Crece la agitación social en Salta por la protesta salarial que arrancó con docentes autoconvocados

La provincia de Salta atraviesa días de agitación social por la protesta de un importante sector de la docencia que pasó por encima de la representación de los gremios tradicionales, en desacuerdo con el acuerdo salarial que firmó con el Gobierno. Este lunes arrancó la quinta semana de paro, con fuerte adhesión y movilización, que protagoniza el sector conocido como Docentes Autoconvocados de Salta. Hubo cortes de calles en la capital provincial, piquetes en las rutas de la verde selva de General Mosconi y bloqueos en la altura puneña de San Antonio de los Cobres. 

Gran parte de la docencia se sumó a las manifestaciones tras la represión y detención de 19 manifestantes cuando realizaban una protesta en el expeaje Aunor, uno de los accesos principales a la capital, el pasado 25 de mayo. El escenario de alta conflictividad se agudizó cuando tres días más tarde el Gobierno local firmó con la Asociación Docente Provincial y la Intergremial Docente, una suba salarial del 35% de aumento (que se suma al 34% de febrero) y un bono de $ 60.000. Tras la firma, se anunció el descuento de los días de paro. Estas decisiones avivaron las protestas porque los Autoconvocados señalaron que las subas se hicieron en base al sueldo básico de diciembre, por lo que en el bolsillo de cada docente los incrementos harían que los maestros perciban entre $ 130.000 y $ 180.000, cifras inferiores al valor de la canasta básica familiar que fija el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) que en la actualidad es de $ 203.361.

En este escenario, el sector que protagoniza las manifestaciones declaró el paro por tiempo indeterminado y desde entonces hay marchas a diario en la capital, Cafayate, Seclantás, Cachi, Orán, Pichanal, Quebrachal, Tartagal, Aguaray, Embarcación, General Mosconi, General Güemes, Salvador Mazza, Coronel Juan Solá, Campo Durán, Rosario de Lerma y Rosario de la Frontera. Todos los días se realiza una asamblea, la última fue en la sede del Sindicato de Canillitas, en donde los 23 delegados deliberan y deciden los pasos a seguir. Frente el reclamo, la semana pasada el gobernador Gustavo Sáenz insistió en que carece de presupuesto para dar un mayor incremento salarial y criticó a los funcionarios por la situación en la que se encuentra el conflicto. “Hay muchos errores del Gobierno, no voy a personalizar en ninguno de los ministros que tienen la obligación de trabajar y creo que lo que está faltando en muchos es recorrer la provincia, escuchar a todos, escuchar a los autoconvocados”, aseveró en una entrevista radial. Tiro por elevación para el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada; y para su par de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Matías Cánepa. 

Lo que está ocurriendo en Salta es una muestra de la situación que atraviesan los docentes en distintas provincias. Los conflictos también se repiten en Jujuy, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, San Juan, La Rioja, Misiones, donde agrupaciones docentes reclaman planes de lucha al margen de los sindicatos. Lo mismo ocurre en organizaciones de base en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires

En el fragor del conflicto y en tiempo récord, la semana pasada, las Cámaras de Diputados y Senadores, sin tratamiento en comisiones, aprobaron un protocolo antipiquetes que regula el derecho a las protestas. En el Senado, el proyecto oficial se impuso por un voto. Fue la respuesta política del oficialismo provincial mientras los delantales blancos, que sumaron adhesiones de estudiantes universitarios y sectores de la salud, mantienen las protestas. Se sumaron en las últimas horas algunos gremios y movimientos sociales que centraron sus críticas en la ley aprobada, por considerar que cercena el derecho ciudadano a protestar. 

Desde entonces se sucedieron tres reuniones con funcionarios de tercera línea del gobierno, sin resultados positivos, y la última se concretó este lunes, a las 19. Por el Poder Ejecutivo estuvo el secretario de Gobierno, Rodrigo Monzo, con asesores; mientras que los Autoconvocados estuvieron representados por los docentes Claudia Ávalos, de zona oeste; Lorena González, de Cafayate; Claudio Uriona, de la capital, y Alejandra Sanier, del departamento Rivadavia. La reunión concluyó dos horas más tarde y los cuatro informaron en la asamblea que Monzo se comprometió a gestionar un encuentro con los ministros. Los gremialistas le ratificaron al funcionario que piden que no se descuenten los días de paro, se anulen las acciones judiciales en contra de los docentes detenidos y que el sueldo mínimo de bolsillo supere el valor de la canasta básica familiar, más mejoras edilicias en escuelas y colegios. “Lamentablemente no hubo respuestas de fondo, así que a redoblar los esfuerzos porque continúa el paro por tiempo indeterminado”, sostuvo Lorena Gómez. y Claudio Uriona agregó: “queremos una oferta superadora, es lo principal del petitorio, porque queremos más plata en nuestros bolsillos. Monzo hace de mediador y le manifestamos que esto solo se destrabará si hay propuestas concretas”.

Consultado por elDiarioAR sobre el nivel de adhesión al paro, Ángel Tolaba, integrante de los Autoconvocados, señaló que disminuyó en relación a la semana pasada, cuando hubo inactividad en casi la totalidad de los establecimientos. “Surtió efecto el descuento de los días de paro, sobre todo, en los maestros y maestras jóvenes pero aún ronda el 70% de adhesión, por lo que consideramos que estamos fuertes”, sostuvo. Y agregó que en los últimos días se ha sumado a los reclamos algunos sectores de la salud, que también piden la reapertura de las paritarias para el sector. “Esto nos da a razón de que en Salta se pagan salarios muy bajos”, expresó.

En un intento por neutralizar el rechazo que produjo en partidos políticos y algunos gremios la aprobación de la “ley antipiquetes” y ante el creciente malestar también en movimientos sociales, el gobernador Sáenz -reelecto el 14 de mayo con el 47,5% de los votos- se reunió este lunes con la cúpula de la CGT salteña. El objetivo del encuentro fue escuchar a los secretarios generales para recién avanzar en la reglamentación de la polémica ley, que avanza de manera explícita sobre los derechos de los trabajadores a protestar. Pero, además, también comprende a cualquier otro tipo de expresión en la vía pública, como ser, acciones de movimientos sociales, víctimas de casos de violencia institucional o de otro tipo (género o discriminación, entre otras) que con presencia inmediata en la vía pública logran visibilizar sus casos. De ponerse en marcha el protocolo, como señala en su cuenta de Twitter el periodista Sebastián Lacunza, “las manifestaciones deberían ser autorizadas 24 horas antes, vía pedido presentado en la comisaría. Y por ejemplo, ante un abuso policial, un detenido ilegal o un asesinado por gatillo fácil, deberían pedirle permiso al comisario y, si te lo da, reclamas”. Un contrasentido, claramente.

Igual, ayer marcharon por las calles céntricas los referentes comunales de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo en contra de la “ley antipiquetes”. Aseguran que viola la Constitución y los derechos ancestrales de los pueblos originarios. “La libertad de expresión es un derecho fundamental para denunciar todas las violaciones de derechos, como lo falta de agua en nuestras comunidades y las muertes por desnutrición”, indicaron en un documento.

La mala noticia para el Gobierno es que el reclamo que arrancó con los docentes se extiende como una mancha de aceite y este martes se sumaron empleados del Poder Judicial local, que también piden una urgente recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales. Realizarán un paro de tres días, sin asistencia, e instalarán una carpa frente al edificio de la Ciudad Judicial. Allí se concentrarán los miembros de la comisión gremial y los afiliados.

Este martes, los Autoconvocados repitieron los cortes de calles y rutas en distintos puntos de la provincia. Algunos de los bloqueos se produjeron en puntos claves, como el acceso al Tren a las Nubes, pasos que utilizan las mineras y en Campo Quijano, que une a la capital con Cafayate. En principio, de acuerdo a los delegados de las asambleas, los piquetes se abren cada 45 minutos y durante 15 minutos pero podrían extenderse si el Gobierno no responde al petitorio.