Crece la violencia en Misiones sin señal de acuerdo entre el Gobierno y los estatales

Bajo una tenue lluvia, a ritmo lento pero a paso firme, cientos de docentes y trabajadores de la salud de Misiones se movilizaron este jueves por las calles de Posadas rumbo a las puertas de la Cámara de Representantes, en el barrio de Villa Sarita. Se cumplía una semana del inicio de un conflicto salarial que mantiene en vilo a la provincia mesopotámica gobernada por el Frente Renovador de la Concordia y al grito de “¡100%! ¡100%!” la columna multisectorial llegaba a las inmediaciones de la Legislatura pasadas las 18, con el fin de hacer escuchar su reclamo por una recomposición en sus ingresos que les permita recuperar algo de lo perdido tras meses de altísima inflación.

La de este jueves no fue la primera, pero sí la más multitudinaria de las tres convocatorias que se llevaron a cabo frente a la Legislatura en el último mes. Y se trató, además, de la jornada de mayor violencia desde el comienzo de las protestas en la provincia. Es que, pese a que el gobierno había dispuesto la instalación de un vallado triple, con un refuerzo que incluyó soldaduras y tornillos para evitar que pudieran ser nuevamente tiradas, los desmanes volvieron a repetirse: cerca de las 19, un importante número de manifestantes ingresaba al playón principal de la Cámara, lo que motivaría a las fuerzas de seguridad a arrojar gas pimienta de manera indiscriminada. Minutos más tarde, otro grupo se trasladaba a la puerta de la casa del gobernador, Hugo Passalacqua, ubicada en pleno centro posadeño, donde también se producirían incidentes.

“Yo solo se trabajar con la tiza y el pizarrón. Yo no sé trabajar con escopeta y gas pimienta. Solo sé tomar la mano de un niño para enseñarle a cruzar la calle, pero igual no les tengo miedo”, se lamentaba una maestra, megáfono en mano, minutos después de los disturbios, todavía en shock. Junto a ella, una bandera que rezaba, sugestiva: “El problema es provincial”.

La marcha había partido a las 17 de la esquina de Uruguay y Trincheras de San José, epicentro de las protestas del conjunto de la administración pública misionera que, desde el viernes 16, se encuentra movilizada a lo largo y a lo ancho de la provincia. El reclamo cobró impulso y repercusión nacional a partir del acampe policial frente al Comando Radioeléctrico de Posadas, que hoy se extiende por varias cuadras y al que se suman cada vez más sectores en lucha.

Pero los reclamos trascienden los límites de la capital provincial. Este martes, una manifestación de docentes paralizó a la Ruta 12, una de las vías principales de la provincia, a la altura del puente del arroyo Garupá. Los gremios más combativos desconocen por insuficiente el trato alcanzado por la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) y el Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada (SIDEPP), que firmaron con el gobierno un acuerdo para llevar el sueldo inicial de un maestro a $400.000. Lo mismo ocurre con el sector de la salud, cuyos trabajadores se muestran disconformes con el acuerdo de un 28% de aumento salarial obtenido esta semana por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

“Violento e intimidatorio”

Mientras afuera tenía lugar uno de los momentos más tensos que se hayan vivido en Misiones en los últimos tiempos, la cuarta sesión ordinaria del año en la Cámara de Representantes transcurría con normalidad. Solo debió interrumpirse por algunos minutos, cuando los diputados opositores del radicalismo, al percatarse de los sucedido, se ausentaron del recinto en solidaridad con los docentes reprimidos. Pero el que no se movió de su banca fue el exgobernador, Carlos Rovira. El líder indiscutido del oficialismo provincial permaneció en silencio durante las dos horas que duró el trámite legislativo —la última vez que habló en público fue el 9 de noviembre del año pasado, durante una visita de Sergio Massa previa al ballotage.

Sin embargo, en quien sí recayó la responsabilidad de hacer explícito el repudio de la Renovación a la protesta policial fue en la diputada Anazul Centeno. A partir de dar a conocer una declaración firmada por el conjunto del bloque oficialista, Centeno sostuvo que la asonada en realidad es llevada adelante por “un pequeño grupo” de uniformados. Y condenó el accionar de aquellos efectivos activos y retirados que se encuentran frente al Comando al calificarlo de “violento e intimidatorio”.

“Están ocasionando disturbios, perturbando el orden público y la tranquilidad de las familias misioneras”, añadió la diputada oficialista. Y en el que fue uno de los tramos más fuertes de su discurso, apuntó: “Ni siquiera voy a adentrarme en los daños que se están ocasionando en los bienes públicos, desde el asfalto hasta el transporte de pasajeros, e incluso también en las ventas de los comercios de la zona, en esto que constituye un acto de sedición”. En la transmisión oficial, mientras Centeno hablaba, una placa detallaba el supuesto costo de la rebelión policial: $10 millones por día.

Pero las palabras de la diputada no fueron las primeras en exponer la estrategia marcadamente confrontativa tomada por el gobierno provincial. Este jueves, en el Concejo Deliberante de Posadas, el oficialismo intentó votar una ordenanza anti-protesta, que sin embargo resultó en un contundente rechazo por parte de la mayoría de los ediles que se encontraban presentes.

El proyecto buscaba repudiar las manifestaciones con el argumento de que afectan a instituciones y actividades comerciales. Y además, al igual que lo hiciera la diputada Centeno durante la sesión en la Legislatura, se acusaba a quienes realizan las protestas de cometer delitos graves como sedición y destrucción de propiedad del Estado.

A comienzos de semana, la Justicia libró un oficio para recuperar los patrulleros y móviles oficiales que están ubicados dentro del perímetro de la concentración, sobre la avenida Uruguay. “No somos delincuentes. Si quieren los autos, que vengan a buscar”, desafió en ese momento el vocero de la policía, Ramón Amarilla, quien este jueves encabezó una nueva negociación infructuosa con autoridades provinciales.

El gobierno ofreció un 30% como “máximo esfuerzo”, lo que fue rechazado por los delegados policiales. “Vamos a respetar lo que dice la asamblea. Nosotros respetuosamente vamos a tener que comunicarle que no aceptamos. El personal policial viene con una esperanza acá, ese monto es irrisorio”, sentenció Amarilla en la tarde de ayer. La mesa de diálogo continúa, pero cada día que pasa los ánimos se caldean un poco más en la tierra colorada.

PL/JJD