Biden, Brasil, Boluarte, si falta imaginación, sobra fantasía

Alerta Rojo: en los dos párrafos que siguen, casi todo es fabuloso.

El 11 de enero 2024, la Policía Federal rastrilla el domicilio platense de Santiago Cafiero, que ha sido intrusado mientras el propietario veranea en Mar Azul. En una pieza abren un ropero, lleno de papeles. Impresiones del Boletín Oficial, prints de versiones en bruto abortadas, A4s con membrete administrativo, hojas de agenda arrancadas, listas manuscritas con biromes secas menesterosas de tinta, leyes y circulares subrayadas en rosa con marcador flúo húmedo. Souvenires burocráticos del año pasado, cuando el Director de RRPP y Comunicaciones Institucionales del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires era el Ministro de RREE de la República Argentina. El periodismo bien informado (por la PF) informa a su vez: la Justicia Federal ya tiene en sus manos un documento clave que también compromete a Alberto Fernández. Es el borrador, hallado en La Plata, de un decreto presidencial que reglamenta la Carrera Diplomática: cada bienio pueden entrar al Servicio Exterior de la Nación 2 (dos) “personas  judías” (sic)  y 2 (dos) “bolivianos nacidos en Argentina”  (sic bis). Sabemos que habiéndose quedado de turno en Buenos Aires, en un buen día de euforia estival, poniéndole voluntad, un Fiscal de Comodoro Py llega muy lejos muy rápido: los medios bien informados (por pen drive en sobre de papel manila enviado desde el remitente 2002) informan que un dictamen del Ministerio Público solicitará el procesamiento de Cafiero, Fernández, Fernández de Kirchner, y otros, por “asociación ilícita”.

Es probable que el entusiasmo del Juez sea más afelpado que el de su Fiscal. Es el borrador de un decreto que no existe, sobre una cuestión que se ignora si fue tratada. Es una historia de la que no se sabe nada, pero de la que el Fiscal dictamina que se puede averiguar todo gracias al relato inverosímil que compone a partir de una prueba con una ventaja prima facie única, pero negativa: el texto del borrador desconocido del proyecto inenarrable del decreto inexistente no es una fotocopia. No solamente es inverosímil la composición de los hechos. Más todavía. Resulta incluso por completo inverosímil sin resquicio, conocidos los personajes y su temperamento y timbre personales y políticos (o conocida la imagen que se esfuerzan de dar de así, no importa) , que sea de ellos ese chiste malo, esa humorada macabra, discriminatoria, nacionalista y racista, cuya comisión, en la Casa Rosada o el Palacio San Martín, sugeriría onerosas perdederas de tiempo que deberían dedicar a la opinión pública.

En los párrafos que sigue, todo es cierto, salvo las opiniones del panoramista, que son opinables. 

Acuarelas de Brasil

Al fin del segundo domingo de enero, consumado el asalto de la capital federal, reducidos los asaltantes, acabada la violencia una vez que los violentos acabaron su destrozo, mientras los detenidos nocturnos marchaban en fila india, las manos atadas en la espalda, a dormir en comisarías y calabozos, Brasil se despertaba a un delirio punitivo. Con ferocidad, con entusiasmo, duras y directas, sin concesiones, las élites políticas, la Justicia, parte del Congreso, parte de la opinión pública ilustrada, la prensa impresa y digital y la radiotelevisión de estándares internacionales, acompañaron al gobierno en su ingreso en la era de la vigilancia y el castigo sin error.

Llegadas la noche y la paz, lo primero que comunicó Lula a los medios fue que el responsable de ese día de asalto y destrucción es el genocida Bolsonaro. El presidente de Brasil, siete días atrás. Pero que desde hacía más de una semana estaba descansando en Orlando, vecino a Disney World. ¿Quiénes había sido sus lugartenientes en el terreno? Con el tiempo, se develaría la cadena de mandos, desde el vértice del genocida terraplanista de camisa hawaiana y selfies en Florida con nínfulas ultraderechistas de bikini verde amarilla. Se hallaría, procesaría, juzgaría y condenaría a políticos brasileños estaduales y locales incitadores, partícipes, encubridores, al empresariado del agronegocio y de la deforestación amazónica, a las organizaciones camioneras que organizaron, financiaron, facilitaron la logística y aseguraron traslado y viáticos a centenares de militantes derechistas parejos en su voluntad de violencia. Los iban a buscar uno por uno, a esos terroristas, Brasil no se olvidaría de ellos –a este periodista le desagradaban los parecidos con Bush después del 11 de septiembre-, los iban a encontrar, procesar velozmente, castigar con las condenas máximas previstas en la escala penal para cada peligro, y estas puniciones severas serían ejemplares, para que nadie más recurriera al terror.

El punto más importante fue abordado de inmediato. Es que toda esa minuciosa jerarquía del terror podría corresponder a la historia de una tentativa de asalto frustrada, si el Estado hubiera frenado a esos centenares de asaltantes armados con piedras y palos. Ninguna fuerza del orden los detuvo. En esa tarde de demoledora actividad, al final de la cual no hubo de lamentarse ni una sola muerte (a diferencia de saldo de armas de fuego y sangre del asalto al Capitolio por la horda primitivista y trumpista) redujeron a un montón de vidrios rotos esparcidos por los pisos las paredes de cristal de la arquitectura modernista del comunista Oscar Niemeyer.  No hace falta decir que contra el hormigón armado nada pudieron, ni intentaron, los golpistas.

Más importante que quién había impulsado, era quién no había frenado. Aun no variaran ni el autor intelectual ni el coordinador superior del plan sistemático (seguía siendo Bolsonaro), aquí había una respuesta inmediata. El gobernador del Distrito Federal de Brasilia y el Secretario de Seguridad. Los dos son opositores, los dos son bolsonaristas. El estatuto constitucional de Brasilia es único. La capital es como un estado, pero es singular entre los 27 estados. (No es desemejante a la CABA diseñada por la reforma constitucional argentina de 1994, aunque como se verá no se parece en nada en una cuestión clave). Anderson Torres, el secretario de Seguridad (cargo equivalente al de ministro en el gabinete federal o en los gabinetes estaduales), es un ex policía. Había sido el último ministro de Justicia y Seguridad de la presidencia de Bolsonaro, y había ocupado la cartera el último de los cuatro años del mandato iniciado en 2019. Cuando Ibanéis Rocha fue reelegido gobernador de Brasilia el 2 de octubre, designó a Torres como Secretario de Seguridad. El cargo que ocupaba antes de que Bolsonaro lo convocara a su gabinete.

El domingo, Lula ordenó la intervención federal de la secretaría de Seguridad de Brasilia. Anderson Torres estaba de vacaciones en EEUU. El veraneante en el invierno boreal juraba que asalto y destrucción del DF, por cuya Seguridad le correspondía velar si cumplía con sus deberes de funcionario público, le resultaban “inimaginables”. La intervención federal de Lula del área de Seguridad brasiliense fue rápidamente aprobada por el Congreso, reunido ad hoc. El Supremo Tribunal Federal (STF) fue más lejos en su alineación. Se le abrió una causa a Torres. Todavía más lejos. ¿Inimaginable? Por primera vez en la historia, el STF, de oficio, sin que nadie lo solicitara a la magistratura, ordenó a Ibanéis Rocha, gobernador de Brasilia, elegido el 2 de octubre por voto popular, apartarse durante tres meses de su cargo.

Torres anunció que viajaría de regreso, y se entregaría a la Justicia. El STF ordenó a la Policía Federal el allanamiento del domicilio de Torres. Habría que aclarar en este punto que el STF está en receso, y que un solo ministro de los 11 está de turno, Alexandre de Moraes. Por lo tanto, se trata de disposiciones que el derecho brasileño llama ‘monocráticas’, porque son de un solo Juez que actúa con toda la autoridad del Colegiado. En la vivienda del vacacionante Torres la PF encontró un ropero atiborrado de papeles. Los medios bien informados (por la PF) informaron a su vez: el STF tenía en sus manos un documento comprometedor para el presidente Bolsonaro. Es el borrador de un proyecto de decreto para desconocer la proclamación de la victoria electoral de Lula e investigar  los resultados del balotaje del 30 de octubre. Los medios bien informados (por el monócrata de cráneo rapado como Kojak, ya candidato a superhéroe pop -el Juez Justiciero por mano propia, un Sérgio Moro en el ápice de su rating-) informaron a su vez: el documento era un elemento de prueba importante para establecer la estructura y el funcionamiento de la organización golpista presidida por el ex presidente Bolsonaro.

Filtrada la noticia del borrador, todavía en EEUU, Torres comunicó que recordaba el documento, pero que había sido filtrado fuera de su contexto. Que no constituía una propuesta positiva para decidir si seguir o no el curso de un acontecimiento, sino (no lo dijo con estas palabras) una suerte de ‘ejercicio mental’. Como cuando la Casa Blanca redacta un borrador ‘Sin advertir al Congreso, POTUS ordenó al cuerpo de élite de paracaidistas asaltar el Kremlin y administrar al líder ruso la dosis letal de polonio’. Es el borrador de un decreto inexistente, y tampoco hay registro conocido de ninguna discusión de gabinete o de la administración Bolsonaro sobre su contenido. El Ministerio Público Fiscal pedirá la apertura de una causa a Bolsonaro y Torres por asociación que conspira para derribar la democracia.

Tres semanas atrás, a mediados de diciembre, Brasilia había sufrido un asalto de menor intensidad y extensión, pero de igual índole destructiva. Fue el día de la certificación del diploma que consagraba a Lula como presidente electo y seguro sucesor de Bolsonaro. Torres era entonces el ministro de Justicia y Seguridad federal. Aquel día, el eclipse de la PM ante protestas violentas y actos que entonces sólo se llamaron vandálicos, resultó notorio, imposible de recusar. Presidente y Ministro veían con los mejores ojos a esos partidarios que extremaban físicamente el repudio a un nuevo gobierno del ‘bandido’ del PT. Las fuerzas de Seguridad de Brasilia son financiadas por el Estado federal, no por el Distrito Federal. No es que Brasilia sea pobre. Al contrario, es riquísima. Tradicionalmente, el monto anual del Impuesto a las Ganancias pagado por los habitantes del Distrito Federal es mayor que el monto total anual del mismo impuesto pagado por los diez estados del Nordeste sumados.

Luce irrefutable la responsabilidad del eclipse parcial de Torres el día de la diplomación de Lula. Es más que posible que el día 8 de enero el ex policía avanzara por el mismo camino, con su eclipse total del Brasil, para después dar fe de que nada imaginó. A la penuria de la imaginación de Torres, la novela del borrador responde con la opulencia de la fantasía. Sin embargo, resulta verosímil. 

Hay Golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé

El miércoles 7 de diciembre el presidente peruano Pedro Castillo anunció, casi a escondidas, su decisión de disolver el Congreso, convocar nuevas elecciones en menos de 6 meses, y gobernar por decreto hasta entonces, pidiéndole a las FFAA, ahí, públicamente,  el mantenimiento del orden y la paz sociales en ese trance. El clamor de que Perú había sufrido un intento de Golpe de Estado fue casi unánime, y más que casi unánime una onda de credulidad. 

O más que Golpe,  Autogolpe habría sido. Porque el maestro rural, gremialista docente de izquierda, pero serrano bruto había teatralizado una versión torpe del Autogolpe de Alberto Fujimori de 1992, cuando el presidente derechista, gracias a la fuerza de un acuerdo previo pactado con las FFAA, se adueñó por entero de la suma de un poder público sin prestarse siquiera al disimulo de que lo compartía. Muchas voces democráticas y memoriosas se identificaron como la generación del 5 de abril, y contaron qué desgarrador revivir el trauma, con cuánta nitidez imaginaban a los tanques que avanzaban por las calles de Lima.

Desde luego, no había tanque ninguno, y Castillo ni tenía ni había tenido nunca poder. Nadie se imaginó la imagen que Castillo sí tenía ante sus ojos. No la de Fujimori, sino la del presidente Martín Vizcarra, que había anunciado lo mismo que él (aunque con una precisión legal y técnica que a Castillo escapaba por completo), y había surtido efecto legal, porque la Constitución de 1993 facultaba al presidente a disolver el Congreso en determinadas condiciones.

La detención de Castillo fue ordenada ese día, por la Fiscalía, que pidió y consiguió prisión preventiva por la flagrancia en el delito, sostuvo, de atentado contra la vigencia de la democracia. Fue sucedido el mismo día por Dina Boluarte , que juró como la primera mujer de Perú. La clase política estaba aliviada, se habían librado de un presidente aborrecido desde su asunción. En un horizonte de comunión de los santos convergían políticos, medios, partidos, clases medias limeñas.

Encarcelado Castillo, se demostró que a las élites limeñas, a la generación del 5 de abril (que imaginaba con tanta realidad a los tanques golpistas), les faltó imaginación por completo sobre qué iba a ocurrir. La ineptitud para representarse el grado y las formas de la impopularidad de Lima en la sierra no era menor que, en el andarivel técnico, la incompetencia de Castillo para redactar sus propios decretos.

En un mes de protestas sociales, se han sumado cinco decenas de muertes conocidas. La ONU expresó su preocupación por la violación sin freno de los DDHH que observa en Perú. La Fiscalía de la Nación ha desviado el monopolio de su atención de Castillo y tomado medidas. Ha abierto el martes una investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte, tres ministros y dos exministros, por distintos delitos, entre ellos, el genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

Cuenteros dos veces contados

No sólo hay déficit de imaginación (y superávit de fantasía) en Brasil. También en EEUU. El presidente demócrata Joe Biden declaró que era “inimaginable” que documentos secretos del Estado fueran hallados ocultos en una oficina que él usaba. Todavía más “altamente inimaginable” le resultó que un segundo conjunto de documentos secretos fuera encontrado también en un lugar de trabajo que ocupaba.

El Washington Post no logra concebir que exista gente capaz de hallar semejanzas entre los documentos secretos que guardaba en secreto Biden con los que Donald Trum guardaba en secreto en Florida. Pero sí se empieza a entrever por detrás la cadena de desinformación antidemocrática, de fake news que tientan con el demonio de la analogía.

AGB