Un festejo en medio de la tempestad

A dos días de fin de año, Alberto Fernández se anotó la segunda victoria política de un 2020 colmado de dificultades y malas noticias. La sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es un triunfo del Presidente, motorizado dentro de su gobierno por Vilma Ibarra y trabajado por él voto a voto, con una dedicación que no mostró en otras iniciativas del oficialismo que quedaron anegadas en el Congreso. Junto con la reestructuración de la deuda, son dos objetivos que Fernández se había fijado en campaña y que pudo cumplir, pese a las demoras. Por convicción, por astucia, porque el movimiento feminista le impuso el tema como prioridad o porque todo tiene un tiempo de maduración, el profesor de Derecho Penal logró lo que Mauricio Macri prefirió no hacer ni capitalizar, cuando tuvo la oportunidad, en pleno derrumbe económico. Que se haya tratado de una demanda social y haya contado con el apoyo decidido de mujeres de distintos partidos no impide que el pancristinismo vuelva a entrar en la historia como la fuerza que sanciona una ley con eje en las libertades individuales, como lo fue hace más de 10 años el matrimonio igualitario. El contexto dramático en que se aprueba el aborto legal, sin embargo, también cuenta y aporta indicios para entender qué tipo de proyecto es o puede ser el de los Fernández.

Después de una década de estancamiento y bajo crecimiento, el peronismo kirchnerista enfrenta una prueba ácida en su cuarto ciclo de gobierno: demostrar cuál es su capacidad efectiva para aprovechar la oportunidad recurrente de la crisis y resolver los problemas estructurales en la Argentina de la precariedad y el empate tenso. Será difícil desmentir a Héctor Magnetto, quien afirma en privado que la alianza oficialista no tiene margen para hacer cambios importantes durante su mandato. La pandemia opera sobre un cuadro que Macri agravó de mil maneras en tiempo récord y, pese al rebote que se insinúa, el panorama es desolador. Más de 43 mil muertos, una caída de la economía similar a la de 2002, escasez de dólares para motorizar la reactivación, un aumento descomunal del continente de pobres y desocupados, cierre de pequeñas empresas, caída de ingresos por tercer año consecutivo y el FMI como acreedor privilegiado y auditor.  

El Covid-19 se resiste a quedar atrás y sigue siendo lo más urgente. Fernández no quiere retroceder con la apertura, gran parte de la sociedad ignora las cifras de nuevos muertos y las aglomeraciones de gente sugieren que el botón rojo nunca existió. Desde el fin del mundo, el Presidente corre la carrera global por acceder a la vacuna. Junto con Sputnik V y AstraZeneca, el objetivo es apurar el acuerdo con China: mañana mismo, sin ir más lejos, Fernández estará pendiente de que le lleguen buenas noticias de Beijing y de que madure el acuerdo con Sinopharm.  

Mañana mismo, Fernández estará pendiente de que le lleguen buenas noticias de Beijing y de que madure el acuerdo con Sinopharm.

La reforma del sistema de salud que planteó sin dar detalles Cristina en La Plata es parte de un programa de gobierno del que ni siquiera conocen sus trazos gruesos los sectores involucrados. Por segunda vez en dos meses, Alberto dio marcha atrás el 31 de diciembre con un aumento del 7% para las prepagas. Esta vez, lo hizo unas horas después de que su propio gobierno publicara la resolución 2897/2020 en el Boletín Oficial, con la firma de Ginés González García. Entre los fundamentos de la suba que no fue, el ministro de Salud marcaba la preocupación de las cámaras empresarias “por el estado crítico en que se encuentran la mayoría de los prestadores” y justificaba el incremento “a fin de garantizar su continuidad”. En el sector privado, también reclaman una reforma integral aunque no está claro que se trate de una alternativa compatible con la que enunció CFK; dudan sobre si existe alguna medida de corto plazo, si se analiza la vía de una estatización o se piensa en una variante más parecida al National Health Service, el sistema que adoptó el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial y sobrevivió hasta hoy, debilitado por los recortes presupuestarios de distintos gobiernos.

Para las prepagas, que le presentaron ya su propuesta de reforma a Ginés, el sistema británico es una variante posible porque recauda, contrata con las clínicas las prestaciones y se hace cargo de los riesgos de financiar los tratamientos. La medicina privada se queja del congelamiento, dice que con el fin del ATP la mayoría de los sanatorios no podrán pagar los sueldos y afirma que el sistema va a un colapso entre febrero y marzo. Además, apunta contra los laboratorios, grandes ganadores de buena llegada al gobierno, que acentuaron su predominio con la pandemia y aumentaron los medicamentos a niveles inconcebibles pese a la emergencia sanitaria. Cómo financiar la salud en la era del virus es otra de las cuestiones que no tiene respuesta fácil. Aún con su importancia vital, el hospital público atiende a los afiliados que tienen cobertura pero aparece desfinanciado por las obras sociales que le pagan tarde y sin actualizar los aranceles. 

Las prepagas dicen que con el fin del ATP la mayoría de los sanatorios no podrá pagar los sueldos de febrero y marzo. Además, apuntan contra los laboratorios, que aumentaron los medicamentos a precios inconcebibles durante 2020.

Argentina es un país de múltiples realidades. Pese a que afecta a 18 millones de personas, la reforma jubilatoria que el Frente de Todos aprobó en Diputados tuvo muchísima menos repercusión que la sanción de la IVE. El oficialismo hizo coincidir las fechas para diluir las críticas en su contra. Sin embargo, la aprobación de la reforma jubilatoria se festejó en la residencia de Olivos. Sus consecuencias son difíciles de prever en el marco de la inestabilidad permanente. En su discurso de cierre, cuando entró a comparar piedras con balas, Máximo Kirchner defendió la medida, pero admitió que los jubilados no se van a recuperar en breve del golpe devastador sobre sus ingresos que sufrieron durante los años de Macri y debían revertir en parte en el 2020 en el que Fernández decidió los aumentos por decreto. El aliado paraoficial Luis Di Giacomo levantó la mano para votar y arriesgó su propia definición sobre la reforma: es “la menos mala” dijo, en una aproximación que seguro Sergio Massa comparte. 

La nueva fórmula no indexa por inflación, depende de la evolución de la economía y es casi una cuestión de fe en un contexto de múltiples restricciones, que tiene al nuevo Fondo pidiendo por lo bajo lo mismo que pedía el viejo, la reducción del déficit fiscal. Mientras la oposición denuncia el ajuste después del ajuste, el oficialismo evoca con nostalgia los años kirchneristas que no volverán. Una tercera perspectiva aportan desde consultoras como Eco Go. Según su directora, Marina Dal Poggetto, la formula es un bumerán para los Fernández: el gobierno paga un costo político con un cambio que no le garantiza un beneficio económico porque las jubilaciones pueden volver a licuarse en 2021 -si se quedan por detrás de una inflación que escala hacia el 4% mensual- pero volverán a ganar, si la reactivación se produce a partir de 2022. Para los analistas del establishment, que ponen en primer lugar la reducción del déficit y el acuerdo con el Fondo, el nuevo esquema es malo y en el mediano plazo deberá ser nuevamente enmendado porque no hay forma de financiar los aumentos previstos. Salvo, claro, que haya un acuerdo para una reforma estructural en un sistema impositivo que sigue siendo de lo más regresivo.

El contexto es el que cambió en la última década. Para la consultora de Dal Poggetto, en 2008 los ingresos de la Anses, fondeados en una tercera parte con rentas generales y dos terceras partes con ingresos de la seguridad social, alcanzaban para financiar el 80% del gasto de la Anses y el 110% de las jubilaciones y pensiones. Hoy, tras una licuación de más del 20% de los haberes, los ingresos de Anses alcanzan para financiar sólo el 60% del gasto de la Anses y el 90% de las jubilaciones y pensiones. En 2008, todavía había equilibrio fiscal, hoy el déficit abultado por la pandemia ronda el 7% del PBI. Otra vez la pregunta para el peronismo es cómo financiar el sistema desde la fragilidad de la escasez y el sobreendeudamiento. El trabajo no registrado, que nunca bajó del 35% y hoy afecta según algunos estudios a 1 de cada 2 asalariados, es una de las razones del desequilibrio y parece ausente, salvo por la propuesta de reforma laboral que hizo Roberto Lavagna para incorporar al sistema a los que están en la informalidad bajo un régimen low cost para las empresas.

Para Marina Dal Poggeto, la formula previsional es un bumerán para los Fernández: el gobierno paga un costo político con un cambio que no le garantiza un beneficio económico porque no hay forma de financiar los aumentos previstos.

Otra cuestión estructural, el funcionamiento de un servicio eléctrico oligopólico, quedará a prueba en el verano con el congelamiento de tarifas y el regreso de los cortes de luz en el conurbano bonaerense y la Capital Federal. Es probable que los reflectores estén sobre el debut del consorcio liderado por José Luis Manzano en Edenor. Mientras algunos no se explican por qué vendió el velocista Marcelo Mindlin, al lado del dueño de Pampa Energía dicen con ironía que el misterio es por qué compró el exministro del Interior una compañía que “regalada es cara”. Se refieren a los aumentos pisados por Cristina hasta nuevo aviso y la tarifa social que cubre a una parte de sus clientes. Manzano no sólo es socio de Daniel Vila y de Mauricio Filiberti. La composición de Empresa de Energía del Cono Sur (Edelcos) incluye un accionista que pasó inadvertido pero también incide, el titular de Global Income Fund Limited, un fondo constituido en Bahamas en 2018. El empresario mendocino no oculta su nombre y lo admite ante quien se lo pregunta: se trata de Ricardo Beroiza Contreras, un ingeniero chileno que hizo un master en Estados Unidos, trabajó durante 15 años en el Bank of America y es socio de Manzano en Edemsa, la distribuidora de luz de Mendoza. ¿Qué participación tiene Beroiza en el capital accionario de Edenor? Nadie ofrece precisiones.

Los cortes de luz en la tercera sección electoral empezaron a crecer con las temperaturas altas: afectan cada día a grupos de 500 vecinos y vuelven a poner a prueba la paciencia social.

A los intendentes del conurbano, les preocupa Edesur, que no mejoró el servicio pese a las intimaciones que recibió del ENRE ni a los pagos del Estado que -igual que Edenor- embolsó sobre fin de año por el consumo de energía de los barrios populares. Los cortes de luz en la tercera sección electoral empezaron a crecer con las temperaturas altas: según denuncian desde los municipios, afectan cada día a grupos de 500 vecinos y vuelven a poner a prueba la paciencia social. No parece el contexto más oportuno para la batalla interna que se precipita en el PJ, donde un grupo de intendentes liderados por Fernando Grey pretende resistir la intención de Máximo Kirchner para asumir la jefatura del partido con el impulso del zigzagueante Martín Insaurralde. El Frente de Todos sabe muy bien cuál es su base electoral pero la disputa de superficie con la oposición y las diferencias internas lo muestran muchas veces desligados de los problemas, estructurales, que afectan a sus votantes más que a nadie. Entre la inestabilidad económica, la presión devaluatoria y un Fondo que le respira en la nuca, deberá calibrar bien sus prioridades para el año electoral. Como aliada tiene a la soja, que aumentó 40% durante 2020, cotiza por arriba de los 470 dólares y tendrá desde enero otra vez retenciones del 33%.