Casa Rosada en alerta: la UCR busca avanzar contra el decreto que restringe el acceso a la información pública

El tablero está caliente y el desenlace es incierto. Con el tiempo en contra y las posiciones cada vez más radicalizadas, el debate por el decreto de Javier Milei que restringe el acceso a la información pública promete volver a ser un campo de batalla entre el Gobierno y la oposición. En Casa Rosada están en alerta por las noticias que llegan desde el Congreso: en la UCR están dispuestos a avanzar en el intento de derogación de esa normativa, que según voces especializadas pone en jaque el espíritu de la ley sancionada en 2016.

A contrareloj, la presión legislativa opositora es palpable. La principal espada en esa cruzada es Karina Banfi, quien exigió que la Comisión de Asuntos Constitucionales, comandada por el libertario Nicolás Mayoraz, discuta el tema de inmediato. Los radicales, envalentonados y sin mucho que perder, planean insistir para que el oficialismo convoque a la comisión o, en caso contrario, proponer en la próxima sesión de la Cámara de Diputados la derogación total del decreto. Mientras tanto, en Balcarce 50 la postura es clara: no dar marcha atrás y desoír todas las críticas. “La decisión está tomada”, repiten, tajantes.

“Frente a un decreto que ya es operativo y está cercenando el acceso a la información pública, el Congreso debe dar una señal clara ante la Justicia. Estamos frente a un decreto a todas luces inconstitucional: el Poder Ejecutivo no puede reglamentar una norma arrogándose una facultad que le corresponde a la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es autónoma y autárquica”, sostuvo este miércoles Banfi, que es la vicejefa del bloque radical y aliada de Rodrigo De Loredo.

Pero la movida opositora no es sencilla: sin dictamen, necesitarían una mayoría especial, algo difícil de conseguir sin el respaldo del PRO. Sucede que aunque la ley de acceso a la información fue uno de los logros del gobierno de Mauricio Macri, el bloque liderado por Cristian Ritondo se muestra dividido. Por ejemplo, la diputada Silvana Giudici considera que la derogación no es la vía correcta y opina que debería ser la Agencia de Acceso a la Información (AAIP), encabezada por Beatriz Anchorena, la que revise el decreto de Milei.

El tironeo llega luego de varias semanas de negociaciones infructuosas que mantuvieron representantes de los distintos bloques y delegados del Poder Ejecutivo.  Pero la Casa Rosada, desafiante, no muestra intenciones de ceder. Es que detrás de la controvertida medida, que vio la luz en septiembre, está María Ibarzábal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico y principal artífice del decreto, quien actúa bajo las órdenes de Santiago Caputo, mano derecha de Milei y cerebro de la estrategia comunicacional oficialista.

Una vez publicado, la medida no solo encendió un feroz enfrentamiento con la oposición. También motivó tensiones puertas adentro del oficialismo, con diferencias de criterios entre el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y Santiago Caputo. La propia Banfi fue testigo, en primera persona, de esos desacuerdos. Según relató la legisladora de la UCR, fue el asesor estrella el que se comunicó telefónicamente con ella para aclararle que la posición del Gobierno era la que se expresaba la letra de la normativa.

El intercambio entre Caputo y Banfi tuvo lugar pocas horas después de las concesiones discursivas enunciadas por Francos durante su primer informe de gestión ante el Congreso. Allí, el ministro coordinador se había mostrado receptivo a las críticas de la oposición y hasta había dejado abierta la puerta a la posibilidad de “modificar” el decreto presidencial que intenta resguardar la “privacidad” de los funcionarios “si fuera necesario”. Sin embargo, al día siguiente, el vocero Manuel Adorni salió a sostener lo contrario: “Nosotros siempre estamos dispuestos en modificar algo, si tenemos que modificarlo, [pero] no va a ser el caso este”.

Pese al rechazo generalizado al decreto que, según denunció FOPEA y otras 60 organizaciones, afecta “el pleno acceso a la información pública”, en el Gobierno se amparan en un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Rodolfo Barra, que en julio determinó que no se debían brindar datos sobre los perros del presidente Milei por no tener carácter público. Fue luego de un pedido de acceso formulado en torno a la cantidad, raza, nombre, edad e información vinculada a la presencia de los animales en la residencia presidencial. Las preguntas fueron calificadas de “banales” por Barra, para quien se trataba de información “sobre aspectos típicamente domésticos” y por ende privada. 

El debate amaga con volver nuevamente al Congreso, en un momento clave para el oficialismo. La radical Banfi también se mostró a favor de regular los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo. En declaraciones radiales, subrayó que la ley 26.122 “debe ser modificada” para que los DNU sean realmente “excepcionales”, evitando así que los gobiernos actúen como “colegisladores”. El PRO no acompañaría la iniciativa opositora, en una nueva acción para congraciarse con el Gobierno. En Casa Rosada esperan que ese gesto también se replique en lo referido al decreto de acceso a la información pública.

PL/MG