El Vaticano de Bergoglio y la Nicaragua de Ortega: hubo separación, pero no divorcio

Las declaraciones del papa Francisco el 10 de marzo pasado: “Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige [Daniel Ortega]. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas… Son un tipo de dictaduras groseras. O, para usar una distinción linda de Argentina, guarangas. Guarangas”  a pesar de su decisivo contenido presentan sólo una de las últimas piezas de un cuadro complejo que signa la relación de la Iglesia Católica con el poder político de Nicaragua ejercido por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo. La siguiente cronología a pesar de su carácter sucinto presenta suficientes factores para una interpretación derivada de la anotación de los mismos hechos.

La hora de Medellín

Durante los 300 largos años del período colonial hispánico (1523-1821) y el siglo y medio de independencia antes de la Conferencia Episcopal de Medellín (1968) que introdujo una nueva práctica pastoral, la Iglesia de Nicaragua tuvo un desarrollo muy similar al de otros países centroamericanos y latinoamericanos. Casos aislados de defensores de los derechos de los indios y sacerdotes que a comienzos del siglo XIX protagonizan el proceso político independentista. La Iglesia apoyó a los conservadores, estuvo a la defensiva con los liberales (por laicistas), se mantuvo cómplice entre los años 1912-1933 de la intervención norteamericana e ignoró la resistencia del revolucionario Augusto Sandino, el respetado ‘héroe nacional’. La jerarquía eclesiástica despertó de la  larga noche de la dictadura somocista (1936-1979) al mismo tiempo que la burguesía beneficiada por el régimen mientras el pueblo llevaba un largo desvelo originado por la pobreza y la represión.

En 1969, cuatro años después de finalizado el renovador Vaticano II, en plena dictadura somocista, el balance que los mismos sacerdotes y religiosos hicieron de la Iglesia mostró el conservadurismo de una jerarquía eclesiástica ajena al pueblo.  Diez años después, el triunfo sandinista conmoverá las estructuras sociales y las de la Iglesia.

Una carta pastoral profética y el apoyo masivo a la Cruzada de Alfabetización

Desde fines de los ‘60, se originaron y crecieron movimientos renovadores en zonas campesinas y en algunas parroquias de Managua, los Cursillos de Cristiandad. Un caso excepcional, la comunidad campesina de Solentiname, fundada por el padre Ernesto Cardenal que transmitió una vivencia del cristianismo nicaragüense original y aislado como el archipiélago de donde había surgido. Si bien no se logró la transformación de la estructura básica que históricamente fue la base de la Iglesia Católica la potencialidad de estos factores no fue menor.

El pueblo de Nicaragua es religioso. No más que otros pueblos del continente y la renovación de la iglesia no fue una “exclusiva nicaragüense” sino un fenómeno universal y especialmente latinoamericano- frente a la mayoritaria iglesia tradicional, que durante muchos años gozó de las rentas de la sociedad y el estado.

El 19 de julio de 1979, se consumó el triunfo sandinista que derrocó a Anastasio Somoza Debayle, el tercer y último miembro de la llamada dinastía Somocista -luego de su padre, Anastasio Somoza García, y su hermano, Luis Somoza Debayle- que había gobernado el país por 44 años. Con el inmediato establecimiento una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de cinco miembros: tres del FSLN y dos independientes, Violeta Chamorro (viuda de Pedro Chamorro, director del diario La Prensa asesinado por Somoza) y Alfonso Robelo, presidida por Daniel Ortega.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CONFER) se expresó ante el acontecimiento revolucionario el  17 de noviembre de 1979 a través de una histórica Carta Pastoral que expresaba su apoyo al proceso revolucionario y a la insurrección armada, su valoración del pensamiento de Sandino y del proyecto socialista al que se dirige. El texto de los obispos era no sólo anti-dictatorial ni sólo progresista sino auténticamente revolucionario.

El Papa Juan Pablo II confirió su apoyo al gobierno revolucionario con su beneplácito a  la Cruzada de Alfabetización coordinada por el sacerdote Fernando Cardenal y puesta en marcha en todo el país con la participación de religiosos de 52 congregaciones que trabajaban en Nicaragua y miles de alumnos de los colegios católicos de todos los departamentos. La unidad nacional de todas las capas sociales fraguada en los dos últimos años de la dictadura se mantenía viva. La Iglesia también parecía unida.

Sin embargo, en los comienzos de los ‘80, la presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) connotado internacionalmente por sus posiciones conservadoras lanzó a nivel continental una campaña de oraciones y una colecta para ayudar a la Iglesia de Nicaragua. Fue la primera vez que se transmitía al mundo que esa Iglesia “sufría” persecuciones.

El comienzo del quiebre de la unidad nacional

Un comunicado de la CONFER en el que los obispos manifestaron que los sacerdotes en puestos públicos deberían  abandonar sus cargos, “habiendo transcurrido las circunstancias de excepción” inició un conflicto de larga duración en el que intervinieron las más altas jerarquías del Vaticano, las bases católicas de Nicaragua, teólogos de varios países y los más altos dirigentes de la Revolución.

Cuando en octubre de 1980, la Dirección Nacional del FSLN publicó un Comunicado sobre la Religión, que trascendió las fronteras de Nicaragua: por primera vez, un movimiento revolucionario contemporáneo en el poder, rompía con el rígido esquema de ver en la religión el opio del pueblo y uno de los frenos de la historia, la respuesta de los obispos no ponderó la novedad de ese texto. El ultimátum del 1 de junio de 1981 expresó que aquellos sacerdotes que no renunciaran “los consideraríamos en actitud abierta rebeldía y formal desobediencia a la legítima autoridad eclesiástica, expuestos a las sanciones previstas por las leyes de la Iglesia”. Los sacerdotes aludidos o denunciados eran Miguel D'Escoto (Canciller), Ernesto Cardenal (Ministro de Cultura), Edgar Parrales (Ministro de Bienestar Social, desde 1982 Embajador en la OEA) y Fernando Cardenal, (Vicecoordinador de la Juventud Sandinista).

La aceptación del Vaticano de que los sacerdotes continuaran en sus cargos siempre que renuncien al ejercicio del ministerio sacerdotal dentro y fuera de Nicaragua no detuvo antes bien propició las expulsiones de sacerdotes de las parroquias en barrios populares, manifestaciones callejeras y tomas de iglesias publicitadas ampliamente en los medios de comunicación que apoyaban a la Revolución. La Carta Pastoral del Papa Juan Pablo II en junio 1982, que expresó el apoyo incondicional a los obispos y crítica a la “Iglesia Popular” originó dos caracterizaciones articuladas del conflicto religioso en el país: “persecución religiosa” y “peligro de la Iglesia popular”.

Si la ‘contra’ Fuerza Democrática de Nicaragua (FDN) asesinó salvajemente a 14 campesinos en la aldea de San Francisco del Norte “en nombre de Dios” - el inicio de macabros hechos repetidos-; en Managua, autoridades del FSNL llevaron a cabo una celada para desacreditar al padre Bismarck Carballo, vocero de la Curia y director de la estación eclesiástica Radio Católica, implicándolo en un escándalo sexual.

La violencia viene de Honduras

La lucha ideológica-religiosa sostenida durante 1980- 1982 pasó a un segundo plano ante la situación de guerra impuesta a Nicaragua desde Honduras por voluntad de EEUU. Creció la demanda a los obispos para que condenen públicamente la violencia contrarrevolucionaria que originaba el desplazamiento de los escasos recursos humanos y materiales del país hacia la defensa armada. El total silencio de un sector de la jerarquía contradijo la condena de la Iglesia que ha siempre ha declarado su repudio a “toda violencia, venga de donde venga”. La violencia venía de Honduras con pretensiones de una “guerra santa” contra el comunismo bajo la invocación de Dios.  

La visita del Papa, “la gran noche oscura”

En ese contexto, el 4 de marzo de 1983, el Papa Juan Pablo II llegó por primera vez a Nicaragua. Ernesto Cardenal, uno de los sacerdotes de la corriente progresista fue amonestado por el Papa. Muchos no olvidaron esa humillación. Durante la misa oficiada por el Sumo Pontífice simpatizantes del Gobierno vocearon consignas de “poder popular” y “queremos la paz”. El Sumo Pontífice respondió “la primera que quiere la paz es la Iglesia”. Juan Pablo II recordó esa primera visita como “la gran noche oscura”.

Los obispos volvieron sobre los acontecimientos de Managua para “lamentar y condenar enérgicamente el incalificable irrespeto cometido contra la Eucaristía y la persona del Vicario de Cristo” por “una minoría”. Cuando El Nuevo Diario reclamó a la jerarquía igual energía para condenar los actos criminales de las bandas armadas en la frontera, los obispos insistieron en que la división estaba creada por quienes “tratan de edificar una Iglesia llamada ‘popular’ y mezclan lo cristiano con lo político y ‘partidista’”.

Iglesia de mártires

El 11 de mayo de 1983 fue expulsado de Nicaragua el sacerdote español Timoteo Merino, párroco de la Azucena y de otros pequeños pueblos cercanos a la frontera sur, acusado por el gobierno de favorecer la penetración del grupo contrarrevolucionario ARDE entre la población campesina.  Merino declaró en Roma que su expulsión era otra expresión de la persecución religiosa del gobierno.

En las vísperas de la celebración del Cuarto Aniversario de la Revolución, el matrimonio de Felipe y Mery Barreda, católico y sandinistas de larga trayectoria en Estelí, fue asesinado en un campamento contrarrevolucionario hondureño, después de ser bárbaramente torturados. La celebración en la Catedral de Estelí de los esposos Barreda como nuevos mártires sostuvo que “entre cristianismo y revolución no hay contradicción”. El asesinato de los Barreda fue seguido por el de decenas de otros cristianos revolucionarios, especialmente campesinos, delegados, jóvenes milicianos, quienes murieron  víctimas de la guerra impuesta a Nicaragua o de la crueldad de la contrarrevolución.

Ley de Servicio Militar Patriótico y la objeción de conciencia

En 1983, la decisión del gobierno de establecer el servicio militar como estrategia para enfrentar las guerrillas antirrevolucionarias financiadas por EEUU de quien se esperaba una eventual invasión fue rechazada por la CONFER que sugirió la objeción de conciencia a la Ley. Los dirigentes revolucionarios afirmaron que “en Nicaragua sí hay persecución religiosa”: la desatada por algunos obispos contra sacerdotes, religiosos y fieles que apoyan el proceso revolucionario.

En 1987 a pesar de todas las desavenencias, la Iglesia católica fue parte medular de los Acuerdos de Paz Esquipulas II que dieron paso a elecciones libres y democráticas en 1990, en las que Daniel Ortega y los sandinistas perdieron el poder que recuperarán en las elecciones de noviembre de 2006.

En esos 16 años, Ortega buscó congraciarse con la Iglesia: pidió perdón por “los errores y atropellos en contra de figuras de la Iglesia en el pasado” y contrajo matrimonio eclesiástico con su compañera Rosario Murillo luego de 25 años de convivencia. Quien ofició la misa, fue el cardenal Miguel Obando y Bravo, crítico en los ‘80 de sus políticas y quien en 1996 en la víspera de las elecciones que perdió Ortega había pronunciado la homilía conocida como “la parábola de la víbora” o “el viborazo”, en la que advertía a los votantes sobre una víbora moribunda a la que no había que acoger porque, al recuperarse, mataría a su salvador. Muchos la consideraron un espaldarazo al candidato contrincante Arnoldo Alemán, del Partido Liberal Constitucionalista, quien obtuvo la victoria. Luego de tres intentos fallidos, en 2006, Ortega recuperó el mando del país que mantiene hasta hoy gracias a una reforma constitucional que eliminó los límites a la reelección para mandatos sucesivos en Nicaragua.

Nueva ola de persecución contra obispos y sacerdotes

El régimen mantuvo una relación distante con la iglesia, pero respetuosa hasta el estallido social de 2018 cuando el gobierno intentó  reformar las leyes del Seguro Social. La violenta represión a las protestas de repudio que se extendieron por cinco meses en todo el territorio nicaragüense dejó como saldo  355 muertos, numerosos heridos y más de 100.00 exiliados. La Iglesia católica que defendió a quienes protestaron pacíficamente fracasó en la mediación de un acuerdo. Tres meses después del estallido social, en Plaza la Fe con la presencia del representante personal del Papa, el Nuncio Waldemar Sommertag, un Ortega furibundo acusó a los sacerdotes de ser parte de una conspiración en su contra. Los religiosos de ser los mediadores en la crisis sociopolítica pasaron a ser acusados de golpistas y se les declaró la guerra.

Entre la sucesión de hostilidades que se sucedieron partir de julio de 2018: la agresión de paramilitares a obispos y sacerdotes en el Departamento de Carazo y el ataque a la Iglesia de La Divina Misericordia, en Managua, con la muerte de dos personas. El 23 de abril de 2019 se produjo la necesaria salida de monseñor Silvio Báez, a petición del papa Francisco, atento a que la Embajada de EEUU en Nicaragua habría informado probables planes para asesinar a Baéz. Y el 31 de julio de 2020: el incendio de la imagen de la Sangre de Cristo con más de 380 años de antigüedad, en la Catedral de Managua.

En enero de 2022 con toda la oposición acallada, Ortega asumió por quinta vez (cuarta consecutiva) la presidencia de Nicaragua, en medio de un gran rechazo de la comunidad internacional. El 12 de marzo de ese año, el nuncio apostólico en Managua, monseñor Waldemar Stanisław Sommertag fue expulsado del país. El 6 de julio, la expulsión de 18 religiosas de la Caridad de la orden Santa Teresa de Calcuta y el 19 de Agosto, la retención de monseñor Rolando Álvarez, cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos en la curia diocesana de Matagalpa

La valentía del obispo pone a prueba las relaciones con el Vaticano

El obispo de Matagalpa monseñor Álvarez, quien después de haber estado bajo arresto domiciliario desde agosto pasado se negó abordar un avión para el exilio a EEUU junto a otras 222 personas, sacerdotes, seminaristas, opositores políticos o simples críticos del régimen fue condenado por la Corte de Apelaciones que lo calificó de “traidor a la patria” y dictó su prisión hasta 2046.

El Papa Francisco, en la misma entrevista donde no dudó en calificar al régimen Ortega-Murillo de “hitleriano” , en referencia al Obispo Álvarez destacó “Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”. “Una excelente descripción” ponderó la abogada Martha Patricia Molina, quien ha documentado más de 400 ataques de la dictadura de Ortega y Murillo en contra de la Iglesia Católica. “El Papa nunca ha estado en silencio, él ha permanecido orando por lo que sucede en Nicaragua, sin embargo, sus declaraciones públicas actuales han sido realizadas en tiempo prudente, cuando observa que no hay salidas ni medios”, detalló Molina. El tiempo mostrará si recrudece la represión del gobierno hacia la iglesia católica del país centroamericano. En lo inmediato Vatican News, el portal de noticias del Vaticano, confirmó el 13 de marzo el “verbalmente expresado” deseo del Gobierno nicaragüense de “suspender las relaciones diplomáticas” que implica el cierre de la Nunciatura Papal, la representación diplomática del Vaticano en Managua. Sin embargo, el derecho internacional no conoce la “suspensión” o la “interrupción” de relaciones diplomáticas. Existen o no existen. Muchos observadores ven las interpretaciones dadas en Managua y el Vaticano más bien como un juegos de palabras o ballet diplomático.

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