Una ley ómnibus para atropellar nuestros derechos

Para muchas personas las urgencias pasan por otro lado, lo sabemos. Las angustias se definen por el impacto inmediato de la incertidumbre en los ingresos, la precariedad en el empleo, los malabares con los que se trata de ordenar la vida cotidiana justo ahora que hay vacaciones en las escuelas y encontrar el equilibrio para cumplir con el trabajo y los cuidados es más complejo. Se hacen cálculos para saber si se podrán mantener en los próximos meses los servicios con los que contaba hasta ahora y cuál será el impacto de la inflación que no encuentra techo en la educación, la vivienda, el transporte, la salud. 

Las angustias de la vida cotidiana llevan mucha de nuestra energía y esto se comprende fácilmente desde el punto de vista humano, individual, familiar. Tenemos eso en común.

A nivel colectivo, sin embargo, cuando se trata de proponer y analizar las políticas públicas que enmarcarán nuestra vida en comunidad, que darán contenido y efectividad a los derechos consagrados en las normas vigentes, la situación es distinta. Corresponde allí evaluar con profundidad en qué medida estas políticas públicas honrarán las obligaciones del Estado, los compromisos contraídos y los consensos democráticos logrados a base de debate, acuerdos y razones públicas que construyeron el marco de derechos desde el que no se puede retroceder.

El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso nacional denominado “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” pero conocido como “ley ómnibus”, ha recibido numerosas críticas desde distintos espacios. Se propone un uso desproporcionado de las delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo basado en lo que considera es una situación de “emergencia pública en materia económico, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social sin precedentes”. Con ese argumento, se proponen cambios en cientos de normas instalando un cambio de paradigma que pretende extender su vigencia más allá del plazo establecido para tal emergencia.

Las noticias que reflejan los puntos de vista de analistas políticos y que dan cuenta de las sesiones informativas que iniciaron por estos días en la Cámara de Diputados, muestran las divergencias y puntos de preocupación sobre un sinfín de temas: reforma fiscal, privatización de empresas, desregulación de distintos sectores de la economía, cambios en el sector energético y el financiamiento de la política entre muchos otros. Sin embargo, prácticamente no se escuchan voces de preocupación por otras reformas que están claramente dirigidas a erosionar las políticas que contribuyeron (hasta ahora) a impulsar algunos consensos básicos que compartíamos sobre la relevancia de promover políticas para la igualdad de género y el respeto por los derechos y la autonomía de las mujeres.

Sin explicar su vinculación con la emergencia que se pretende atender con este conjunto de reformas, el proyecto de ley ómnibus busca reformar una serie de leyes medulares en muchos de los consensos que creíamos haber alcanzado. Propone reformar políticas fundamentales para garantizar la representación de los intereses de las mujeres y su partipación en la vida política; limitar las condiciones para el ejercicio de sus derechos frente a la disolución del vínculo matrimonial; restringir el ejercicio de su autonomía reproductiva y el resguardo de la dignidad de las adolescentes, mujeres y otras personas gestantes en sus decisiones reproductivas; y diluir la política más extendida de sensibilización y capacitación para promover las mejores condiciones posibles para que el Estado, en todos sus niveles, estén en condiciones de responder de manera sensible, informada y no revictimizante frente a situaciones de violencia de género.

Es tal la magnitud de reformas que propone sin ofrecer razones públicas ni justificación basada en evidencia para ellas, que no se intenta siquiera explicar cómo se vinculan estos cambios con la la crisis económica, financiera, fiscal que atraviesa el país y que se expresa con sentido de urgencia en las vidas cotidianas. Es difícil evitar la imagen del vehículo de gran porte que avanza a toda velocidad para atropellar los derechos de las mujeres.

Muy poco de esto se lee en los medios de comunicación o entre los temas que generarían rechazo desde las distintas fuerzas políticas. Para llamar la atención sobre estos aspectos que muchas personas pueden considerar secundarios frente a los temas “duros” de la economía elaboramos una serie de documentos que propone iluminar esta parte del debate público.

Con la reforma del sistema electoral se propone incorporar circunscripciones uninominales modificando el Código Electoral Nacional. El impacto de este cambio implicará, en los hechos, la desaparición de la paridad para las elecciones nacionales de diputados y diputadas.  La evidencia muestra que este sistema obstaculiza de manera insalvable el objetivo de la paridad en cuanto a mejorar la participación de mujeres en los poderes legislativos: allí tenemos los casos de las legislaturas provinciales en Córdoba, Santa Fe y Salta para ilustrarlo.  Bien sabemos que sin mujeres en los espacios de representación política (aún mujeres diversas, con ideas y convicciones bien distintas y no necesariamente defensoras de una agenda feminista) difícilmente los derechos de las mujeres lleguen a considerarse en los espacios de decisión.

La reforma del Código Civil y Comercial que incorpora la posibilidad de disolver el matrimonio mediante una “comunicación” ante un organismo administrativo, sin garantizar el acceso a información sobre derechos y obligaciones ante los efectos del divorcio implicará (especialmente para las mujeres) una limitación al ejercicio de derechos ya que no se puede ejercer un derecho que se desconoce. El problema que se describe tiene efectos desiguales en términos de género, dado que debido a la forma en que se distribuyen las tareas al interior de los hogares las mujeres dedican más del doble de tiempo al trabajo no remunerado en comparación con los varones, lo que repercute en su inserción laboral y, por consiguiente, en sus ingresos. Las mujeres y los hogares monomarentales (generalmente a cargo principalmente del cuidado de los hijos e hijas en común) se empobrecen como consecuencia de la separación.

La propuesta de reforma de la Ley Micaela de Capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (Ley N° 27.499) resulta particularmente penosa. Justamente ayer, 10 de enero, se cumplieron 5 años desde la promulgación de la ley. Es difícil abstraerse del dolor que debe significar para esa familia, que transformó su tragedia individual en reparación colectiva generando una herramienta que nos ayuda a mejorar como sociedad, ver tergiversada por completo el objetivo de la ley. La propuesta no solo cambia el objeto sino también el alcance de las personas obligadas a recibirla avasallando la memoria de la joven en cuyo homenaje se sancionó la norma. La propuesta reduce el alcance de la capacitación a organismos “competentes” en lugar de aplicar a los tres poderes del estado en sus distintos niveles –nacional, provincial y municipal-, desconociendo que el Estado tiene una responsabilidad en garantizar la mejor atención posible para las personas que atraviesan situaciones de violencia por razones de género y que pueden requerir la intervención de distintas personas empleadas o funcionarias del Estado, en cualquiera de los tres poderes y en todo el territorio del país. Por eso, comprendiendo el desafío y la oportunidad que brindó la Ley Micaela, todas las provincias del país adhirieron e implementaron esa norma en sus territorios. Sin una articulación multiagencial no se puede garantizar un abordaje integral en el país que supo decir Ni Una Menos. 

No es lo mismo reflexionar sobre igualdad y violencia de género que enfocarse en la violencia familiar. La delimitación de la capacitación a la problemática de “violencia familiar” eliminando los contenidos referentes a las desigualdades estructurales que atentan contra las autonomías de las mujeres y contra el reconocimiento de los derechos de las diversidades empobrece la identificación de aquellos problemas que hacen posible que en la Argentina haya un femicidio cada 35 horas. Ese cambio sin duda tendrá un impacto negativo en el diseño e implementación de políticas efectivas y eficientes para su prevención y erradicación. Este enfoque es contrario a los compromisos internacionales asumidos por la Argentina y que justamente le ha valido el reconocimiento de los aspectos positivos asociados a esta política pública.

Finalmente, preocupa la reforma propuesta a la Ley N° 27.611 de Mil Días, una norma aprobada junto con la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, con el objetivo de organizar las políticas públicas y las políticas sociales de acompañamiento a quienes deciden llevar adelante una gestación y a los niños y niñas durante la primera infancia. Las reformas propuestas muestran la intencionalidad de avasallar la autonomía de las niñas, adolescentes y mujeres, restringir el ejercicio de su autonomía y retroceder en los derechos sexuales y reproductivos.

Entre los muchos cambios problemáticos que propone el proyecto, se incorpora la categoría no jurídica de “madres en situación de vulnerabilidad” y “niños en situación de vulnerabilidad” como futuros destinatarios de las políticas públicas allí contempladas. Esta modificación, además de un cambio de paradigma que tergiversa el sentido de la norma, introduce un serio problema de ineficiencia porque genera dificultades en términos de tener que volver a definir quiénes forman parte de esa categoría, imponiendo una mayor carga burocrática que involucra costo para el Estado (una preocupación que alegan como central a esta situación de crisis), que deteriora la calidad de los servicios prestados y que indefectiblemente llevará a errores en la implementación cuando se incluyan o excluyan a personas de forma equivocada. Es mucha la evidencia que señala los altos costos administrativos de las políticas focalizadas. 

La profundidad y diversidad de los temas que propone reformar el Poder Ejecutivo contrasta con la falta de razones públicas enunciadas en el mensaje que acompaña su presentación ante la Cámara de Diputados. Además, la celeridad que buscan imprimir a un debate de tantos temas en un contexto de “emergencia” y en sesiones extraordinarias, no parece el más adecuado para ofrecer y analizar evidencia empírica, escuchar el análisis de personas e instituciones expertas y exponer la evaluación del impacto que las reformas propuestas en un ordenamiento jurídico que, aún con sus problemas (en especial de implementación) no parece ser la fuente principal de las dificultades que atraviesa el país.

La falta de un debate plural, informado, profundo sobre los distintos temas que atraviesan de manera tan central las vidas de las niñas, adolescentes y mujeres en toda su diversidad impacta directamente en la calidad de nuestra democracia. 

Es comprensible que para muchas personas haya temas más urgentes. Por eso es responsabilidad de nuestros representantes no permitir que se concrete este atropello. No solo deben rechazarse su inclusión en el proyecto de ley ómnibus sino que tampoco debemos permitir que éste sea el prisma con el que enfoquen la gestión pública en los años que siguen.

NG