La fragilidad del decreto de Milei por Lijo: cómo el Senado podría hacer caer la designación a la Corte

El Senado podría terminar de un plumazo con la maniobra de Javier Milei para que Ariel Lijo sea juez de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo? Muy simple: votando en contra del dictamen de comisión favorable a su candidatura en una sesión. Los dos números clave son 37 y 25.

El primero es la mitad más uno de los miembros del cuerpo (72 senadores) sentados en el recinto, lo mínimo necesario para poder iniciar la sesión; es decir, que haya quórum. El segundo es, una vez iniciada la sesión, el tercio de votos que bloquea cualquier aprobación de un candidato a la Corte, ya que la Constitución Nacional dispone una mayoría calificada de dos tercios los dos tercios (48, si estuvieran todos presentes). El proceso parlamentario, contado así, es sencillo pero el avance depende de que haya voluntad política.

Después de que el jueves pasado el oficialismo decidiera no realizar la sesión del Senado en que estaba previsto votar el dictamen de la comisión de Acuerdos favorable al pliego de Lijo, porque al parecer el candidato de la Casa Rosada (sugerido por Ricardo Lorenzetti) no reunía los dos tercios, Milei directamente lo nombró por decreto. Lo mismo hizo con Manuel García-Mansilla, su otro postulante al máximo tribunal, que ni siquiera pudo pasar el filtro de la comisión (como no hay dictamen, el proceso para rechazar su postulación es distinto del de Lijo).

Después de esa decisión presidencial, cuestionada política y jurídicamente, el peronismo hizo saber a elDiarioAR que no se lo dejará pasar y amenaza con llevar el pliego de Lijo al recinto para rechazarlo. El interbloque Unión por la Patria tiene 34 de los 72 senadores. Es decir que está a tres del quórum y que, si la voluntad fuera monolítica, tendría de sobra el número para voltearlo. Pero la política suele ser más compleja que la matemática.

El sábado Milei dejará inaugurado el período de sesiones ordinarias del Congreso, con lo cual el Senado quedará habilitado para tratar en una sesión ordinaria o en una especial (con la firma de al menos cinco senadores) el pliego de Lijo ya dictaminado. Es decir que los próximos días serán claves para analizar cuál es la voluntad política del Senado tras la decisión de Milei de esquivarlo.

Mientras tanto, expertos consultados por elDiarioAR divergen en sus interpretaciones respecto de si un pronunciamiento del Senado deja sin efecto el decreto designatorio de Milei y respecto de si, una vez vencido el plazo constitucional del mandato en comisión (el 30 de noviembre próximo) de Lijo y García-Mansilla, el Presidente podría volver a designarlos aeternum o no. Pero en algo coinciden todos: el decreto es inconstitucional. Lo mismo sostiene el constitucionalista Roberto Gargarella en esta columna publicada en elDiarioAR.

El exsenador nacional por Córdoba Ernesto Martínez, abogado y exintegrante de las comisiones de Acuerdos y de Asuntos Constitucionales, señaló en diálogo con este medio que las designaciones en comisión de determinados “empleos” se toma de la constitución de Estados Unidos. “Se trata de cargos de la Nación que requirieran el acuerdo del Senado y que podrían cubrirse de un modo preventivo para que, una vez que el Senado se reúna, les den o no el acuerdo definitivo. Esto no proviene de la reforma de 1994 sino de la de 1853. En aquella época el período de sesiones ordinarias era más corto que el actual. No era de nueve meses sino de solo cinco: del 1 de mayo al 30 de septiembre. Por lo tanto, estas situaciones de cargos por cubrir con necesario acuerdo del Senado se podían dar con mucha más frecuencia que en la actualidad. Por supuesto que varios presidentes lo utilizaron en el pasado, pero en Estados Unidos fue pensado más que nada para los cargos militares: si entrás en guerra, no te podés quedar sin ascenso de generales porque el Senado no funcione”, explicó.

Martínez señaló que el acuerdo por vocales de la Corte implica necesariamente “una transacción política” y subrayó que “esto es justamente lo que prevé la Constitución” al requerir los dos tercios. Explicó que, si el Senado quisiera impedir la llegada de Lijo a la Corte, “primero se deben juntar 37 para iniciar la sesión” y después, “25 voluntades para bloquear los dos tercios”. “A partir de entonces, hay todo un juego conjetural. A lo mejor estos dos senadores por Santa Cruz, que la última no estuvieron, ahora sí estarían para esto”, planteó, en referencia a José Carambia y Natalia Gadano, que no bajaron al recinto e impidieron que Victoria Villarruel pudiera avanzar con la desiganción de autoridades en la sesión preparatoria, que iba a realizarse la semana pasada.

En efecto, el peronismo avisó que irá por Lijo pero tres senadores de Unión por la Patria, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora, el sanjuanino Sergio Uñac y la catamarqueña Lucía Corpacci, sin embargo, estamparon sus firmas en apoyo a su candidatura. Además, ¿qué haría el formoseño José Mayans, presidente ese interbloque, si el juez federal Lijo benefició en el pasado a su jefe político, el gobernador Gildo Insfrán, en la causa Ciccone? ¿Qué mandaría a hacer Cristina Fernández de Kirchner a los senadores que le responden? ¿Y qué harán los otros 32 senadores que no son de Unión por la Patria, descontando que los seis de La Libertad Avanza votarán a favor de Lijo, si el pliego se lleva al recinto? Aunque 25 parece ser un número asequible para voltear la llegada del juez de Comodoro Py a la Corte, los 37 para que haya quórum nunca son fáciles de conseguir.

¿Cuánto pueden durar Lijo y Mansilla en comisión?

El exsenador Martínez señaló que los mandatos de Lijo y García-Mansilla en la Corte duran por decreto, sin la posibilidad de ser designados nuevamente por otra decisión presidencial sin acuerdo del Senado, hasta el 30 de noviembre, día en que finaliza el período de sesiones ordinarias 2025, tal como lo dispone la Constitución, en el inciso 19 del artículo 99, sobre Atribuciones del Poder Ejecutivo: “Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

En cambio, Nahuel Maisley, doctor en Derecho (UBA) señaló: “La interpretación que está proponiendo el Gobierno de la Constitución le permitiría nombrarlos ad aeternum en comisión, simplemente renovándolos cada año”. “Es un paso claro hacia el autoritarismo, aunque no sabemos si piensan hacerlo. Si lo hicieron ahora y las instituciones se lo permiten, nada les impediría hacerlo nuevamente el año que viene y seguir así para siempre”, planteó.

A su vez, Sebastián Guidi, doctor en Derecho (Yale) y columnista habitual de elDiarioAR, dijo que “el nombramiento en comisión es un decreto simple y, como tal, ni siquiera se envía al Senado, por lo cual el Senado no puede 'rechazar' el nombramiento en comisión sino los pliegos enviados el año pasado, como señal política” de protesta frente a la decisión unilateral de Milei. Y agregó: “Ahora bien, ¿eso hace que los nombramientos en comisión caigan? El sentido común indica que sí, pero la verdad es que el artículo 99, inciso 19, no lo dice”.

Guidi sostuvo que nunca en la historia pasó que el Senado no tomara una decisión sobre nombramientos en comisión: siempre aprobó los pliegos de los nombrados por decreto, como lo hizo, por ejemplo, con los actuales jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti (presidente del tribunal), a quienes en 2015 Mauricio Macri los nombró por decreto, aunque después quedaron confirmados en sus cargos con acuerdo del Senado.

“En Estados Unidos, su primer presidente, George Washington (1789-1797) nombró al presidente de la Corte, John Rutledge, y el Senado lo rechazó. Rutledge no solo renunció sino que además intentó suicidarse. Por ahí es un poco extremo recordar eso pero el punto es que tuvo que renunciar, no es que se cayó automáticamente [su designación por decreto por un pronunciamiento del Senado]”, afirmó Guidi.

En este sentido, sostuvo que “desde el punto de vista de la legitimindad de la Corte, sería un papelón que se queden hasta fin de año con el pliego caído, aunque desde el punto de vista estrictamente jurídico no está claro que el nombramiento se caiga”. De todas maneras, señaló: “La designación por decreto en estas circunstancias no se puede hacer, entonces la pregunta de hasta cuánto duran sus mandatos es como preguntar a qué velocidad vuela una vaca”.

Maisley, por su parte, también señaló que la designación en comisión “es claramente inconstitucional”. Al igual que Martínez, sostuvo que “es algo que no se hace desde 1910 con jueces de la Corte” (porque al final Rosenkrantz y Rosatti recibieron el acuerdo del Senado) y que el decreto de Milei es “un paso más que de la Argentina hacia regímenes del tipo del de Víctor Orbán, en Hungría, y otros autoritarismos que empiezan a distanciarse de las reglas de la República”.

Con respecto a quiénes pueden parar estos nombramientos por fuera de la Constitución, el especialista señaló: “Por suerte hay muchos aunque tengo pocas esperanzas en todos ellos. El primero es, por supuesto, el Ejecutivo, retirándolos, si hubiera una señal clara de la sociedad o de la comunidad política sugiriendo que esto es una barbaridad. Si este fuera otro gobierno, uno esperaría acciones frente a una reacción de la sociedad en respuesta a este paso, que es claramente problemático. Pero eso probablemente no pase. Los segundos que pueden parar esto son los propios candidatos, que pueden decidir cumplir con su palabra, en el caso de García-Mansilla, que dijo en las audiencias que le parecía una erosión de la democracia asumir en comisión. Los terceros que pueden frenar esto son los jueces de la Corte actual, Rosenkrantz, Rossati y Lorenzetti, que pueden decidir no tomarles juramento hasta tanto no haya acuerdo del Senado”.

Y agregó: “En el caso de Lijo, está pidiendo licencia de su cargo como juez federal en lugar de renunciar para asumir en comisión y la Corte, que es la que decide en última instancia, podría además decidir no darle la licencia. O sea, podría decidir no darle la licencia y o después no tomarle juramento hasta que no tenga el acuerdo del Senado. Y por supuesto, en mi interpretación constitucional, el que puede frenar esto es el Senado sometiendo los pliegos a votación y rechazándolos. En ese caso, en mi lectura de la Constitución, se caen claramente los nombramientos en comisión”.

Lo que está en juego no es solo la Corte sino la arquitectura democrática misma: si el Congreso cede ante esta maniobra del presidente de la Nación, el precedente que se sienta podría abrir la puerta a un Gobierno sin controles. Lo que parecía una jugada audaz de Milei podría convertirse en una crisis institucional de proporciones imprevisibles. Lo que ocurra en los próximos días será una prueba clave para el equilibrio de poder en la Argentina.

JJD/MC