El reclamo de tierras en la Patagonia

— Crónica

Un desalojo incompleto y con solo detenidas en Villa Mascardi: “Los chicos estaban asustados, vieron cómo se llevaron a sus madres, tías y abuelas”

Un despliegue inusual para la región: más de 25 vehículos, incluyendo una tanqueta y un camión antidisturbios y unos 250 efectivos de fuerzas de seguridad -fundamentalmente Policía Federal- fuertemente armados fueron utilizados para el cumplimiento de la manda dictada por la Jueza Federal Silvina Domínguez de “hacer cesar el delito” en los nueve lotes denunciados como usurpados por la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Domínguez -quien subroga el Juzgado Federal de Bariloche- ordenó el lunes a la Policía Federal que cumpla con los allanamientos correspondientes, incluidos en el expediente FRG 16149/2022 “s/incendio y atentado contra la autoridad”. En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación -que conduce Aníbal Fernández- publicó oficialmente la conformación de un Comando Unificado para la actuación de las cuatro fuerzas de seguridad federales en la zona de Villa Mascardi.

Así, el debut de esa estructura -que lleva el mismo nombre que la creada en 2017 por Patricia Bullrich- se produjo este martes, en la zona ubicada a 35 kilómetros de Bariloche. El operativo comenzó a las 7,30 horas, aunque por lo menos una hora antes la ruta 40 -Juan Herman- fue cortada por las fuerzas de seguridad, al norte y sur del territorio en disputa. Durante casi media hora se produjo un enfrentamiento entre los integrantes de la comunidad que arrojaron piedras a los uniformados, y los efectivos que dispararon gases lacrimógenos y postas de goma.

Minutos antes de las 8 de la mañana, unos 120 miembros de la Policía Federal ingresaron al territorio reclamado por la comunidad mapuche: detonaciones y gritos desde el interior se escucharon durante casi una hora.

Pasadas las 9,30 horas fue bajado hasta la ruta un grupo de siete mujeres y cinco menores -niños, niñas y un bebé- Las integrantes de la comunidad y sus hijas e hijos permanecieron casi dos horas en el lugar, hasta que fueron trasladadas a la sede de un organismo provincial donde se constató su estado de salud, para más tarde ser llevadas detenidas a dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En tanto, un grupo de por lo menos cinco menores quedaron dispersos en el territorio y recién en horas de la noche, la Jueza interviniente autorizó el ingreso de familiares de miembros de la comunidad para que se produzca el reencuentro. Testigos de la situación narraron a elDiarioAR que se vivió un momento “muy tenso” y “emocionante” porque “los chicos estaban asustados, vieron cómo se llevaron a sus madres, tías y abuelas, y no sabían qué iba a pasar con ellos”.

La orden judicial -que fue reservada por la Jueza bajo la figura de secreto de sumario durante todo el martes del operativo- establecía el desalojo de los integrantes de la comunidad de todos los lotes en los que se encontraran, bajo la necesidad de “hacer cesar el delito” en todos los lotes denunciados como usurpados.

Son varios los expedientes judiciales por la ocupación de lotes públicos -de Parques Nacionales- y privados, pero cada uno de ellos se encuentra en un momento procesal distinto y fueron los hechos producidos en los últimos diez días los que empujaron a la jueza a ordenar el desalojo. Esos hechos fueron el ataque e incendio a una casilla de Gendarmería -cuyos autores paradójicamente no fueron identificados, pero se le adjudicó a la comunidad- y el avance sobre las fincas La Cristalina -propiedad del puntero de Patricia Bullrich, Diego Frutos- y Los Radales -de Luis Dates-.

Durante todo el día martes continuó la tarea de persecución por parte de los uniformados dentro del territorio reclamado por la comunidad Lafken Winkul Mapu. En horas de la noche, fuentes del Ministerio de Seguridad y de la Justicia Federal reconocieron que el operativo no se había completado, ya que ninguno de los hombres que integran la comunidad fueron detenidos. Se encuentran dispersos montaña arriba. Mientras Seguridad dispuso que continúen los rastrillajes, y que efectivos de Gendarmería permanezcan en el lugar custodiando el posible ingreso de personas, desde el monte un miembro de la comunidad remitió un audio en el que llamaba a la solidaridad de otras comunidades mapuches, afirmaba que los uniformados continuaban la persecución disparando “con balas de plomo” y que había unas 30 personas “resistiendo” el ataque de las fuerzas de seguridad.

Una situación similar ocurrió en noviembre de 2017: el 23 de noviembre se ordenó y ejecutó el desalojo de la comunidad -en ese momento acotada a unas 10 hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi-, con la detención de un grupo de mujeres. Dos días después una avanzada del grupo Albatros de la Prefectura volvió a ingresar al territorio y protagonizó una cacería: los uniformados dispararon entre 114 y 129 veces con munición de plomo, hirieron a dos jóvenes y mataron por la espalda a Rafael Nahuel.

En este caso, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, valoró el operativo, dijo que, a diferencia del de 2017, no deben lamentarse fallecidos, y aseguró que se cumplió con la orden judicial de “hacer cesar el delito”, más allá que decenas de integrantes de la comunidad no hayan sido detenidos y permanezcan en la zona.

Puntualmente, transmitió que se cumplió con la orden de una “amplia inspección de los lugares y registro de todas sus construcciones, dependencias y anexos con miras al secuestro de las armas, teléfonos celulares y demás artefactos electrónicos de almacenamiento de información (notebooks, pendrives, tarjetas de memoria, etc.) que resulten útiles, agendas y anotaciones personales (sean en soporte papel o digital) y de todo elemento vinculado y de interés para la investigación que se practica”.

Pasadas las 21 horas de este martes, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentó un hábeas corpus para que se le permita a su abogado, Ezequiel Palavecino, ingresar al territorio y constatar la situación de los menores que se encontraban en el lugar. 

Paralelamente, un nutrido grupo de integrantes del pueblo mapuche, acompañado por organizaciones políticas y sociales, y vecinos y vecinas marcharon por el centro de Bariloche, reclamando que cesen las hostilidades contra la comunidad. María Nahuel, integrante de la comunidad, aseguró que “volverán al territorio”, ya que los mapuche fueron “despojados de la mapu” (tierra) y que esa comunidad “pertenece a ese lugar. No pueden expulsarnos de nuestra tierra”, planteó.

SR