Caputo desautoriza a Francos y avanza con su intención de limitar el acceso a la información pública

El polémico decreto de Javier Milei que modificó los criterios de la ley de información pública, con el fin de proteger datos “privados” de sus funcionarios, motivó algunos cruces puertas adentro del Gobierno. Por más que el vocero presidencial Manuel Adorni haya intentado este viernes poner paños fríos al calificar de “falsas” las versiones acerca de internas en el gabinete a partir de ese tema, elDiarioAR pudo saber que estuvo la mano del asesor presidencial Santiago Caputo detrás de esa decisión oficial, que según voces especializadas pone en jaque el espíritu de la normativa sancionada en 2016.

Al igual que en el caso del resto de los decretos y leyes importantes del Gobierno, la redacción del texto estuvo a cargo de María Ibarzábal Murphy. Designada en abril como secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, la funcionaria depende en los papeles a la Secretaría General de la Presidencia que comanda Karina Milei, pero en la práctica reporta directamente a Caputo, el otro vértice del “triángulo de hierro” que conforma la cúpula del poder libertaria.

“Nosotros siempre estamos dispuestos en modificar algo, si tenemos que modificarlo, [pero] no va a ser el caso este”, sostuvo Adorni, tajante, durante su última conferencia de prensa. Se trató de una postura contraria a la expresada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos el miércoles pasado, cuando debió brindar su primer informe de gestión ante el Congreso. Allí, el ministro coordinador se había mostrado receptivo a las críticas de la oposición y hasta había dejado abierta la puerta a la posibilidad de “modificar” el decreto presidencial que intenta resguardar la “privacidad” de los funcionarios “si fuera necesario”.

Pero lo ocurrido a partir de ese momento puso en evidencia ciertas diferencias de criterios entre el jefe de Gabinete y Santiago Caputo. Fue la diputada radical Karina Banfi la testigo, en primera persona, de esos desacuerdos, que se parecieron demasiado a una desautorización. Según relató la legisladora de la UCR, fue el propio asesor estrella el que, pocas horas después de las concesiones discursivas enunciadas por Francos, se comunicó telefónicamente con ella para aclararle que la posición del Gobierno era la que se expresaba en el decreto.

En Casa Rosada intentaron aclarar este viernes que, en realidad, “no hubo ninguna contradicción entre lo que dijo uno y lo que dijo otro”, en referencia a Caputo y a Francos. Sin embargo, la posición tomada por el jefe de Gabinete en el recinto distó demasiado de la de Adorni, quien justificó la necesidad de todas y cada una de las modificaciones publicadas el lunes pasado en el Boletín Oficial. Mientras que Francos había sostenido que recogía “las inquietudes” de los legisladores para transmitírselas a Milei, los argumentos del portavoz fueron intransigentes al afirmar que el texto quedará como está. “Si amerita alguna aclaración sobre algún punto, se hará, pero no se va a modificar”, sentenció, en línea con Caputo.

En Balcarce 50 no dan el brazo a torcer, pese al rechazo generalizado al decreto que, según denunció FOPEA y otras 60 organizaciones, afecta “el pleno acceso a la información pública”. Se amparan en un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Rodolfo Barra, que en julio determinó que no se debían brindar datos sobre los perros del presidente Milei por no tener carácter público. Fue luego de un pedido de acceso formulado en torno a la cantidad, raza, nombre, edad e información vinculada a la presencia de los animales en la residencia presidencial. Las preguntas fueron calificadas de “banales” por Barra, para quien se trataba de información “sobre aspectos típicamente domésticos” y por ende privada. 

Sin embargo, la actual injerencia directa de Santiago Caputo en un tema tan delicado, como es la obligación que tiene el Estado de proporcionar información, abre nuevos interrogantes. ¿Cuánto tuvo que ver en la promulgación del decreto la reciente revelación periodística del vínculo laboral que mantiene el asesor, en relación de dependencia, con una empresa agropecuaria? ¿Lo inquieta la posibilidad de que se den a conocer más movimientos suyos en el sector privado, paralelos a su labor en el Gobierno? Si bien su condición de mero contratado —su remuneración mensual es de $2.563.312, según consignó el informe de Francos— lo exime de presentar declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, ya que no forma parte de la planilla de funcionarios públicos, el poder que acumula lo convierte en una figura de extrema exposición.

En ese sentido, no deja de llamar la atención el reciente argumento que utilizó Milei para embestir nuevamente contra la prensa. En su último reportaje con LN+, el Presidente disparó contra los periodistas por no ser consideradas Personas Políticamente Expuestas (PPE) y justificó en ese dato su negativa a conceder conferencias de prensa. “Vamos a hacerlo jugando todos en el mismo terreno. Si quieren pido al Congreso que mande una ley para que los periodistas sean PPE, que presenten declaraciones juradas y sean sometidos al escarnio público”, lanzó, provocador. Quizás el primer paso deba ser comenzar por casa.

PL/DTC