferencia de Estados Parte de la Convención de Belém do Pará, que es el nombre por el que se conoce a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Como argentina, participar como representante de la sociedad civil fue una oportunidad invalorable para dar a conocer el contexto político nacional de Argentina y el impacto negativo que tiene sobre los derechos de las mujeres y las luchas de tantos años por la igualdad. El Estado nacional no estuvo representado en esa Conferencia que conmemoraba los 30 años de una Convención que es el principal instrumento regional frente a la violencia de género.
En un contexto regional marcado por nuevos retos impulsados por movimientos y líderes políticos que desconocen las desigualdades estructurales de género y cuestionan las herramientas diseñadas para transformar esa realidad, sonó con fuerza el silencio de nuestro país a partir de la ausencia de una representación Argentina. Al mismo tiempo, quedó claro el compromiso de los Estados Parte y de los organismos multilaterales que promueven una política exterior alineada con las obligaciones asumidas, para no convalidar esos retrocesos.
La XI Conferencia de Estados Parte del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), culminó con el compromiso para acelerar la implementación de medidas y el fortalecimiento de mecanismos para erradicar la violencia de género, frente a las amenazas que atenten contra el progreso de la igualdad y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Este compromiso quedó plasmado en la “Declaración sobre estrategias aceleradoras para la implementación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, aprobada por las autoridades de 26 países de América Latina y el Caribe. En ese documento los Estados se comprometen a fortalecer la institucionalidad de género y sus capacidades, de modo de reafirmar su compromiso con estrategias que aceleren las políticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia.
Todo lo contrario a lo que está haciendo efectivamente la Argentina, con el “cierre definitivo” de lo que quedaba del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Tal como señaló la Presidenta del Comité de Expertas de la Convención de Belém do Pará al término de la Conferencia, Gloria Camacho.
En estas semanas de sinuoso trámite parlamentario para aprobar la Ley de Bases, que la gestión del gobierno considera “fundacional” para sus planes, se argumentaba en su defensa la necesidad de “dar certezas” a los capitales extranjeros para atraer la inversión desde los países más desarrollados y otorgar beneficios que pudieran ayudar a redimir la historia de incumplimientos anteriores. Ahora, son esos mismos países los que miran con asombro la facilidad con la que el Estado nacional busca desresponsabilizarse de sus compromisos internacionales y sus obligaciones legales hacia las personas en mayor situación de vulnerabilidad. No es que estos intereses vayan siempre de la mano, pero la buena fe se aplica por igual en todas partes.
Para muchos países europeos y de norteamérica las agendas de cooperación internacional (que incluye tanto a los Estados como a la sociedad civil) incluyen las agendas de transparencia, promoción de la igualdad de género y protección de las mujeres. La consistencia de la política exterior de esos Estados hace que sea relevante cuál es la actitud que el gobierno del presidente Milei adopta frente a los compromisos que el Estado Argentino ha asumido en ámbitos internacionales.
Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, un principio fundamental del derecho internacional. Me pregunto cómo se podría confiar en una buena fe tan selectiva.
Mientras se concreta el despido del 80% del personal que tenía a su cargo el cumplimiento de los programas destinados a brindar protección a las mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencia, es momento de impulsar el uso de todas las herramientas que ofrece el derecho internacional de los derechos humanos de modo de procurar que esos retrocesos no se convaliden.
Bien sabemos en América Latina que así como los avances en un país impulsan las reivindicaciones de derechos en otros en la región, los retrocesos conllevan el riesgo de arrastrar a todos.
NG/DTC
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