La previa de la batalla por el 5G: la pelea entre el Gobierno y las empresas por la declaración de Internet como servicio público

Antes de que se dirima la batalla entre Estados Unidos y China por quién provee a la Argentina de tecnología de telefonía celular 5G, se desarrolla otra pelea pero interna. La guerra por la declaración de Internet como servicio público.

“Vamos a hacer de Internet un servicio público para que no nos estafen y roben con las tarifas”, clamó Alberto Fernández el pasado día 9 en un discurso en un acto por la Semana de las Juventudes. En realidad, en 2020 el Presidente determinó por decreto de necesidad y urgencia (DNU) que no sólo Internet sino todas las telecomunicaciones, incluida las telefonías fija y móvil, y la TV paga sean servicio público y que el Estado pueda regular las tarifas que las operadoras les cobran a los clientes. Pero este año la Justicia de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba aceptaron medidas cautelares presentadas por empresas y una cámara sectorial para suspender la vigencia de ese DNU 690/20 y evitar que el Gobierno se meta con los precios. 

En el Frente de Todos se muestran unidos en defensa del decreto y dispuestos a seguir litigando hasta la Corte Suprema. Sin embargo, en el sector esperan alguna negociación tras las elecciones de noviembre próximo. En el oficialismo, detrás de la unidad preleectoral se esconden tres posiciones: el massismo más atento a los reclamos de las empresas y encarnado en la figura del presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini; el propio Fernández, que pasó de sus buenas migas en el pasado con el Grupo Clarín (sus dueños, Héctor Magnetto, Marcela y Felipe Noble Herrera, José Aranda y Lucio Pagliaro, controlan Telecom) a enfrentársele desde el DNU 690 y a intervenir a través del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y su secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm; y el cristinismo, enemigo íntimo de la corporación de la corneta y al que responde el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, que tampoco es tan radical como los reguladores de medios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Gabriel Mariotto y Martín Sabbatella. En las empresas opinan que el oficialismo no tiene claro cómo resolver el conflicto. Pese a que por ahora no negocian una solución fuera de los tribunales, ambas partes mantienen un diálogo respetuoso.

Las tarifas

Telecom fue la primera en objetar el decreto, pero todas las demás firmas del sector, desde grandes a pymes, desde telefónicas a cableras, que habitualmente difieren en sus intereses, comparten el rechazo a la regulación. Aunque Telecom y otras competidoras critican la declaración de servicio público en sí y otras consideran que eso puede ser objeto de debate, en lo que todas las empresas coinciden es en el repudio a que el Estado determine las tarifas. 

En el Gobierno sostienen que la declaración de servicio público implica que se trata de un derecho humano, alegan que Internet es necesario para las acciones de la vida cotidiana, que no puede depender del mercado sino que hay que garantizarlo con una regulación de precios y con una prestación básica universal (PBU) con un valor mínimo para que nadie quede excluido. Aseguran que están dispuestos a distinguir entre tarifas de empresas grandes y pymes porque estas últimas les deben pagar a las primeras por usar sus redes. Defienden la regulación de precios porque “el mercado argentino es muy oligopólico porque hay tres empresas de telefonía celular y cinco que concentran el 80% de la facturación de todo el sector, con trabas que impiden competir de igual a igual, como la que en la ciudad de Buenos Aires obliga a unos a soterrar los cables pero permite a otros, como Telecom, mantenerlos por vía aérea”. “Servicio público significa que tenga regularidad, continuidad, obligatoriedad y cobertura universal”, defiende el concepto el experto Martín Becerra, asesor de Sánchez Malcolm.

En las empresas reconocen que otros países también han declarado Internet como servicio público pero advierten que en ninguno de ellos existe una regulación de precios. En Colombia, donde una ley declaró el servicio como tal, sí existe una PBU, como en la Argentina, pero el Estado no se mete con el resto de los precios. En casi todo el mundo los precios minoristas se fijan por la competencia y no aumentan tanto en términos nominales porque la inflación en general es baja. 

En varias empresas aseguran que, pese a los fallos a favor, continúa el escenario de incertidumbre regulatoria y eso dificulta la inversión. En el Gobierno admiten que la falta de certeza en el marco jurídico “no beneficia a nadie”.

En las naciones donde Internet está declarado como servicio público se busca con ese concepto liberar de trabas al despliegue de la red, sus cables y sus antenas; subsidiar el acceso en zonas no rentables, como en Finlandia y Noruega; y obligar a los operadores a suministrarlo sin cortes. En países como Canadá o Israel, Internet se declaró derecho fundamental o básico, lo cual no es sinónimo de servicio público. Pero no hay otros países que controlen los precios minoristas, dada la imposibilidad del Estado de revisar toda la cadena de costos de las operadoras. En cambio, sí están los que regulan los valores mayoristas para evitar el abuso de posición dominante de antiguos monopolios nacionales, como sucede en España, Canadá o Reino Unido.

En algunas compañías admiten que pueda declararse el servicio público, pero sin regulación de precios. “¿Internet es un derecho humano o una herramienta para acceder a derechos?”, se preguntan. En otras reniegan del concepto bajo el argumento de que no se trata un negocio monopólico que el Estado otorga al sector privado y argumentan que sin ese rótulo también se podría asegurar el acceso en los barrios populares y en las zonas remotas de baja densidad de población en el octavo país más extenso del planeta. “Poner muchas antenas donde hay mucha población es muy caro, pero las telefónicas aportan un 1% de su facturación a un fondo de servicio universal y con eso podrías llegar a todas partes. De hecho, hoy en día se conectan zonas remotas y barrios populares con ese fondo”, razonan en una operadora. En el Gobierno advierten de que las empresas incumplen con parte del aporte. De un modo u otro, el fondo parece insuficiente. En una operadora se justifican diciendo que les vandalizan antenas de telefonía celular en villas. Pero también hay barrios donde organizaciones sociales como el Movimiento Popular La Dignidad han puesto, con subsidios del Enacom, modems comunitarios para que los chicos sigan las clases virtuales en pandemia.

Las demandas

En las empresas reconocen que si la Argentina tuviera una inflación baja, el debate resultaría menos intenso. Pero no es el caso. En 2020, el índice de precios al consumidor (IPC) llegó al 36%, pero el rubro telecomunicaciones subió sólo 7% porque desde que comenzó la pandemia y hasta fin de año rigió un congelamiento dispuesto por el Gobierno. 

En diciembre pasado, el Enacom acordó con las empresas un alza del 5% para enero. En febrero pactó un 7,5% y otro 2% para marzo. Pero los consensos se acabaron en el segundo trimestre y el Gobierno sólo concedió un 5% en julio. Pero desde mayo pasado prosperaron las demandas judiciales que las empresas habían iniciado contra el DNU 690 entre fines del año pasado y principios de este. Telecom fue la primera en conseguir un fallo a favor, en la ciudad Buenos Aires y en segunda instancia, después de una sentencia inicial en contra. Los dueños de Clarín alegaron que el decreto vulnera el derecho a la propiedad privada y la regulación por la que el Estado entregó espectro radioeléctrico para un negocio de telefonía móvil en el que antes regía la libertad de precios. Después fue aceptada otra cautelar en Córdoba a pedido de la Asociación Argentina de Televisión por Cable, que mantiene una alianza con la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (Cicomra), donde están nucleadas Telefónica y Claro. Esos fallos permitieron a todas las compañías del sector aumentar los precios a la par de la inflación en lo que va de 2021. En siete meses del año, las telecomunicaciones se encarecieron 28%, apenas por debajo del 29% acumulado del IPC. “Son las únicas tarifas que el Gobierno no pudo controlar, mientras la nafta la aumentó 28% porque está YPF”, atacan en una empresa de telecomunicaciones.

Las firmas del sector sostienen que elevaron los valores en un equilibrio entre la deteriorada capacidad de pago de los clientes y el incremento de costos como la electricidad. Incluso le propusieron al Gobierno una fórmula de actualización que determinara que la mitad del ajuste dependiera del índice salarial. Alegan que ofrecen paquetes de telefonía celular y banda ancha fija similares a la PBU dispuesta por el Gobierno, pero a menor precio y con más megas. Claro que las redes de Internet hogareña no llegan a barrios populares y zonas remotas. En las empresas agregan que sus precios están parejos con el resto de Latinoamérica y que hasta ahora no impidieron el incremento de los usuarios. 

En algunas empresas están de acuerdo con la PBU, pero advierten de que resulta más fácil en telefonía móvil que en banda ancha fija, donde la expansión de la red a barrios populares o zonas remotas requeriría de inversiones adicionales. Incluso llegan a admitir que se regulen los precios en las ciudades o pueblos donde hay monopolios. 

“El problema no es la declaración de servicio público sino la regulación de precios”, opina el consultor Enrique Carrier. “Podrías tener una tarifa social, pero deberías evaluar caso por caso para determinar precios. Toda esta discusión es porque tenés mucha inflación y pisás tarifas para controlarla. También podrías regular sin declarar servicio público. Ser servicio público no te garantiza universalidad, sino que esta tiene que ver con la situación macroeconómica y la pobreza de un país. Las empresas no van a invertir si no saben cuánto cobrar y cómo recuperan la inversión. Si el Gobierno va al choque, puede dejar la penetración del servicio peor que antes”, concluye Carrier. Su colega Becerra admite que la declaración de servicio público no garantiza de por sí la universalidad, pero obliga al Estado a exigir que los prestadores expandan el servicio. 

En la Argentina, el 95% de la población tiene acceso a telefonía celular, que incluye banda ancha, pero el 60% la paga con tarjeta prepaga y varias veces en el mes carece de ingresos para llenarla.

Servicio público e inversión

En la Argentina, el 95% de la población tiene acceso a telefonía celular, que incluye banda ancha, pero el 60% la paga con tarjeta prepaga y varias veces en el mes carece de ingresos para llenarla. No hay que olvidar que la pobreza afecta al 42% de los argentinos. El móvil supera en penetración a otros servicios públicos como el agua potable, las cloacas o el gas natural y se encuentra apenas por debajo de la electricidad. Mientras, el 70% de los hogares cuenta con Internet fija. Queda afuera el 30% más pobre.

El DNU 690 estableció que los operadores elevan propuestas de aumentos de precios de acuerdo con sus costos, la inversión necesaria para mantener y ampliar el servicio y una rentabilidad “razonable” y es el Enacom el que las aprueba, modifica o rechaza, pero en las compañías sostienen que en los hechos la autoridad fija las tarifas según su propio parecer y sin tener en cuenta las particularidades de cada una. Se quejan de que el Enacom no tiene en consideración el IPC sino que invoca la capacidad de pago de los usuarios. Lo acusan de guiarse por un criterio político, no técnico ni ajustado al propio DNU. Argumentan el número fijado por el Gobierno no les alcanza para mantener las inversiones en un sector clave para la población en general y para negocios del futuro como los de la economía del conocimiento o para el futuro salto de la tecnología 4G a la 5G. Observan que les sucede lo mismo que a la electricidad y el gas, con tarifas pisadas, pero sin los subsidios que sostienen esas energías. 

El móvil supera en penetración a otros servicios públicos como el agua potable, las cloacas o el gas natural y se encuentra apenas por debajo de la electricidad.

Las empresas ponen como ejemplo a Telecom, que hace públicos sus balances porque cotiza en bolsa, a diferencia de sus competidores. La firma perdió en 2020 $ 5.715 millones y en el primer semestre de 2021, $1.672 millones. Sus dueños atribuyen el rojo a la regulación, pero también a la crisis pandémica. Sin embargo, Becerra señala que Telecom invirtió en enero-marzo de este año US$ 430 millones, más que en el mismo periodo de 2019, con lo que relativizan el argumento de que la regulación de precios afecte la infraestructura. La empresa justifica que con los aumentos de 2021 ha recuperado el flujo de caja e invierte los montos para los que sigue consiguiendo financiación en el mercado.

“Es falso que la categorización de servicio público desestimule la inversión”, opina Becerra. Recuerda que en 2014 el kirchnerismo aprobó la ley de Argentina Digital, que declaró el servicio como tal, y en 2015 “lo invertido por Telefónica, Telecom y Claro fue superior a los años siguientes”. La declaración de servicio público de aquella ley fue derogada por un DNU del arranque del gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2015. En el Gobierno recuerdan que los desembolsos en infraestructura continuaron igualmente altos en 2016 y 2017 por la expansión de la red 4G que había licitado el kirchnerismo, pero se frenó desde 2018 por la crisis derivada de la devaluación del peso. “Obviamente que no habría inversión si se congelaran las tarifas, pero sólo se congelaron en 2020”, alegan.

En varias empresas, en cambio, aseguran que, pese a los fallos a favor, continúa el escenario de incertidumbre regulatoria y eso les dificulta la inversión. En el Gobierno admiten que la falta de certeza en el marco jurídico “no beneficia a nadie, ni a los inversores ni a los consumidores”.

Fernández retomó esta discusión el 9 de agosto en plena campaña electoral y en un discurso ante jóvenes, usuarios intensivos de la banda ancha fija y móvil. Internet es un gasto clave para la clase media, pero también para la popular. En algunas empresas se indignaron: “Nos trató de estafadores. Puede que le hablara a la Justicia, a Clarín, no fue del todo elaborado, tiene bronca de haber querido hacer algo y no haber podido hacerlo”. En redes sociales se replicaron memes de opositores advirtiendo que el país se empeorará la calidad de Internet si se declara el servicio público, mientras el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el precandidato a diputado Facundo Manes aprovecharon para repudiar el DNU 690. Pero en las empresas admiten que “el futuro no es Entel”, la antigua telefónica estatal que demoraba años en instalar líneas fijas. “Ahora sí o sí necesitás mantener la red, lo que está en duda es la inversión para ampliarla”, sostienen. Mientras, un saliente senador oficialista, Alfredo Luenzo, desempolvó un proyecto para declarar por ley el servicio público de Internet.

AR