Chile: nuevos movimientos políticos aspiran a ocupar el centro del tablero del poder en el país

El 4 de septiembre, la vida política y social de Chile tuvo como epicentro el plebiscito por la Aprobación o el Rechazo a una nueva Constitución -que reemplazaría la actual promulgada en 1981 durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990). Más de 13 millones de votantes concurrieon a votar, de los cuales 7.882.958 hicieron suya la opción del Rechazo. El texto puesto a votación marcaba el término de nueve meses de labores de la Convención Constitucional. Su composición presentó una oportunidad única para evaluar la representatividad de los partidos políticos de Chile. 

Modelo para armar

En las elecciones de constituyentes, los ciudadanos independientes que se presentaron para impulsar el proceso de cambio a partir de la redacción de una nueva Carta Magna obtuvieron más votos que los representantes de  los partidos tradicionales. Los independientes, defensores desde el feminismo al medio ambiente, la educación, la justicia social o la salud, presentaron su candidatura por primera vez que también fue la primera ocasión en la historia en la que se permitió la postulación de personas ajenas a estructuras de los partidos políticos tradicionales. El éxito de haber logrado 48 escaños (del total de 155 escaños de la Convención) se lo ha vinculado de manera directa con las protestas de Octubre de 2019,  el ‘estallido social’, el acontecimiento que fecha el origen de un  proceso revolucionario, y lo cristaliza en la imagen de un valiente desafío juvenil a la represiva autoridad de los poderosos de siempre. Las dos grandes listas de la oposición de izquierdas Apruebo Dignidad y Lista del Apruebo (conformada por los partidos Unidad Constituyente, el Partido Liberal e independientes): sumaron 65 escaños y la derecha oficialista, que se presentó en la única lista Vamos por Chile, alcanzó 38. La Convención incluyó a 17 miembros de los pueblos indígenas.

Proceso histórico de mediana y larga duración de estabilidad electoral y desarraigo social

El triunfo electoral de los independientes dejó en evidencia una crisis de representatividad de los partidos políticos tradicionales que no fue ocasionada por los convencionales independientes, quienes habían castigado al duopolio, como se conoce en Chile a los dos grandes bloques políticos que gobernaron el país durante los últimos 30 años bajo el marco de la Carta Magna heredera de la dictadura que se impugnaba. La oficialista Nueva Mayoría (antes llamada Concertación de centro izquierda) y la opositora Chile Vamos (antigua Alianza por Chile, de derecha). Mucho antes  de que se celebrara el plebiscito del 4 de septiembre, surgieron voces que cuestionaron la supuesta fortaleza de los partidos reorganizados después de la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos de marzo de 1987, bajo la dictadura  pinochetista.  

El No del plebiscito del 5 de octubre de 1988 a la continuidad del régimen significó  el inicio de la transición democrática y la organización del proceso electoral que culminaría con la presidencia del democristiano Patricio Aylwin (1990-1994), el primer gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia (coalición de izquierda, centro izquierda y centro) al que sucedieron los mandatos de Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000) y Ricardo Lagos (200-2006) y el primero de Michelle Bachelet (2006-2010) durante los siguientes 20 años.

Todas las agencias encuestadoras, incluido el Centro de Estudios Públicos (CEP), ya desde el primer año de gobierno de la Concertación registraron que la ciudadanía rechaza a la clase política en su conjunto. En 1991, el índice era de 51%; en 2007,  60%. Según cifras de la CEP de julio 2022, el 96% rechaza a los políticos y al sistema que ofrecen y administran. Las reformas políticas y electorales introducidas  entre 2014 y 2016 cambiaron la composición del Legislativo. Quedó atrás el experimento único del sistema binominal para la elección de congresistas que establecía una magnitud igual a dos en cada distrito que redujo el número de fuerzas políticas que lograran escaños. En las elecciones parlamentarias de 2017 se mostró un poco más de diversidad política con la llegada de nuevos colectivos.  

Una de las causas del triunfo del Rechazo a la nueva constitución se explica en el rechazo a la clase política, “se trata de una constante, algo que los historiadores llamaríamos un ‘proceso histórico profundo, de mediana y larga duración” aquilata el historiador Gabriel Salazar. El origen del Rechazo es un voto contra la misma clase política que organizó la Convención Constitucional el 15 de noviembre de 2019 cuando a la medianoche, los congresistas -entre ellos Gabriel Boric- firmaron el llamado Acuerdo por la Paz.

Un denominador común: cambiar o desaparecer

A la fecha del 31 de  agosto de 2021,  Chile contaba con  27 partidos políticos oficialmente  constituidos -según el Servicio Electoral de Chile (Servel) - en la década de 1980 y 1990, que no corresponde exactamente a sus respectivas fundaciones sino a su reconocimiento legal para esta entidad que procesa permanentemente la inscripción de nuevas entidades. A fines de septiembre se anotó el Movimiento Amarillos por Chile. Y  la reciente formación política Demócratas, tramita los requisitos para su ingreso como partido en formación. La decisión de los dirigentes de estas agrupaciones se fortaleció luego del 62 % de la opción Rechazo al proyecto presentado de nueva Constitución.

Los  llamados “ex” del movimiento “amarillo” -la denominación despectiva para los que abogan por  los cambios graduales responsables- van por las reformas y no por la revolución.  “Las grandes tragedias en nuestro continente y en el mundo entero han ocurrido cuando los amarillos hemos sido acallados o no hemos levantado con convicción suficiente nuestra voz”, se lee en el  documento fundacional de este nuevo movimiento ciudadano. Con el aval de más de 75 personalidades en Chile, incluidos premios nacionales, exministros de los gobiernos de la Concertación, rectores de universidades, académicos y parlamentarios (antiguos, actuales y futuros), que han reaccionado a la posibilidad de que la Convención Constitucional ofreciera  una Constitución que -según los firmantes- condujera al país a un callejón sin salida.

El reciente Demócratas, que surge el 2 de noviembre, creado por un grupo de exdirigentes de la Concertación, a igual que Amarillos por Chile está conformado principalmente, por exministros y exministras de los últimos gobiernos de centroizquierda. La nueva agrupación que busca “convocar al centro, especialmente a los cientos de chilenas y chilenas que son independientes y a quienes les interesa que el país avance con un crecimiento más justo e inclusivo para todos” -son palabras de su secretario Carlos Maldonado- apenas comienza el largo camino de formación. Luego de que entreguen las firmas requeridas al Servel, se inicia formalmente la solicitud de proceso de formación de partido político y la recolección de 20.000 firmas en un plazo máximo de 210 días para concretar su interés “de quedar habilitados para el primer desafío electoral en abril de 2023, para la elección de los convencionales para una nueva Constitución”, anuncia Maldonado.

Quienes forman parte de Demócratas y Amarillos por Chile tuvieron que renunciar a sus partidos políticos donde militaron por décadas. Su reciente adhesión a estas nuevas formaciones no deja de generar una gran crisis en la institucionalidad de aquellas colectividades que por años han estado a la cabeza de los gobiernos del país desde el regreso de la democracia. Aun así, no se trata de algo nuevo en Chile: en los últimos 10 años hay una larga lista de colectividades que con el paso del tiempo fueron disueltas por no conseguir los votos que se requerían para mantenerse como partidos políticos activos. En total, en la última década, son 29 los partidos caducados en Chile a los que se suman muchas otras experiencias de formaciones que se hacían llamar de centro, como Ciudadanos y Amplitud que tuvieron un buen inicio y representación en el Parlamento y pasados un par de años tuvieron que disolverse por falta de quórum.

Las recientes agrupaciones y el gobierno de Gabriel Boric

Amarillos para Chile y Demócratas consideran el resultado del plebiscito de salida del 4 de septiembre como una oportunidad para instalarse en el ocupar el centro del mapa político chileno. Sin embargo, han despertado dudas respecto si tienen capacidad para revertir la crisis de las representaciones partidarias en Chile. Aunque estas dos nuevas agrupaciones dicen sentirse más identificadas con el espectro de la centroizquierda, hay incertidumbre en la clase política chilena de si serán eventualmente partidos de oposición o no al gobierno del presidente izquierdista Gabriel Boric.

Muchos de ellos, anteriormente habían acordado la redacción de otro texto constitucional con un órgano completamente elegido por la ciudadanía. Sin embargo de celebrarse esas elecciones convencionales, los datos de las encuestas, según informó el analista político Tomás Mosciatti en Bio Bio TV, indican que el partido oficialista para  tener alguna oportunidad debería aliarse con la Democracia Cristiana (DC). El tema que parece llamar cada vez más menos la atención ciudadana puede ser postergado para el año entrante.

‘Bochazo’ al la primera Ley de Presupuesto del gobierno de Borich

El dato de las encuestas sobre el menguante apoyo al oficialismo ha quedado constatado en el debate de 20 horas, en la Cámara de Diputadas y Diputadas, de aprobación y desaprobación de las 32 partidas de la primera Ley  de Presupuesto presentada por el gobierno, que pasará a la consideración del Senado. La Corporación -como se llama a las  Cámaras del Congreso en Chile-  dejó sin fondos al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y no aprobó el Programa de Patrimonio Cultural del que dependen organismos como el Museo de la Memoria, Villa Grimaldi, Londres 38, Fundación Frei y la Fundación Salvador Allende.

El oficialismo logró mantener el Plan Buen Vivir destinado a mejorar la calidad de vida de las comunidades y habitantes de la región de La Araucanía y de las provincias de Arauco y Biobío en la región del Biobío. A la vez, el oficialismo declaró inadmisible un aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que de aprobarse cierra la vía de la Reforma previsional y tributaria del gobierno.

La vicepresidenta de la República y ministra de Interior, Carolina Tohá, generó rápidas reacciones luego de que señaló que el rechazo de la partida a su Ministerio, que incluyó los recursos para el combate contra el crimen organizado y la política de migraciones, significó una ‘buena noche para las bandas criminales’. No sin cinismo, el diputado de Amarillos por Chile, Andrés Jouannett, dijo estar sorprendido por los comentarios y planteó que el problema de fondo, es que simplemente se destinaron recursos insuficientes a este ítem.

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